Jesús Martín Medina Rodríguez
Expediente 1024/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1024/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 03/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jesús Martín Medina Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído de doce de diciembre de dos mil dieciséis, en el que este Tribunal sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido por ********, por propio derecho, no fue recurrido dentro del término legal, por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por consiguiente, toda vez que el presente Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Finalmente, toda vez que la quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Incidental
ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión...
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de tres días que se concedió al quejoso en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial en el Estado, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, transcurrió sin que lo haya hecho; por lo que, se provee: Vistas las constancias que obran agregadas al presente expediente se advierte que: El quejoso acude a esta instancia constitucional reclamando: La orden de aprehensión y/o detención girada en su contra. Que señaló únicamente como autoridad responsable al: Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de Comonfort, Guanajuato Que mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto por parte de la oficina del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, un sobre que contenía el oficio 20401/2016 del índice de este juzgado, dirigido al "Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con residencia en Comonfort, Guanajuato", del que se advertía la leyenda "cambio de domicilio". Que en consecuencia a ello, este órgano jurisdiccional, entabló conversación con la Secretaria Particular de la Coordinación Regional de la Policía Ministerial en el Estado de Guanajuato, con sede en San Miguel Allende, quien informó que el Jefe de Grupo que se encarga de la jurisdicción de Comonfort, Guanajuato, era el Jefe de Grupo de la Policía Ministerial en el Estado, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, en virtud de su fusión. Que derivado de lo anterior, en el mismo proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se requirió al quejoso para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial en el Estado, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato. Que el plazo otorgado al quejoso para que señalara a la autoridad que tendría el carácter de responsable en el presente juicio, transcurrió sin que se hubiese manifestado al respecto. En relatadas condiciones, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se advierte de autos, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, y de la Jurisprudencia 814 visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 108 fracción III, del propio ordenamiento legal, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (...) III. La autoridad o autoridades responsables." De los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando en la demanda de amparo no se señala a la autoridad responsable que se estima emitió el acto reclamado. En efecto, de acuerdo con lo establecido en el numeral 108 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno de los requisitos de la demanda de amparo es el de señalar a las autoridades responsables. Dicha obligación se impone en función de que el señalamiento de la autoridad entraña un acto tendente a satisfacer un presupuesto procesal indispensable para la integración de la relación jurídico-procesal en el juicio constitucional, cuenta habida que la autoridad responsable funge en ese proceso federal como parte formal y material que defiende la constitucionalidad de sus actos. De tal manera, que la falta de señalamiento de ésta, constituye un motivo de improcedencia, pues esta omisión impide considerar integrada la relación jurídico- procesal en el juicio constitucional. Bajo dicha guisa, se afirma que en el citado supuesto a efecto de considerar integrada legalmente la relación jurídico-procesal, resultaba indispensable llamar como autoridad responsable al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial en el Estado, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, quien era la autoridad encargada de la jurisdicción de Comonfort, Guanajuato. Bajo las consideraciones anteriores, se patentiza que en la especie no se encuentra integrada la relación procesal, puesto que, aunque el quejoso tuvo la oportunidad de señalar como autoridad responsable al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial en el Estado, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, y no lo hizo; circunstancia que hace que este juzgador no pueda resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Por ende, es indiscutible que jurídicamente no es posible resolver de fondo el presente sumario constitucional, pues, al hacerlo así, se violarían derechos tanto adjetivos como sustantivos, en perjuicio de la autoridad referida, pues no obstante que el quejoso tuvo la oportunidad de señalarla como responsable, no lo hizo, incumpliendo con ello el requisito establecido en la fracción III, del artículo 108, de la Ley de Amparo. Consideración que cobra relevancia, porque de conformidad con la fracción II, del artículo 5 de la ley de la materia y en los términos de las citadas jurisprudencias, autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, razón por la que es imprescindible que ante un acto concreto y específico se determine con claridad la autoridad o autoridades encargadas de emitirlo, o bien de ejecutarlo. Por consiguiente, se reitera, si el quejoso no designó como responsable al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial en el Estado, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, quien se encarga de la jurisdicción de Comonfort, Guanajuato, ello impide analizar la constitucionalidad del acto tildado de ilegal, al ser atribuible a una autoridad que no fue llamada a juicio, no obstante que el quejoso estuvo en aptitud de hacerlo. Por tanto, es inconcuso que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, del diverso numeral 108, del propio ordenamiento legal, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En razón de lo anterior, se deja sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional.
- Incidental
Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de tres días que se concedió al quejoso en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial en el Estado, con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato, transcurrió sin que lo haya hecho, lo que se asienta para constancia legal.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
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