Jesús Josue Hernández Medina
Expediente 662/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 662/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jesús Josue Hernández Medina
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio que remite vía electrónica la Juez Noveno de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo presentada por **********; en tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado y archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 , se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente cuaderno, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j)2 , del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por su propio derecho, contra actos del Titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 662/2020-III. Ahora, dado que la competencia constituye un presupuesto de orden público, primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene para conocer del presente juicio constitucional. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que textualmente establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Así las cosas, en cuanto a la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo es indispensable determinar, en principio, si el acto reclamado requiere ejecución material o no, hecho lo cual, resultará aplicable alguna de las tres hipótesis competenciales referidas en el artículo 37 de la ley de la materia. Bajo dicha guisa, en el presente caso, la parte quejosa reclama: La omisión de cumplir con la orden de pago efectuada mediante la resolución contenida en el oficio 600-02-04-2020-15552, de veintinueve de enero de dos mil veinte, emitida por la Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal, del Servicio de Administración Tributaria, al resolver la solicitud de resarcimiento económico presentada el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, que ordenó el pago de $76,390.73 (setenta y seis mil trescientos noventa pesos, con setenta y tres centavos), con cargo al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, con motivo del procedimiento administrativo en materia aduanera AVM501170373. Precisado el acto reclamado, el suscrito considera que debido a la naturaleza del acto reclamado, se actualiza surte la segunda regla de competencia mencionada en el inciso b), en la que se hace referencia que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; ante lo cual, este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia. De los documentos que anexó el quejoso a su escrito de demanda se advierte que el veintinueve de enero de dos mil veinte, la Administración General Jurídica de la Administración Central de Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal 4, del Servicio de Administración Tributaria, emitió resolución a favor de Jesús Josué Hernández Medina y autorizó el pago de una cantidad líquida por concepto de indemnización. Asimismo, se advierte que el mencionado quejoso tiene su domicilio fiscal en la calle *************. Por ello, se estima que lo que reclama el amparista es el cumplimiento de la resolución que le concedió el resarcimiento del daño, cuyo pago tendrá efectos legales precisamente en su domicilio fiscal; por ello, este juzgado estima carecer de competencia legal, en razón de territorio, para conocer de la demanda que se estudia. Ello es así, el acto reclamado por la parte quejosa si bien implica una omisión, lo cierto es que esa deriva de un procedimiento administrativo, en cuya resolución se reconoció el derecho a ser indemnizado y se estableció el monto de esa indemnización. De modo que el acto reclamado sí implica una ejecución material, como lo es el pago de la cantidad fijada, el cual deberá efectuarse en el domicilio fiscal del quejoso, que se encuentra fuera del territorio en que este juzgado ejerce jurisdicción. En efecto, el acto reclamado se hace consistir en una conducta omisiva, pues la autoridad responsable ordenadora, emitió una orden de pago a favor del quejoso, cuyo cumplimiento ha omitido la ejecutora. Destaca que el acto se reclama en el contexto de un procedimiento administrativo, cuya resolución ha sido ignorada por la autoridad a la que corresponde cumplirla; a su vez, la parte quejosa acude a esta instancia para obtener su cumplimiento, esto es la obtención de un derecho reconocido previamente por la autoridad responsable. Por tanto, es claro que el acto reclamado implica la ejecución de una determinación, que reconoció un derecho en favor del quejoso. Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 3/2013, se ordena: a) Remitir el escrito original de demanda y anexos que se acompañan, al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, para lo que tenga bien ordenar. b) Solicitar comedidamente remita el acuse de recibo correspondiente; y c) Formar con copia de la aludida demanda el cuaderno de antecedentes respectivo y realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********** al contar con cédula profesional ***************, inscritas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las personas que menciona, por no encontrarse en ese supuesto. Tomado en consideración que se autorizó en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***********, cuyo usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es *************, efectúense electrónicamente las notificaciones personales. Con fundamento en los artículos 18 y 37 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo; para tal efecto se le tiene proporcionando los usuarios ***********, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
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