Jesús María Ávila Quiroga
Expediente 207/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 20 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 207/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 18/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jesús María Ávila Quiroga
- Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se deduce que el veintitrés de junio de la presente anualidad se dió por concluido el presente juicio de amparo con el pronunciamiento respectivo, en el cual se ordenó notificar por oficio a las autoridades responsables. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio a las autoridades responsables faltantes, Congreso y gobernador del Estado de Sonora, el proveído de referencia. Notifíquese por oficio al Congreso y al gobernador Constitucional, ambos del Estado de Sonora, el auto de veintitrés de junio de la presente anualidad. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a verificar el acatamiento dado a dicha resolución. II. Relación de constancias. Consta en autos que el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Los efectos para los que se emitió dicha sentencia fue para que la responsable, dentro del ámbito de sus atribuciones realizara lo siguiente: "1. La autoridad responsable desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación contenida en ese precepto legal, de aportar una cuota del (7%) siete por ciento del monto de su pensión por concepto de servicio médico, y no se le aplique en el presente ni en el futuro, mientras se encuentre vigente. 2. Devuelva a la parte quejosa, de forma actualizada, en una sola exhibición, las cantidades que le fueron descontadas por concepto de servicio médico con apoyo en la norma declarada inconstitucional, a partir de que se ostentó sabedor del acto de individualización en su perjuicio - tres de febrero de dos mil veintidós -, hasta el último descuento que haya realizado." No obstante, inconforme con dicho fallo, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en donde se radicó con el número de amparo en revisión administrativa ********************, en el cual los magistrados integrantes del tribunal dictaron sentencia el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, en la que confirmaron la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de Unión. Por auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el mencionado oficio, por lo que se ordenó requerir al Instituto responsable por el cumplimiento de la ejecutoria de mérito. III. Constancias exhibidas por la responsable. En contestación a dicho requerimiento el jefe y el asesor de la Unidad Jurídica, y el subdirector de Finanzas, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, remitieron los oficios ********************, ******************** y ********************, recibidos en este juzgado diecinueve de mayo, catorce y dieciséis de junio del año en curso, respectivamente, mediante los cuales, con el primer oficio informó las gestiones encaminadas al cumplimiento de la ejecutoria, remitiendo al respecto copia de diversas documentales, entre otras, la relativa a que se desincorporó de la esfera jurídica del quejoso el contenido del artículo 25, fracción I, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y con el segundo y tercer oficio, remitieron copia certificada del cheque ********************, expedido por dicho Instituto, en favor del quejoso, en el que se hace devolución de las cantidades descontadas por concepto de servicio médico, el cual le fue entregado el ocho de junio de dos mil veintitrés, como se desprende de las mencionadas documentales. Al efecto, es menester acotar, que si bien la tutela protectora alcanzó a las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, orden de expedición y publicación de la ley combatida (Congreso y gobernador del Estado de Sonora), ello no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, sino a aquélla que fue señalada como responsable ejecutora de la norma, por lo que únicamente se les hace del conocimiento esta determinación para los efectos legales conducentes. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el criterio P. CXXXVII/96, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, página 135, Novena Época, con registro digital 200006, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." También sirve de apoyo, en lo conducente, lo anterior, la tesis aislada 2a. CXV/972, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto que se transcriben a continuación: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". IV. Vista cumplimiento. Con los dos últimos de los oficios mencionados en el apartado que antecede, y sus anexos, en el acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro de un plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del acuerdo, se manifestara en relación con el cumplimiento de ejecutoria; asimismo, se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, se resolvería lo conducente, con base en los elementos existentes en autos y los datos aportados por la autoridad responsable; lo que le fue notificado debidamente, sin haber hecho manifestación alguna. V. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. Conforme a las actuaciones existentes, y lo expuesto anteriormente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso, ni defecto, pues la autoridad responsable acreditó que desincorporó de la esfera jurídica del justiciable el contenido del artículo 25, fracción I, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y que le hizo devolución del numerario por descuentos de servicio médico, actos que fueron precisamente los efectos para los que se emitió la sentencia concesoria. VI. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es conservable, siendo susceptible de ser transferido a partir del término de tres años después de haberse dictado el presente acuerdo como asunto concluido. VII. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días naturales, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 20, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Informe de cumplimiento. Agréguense a los autos los oficios y anexos remitidos por el subdirector de Finanzas y asesor de la Unidad Jurídica ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, mediante los cuales informan respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo y exhiben la constancia correspondiente. Atento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con los oficios y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exprese lo que a su interés legal convenga; bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo indicado, este juzgador se pronunciará sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos existentes en autos y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de junio de dos mil veintitrés. Actos tendentes. Agréguese a los autos el oficio remitido por el subdirector de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, mediante el cual informa los actos tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En la inteligencia de que existe vista de seis de junio del año en curso, formulado a la parte quejosa, por lo que se proveerá lo conducente una vez que dé cumplimiento a ello, o bien, fenezca el plazo concedido al respecto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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