Jesus Maria Martínez Vilchis

Expediente 279/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 24 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
279/2016
Año
2016
Actuaciones
24
Última actuación
10/08/2016

Partes del expediente

  • Jesus Maria Martínez Vilchis
  • Juez Quinto Civil Del Distrito Judicial De Toluca Con Residencia En Metepec Estado De México
  • Alejandra Monmtes De Oca Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    II. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el quejoso no recurrió el auto de veintiuno de julio de dos mil dieciséis (fojas 109 a la 111), donde se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa del numeral 2°, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de veintiuno de julio de dos mil dieciséis (fojas 109 a la 111), se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). 2. Tanto el cuaderno original como el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, (Punto Vigésimo, inciso III y Vigésimo Primero, inciso III). Lo anterior, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados; en el entendido que se toma en consideración ésta y no la provisional dado que si bien el numeral en cita no establece en forma literal a cuál de ellas debe atenderse, de una lectura integral del mismo se advierte que se refiere a la definitiva, pues establece: "deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento". En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.

  2. Principal

    II. , Estado de México; veintiuno de julio de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa, no desahogó el requerimiento formulado mediante proveído de quince de junio del año en curso (fojas 93 a la 95), a través del cual se le requirió para que se presentara en el local de este juzgado federal a recoger los edictos ordenados en el auto de referencia para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación nacional, mediante los cuales se pretendía notificar y emplazar a juicio a la tercero interesada Alejandra Montes de Oca Ramírez, tal y como lo señalan los artículos 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la primera de las legislaciones invocadas por disposición expresa de su numeral 2°. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de mérito y, con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo y 5, fracción III del propio ordenamiento, así como en el 14, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, debido a la falta de notificación y emplazamiento de una de las partes y a la falta de interés de la otra para colaborar en la integración de este asunto. A mayor abundamiento, se precisa que la radicación del juicio de amparo al tercero interesado, que permita tener válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionada a que la parte quejosa recoja y pague la publicación de los edictos respectivos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debía estimarse que su notificación al juicio constituía un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, al tomar en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo procedimiento, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio biinstancial pueden llegar a afectar la esfera jurídica de los terceros interesados, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por no recoger los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el presente juicio, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Lo anterior, porque al quedar paralizado el juicio constitucional por no recoger los edictos para lograr la notificación de los terceros interesados, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible a este órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos que al respecto señala la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso, del agraviado, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones éstas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Atento a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita tal y como lo ordena el artículo 17 constitucional, evitándose además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo se supedite al arbitrio de la parte quejosa, quien omitió manifestar su imposibilidad de recoger o cubrir el pago de los edictos. Se hace hincapié en que este Juzgado agotó los medios a su alcance para lograr la notificación y emplazamiento de la tercero interesada Alejandra Montes de Oca Ramírez, ya que por auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis (fojas 46 y 47), se giraron oficios a diversas dependencias con el fin de investigar el domicilio en el cual podría ser localizada la tercera en comento, sin que contaran con información alguna. También, la propia parte quejosa proporcionó diversos domicilios donde podría ser emplazada la tercera referida, mismos donde se comisionó al actuario de la adscripición y también por encontrarse fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, se giró exhorto con la finalidad de llevar a cabo la diligencia; sin embargo, no fue posible la localización de la parte buscada por las consideraciones expuestas por los funcionarios judiciales respectivos. Aunado a lo anterior, la propia parte quejosa no realizó manifestación alguna sobre su imposibilidad de recoger o erogar el gasto de los edictos, lo que hace indudable su desinterés de coadyuvar a la integración de este juicio. Consecuentemente, y como se dijo con anterioridad lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo en los términos antes indicados; ante ello se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional prevista para las doce horas con diez minutos del veintiocho de julio de dos mil dieciséis, por tanto, en el Libro de Gobierno, háganse las anotaciones respectivas. A lo anterior, se apoya la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXV, Quinta Época, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Finalmente, si la autoridad a quien deba comunicarse la presente determinación goza de su periodo vacacional, se comisiona al Actuario para hacer entrega del oficio respectivo, cuando ésta reanude labores, sin necesidad de ulterior acuerdo, el cual deberá quedar bajo su resguardo y responsabilidad hasta en tanto sean entregado.

  3. Principal

    II. De la certificación de cuenta se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse hoy a las diez horas con treinta minutos, tal como se estableció en auto de quince de junio del año en curso; sin embargo, aún no se ha logrado el emplazamiento de la tercero interesada Alejandra Montes de Oca Ramírez, aunado a que en el referido proveído, se ordenó se realizara dicha diligencia por medio de edictos que correrían a costa de la parte quejosa, por lo que se le concedió el plazo de veinte días para recogerlos, acreditar haberlos entregado para su publicación y exhibiera el pago para ello, sin que a la fecha haya fenecido el referido término. Aunado a lo anterior, el catorce de los actuales se le requirió al quejoso para que en el plazo de tres días, compareciera a ratificar su escrito mediante el cual pretende desistir del presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya dado cumplimiento, ni obre constancia de notificación de dicha circunstancia. En consecuencia, a fin de que se dé tiempo a lo anterior, la audiencia constitucional prevista para celebrarse en esta fecha se difiere y en su lugar se fijan las doce horas con diez minutos del veintiocho de julio de dos mil dieciséis, para su celebración.

  4. Principal

    II. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se agrega a los autos el escrito de cuenta presentado por el quejoso Jesús María Martínez Vilchis, mediante el cual pretende desistir de este juicio de amparo. Ahora, toda vez que entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada conforme al cual, dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto de autoridad que refuta de inconstitucional, mismo que se encuentra consagrado en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, en relación con el 5, fracción I, de la Ley de Amparo, de lo que se concluye lógicamente que quien está facultado conforme a la ley para promover juicio de amparo puede también válidamente desistirse de la acción intentada, lo que se traduce en la renuncia expresa del agraviado para que el órgano jurisdiccional ejerza su actividad jurisdiccional; sin embargo, dicha manifestación de voluntad para que produzca todos sus efectos legales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, debe ratificarse personalmente ante la presencia judicial. Lo anterior con la finalidad de no dejar duda o incertidumbre de que efectivamente es la voluntad del quejoso la vertida en el escrito de desistimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.19K, consultable en la página 488, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Novena Época, cuyo rubro y textos son: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO EXPRESO DEL AGRAVIADO. Para que el desistimiento del agraviado proceda en el juicio constitucional, de conformidad con lo previsto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester que sea el propio quejoso quien presente el escrito y, además, que ratifique el mismo ante presencia judicial o funcionario con fe pública, previa identificación del interesado." En consecuencia, se requiere al quejoso Jesús María Martínez Vilchis, para que en el plazo de tres días a que se refiere el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal segundo, se presente debidamente identificado en el local de este órgano jurisdiccional a ratificar su escrito de desistimiento. Con el apercibimiento que de no ratificar el escrito de cuenta, se tendrá por no presentado. Es aplicable la tesis VI.2o.24 K, visible en la página 405, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 1996, Tomo III, Novena Época del tenor siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ORDENARSE LA RATIFICACIÓN DEL ESCRITO DE. Si en un juicio de amparo, el quejoso presenta escrito de desistimiento, el juez de Distrito no debe apercibirlo en el sentido de que de no comparecer a ratificar dicho escrito, tendrá por hecha la ratificación, sino que de no comparecer a realizarla se tendrá por no formulado el desistimiento y se continuará con el procedimiento de amparo; pues únicamente de esta manera, el juez de Distrito tendría la certeza de que efectivamente quien desiste es el quejoso, en virtud, de que éste tendría la certeza de que realmente es la voluntad del solicitante de amparo el desistirse de la acción constitucional, y de que no se trata de un escrito en el que se le haya suplantado, o de que hubiese obedecido a una causa ajena a su voluntad."

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