Jesus Martínez Martínez y Otros.
Expediente 1701/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1701/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/03/2017
Partes del expediente
- Jesus Martínez Martínez y Otros.
- Felipe Hernandez Carrillo
- Luis Antonio Carrillo Huerta y Otros.
- Jesus Martínez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de marzo de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, del Estado de México, mediante el cual acusa recibo del oficio 8539/2017, así como del anexo adjunto al mismo. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió la sentencia terminada de engrosar el tres de marzo de dos mil diecisiete, por la cual se negó el amparo y protección de la justicia federal en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes; háganse y las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por otro lado, mediante oficio que para tal efecto se gire, devuélvase a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, los anexos que remitió como complemento a su informe justificado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En el libro de gobierno realícense las anotaciones correspondientes. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. (Punto vigésimo primero, inciso IV). El cuaderno original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (encuadran en las hipótesis previstas en el punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo). Lo anterior, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en el entendido que se toma en consideración ésta y no la provisional dado que si bien el numeral en cita no establece en forma literal a cuál de ellas debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento". - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo 1701/2016-I; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, que por turno le correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito, Jesús Martínez Martínez, Felipe Hernández Carrillo, José Trinidad Carrillo Huerta, Luis Antonio Carrillo Huerta, Román Carrillo Huerta y Juan Juárez Martínez, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se precisarán en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Derechos Fundamentales que se estiman violados. Los peticionarios de amparo narraron los antecedentes del acto reclamado; invocaron como derechos fundamentales violados los reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expusieron los conceptos de violación que estimaron pertinentes. TERCERO. Trámite. Por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, se ordenó formar expediente, registrarlo en el Libro de Gobierno bajo el número 1701/2016-I y se previno a los peticionarios para que precisaran su acto reclamado. Cumplido lo anterior, por auto de diecisiete de noviembre siguiente se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público adscrito la intervención legal que le compete; se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, resulta legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo previsto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En principio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que Jesús Martínez Martínez, Felipe Hernández Carrillo, José Trinidad Carrillo Huerta, Luis Antonio Carrillo Huerta, Román Carrillo Huerta y Juan Juárez Martínez, reclaman del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México: La resolución de once de octubre de dos mil dieciséis dictada en el expediente laboral 1922/2006, por la que se ordenó el archivo definitivo de ese asunto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, al rendir su informe justificado admitió la existencia del acto que se atribuye a dicho órgano jurisdiccional, por lo cual, se tiene por cierto al tenor de la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que además se corrobora con los anexos que acompañó la responsable como complemento a su informe justificado, consistentes en tres tomos del expediente laboral 1922/2006, respecto de los cuales se concede valor probatorio, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su precepto 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. A fin de contar con un panorama que permita una mejor comprensión del asunto que se resuelve, resulta oportuno hacer una breve reseña de los hechos que se obtienen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, siendo los siguientes: El tres de octubre de dos mil seis, Jesús Martínez Martínez, Román Carrillo Huerta, José Trinidad Carrillo Huerta, Luis Antonio Carrillo Huerta, Felipe Hernández Carrillo y Juan Juárez Martínez, demandaron del Ayuntamiento Constitucional de Tultitlán, Estado de México, el cumplimiento de diversas prestaciones de carácter laboral, derivadas del despido injustificado del que fueron objeto. La demanda de referencia se radicó en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México con el número de expediente 1922/2006 y seguidos los trámites legales correspondientes, se emitió el laudo definitivo, en el que se condenó al Ayuntamiento demandado al pago de las prestaciones ahí precisadas. Al quedar firme el laudo de referencia, se procedió a su ejecución, etapa dentro de la cual el Ayuntamiento demandado efectuó diversos pagos a los actores. Mediante resolución de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, la autoridad responsable determinó que la parte demandada dio total cumplimiento al laudo de referencia y, como consecuencia, ordenó el archivo definitivo del asunto. Inconformes, los trabajadores promovieron juicio de amparo indirecto, cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado Segundo de Distrito, en donde se radicó el asunto con el número 626/2016 y mediante sentencia definitiva de catorce de julio de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y la protección constitucional solicitados, para los efectos siguientes: "En esas condiciones, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada; y en su lugar dicte otra en la que atendiendo a los lineamientos plasmados en la presente ejecutoria: Deberá atender la totalidad de las manifestaciones expuestas por el apoderado legal de los aquí quejosos en el escrito que dio origen al acto reclamado, para lo cual deberá también pronunciarse expresamente en relación a la totalidad del contenido de las promociones que ahí le indica el apoderado legal de referencia, las cuales refiere le presentó el veintisiete de mayo, diecinueve y veinticinco de junio, diez de agosto y diez de octubre de dos mil quince y no fueron acordadas. Aunado a lo anterior, de manera fundada y motivada deberá proveer si es procedente o no el requerimiento de pago que se le solicitó en la precitada promoción y, con plenitud de jurisdicción, resolver lo que en derecho corresponda." La sentencia aludida causó ejecutoria por auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. En cumplimiento al fallo protector, la Presidenta del Tribunal responsable emitió una diversa resolución el once de octubre de dos mil dieciséis, en la que se pronunció en torno a las promociones efectuadas por la parte actora y reiteró que el Ayuntamiento demandado había acatado el laudo respectivo, por lo que ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido. - Determinación que constituye el acto reclamado en el presente asunto - QUINTO. Conceptos de violación y fijación de la litis. Al no existir causa de improcedencia alguna que hagan valer las partes respecto del acto reclamado, o bien, que el suscrito advierta que se actualice de oficio, lo que procede es entrar al estudio del fondo del asunto, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación expuestos, por no existir norma legal que imponga esa obligación. Es aplicable al respecto el criterio sustentado en la contradicción de tesis 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en la página ochocientos treinta, del Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante lo anterior, se precisa que los solicitantes de amparo manifiestan que la resolución reclamada vulnera sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, en esencia, por lo siguiente: Que la resolución reclamada les niega el derecho al cobro del total de las cantidades que les corresponden por la condena impuesta en el laudo de veintisiete de noviembre de dos mil nueve, sin que exista razón lógica ni jurídica para no dictar auto de ejecución y requerimiento de pago por la suma que se les adeuda. Que si bien conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta el Ayuntamiento tercero interesado está facultado y obligado para el cobro de los impuestos generados por el pago efectuado a sus trabajadores, la propia legislación le obliga a expedir constancia que acredite haber retenido los impuestos conducentes y proporcionar documento legal e idóneo con el que se acredite haberlo hecho, para que estén en condiciones de acudir ante la autoridad hacendaria a deducir lo que en derecho proceda. Que si bien el tribunal responsable no tiene la obligación de entrar al estudio del cálculo del impuesto, sí tiene la facultad para verificar que la constancia de retención tenga certeza jurídica de su emisión y comprobar que ésta cumpla con los requisitos legales exigidos para tal efecto. Que la responsable los deja en estado de indefensión al permitir que no se dé cabal cumplimiento a la condena impuesta en el laudo definitivo. Que el tribunal responsable se equivoca por dos razones primordiales: la primera, porque las constancias de retención presentadas por el Ayuntamiento, ya que no están elaboradas con los requisitos legales; y, segundo, porque de esas constancias no se advierte que efectivamente su contraparte hubiese enterado a la autoridad hacendaria el pago de las cantidades retenidas. Que las hojas simples exhibidas por el Ayuntamiento tercero interesado como prueba de retención de impuestos no tienen ningún valor jurídico, pues no constituyen una constancia de retención de impuestos. Que la autoridad responsable viola sus derechos laborales al negar sus peticiones de señalar día y hora para el requerimiento de pago del total de la condena impuesta en el laudo firme, argumentado un cumplimiento falaz sustentado en documentos ilegales y sin valor jurídico, que de ninguna manera son prueba fehaciente del cabal cumplimiento de las cantidades adeudadas. Que es ilegal la orden de archivo definitivo del juicio natural, porque coarta la etapa de ejecución del laudo, sin que éste se encuentre debidamente cumplido. Consecuentemente, el problema jurídico a dilucidar en el presente asunto, consiste en determinar si la resolución de once de octubre de dos mil dieciséis se encuentra ajustada a derecho para ordenar el archivo definitivo del juicio laboral 1922/2006, con base en las constancias de retención de impuestos consideradas por la responsable. SEXTO. Estudio del fondo del asunto. Con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, los motivos de disenso se analizarán conjuntamente debido a su estrecha relación, los cuales se consideran infundados. En efecto, este Juez de Distrito estima que el laudo emitido el veintisiete de noviembre de dos mil nueve se encuentra debidamente cumplido, por lo que fue correcto que el tribunal responsable ordenara el archivo definitivo del juicio laboral 1922/2006. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 119/2007-SS, sostuvo que conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación, los patrones tienen el carácter de auxiliares de la administración pública federal en la recaudación del impuesto de referencia a cargo de sus trabajadores, en tanto tienen la obligación de retener el causado por alguno o algunos de los conceptos a los que resulten condenados en un laudo laboral. Además, determinó que una vez que se ha establecido el importe líquido de la condena y el patrón al exhibir su pago manifieste haber retenido el impuesto correspondiente, bastará con que aquél exhiba el recibo de liquidación en el que pueda observarse con claridad el desglose y coincidencia de las cantidades a las que resultó condenado y las retenidas por concepto del impuesto para que la autoridad laboral tenga posibilidad de vigilar el cumplimiento del laudo, sin necesidad de que la autoridad laboral proceda a examinar si el cálculo del entero fue o no correcto, pues en caso de que resulte defectuoso no se deja en estado de indefensión al trabajador, ya que tiene expedito su derecho para solicitar ante la autoridad hacendaria la devolución de las cantidades que le hayan sido retenidas en forma indebida y corresponderá a la autoridad fiscal su revisión. En consecuencia, la Segunda Sala concluyó que no es requisito indispensable que el patrón exhiba el documento en el que acredite la deducción del impuesto para justificar el monto de las prestaciones que debió pagar al trabajador, o la constancia de que enteró la cantidad que retuvo al trabajador como impuesto del producto del trabajo para efecto de tener por cumplido el laudo. De la anterior ejecutoria, derivó la jurisprudencia 2a./J. 136/2007, publicada con el rubro: "LAUDO. PARA TENERLO POR CUMPLIDO ES INNECESARIO QUE EL PATRÓN EXHIBA LA CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS CONCEPTOS MATERIA DE LA CONDENA O EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA DEDUCCIÓN RELATIVA, PUES BASTA CON QUE EN EL RECIBO DE LIQUIDACIÓN EXPRESE LAS CANTIDADES SOBRE LAS CUALES SE EFECTÚA DICHA RETENCIÓN." Ahora bien, de la lectura de los motivos de disenso reseñados, se obtiene que la parte quejosa se duele básicamente: (i) de que no se debió ordenar el archivo definitivo del asunto, porque el laudo correspondiente no se encuentra debidamente cumplido; y, (ii) que las constancias de retención del impuesto sobre la renta carecen de valor probatorio. De las constancias que integran el expediente laboral 1922/2006, se obtienen los datos siguientes: Mediante laudo emitido el veintisiete de noviembre de dos mil nueve, se condenó al Ayuntamiento Constitucional de Tultitlán, Estado de México, a la reinstalación de los accionantes, así como al pago de los salarios caídos, incrementos salariales, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, días económicos, salarios devengados y prima por semana mayor. El trece de enero de dos mil doce, en cumplimiento al laudo firme, se dictó requerimiento de pago y embargo en contra del Ayuntamiento demandado, hasta por la cantidad de $2'378,414.74 (dos millones trescientos setenta y ocho mil cuatrocientos catorce pesos con setenta y cuatro centavos), por ser el importe total de las prestaciones motivo de la condena, las cuales se desglosan de la manera siguiente: Nombre del trabajador Monto total a pagar Román Carrillo Huerta $407,381.63 José Trinidad Carrillo Huerta $407,381.63 Luis Antonio Carrillo Huerta $357,402.04 Felipe Hernández Carrillo $357,402.04 Juan Juárez Martínez $357,402.04 Jesús Martínez Martínez $491,445.36 El veintidós de enero de dos mil trece, Jesús Martínez Martínez recibió como pago parcial, un cheque por la cantidad de $52,150.62 (cincuenta y dos mil ciento cincuenta pesos con sesenta y dos centavos). En diligencia de ocho de abril de dos mil quince, el apoderado legal del Ayuntamiento demandado manifestó que para dar cumplimiento al laudo condenatorio, procedería a realizar el pago a través de la expedición de nueve pagos parciales que se efectuarían por medio de cheques en favor de cada uno de los accionantes. Los trabajadores aquí quejosos, recibieron los pagos siguientes: Nombre del trabajador Nueve pagos parciales por la cantidad de Fechas de recepción Monto total recibido Román Carrillo Huerta $30,555.31 1. 15/04/2015 2. 22/05/2015 3. 25/06/2015 4. 14/07/2015 5. 10/08/2015 6. 11/09/2015 7. 09/10/2015 8. 17/11/2015 9. 10/12/2015 $274,997.79 José Trinidad Carrillo Huerta $30,555.31 $274,997.79 Luis Antonio Carrillo Huerta $26,945.69 $242,511.21 Felipe Hernández Carrillo $26,945.69 $242,511.21 Juan Juárez Martínez $26,945.69 $242,511.21 Jesús Martínez Martínez $36,649.30 $329,843.70 El apoderado legal del Ayuntamiento de Tultitlán, Estado de México, exhibió las constancias de sueldos, salarios, conceptos asimilados, crédito al salario y subsidio para el empleo, a nombre de cada uno de los trabajadores quejosos, de las cuales se advierten los datos que insertan a continuación: Nombre del trabajador Total de ingresos por sueldos, salarios y conceptos asimilados ISR conforme a la tarifa anual Suma total Román Carrillo Huerta $274,997.00 $132,384.00 $407,381.00 José Trinidad Carrillo Huerta $274,997.00 $132,384.00 $407,381.00 Luis Antonio Carrillo Huerta $242,511.00 $114,890.00 $357,401.00 Felipe Hernández Carrillo $242,511.00 $114,890.00 $357,401.00 Juan Juárez Martínez $242,511.00 $114,890.00 $357,401.00 Jesús Martínez Martínez $392,843.00 $161,602.00 $554,445.00 Luego, si a las cantidades recibidas por los trabajadores se les suman los montos que fueron retenidos por la parte patronal por concepto de impuesto sobre la renta, se tiene que el laudo emitido el veintisiete de noviembre de dos mil nueve en el juicio laboral 1922/2006, fue cumplido en sus términos, tal como se acredita en la tabla comparativa que se inserta a continuación: Nombre del trabajador Cantidad de condena Monto entregado Monto retenido Monto total Román Carrillo Huerta $407,381.63 $274,997.00 $132,384.00 $407,381.00 José Trinidad Carrillo Huerta $407,381.63 $274,997.00 $132,384.00 $407,381.00 Luis Antonio Carrillo Huerta $357,402.04 $242,511.00 $114,890.00 $357,401.00 Felipe Hernández Carrillo $357,402.04 $242,511.00 $114,890.00 $357,401.00 Juan Juárez Martínez $357,402.04 $242,511.00 $114,890.00 $357,401.00 Jesús Martínez Martínez $491,445.36 $392,843.00 $161,602.00 $554,445.00 Puntualizado lo anterior, es que resultan infundados los conceptos de violación esgrimidos en la demanda de amparo, pues en términos de lo resuelto por la Segunda Sala del Alto Tribunal en la contradicción de tesis 119/2007-SS, a la que se hizo previamente alusión en este fallo, para que el tribunal responsable estuviera en condiciones de tener por cumplido el laudo condenatorio, por cuanto hace al importe líquido de la condena, no era necesario que se examinara en la resolución reclamada si el cálculo del entero retenido fue correcto o no, sino que bastaba con que la cantidad entregada a los operarios, sumada a la retenida por concepto de impuestos, coincidieran con el monto total al que resultó condenado el Ayuntamiento demandado. Por tanto, no asiste razón a los inconformes al señalar que las constancias de retención del impuesto sobre la renta carecen de valor probatorio por no contar con todos los requisitos legales previstos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el Código Fiscal de la Federación, pues como ya se destacó, ese no es un extremo legal que se deba tener en consideración para que la autoridad laboral pueda tener por cumplido el laudo condenatorio, sino que basta con que la suma de la cantidad entregada a los accionantes y la que fue objeto de retención por concepto de impuesto sobre la renta, coincida con el monto total de la condena. De igual manera, tampoco asiste razón a la parte quejosa al manifestar que no se debió ordenar el archivo definitivo del asunto, pues contrario a lo que refieren, el laudo de referencia sí se encuentra debidamente cumplido por el Ayuntamiento tercero interesado. Lo anterior se afirma, ya que por un parte, en diligencia de veinticuatro de agosto de dos mil once se procedió a la reinstalación de los aquí quejosos en el mismo puesto que desempeñaban hasta antes de su despido injustificado y, por otra, mediante diligencias de quince de abril, veintidós de mayo, veinticinco de junio, catorce de julio, diez de agosto, once de septiembre, nueve de octubre, diecisiete de noviembre y diez de diciembre, todos de dos mil quince, se les entregaron las cantidades que les correspondieron, salvo aquellas que fueron retenidas por concepto de impuesto sobre la renta, montos que sumados, coinciden con el total de la condena emitida en el laudo de referencia. Aunado a ello, de conformidad con el criterio emitido por la Segunda Sala del Alto Tribunal, no es requisito indispensable que el patrón exhiba la constancia de que enteró la cantidad que retuvo a los trabajadores como impuesto del producto del trabajo. Finalmente, cabe destacar que en oposición a lo que manifiestan los peticionarios, el que se hubiese tenido por cumplido el laudo definitivo, no significa dejarlos en estado de indefensión, o que no estén de condiciones de obtener la devolución de las cantidades enteradas al fisco por su contraparte, ya que tienen expedito su derecho para realizar la petición correspondiente ante la autoridad hacendaria, puesto que el juicio laboral no es la vía procedente para solicitar tal devolución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 123/2011 emitida por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "JUICIO LABORAL. NO ES LA VÍA IDÓNEA PARA SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES QUE EL PATRÓN RETUVO POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL PAGAR LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO." Consecuentemente, al resultar infundados los conceptos de violación y no advertirse deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo que procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y con fundamento además, en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jesús Martínez Martínez, Felipe Hernández Carrillo, José Trinidad Carrillo Huerta, Luis Antonio Carrillo Huerta, Román Carrillo Huerta y Juan Juárez Martínez, en contra del acto y de la autoridad precisada en el considerando segundo de esta resolución, por las razones expuestas en la última parte de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta el día de hoy tres de marzo de dos mil diecisiete en que las labores del juzgado así lo permitieron, ante David Andrés Mata Ríos, Secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Toluca, Estado de México; treinta de noviembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos del diverso 2°, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, a través del cual toma conocimiento de la interlocutoria pronunciada el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, en la cual se negó la suspensión definitiva a los quejosos; asimismo, remite copia certificada del acuerdo recaído a dicha resolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
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