Jesus Martinez Nava

Expediente 356/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
356/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
04/12/2020

Partes del expediente

  • Jesus Martinez Nava

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 356/2020-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el doce de noviembre de dos mil veinte; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el primer resolutivo sobreseer y en el segundo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año que transcurre; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo 356/2020-V, promovido por JESÚS MARTÍNEZ NAVA y, RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido en la misma fecha ante éste Juzgado, JESÚS MARTÍNEZ NAVA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Por acuerdo de trece de marzo de dos mil veinte se registró la demanda bajo el expediente 356/2020-V y se previno al quejoso para que aclarara el acto reclamado. Una vez que subsanó la demanda, el diez de agosto de dos mil veinte se reanudó el procedimiento y se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y, CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa; donde radican las autoridades que emitieron las normas combatidas, así como el acto de aplicación. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número P. VI/2004 consultable en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, Abril de 2004, correspondiente a la Novena Época, registro electrónico 181810, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados a las autoridades, Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo, todos del Estado de Morelos; siendo los que a continuación se precisan: La expedición, promulgación y publicación del artículo 58 fracción I inciso i) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. La expedición, publicación y ejecución del decreto quinientos setenta y cinco que concede pensión por jubilación en favor del quejoso en razón del 60% del último salario percibido, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5777, el veintinueve de enero de dos mil veinte, como primer acto de aplicación del precepto reclamado. El pago realizado el veinticinco de febrero de dos mil veinte correspondiente a trescientos noventa días de trabajo. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados a la Secretaria de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Ello, porque así lo señaló en su informe justificado. Además, como se verá en el siguiente considerando, el pago la pensión por jubilación en favor del quejoso contenido en el decreto quinientos setenta y cinco, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5777, el veintinueve de enero de dos mil veinte está a cargo de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Por consiguiente, debe sobreseerse respecto a los actos reclamados a la Secretaria de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS. Son ciertos los actos consistentes en la expedición, promulgación y publicación del artículo 58, fracción I, inciso i), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. De igual manera, son ciertos los actos consistentes en la expedición, publicación y ejecución del decreto quinientos setenta y cinco que concede pensión por jubilación en favor del quejoso en razón del 60% del último salario percibido, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5777 el veintinueve de enero de dos mil veinte. Esto es así, porque así lo aceptaron las autoridades Congreso, Gobernador, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", todos del Estado de Morelos, en sus informes justificados. Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales y por extensión, las estatales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2º de esta última, solo por cuanto al dispositivo combatido (artículo 58, fracción I, inciso i) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos). En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, cuyo rubro se trascribe: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". De la misma forma, resulta cierto el acto que se reclama a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, en virtud de que la aplicación del decreto se encuentra encomendada a dicha dependencia, como se aprecia del artículo 2º de dicho Decreto, al señalar que la pensión decretada será cubierta a partir del día siguiente a aquél en que el sujeto de la Ley se separe de sus funciones, por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, dependencia que realizará el pago en forma mensual con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado. Razón por la cual, queda desvirtuada la solicitud de sobreseimiento efectuada en su informe con justificación por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, por inexistencia del acto reclamado. QUINTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de los conceptos de violación, procede el análisis de las causales de improcedencia que se adviertan o hagan valer las partes, ya que son de orden público y su estudio es oficioso, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, respecto del acto reclamado a la Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos que se hace consistir en el pago realizado el veinticinco de febrero de dos mil veinte correspondiente a trescientos noventa días de trabajo, de oficio, el suscrito advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." En efecto, la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, contempla uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de garantías contra actos que son combatibles a través de un medio de defensa ordinario. De manera que, previamente a la interposición del juicio de garantías, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar dicho principio. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se apertura la posibilidad de instar el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Así, en términos de la aludida fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, para que se surta la improcedencia del juicio de amparo es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En el caso, la autoridad responsable es la Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos, ente que conforme a la fracción III del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos publicada en el periódico oficial Tierra y Libertad 1641 de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, forma parte de la administración pública centralizada del Estado de Morelos de lo que se tiene que es es autoridad distinta de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Y ostenta el carácter de autoridad pues la intervención que tiene relación al decreto pensionario quinientos setenta y cinco, se verifica una vez concluida la relación de trabajo del quejoso con el ente del Estado para el cual laboró, constituyéndose así en una relación de naturaleza administrativa la relación existente entre la citada autoridad y el aquí quejoso. Corrobora lo anterior por las razones contenidas en la jurisprudencia 2a./J. 149/2017 (10a.). sustntada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizable en la página 654 de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 47, Octubre de 2017; Tomo II; correspondiente a la Décima Época, registro 2 015 376 de rubro: "INSTITUTO DE CRÉDITO PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO O DE LA RESOLUCIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL QUE SE RECLAMÓ EL DECRETO NÚMERO NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO, POR EL QUE SE REFORMA DE MANERA INTEGRAL LA LEY RELATIVA, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CUANDO QUIEN PROMUEVE EL JUICIO TIENE EL CARÁCTER DE PENSIONADO O JUBILADO.". Luego entonces, se advierte con claridad que el acto reclamado proviene de una autoridad administrativa, actualizándose la primera hipótesis contenida por el ordinal 61, fracción XX, de la ley de la materia. Que la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Para demostrar este punto, a continuación se reitera en qué consisten los actos reclamados y qué recurso o medio de impugnación por el cual puedan ser anulados, modificados o revocados. Al respecto, debe decirse que en el ordinal 1º de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, establece que toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. En esa tesitura, conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con relación al diverso 18, inciso b), fracción II, subinciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, a través del juicio de nulidad puede analizarse el pago efectuado por parte de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, en cumplimiento al decreto quinientos setenta y cinco, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veintinueve de enero de dos mil veinte, por el que se concede la pensión por jubilación al solicitante de amparo. Por ende, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, debe conocer del reclamo de la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo indirecto; actualizándose así, la hipótesis que establece el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del medio de control constitucional mencionado en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Sirven de sustento a la anterior consideración la jurisprudencia P./J. 3/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página: 8, del Tomo XIII, Enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro que a continuación se indica: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA." Además, se estima aplicable la jurisprudencia número 84/2018 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1101, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro a continuación se transcribe: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO" Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. En cuanto a la suspensión del acto reclamado, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en sus numerales del 109 al 116, establece que: "Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante. Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Púbico, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento. Artículo 111. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo. Artículo 112. Tan pronto como se conceda la suspensión y se otorgue las garantías correspondientes en su caso, se hará del conocimiento de las autoridades demandadas, para su cumplimiento. La violación por parte de las autoridades a la suspensión concedida por la Sala, será recurrible en queja, la cual se tramitará en los términos previstos de este ordenamiento. Al cumplimiento de la suspensión otorgada por la Sala se encuentran obligadas todas las autoridades que intervengan en el acto reclamado, con cualquier carácter, aun cuando no se encuentren demandadas. Para hacer cumplir la suspensión concedida, la Sala podrá hacer uso de los medios de apremio establecidos por esta Ley, siendo aplicable, además, en lo conducente, lo dispuesto por este mismo ordenamiento para el cumplimiento y ejecución de las sentencias. Artículo 113. En los casos en que la suspensión pueda causar daños o perjuicios o ambos a terceros, ésta se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, en caso de no obtenerse sentencia favorable en el juicio. Cuando los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros no sean estimables en dinero, el Tribunal fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Artículo 114. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efectos si el tercero interesado, a su vez, otorga contra garantía bastante para restituir las cosas al estado que guardaban a la fecha en que se solicitó aquella y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en caso de que obtenga sentencia favorable. La contra garantía que ofrezca el tercero interesado deberá cubrir, además, el importe de los gastos que hubiese erogado el actor, en la obtención de la fianza otorgada. Artículo 115. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión, fijen fianzas o contrafianza, procederá el recurso de reconsideración en la forma y términos previstos por esta Ley. Artículo 116. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contra garantías que se otorguen con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia. Del escrito del solicitante, se dará vista a las demás partes por un término de cinco días, dictándose la resolución correspondiente dentro de los diez días siguientes." En cuanto a los requisitos para que se conceda la suspensión en el juicio de amparo, los artículos 128 y 132 de la ley de la materia establecen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso. II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y." "Artículo 132. En los casos en que es procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos." De acuerdo a las anteriores transcripciones, debe decirse que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé la suspensión del acto que se impugna a través del recurso que contempla, y no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, ya que sólo requiere: Que sea solicitada por el actor, en cualquier momento, pero siempre antes de la citación de la sentencia; Que no se siga perjuicio al interés social, o se contravengan disposiciones de orden público; Tratándose de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, el recurrente garantice el importe ante la autoridad emitente en cualquiera de las formas que establece la ley, y Que no se ocasionen daños y perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable. Máxime que el plazo para otorgar la suspensión prevista en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, es equivalente al previsto en la Ley de Amparo, pues de su artículo 43 se advierte que una vez turnada la demanda, el Magistrado Instructor dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá dictar auto que la admita, aclare o deseche, y en sus artículos 109 se lee que la Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados en el mismo auto de admisión, cuando así se hubiere solicitado, es decir, dentro de las veinticuatro horas siguientes a las que se reciba la demanda. Así, de la comparación de tales disposiciones legales pone de relieve que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes, por lo que resulta válido concluir que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no exige mayores requisitos, condiciones o temporalidad que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. Sirve de sustento a lo anterior por analogía la jurisprudencia de la 2a./J. 19/2015 (10a.), Décima Época, de número de registro 2008807, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Circunstancia que implica que el quejoso está obligado a acudir previamente a la instancia administrativa ordinaria prevista en el artículo 1° de la referida legislación administrativa, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, habida cuenta que, como se mencionó, la legislación local prevé, al igual que la Ley de Amparo, la suspensión del acto administrativo, puesto que el numeral 114 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, establece que al conceder la suspensión el objeto será fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Encuentra apoyo en lo conducente, en la jurisprudencia 2a./J.19/2015, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, página 783, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, con registro 2008807, del rubro siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Que el acto reclamado carezca completamente o en forma total, de fundamentación y motivación. Tampoco se está en el caso de excepción que alude el párrafo segundo de la fracción en comento, consistente en que no existe la obligación de agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, lo anterior, toda vez de que se trata de un acto omisivo al no pagar la totalidad de los días que el quejoso refiere se le adeudan, por tanto, no le es exigible que esté fundamentado y motivado. Esto es así, ya que cuando en el juicio de amparo se reclaman actos omisivos y en la demanda se alegue falta o insuficiente fundamentación, no es jurídicamente factible estimar que se está ante un supuesto de excepción para no agotar el principio de definitividad, dado que la naturaleza de los actos por sí misma implica una lisa y llana ausencia de actuación de las autoridades; por tanto, no es loable que estén fundados en algún precepto legal. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis XXI.2o. J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 83, noviembre de 1994, página 87, cuyo rubro estatuye: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Que no es necesario agotar el medio ordinario de defensa si el mismo no está previsto en la ley sino en un reglamento. En lo que atañe a la hipótesis de excepción tocante a que no es necesario agotar el medio ordinario de defensa si el mismo no está previsto en la ley sino en un reglamento, no se actualiza, toda vez que, como se señaló, el medio ordinario de defensa consistente en el juicio de nulidad está previsto en una ley, específicamente, en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Morelos y no en un reglamento; en esa tesitura este supuesto de excepción tampoco resulta aplicable. Que no es necesario agotar el medio ordinario de defensa cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de amparo exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Constitución, puesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente, en la medida que la circunstancia de que en la demanda de amparo se hagan valer violaciones directas a preceptos constitucionales, no lo releva de la obligación de agotar los recursos que estatuye la ley del acto, pues, de lo contrario, quedaría a elección de la parte quejosa, quien, por el sólo hecho de señalar violaciones a la Constitución, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca, lo que implica, que al no agotar el recurso ordinario, procede el sobreseimiento del juicio por cuanto al acto que se analiza. En ese tenor, si bien el recurrente alega violación a preceptos constitucionales por la omisión del pago completo de la pensión por jubilación, en el particular se observa que combate en específico el incumplimiento a un punto resolutivo de dicho decreto y su desatención o indebida interpretación de la responsable, lo que constituye un alegato meramente de legalidad, lo que de suyo hace que no encuadre en el supuesto de excepción. Al caso tiene aplicación el criterio jurisprudencial sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 94, Tomo I, Abril de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD.". En consecuencia, como ha quedado acreditado en los párrafos que anteceden, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del acto que en este apartado se estudia. Apoya la anterior determinación, la resolución dictada el trece de junio de dos mil diecinueve, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en los autos del recurso de queja 182/2019. Así, continuando con el estudio de las causas de improcedencia, el Congreso y el Secretario de Hacienda del Gobierno, ambos del Estado de Morelos, refieren que se actualiza la causal de improcedencia consistente en la falta de interés jurídico del quejoso, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Es infundada dicha causal de improcedencia, en virtud de que, contrariamente a lo que aducen las autoridades responsables citadas, la norma impugnada fue aplicada en la esfera jurídica del gobernado por medio del decreto quinientos setenta y cinco, por el que se le concede pensión por jubilación, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5777 el veintinueve de enero de dos mil veinte. En el referido decreto, se fijó una pensión por jubilación a razón de sesenta por ciento del último salario percibido en cuanto al dispositivo legal impugnado, lo que, en el concepto del quejoso, le causa un perjuicio, en razón de que estima debe corresponderle una pensión mayor, a saber: del setenta por ciento, ya que por la misma antigüedad, a las mujeres se les concede la pensión en ese porcentaje, lo que considera trasgrede el derecho de igualdad por razón de género. De ahí que, contrariamente a lo que aducen las autoridades responsables en comento, los actos reclamados sí afectan el interés jurídico del quejoso, a más que como se verá, tales aspectos se encuentran vinculados con el estudio de fondo del asunto. La Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, aduce la actualización de la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que no ordenó, ejecutó ni trató de ejecutar el acto reclamado. Es infundada dicha causal, en razón de que existe certeza del acto que se le atribuye, consistente en la aplicación del decreto quinientos setenta y cinco, por el que se concede pensión por jubilación a JESÚS MARTÍNEZ NAVA, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5777, de veintinueve de enero de dos mil veinte. Lo anterior, en virtud de que del artículo 2º del citado decreto dispone que la pensión deberá ser cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos como se trascribe a continuación: "ARTÍCULO 2°.- La pensión decretada deberá cubrirse al 60% del último salario del solicitante, a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador se separe de sus labores y será cubierta por la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal destinada para pensiones, cumpliendo con lo que disponen los artículos 55, 56 y 58 de la Ley del Servicio Civil del Estado.". Por otra parte, el Gobernador del Estado de Morelos y el Secretario de Gobierno y por ministerio de ley, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", refieren que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo. Se estima fundada la referida causal consistente en que el quejoso no combate por vicios propios la promulgación y publicación del ordenamiento legal impugnado, porque no expone conceptos de violación en el escrito de demanda ni en el diverso que subsanó la prevención efectuada el trece de marzo del año que trascurre. Sin que en el caso haya lugar a suplir la queja en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, habida cuenta que -como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de le Nación- tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, el Juez de amparo está obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes, sólo cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, ya que si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular -como se verá más adelante- bastará con que así lo declare sin necesidad de hacer un estudio oficioso del asunto, ya que, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a. XCV/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de le Nación, visible en la página 1106, del Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, del rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS". Del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo se desprende que es requisito que la demanda de amparo se formule por escrito expresando los preceptos constitucionales que contengan los derechos humanos que la parte quejosa estime violados y los conceptos de violación. Es fundada la causa de improcedencia invocada, en razón de que, de la lectura a la demanda de amparo y escrito de ampliación, particularmente del apartado correspondiente a los conceptos de violación, no se advierte que el quejoso formule argumentos con relación a los actos legislativos de promulgación y publicación de la ley combatida, no existiendo queja deficiente que suplir. En consecuencia, es procedente sobreseer respecto de los actos reclamados al Gobernador del Estado de Morelos y el Secretario de Gobierno y por ministerio de ley, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad",consistentes en la promulgación y publicación del artículo 58 fracción I, inciso i) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Lo anterior, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, con relación al 108, fracción III, esto último a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito visible en la página 2248 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Octubre de dos mil quince, Tomo III, correspondiente a la Décima Época, registro electrónico 2010097, del siguiente rubro: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS.". Al no actualizarse diversa causa de improcedencia del juicio, resulta válido analizar la constitucionalidad de la norma general reclamada y, en su caso, el acto de aplicación. SEXTO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Son inoperantes los conceptos de violación, lo que da lugar a negar el amparo y protección de la justicia federal. Sin que en el caso exista queja deficiente que suplir, ya que, al tratarse de un juicio de amparo en el que se combate el otorgamiento de una pensión por jubilación, sólo procede suplir la deficiencia de la queja en favor del quejoso, cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho; sin embargo, como se precisará en el presente apartado, no se advierte que la suplencia conduzca a algo provechoso para el quejoso, por ello, basta con que así se declare sin necesidad de hacer un estudio oficioso del asunto, en términos de la jurisprudencia 2a. XCV/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de le Nación, del rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS". En primer término, se estima oportuno destacar que se concedió al quejoso la pensión por jubilación hasta por el 60% de su último salario, al acreditar haber laborado un total de veintidós años de servicio. Sustancialmente, aduce el quejoso que el artículo 58 fracción I inciso i) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que sustentó el acto que se reclama; transgrede lo dispuesto por los artículos 1° y 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no considerar una igualdad entre ambos géneros y otorgarle su jubilación con una perspectiva de género, teniendo una desventaja por el hecho de ser hombre aplicándole un porcentaje menor al de las mujeres. Establecido lo anterior, lo que procede es declarar inoperantes los sintetizados conceptos de violación relativos a la constitucionalidad del 58 fracción I inciso i) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que sirvió de sustento para la expedición del decreto quinientos setenta y cinco que concede pensión por jubilación en favor del quejoso en razón del 60% del último salario percibido, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5777, el veintinueve de enero de dos mil veinte, en virtud de que sobre tal cuestión la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya estableció jurisprudencia por contradicción, en la que consideró que las leyes burocráticas que benefician a las mujeres al establecer menos años de servicio de los exigidos a los hombres para acceder al porcentaje máximo de la pensión por jubilación no viola los principios de igualdad ante la ley, ni el que ordena que a trabajo igual corresponderá salario igual. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 128/2019 en sesión de once de septiembre de dos mil diecinueve, se pronunció en el sentido de que las diferencias de trato entre hombres y mujeres para acceder a la pensión por jubilación, en relación con el porcentaje del salario que reciben por los años de servicios prestados, no vulnera los derechos de igualdad y no discriminación por razón de género, así como el principio del derecho laboral en el sentido de que a trabajo igual, corresponde salario igual, pues el otorgamiento de dicha pensión con un límite de edad y/o años de servicio, en favor de las mujeres trabajadoras diferenciado del régimen aplicable a los hombres, constituye un reconocimiento a la función que la mujer desempeña dentro de nuestra sociedad, ya que las circunstancias sociales y familiares que las han rodeado en el transcurso de los años, han conducido a implementar diversas medidas, tanto contractuales como legislativas, a fin de lograr un mayor equilibrio entre hombres y mujeres en el desarrollo de las actividades laborales; lo que motivó la jurisprudencia 2a./J.140/2019 (10a.), publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, Décima Época, página 607, número de registro 2020994, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "PENSIÓN POR JUBILACIÓN. LAS LEYES BUROCRÁTICAS QUE BENEFICIAN A LAS MUJERES AL ESTABLECER MENOS AÑOS DE SERVICIOS DE LOS EXIGIDOS A LOS HOMBRES PARA ACCEDER AL PORCENTAJE MÁXIMO DE AQUÉLLA, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY, NI EL QUE ORDENA QUE A TRABAJO IGUAL CORRESPONDERÁ SALARIO IGUAL, SIN TENER EN CUENTA EL SEXO, PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 4o., PRIMER PÁRRAFO, Y 123, APARTADO B, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, RESPECTIVAMENTE.". En ese tenor, resulta indudable que los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso deben declararse inoperantes, habida cuenta de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya constituyó jurisprudencia por contradicción, en la que determinó que numerales como el impugnado no contravienen el principio de igualdad y no discriminación contenido en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la posibilidad legal de que las mujeres se jubilen en mejores condiciones de edad y/o años de servicio, en comparación con los hombres, otorga un beneficio a la mujer que generalmente cumple con dos funciones en la sociedad, esto es, como participante activa en el desarrollo de las actividades del país y como pilar fundamental en el ámbito familiar, sin que esto implique un perjuicio o una limitante al derecho de los hombres a gozar de la jubilación, pues estos podrán alcanzar dicho beneficio siempre y cuando se cumplan con los años de servicio requeridos y la edad exigida para ello, de conformidad con lo expresamente previsto en las leyes; criterio que al resolver la interpretación de normas relativas de manera temática, ya que así se expuso por el Máximo Tribunal, resulta exactamente aplicable al caso. Motivo por el cual, es inconcuso que para dar contestación a los conceptos de violación, basta invocar la jurisprudencia antes indicada a efectos de dar respuesta al planteamiento central del tema; máxime que ésta resulta de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 14/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de 1997, Novena Época, consultable a página 21, con registro 198920, cuyo rubro es el siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.". Por tanto, al resultar inoperantes los conceptos de violación hechos valer contra la norma combatida, lo procedente es negar el amparo solicitado; negativa que se hace extensiva al acto de aplicación combatido consistente en el decreto quinientos setenta y cinco que concede pensión por jubilación en favor del quejoso en razón del 60% del último salario percibido, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5777, el veintinueve de enero de dos mil veinte, al sustentar su inconstitucionalidad a lo resuelto en relación al precepto legal ya analizado. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por JESÚS MARTÍNEZ NAVA, respecto de los actos reclamados a la Secretaria de Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; a la Secretaria de Hacienda del Estado de Morelos, Gobernador del Estado y el Secretario de Gobierno y por ministerio de ley, Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad", por cuanto a la promulgación y publicación del artículo 58 fracción I inciso i) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos por los razonamientos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a JESÚS MARTÍNEZ NAVA, por cuanto a la aprobación y expedición del artículo 58 fracción I inciso i) de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como al acto de aplicación consistente en el decreto quinientos setenta y cinco que concede pensión por jubilación en favor del quejoso publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5777, el veintinueve de enero de dos mil veinte, que se reclamó al Congreso del Estado de Morelos, por los razonamientos contenidos en el considerando sexto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano