Jesús Manuel Villegas Trillas

Expediente 1206/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1206/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
10/01/2023

Partes del expediente

  • Jesús Manuel Villegas Trillas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diez de enero de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    uto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Cumple requerimiento (oficio 18573). Agréguese a los autos el oficio y anexo remitidos por la secretaria de acuerdos de la Quinta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante los cuales atiende el requerimiento efectuado en auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa dicha autoridad, a la que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de la cual se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis de las constancias que integran el presente sumario, así como de las documentales agregadas en esta data, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en: En cuanto al Magistrado Instructor de la Quinta Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora se reclama lo siguiente: "El acto de autoridad reclamado al Magistrado Instructor de la Quinta Ponencia del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, es la omisión de llevar a cabo el desahogo de la prueba testimonial a cargo de Ricardo García Fernández, Alejandra María Cruz Montaño y Nicolás Aguayo López, ofrecida por la parte demandada dentro del expediente laboral de su índice con número 496/2017." Por lo que se refiere al actuario Instructor de la Quinta Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora se reclama lo siguiente: "El acto de autoridad reclamado al Actuario adscrito a la Quinta Ponencia del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, es la omisión de llevar a cabo las notificaciones correspondientes para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de Ricardo García Fernández, Alejandra María Cruz Montaño y Nicolás Aguayo López, ofrecida por la parte demandada dentro del expediente laboral de su índice con número 496/2017." En relación con el acto a) se provee lo siguiente: Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables, aceptaron la existencia del reclamo constitucional, pues así se advierte de dicho informe. No obstante lo anterior, este exhibió copia certificada del acuerdo de once de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de origen, del que se denota que, señaló nueva fecha para el desahogo de las testimoniales precisadas con anterioridad, con lo que subsanó dicha irregularidad; para mayor ilustración, se reproducen en la siguiente tabla las fechas designadas por el Tribunal responsable: Prueba admitida Persona a cargo Fecha designada para su desahogo conforme al acuerdo de once de octubre de dos mil veintidós Testimonial Ricardo García Fernández y Nicolás Aguayo López Once horas con treinta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós Testimonial Alejandra María Cruz Montaño Once horas con treinta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós Cuestiones que se corroboran del apéndice que acompañan el informe de cuenta. Asimismo, del acuerdo en comento -once de octubre de dos mil veintidós- se desprende que se ordenó al actuario adscrito al Tribunal responsable, que realizara las notificaciones respectivas a Ricardo García Fernández y Nicolás Aguayo López. Acerca de la ciudadana restante, Alejandra María Cruz Montaño, ordenó girar oficio al comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo, para que en auxilio del Tribunal responsable, hiciese comparecer a dicha ateste. Luego, el acuse de recibo de la misiva apenas precisada, fue anexada al oficio de cuenta, donde se advierte que fue allegada a la institución policiaca el pasado trece de octubre de dos mil veintidós. Efectuando así, las acciones proclives para el desahogo de las testimoniales en comento. De ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (ocho de septiembre de dos mil veintidós), existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. Con respecto al acto indicado como b), se acuerda lo siguiente: Por lo que respecta al acto reclamado que aquí se analiza, este debe tenerse por cierto, toda vez que las acciones proclives para realizar las notificaciones a los testigos referidos en líneas anteriores, fueron realizadas con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo; tal y como se relatará en seguida: Previo requerimiento de constancias, la secretaria de acuerdos de la Quinta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, remitió, en el oficio de cuenta, lo concerniente a una razón de imposibilidad de notificación levantada por el actuario el dieciocho de octubre de dos mil veintidós (posterior a la fecha de presentación de la demanda de amparo), de la que se denota que no fue posible notificar a los testigos Ricardo García Fernández y Nicolás Aguayo López por los motivos que ahí expone, realizando así las acciones tendentes para notificar a los testigos para el desahogo de la prueba, de acuerdo a sus posibilidades y facultades. En esa medida, quien resuelve determina que cesaron los efectos del reclamo constitucional, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda se evidenció la existencia del acto reclamado -omisión de notificar- ya que ordenó su notificación a los referidos ciudadanos, lo que pretendió realizar el actuario, empero infructuosamente, según se desprende de la razón actuarial levantada. En el particular, debe acotarse que no pasa inadvertido para quien resuelve la eventualidad relativa a que el demandado Ricardo García Fernández y Nicolás Aguayo López, aún no han sido notificados. Sin embargo, ello no corresponde a una conducta actual omisiva por parte del fedatario del órgano responsable, pues como se advierte este acató la orden de la Junta de trabajo y pretendió emplazar a dichos atestes. Puesto que, por razones ajenas a su voluntad y oficio, no fue posible tal llamamiento, según se desprende de la razón actuarial en cuestión, por lo que el ahora quejoso está en aptitud de proporcionar ante la responsable ordenadora un domicilio cierto y correcto de los multicitados testigos, o bien, manifestar en relación con la razón actuarial lo que a su interés convenga. De modo que, actualmente no existe certidumbre en torno a que dicho órgano ejecutor vaya a desplegar una conducta omisa en lo futuro, pues en todo caso, de materializarse en lo futuro alguna omisión por parte de las autoridades responsables, el promovente estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Por lo que, dependiendo de que si esto ocurre, el actuario estará en posibilidad de realizar lo conducente en cuanto al emplazamiento de la parte demandada. Se cita al respecto, en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." En ese orden de ideas, la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la omisión del magistrado Instructor de desahogar las testimoniales antes precisadas en este proveído dentro del juicio de servicio civil 496/2017, empero, la responsable realizó las gestiones correspondientes para lograr el desahogo de dichos medios de convicción. También, el impetrante de amparo, se dolía de la omisión del fedatario público adscrito al Tribunal responsable, de efectuar las notificaciones correspondientes para lograr el desahogo de la multireferidas diligencias testimoniales; no obstante, dicha autoridad ya realizó las acciones tendentes para lograr las aludidas notificaciones. En las relatadas consideraciones, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto sus pretensiones se encuentran satisfechas, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -once horas con dieciséis minutos del doce de diciembre del año en curso-. Asimismo, se exhorta a las autoridades encargadas del asunto, que se ajuste a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, háganse las anotaciones correspondientes. Oficio (registro 18951). Por último, glósese a los autos el oficio y anexos remitidos por la secretaria de acuerdos de la Quinta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, sin mayor determinación al respecto, ello en razón de lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Cumple requerimiento (oficio 18573). Agréguese a los autos el oficio y anexo remitidos por la secretaria de acuerdos de la Quinta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante los cuales atiende el requerimiento efectuado en auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexa dicha autoridad, a la que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de la cual se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis de las constancias que integran el presente sumario, así como de las documentales agregadas en esta data, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en: En cuanto al Magistrado Instructor de la Quinta Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora se reclama lo siguiente: "El acto de autoridad reclamado al Magistrado Instructor de la Quinta Ponencia del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, es la omisión de llevar a cabo el desahogo de la prueba testimonial a cargo de Ricardo García Fernández, Alejandra María Cruz Montaño y Nicolás Aguayo López, ofrecida por la parte demandada dentro del expediente laboral de su índice con número 496/2017." Por lo que se refiere al actuario Instructor de la Quinta Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora se reclama lo siguiente: "El acto de autoridad reclamado al Actuario adscrito a la Quinta Ponencia del H. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, es la omisión de llevar a cabo las notificaciones correspondientes para el desahogo de la prueba testimonial a cargo de Ricardo García Fernández, Alejandra María Cruz Montaño y Nicolás Aguayo López, ofrecida por la parte demandada dentro del expediente laboral de su índice con número 496/2017." En relación con el acto a) se provee lo siguiente: Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables, aceptaron la existencia del reclamo constitucional, pues así se advierte de dicho informe. No obstante lo anterior, este exhibió copia certificada del acuerdo de once de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de origen, del que se denota que, señaló nueva fecha para el desahogo de las testimoniales precisadas con anterioridad, con lo que subsanó dicha irregularidad; para mayor ilustración, se reproducen en la siguiente tabla las fechas designadas por el Tribunal responsable: Prueba admitida Persona a cargo Fecha designada para su desahogo conforme al acuerdo de once de octubre de dos mil veintidós Testimonial Ricardo García Fernández y Nicolás Aguayo López Once horas con treinta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós Testimonial Alejandra María Cruz Montaño Once horas con treinta minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós Cuestiones que se corroboran del apéndice que acompañan el informe de cuenta. Asimismo, del acuerdo en comento -once de octubre de dos mil veintidós- se desprende que se ordenó al actuario adscrito al Tribunal responsable, que realizara las notificaciones respectivas a Ricardo García Fernández y Nicolás Aguayo López. Acerca de la ciudadana restante, Alejandra María Cruz Montaño, ordenó girar oficio al comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Hermosillo, para que en auxilio del Tribunal responsable, hiciese comparecer a dicha ateste. Luego, el acuse de recibo de la misiva apenas precisada, fue anexada al oficio de cuenta, donde se advierte que fue allegada a la institución policiaca el pasado trece de octubre de dos mil veintidós. Efectuando así, las acciones proclives para el desahogo de las testimoniales en comento. De ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (ocho de septiembre de dos mil veintidós), existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. Con respecto al acto indicado como b), se acuerda lo siguiente: Por lo que respecta al acto reclamado que aquí se analiza, este debe tenerse por cierto, toda vez que las acciones proclives para realizar las notificaciones a los testigos referidos en líneas anteriores, fueron realizadas con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo; tal y como se relatará en seguida: Previo requerimiento de constancias, la secretaria de acuerdos de la Quinta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, remitió, en el oficio de cuenta, lo concerniente a una razón de imposibilidad de notificación levantada por el actuario el dieciocho de octubre de dos mil veintidós (posterior a la fecha de presentación de la demanda de amparo), de la que se denota que no fue posible notificar a los testigos Ricardo García Fernández y Nicolás Aguayo López por los motivos que ahí expone, realizando así las acciones tendentes para notificar a los testigos para el desahogo de la prueba, de acuerdo a sus posibilidades y facultades. En esa medida, quien resuelve determina que cesaron los efectos del reclamo constitucional, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda se evidenció la existencia del acto reclamado -omisión de notificar- ya que ordenó su notificación a los referidos ciudadanos, lo que pretendió realizar el actuario, empero infructuosamente, según se desprende de la razón actuarial levantada. En el particular, debe acotarse que no pasa inadvertido para quien resuelve la eventualidad relativa a que el demandado Ricardo García Fernández y Nicolás Aguayo López, aún no han sido notificados. Sin embargo, ello no corresponde a una conducta actual omisiva por parte del fedatario del órgano responsable, pues como se advierte este acató la orden de la Junta de trabajo y pretendió emplazar a dichos atestes. Puesto que, por razones ajenas a su voluntad y oficio, no fue posible tal llamamiento, según se desprende de la razón actuarial en cuestión, por lo que el ahora quejoso está en aptitud de proporcionar ante la responsable ordenadora un domicilio cierto y correcto de los multicitados testigos, o bien, manifestar en relación con la razón actuarial lo que a su interés convenga. De modo que, actualmente no existe certidumbre en torno a que dicho órgano ejecutor vaya a desplegar una conducta omisa en lo futuro, pues en todo caso, de materializarse en lo futuro alguna omisión por parte de las autoridades responsables, el promovente estará en aptitud de ejercer su derecho en esta vía constitucional. Por lo que, dependiendo de que si esto ocurre, el actuario estará en posibilidad de realizar lo conducente en cuanto al emplazamiento de la parte demandada. Se cita al respecto, en lo conducente, la tesis del Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 16, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Sexta Parte, con registro de localización 249048, de rubro y texto siguientes: "ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. De acuerdo con la jurisprudencia definida de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, no procede conceder el amparo cuando se reclaman actos futuros e inciertos, situación que se contempla cuando el quejoso aduce como motivo de su demanda de amparo la factibilidad de que su contraparte pueda promover un embargo precautorio para garantizar las prestaciones reclamadas, caso en el cual estima que se afectaría el inmueble de su propiedad, circunstancia que no puede considerarse ni como probable ni como inminente, por lo que será sólo cuando se presente esa situación, el momento idóneo para impugnarla y no a través de este amparo." En ese orden de ideas, la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la omisión del magistrado Instructor de desahogar las testimoniales antes precisadas en este proveído dentro del juicio de servicio civil 496/2017, empero, la responsable realizó las gestiones correspondientes para lograr el desahogo de dichos medios de convicción. También, el impetrante de amparo, se dolía de la omisión del fedatario público adscrito al Tribunal responsable, de efectuar las notificaciones correspondientes para lograr el desahogo de la multireferidas diligencias testimoniales; no obstante, dicha autoridad ya realizó las acciones tendentes para lograr las aludidas notificaciones. En las relatadas consideraciones, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto sus pretensiones se encuentran satisfechas, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -once horas con dieciséis minutos del doce de diciembre del año en curso-. Asimismo, se exhorta a las autoridades encargadas del asunto, que se ajuste a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, háganse las anotaciones correspondientes. Oficio (registro 18951). Por último, glósese a los autos el oficio y anexos remitidos por la secretaria de acuerdos de la Quinta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, sin mayor determinación al respecto, ello en razón de lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Estado de los autos. Visto el estado de los autos, se advierte, que el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo a la secretaria de acuerdos de la Quinta Ponencia de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, atendiendo el requerimiento efectuado el veinte de octubre anterior. En dicho informe, se anexaron diversas documentales, en lo que interesa, un auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral de origen, en el cual se atiende, entre otras cosas, una razón actuarial correspondiente a los atestes Ricardo García Fernández y Nicolas Aguayo López. Luego, de las documentales adjuntas al informe justificado rendido por la autoridad mencionada con anterioridad, el veinte de octubre anterior, se dilucida un proveído de once de octubre de dos mil veintidós, en el que se ordenó remitir un oficio al comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, de esta ciudad, para efecto de que con apoyo de la fuerza pública, hiciera comparecer a la testigo ********************. Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio de derechos, se advierte que no obra constancia de la razón actuarial y el oficio precisados en líneas anteriores. En consecuencia, se provee lo siguiente: Se requieren constancias. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiba las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden. O bien, haga saber a este juzgado la imposibilidad que tenga para ello, esto, a fin de estar en aptitud de resolver el asunto en que se actúa conforme a derecho. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las once horas con dieciséis minutos del doce de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

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