Jesús Manuel Santana Cordero

Expediente 1131/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1131/2016
Año
2016
Actuaciones
19
Última actuación
29/11/2016

Partes del expediente

  • Jesús Manuel Santana Cordero
  • Director General del Centro Federal de Readaptación Psicosocial En Ayala, Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio 4309, signado por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, Morelos, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 1790/2016-V deducido del juicio de amparo 1131/2016 promovido por JESÚS MANUEL SANTANA CORDERO; librado para el efecto de notificar a la parte quejosa el proveído de diez de noviembre de dos mil dieciséis; dése de baja en el libro de gobierno correspondiente y agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. CÚMPLASE. Así lo acordó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario del Juzgado Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.Jc

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1131/2016-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el seis de octubre de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en su primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejectoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos los cuadernos incidentales y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción; asimismo, el original del cuaderno incidental, es susceptible de depuración en virtud de que se concedió la suspensión definitiva, debiendo quedar en autos copia de la demanda y de la citada resolución interlocutoria. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado Tomando en consideración que el quejoso se encuentra interno el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos; en esas condiciones, y toda vez que dicho centro de reclusión se encuentra fuera del lugar de residencia de este Juzgado, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, en turno, con residencia en Cuautla, Morelos, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, proceda notificar al quejoso JESÚS MANUEL SANTANA CORDERO, el presente acuerdo, corriendo traslado con copia simple del mismo. Asimismo, se requiere al Juez Penal que reciba la presente comunicación, para que una vez que lleve a cabo la notificación encomendada, dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita a este juzgado las constancias del mismo. De igual forma hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso JESÚS MANUEL SANTANA CORDERO, corriendo traslado con las constancias que se anexan, debiendo asentar la descripción de cada una de ellas y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. Finalmente, toda vez que el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase a las autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de octubre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, mediante el cual remite el oficio que signa el Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, así como el juicio de amparo 1131/2016-V promovido por JESÚS MANUEL SANTANA CORDERO, constante de ciento veintidós fojas útiles y un anexo; mismo que contiene la sentencia terminada de engrosar el seis de octubre de dos mil dieciséis, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; en tales condiciones, con fundamento en el punto quinto, del Acuerdo General 10/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para los efectos legales a que haya lugar. Tomando en consideración que el quejoso se encuentra interno el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos; en esas condiciones, y toda vez que dicho centro de reclusión se encuentra fuera del lugar de residencia de este Juzgado, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, en turno, con residencia en Cuautla, Morelos, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, proceda notificar al quejoso JESÚS MANUEL SANTANA CORDERO, el presente acuerdo, así como la sentencia dictada el seis de octubre de dos mil dieciséis, corriendo traslado con copia simple de las mismas. Asimismo, se requiere al Juez Penal que reciba la presente comunicación, para que una vez que lleve a cabo la notificación encomendada, dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita a este juzgado las constancias del mismo. De igual forma hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso JESÚS MANUEL SANTANA CORDERO, corriendo traslado con las constancias que se anexan, debiendo asentar la descripción de cada una de ellas y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA RECLUIDO. Así lo proveyó y firma la Licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho, en términos del oficio 6784/2016, autorizado por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el cinco de octubre de dos mil dieciséis, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1131/2016-V y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil dieciséis, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, signado por JESÚS MANUEL SANTANA CORDERO, por su propio derecho, demandando el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable Director General del Centro Federal de Readaptación Psicosocial en Ayala, Morelos y otras autoridades, de quienes reclama la reubicación de módulo a uno de máxima seguridad y la suspensión de actividades con motivo del módulo en que se encuentra. II.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos de los presentes cuadernillos incidentales relativos al juicio de amparo 1131/2016-V, se desprende que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno. III.- INFORME PREVIO. La autoridad responsable Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial por sí y como superior jerárquico de las autoridades señaladas como responsables del citado centro federal, aceptó el acto reclamado por cuanto a la reubicación de módulo, y manifestó que dicho acto no se debe a una corrección disciplinaria sino se trata de una medida de seguridad. Por otra parte, negó el acto reclamado consistente en la suspensión de actividades, pues refirió que le son proporcionadas acorde al módulo en el que actualmente se encuentra ubicada, esto es, módulo 1, sección C, estancia 1. IV.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA POR CUANTO AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN REUBICACIÓN DE MÓDULO. En ese orden de ideas, el artículo 128 de la Ley de Amparo establece que con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará siempre que la solicite el quejoso y cuando con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, el artículo 131 de la Ley de Amparo establece que en ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda. Asimismo, la Ley de Amparo prevé en su artículo 138, fracción I, que promovida la suspensión del acto reclamado, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, concederá o negará la suspensión; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; de tal suerte que el juez de Distrito, indefectiblemente debe dilucidar si la suspensión del acto reclamado afecta o no el interés social. La apariencia del buen derecho se traduce en un estudio previo de la cuestión planteada para realizar un juicio de probabilidad sobre la procedencia de lo solicitado por quien promovió el juicio de amparo. Ese análisis no llega al extremo de hacer en el incidente de suspensión un estudio que implique profundidad en argumentos de constitucionalidad, por lo que no implica una declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado, porque ello debe ser materia de la sentencia, pero si permite conceder la suspensión del acto reclamado cuando sea evidente que en relación con el fondo del asunto, asiste un derecho al quejoso que hace posible anticipar en un cálculo de probabilidades, que obtendrá la protección federal que busca. El análisis de la apariencia del buen derecho tampoco llega al extremo de exigir que el análisis de la cuestión se haga desde todos los puntos de vista posibles, hasta agotar el estudio de los argumentos en pro y en contra, para llegar a una conclusión pues, de ser así, se estaría ya no en el caso de una mera apariencia o probabilidad, sino de fijar con certeza el carácter constitucional o inconstitucional del acto, lo que sólo puede ser materia de la sentencia de fondo. Al respecto, son aplicables las siguientes tesis: Tesis: I.3o.C.15 K (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2001572 10 de 27 Tribunales Colegiados de Circuito Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3 Pág. 1510 Tesis Aislada(Común) Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3 APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. CUESTIONES JURÍDICAS. La apariencia del buen derecho se traduce en un estudio previo de la cuestión planteada para realizar un juicio de probabilidad sobre la procedencia de lo solicitado por quien promovió el juicio de amparo. Ese análisis no implica una declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado, porque ello debe ser materia de la sentencia. Ahora, cuando el peticionario de garantías hace valer un punto de derecho, sin referirse a cuestiones de hecho, su pretensión no puede ser descartada en forma superficial, aun cuando existan tesis aisladas que desvirtúen la postura de la parte quejosa. Por consiguiente, la apariencia del buen derecho no puede servir como justificante para negar la suspensión del acto reclamado, cuando el peticionario de amparo hizo valer cuestiones jurídicas que pueden ser debatidas y que, en todo caso, deben ser materia de un análisis exhaustivo en la sentencia que resuelva el caso concreto. Tesis: VI.3o.A. J/21 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 185447 1 de 1 TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Tomo XVI, Diciembre de 2002 Pág. 581 Jurisprudencia(Común) APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. ALCANCES. Si bien es cierto que con base en la teoría de la apariencia del buen derecho existe la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado cuando es evidente que en relación con el fondo del asunto asiste un derecho al quejoso que hace posible anticipar con cierto grado de acierto que obtendrá la protección federal que busca, tal posibilidad no llega al extremo de hacer en el incidente de suspensión un estudio que implique profundidad en argumentos de constitucionalidad, pues esto es propio de la sentencia que se emita en el juicio principal. Así pues, si en el caso de que se trate no es tan claro preestablecer con sólo "echar un vistazo" a la apariencia del buen derecho si la actuación de la autoridad está apegada a la ley, o bien, si es el peticionario de garantías quien tienen razón en cuanto la tilda de inconstitucional, no cobra aplicación la teoría en comento. Tesis: I.8o.C.5 K (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2005998 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II Pág. 1956 Tesis Aislada(Común) Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. LÍMITES EN EL ESTUDIO DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. El examen que para los efectos de la suspensión se efectúe en relación con la denominada apariencia del buen derecho, al que se refieren los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 138 de la Ley de Amparo, debe reducirse a establecer si a primera impresión es o no inconstitucional el acto de que se trate. Por lo mismo, no puede llegarse al extremo de exigir que el análisis de esa cuestión se haga desde todos los puntos de vista posibles, hasta agotar el estudio de los argumentos en pro y en contra, para llegar a una conclusión pues, de ser así, se estaría ya no en el caso de una mera apariencia o probabilidad, sino de fijar con certeza el carácter constitucional o inconstitucional del acto, lo que sólo puede ser materia de la sentencia de fondo. Por cuanto al interés social, el orden público constituye su máxima expresión como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto. Objetivo que es acorde con la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga. Lo anterior encuentra apoyo en la siguiente tesis: Tesis: I.4o.A.11 K (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2002421 5 de 19 Tribunales Colegiados de Circuito Libro XV, Diciembre de 2012 Tomo 2 Pág. 1575 Tesis Aislada(Común) Libro XV, Diciembre de 2012 Tomo 2 SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD. El artículo 124 de la Ley de Amparo contiene los requisitos que deben satisfacerse a efecto de que pueda decretarse la suspensión del acto reclamado, entre los que se encuentra, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a tales instituciones cuando con la concesión de esta medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría. De lo anterior puede afirmarse que el orden público constituye la máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto. Objetivo que es acorde con la reforma a la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga. En esas condiciones, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, pues de concederla traería aparejado un efecto restitutorio, al obligar al Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial con residencia en Ayala Morelos, a actuar conforme a la pretensión del quejoso; efectos que sólo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección de la Justicia Federal. Por ende, no puede otorgarse la suspensión bajo la figura de la apariencia del buen derecho (artículo 138 de la Ley de Amparo), pues en observancia de la jurisprudencia VI.3o.A.J/21, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito (citada con antelación), en el caso que nos ocupa no es tan claro preestablecer con sólo "echar un vistazo" a la apariencia del buen derecho, si la actuación de la autoridad responsable está apegada a la ley, o bien, si es la parte quejosa quien tienen razón en cuanto la tilda de inconstitucional, por tanto, no cobra aplicación la teoría en comento, máxime que ésta descansa en la posibilidad de conceder la suspensión del acto reclamado cuando sea evidente que con relación al fondo del asunto, asiste un derecho al quejoso que hace posible anticipar con cierto grado de acierto que obtendrá la protección federal que busca, sin que tal posibilidad llegue al extremo de hacer en el incidente de suspensión un estudio que implique profundidad en argumentos de constitucionalidad, pues esto es propio de la sentencia que se emita en el juicio principal. Aunado a lo anterior, una de las exigencias legales que debe colmarse para el otorgamiento de la suspensión, es que su otorgamiento no contravenga disposiciones de orden público o perjudique el interés social. El orden público y el interés social son nociones vinculadas, en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno. Luego, el concepto de disposiciones de orden público comprende las normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo, tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación, que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. Con base en los citados razonamientos tenemos que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. El artículo 129 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad para negar la suspensión del acto reclamado cuando con su concesión se ocasionen perjuicios al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. Como quedó apuntado, la parte quejosa se duele de la reubicación de módulo; sin embargo, la autoridad responsable señaló que este cambio de sebe a medidas de seguridad y a efecto de mantener el orden dentro del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial entre los propios internos y con el personal de dicho centro. Así, tenemos dos intereses en conflicto: El interés particular de la parte quejosa de permanecer en el módulo en el que se encontraba (modulo V, sección b, estancia 11). El interés de la colectividad del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala Morelos, consistente en preservar el orden y buen funcionamiento dentro del penal, entre los internos y personal que ahí labora. Conforme a la teoría de los principios, cuando el interés social constitucionalmente tutelado, es preferente al de la quejosa. En el caso que nos ocupa, debe negarse la suspensión, a fin de conservar el orden y buen funcionamiento dentro del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.81/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, página 357, registro 186415, de rubro "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.". V.- CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA POR CUANTO AL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. Tomando en consideración que concurren los requisitos para la suspensión a instancia de parte previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, con fundamento en ese artículo y, además, en términos del diverso 138 de esa ley, se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA en estos términos: Para que se le permitan al quejoso JESÚS MANUEL SANTANA CORDERO las actividades encaminadas a su reinserción social a las que tenga derecho conforme a los reglamentos que rigen al Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, y acorde al módulo en el que actualmente se encuentre ubicado. Los efectos de esta suspensión deben prevalecer hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia de amparo que se dicte en el juicio principal 1131/2016-V. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por JESÚS MANUEL SANTANA CORDERO, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto cuarto de la presente resolución interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por JESÚS MANUEL SANTANA CORDERO, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto quinto de la presente resolución interlocutoria. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano