Jesús Manuel Santiago Osuna

Expediente 750/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 24 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
750/2018
Año
2018
Actuaciones
24
Última actuación
28/05/2019

Partes del expediente

  • Jesús Manuel Santiago Osuna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. I. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que se declaró concluido el expediente principal relativo. II. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De conformidad al artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, aprobado el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión provisional. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo al artículo vigésimo, fracción III, del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. III. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. IV. Devolución de documentos. Conforme al capítulo Primero, punto Segundo, fracción XVIII, del multicitado Acuerdo General Conjunto, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia en la cual se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Orden de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de documento. De conformidad con el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, por devolver a las partes. VIII. Devolución de constancias. De conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Notifíquese.

  3. Principal

    En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a las nueve horas con veinte minutos del nueve de mayo de dos mil diecinueve, estando en audiencia pública Ramón Lozano Bernal, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, asistido de Martha Rosa Hernández Barboza, secretaria de juzgado, con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a declarar abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. Acto continuo en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la secretaria del juzgado hace una relación de las constancias de autos y da cuenta con el escrito de demanda y con las demás constancias de autos. I. Relación de constancias. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 117, 119 y 123 de la Ley de Amparo, se reitera la rendición de los informes justificados que emitieron las autoridades responsables, los cuales serán tomados en consideración. Se abre el periodo de pruebas. La secretaria hace constar y certifica que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, ofreció pruebas documentales relativas al acto reclamado, las cuales constan en un cuaderno auxiliar por separado, mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Así, al no existir otras pruebas que desahogar, se cierra este período. Periodo de alegatos: Se tienen por reproducidas las manifestaciones que realizó el tercero Renan Vega Alarcón, en sus escritos de registros 17867 y 3167; igualmente, que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no presentó pedimento. Al no existir otro escrito en ese sentido, se cierra este periodo. Al no haber diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la sentencia correspondiente: Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 750/2018, promovido por Jesús Manuel Santiago Osuna, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el quince de noviembre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente a este juzgado, Jesús Manuel Santiago Osuna, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra la siguiente autoridades: 1. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. 2. Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: La orden de arresto librada en su contra y su ejecución. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda, se solicitó a las responsables rindieran su informe con justificación, se ordenó dar vista al representante social de la adscripción y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, a la cual se dio inicio en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Distrito en el Estado de Sinaloa, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad a lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos preceptos 33, 35, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo, así como con los diversos 48 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado consiste en la orden de arresto librada en su contra y su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Del contenido del informe justificado y de las constancias remitidas por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad , se advierte la existencia de los actos reclamados, toda vez que en auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable apercibió a la parte quejosa que de no dar cumplimiento con lo ahí solicitado se aplicará en su contra la medida de apremio consistente en treinta y seis horas de arresto, conforme a lo dispuesto por el artículo 73 fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa . De igual manera se tiene por cierto el acto reclamado al Coordinador de Asuntos Jurídicos en ausencia del Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, no obstante que al rendir su respectivo informe justificado, haya manifestado que no es cierto el mismo, dado que del contenido del informe justificado y de las constancias remitidas por la autoridad responsable ordenadora se advierte la certeza del acto reclamado y como la citada autoridad tiene el carácter de ejecutora, puede ejecutar el acto que se le atribuye. CUARTO. Causa de sobreseimiento. Examinada la existencia de los actos reclamados se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo . "Artículo 62. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] Al respecto, este juzgador advierte que en la especie se configura el motivo de sobreseimiento previsto en el numeral 63, fracción II, en relación con el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, los cuales señalan: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Asimismo, de las constancias que integran el juicio de amparo que se resuelve, las que tienen valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se advierten las siguientes actuaciones: Ahora bien, del escrito de demanda y de las constancias de autos se advierte que tiene el carácter de tercera interesada Victoria Huff, lo que se corrobora del informe justificado y de las constancias que allegó la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, relativas al expediente 980/2017 . En ese sentido, se destaca que en proveído de trece de diciembre de dos mil dieciocho , se tuvo como tercera interesada Victoria Huff, y se ordenó su emplazamiento a juicio en el domicilio que consta en el juicio de origen. Así, no fue posible localizar a la mencionada tercera interesada en los diversos domicilios. Luego, mediante auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve , este órgano jurisdiccional ordenó realizar la investigación del domicilio de la citada tercera interesada en diversas dependencias, sin que se obtuviera resultado favorable. Al haberse agotado los medios para obtener el domicilio de la tercera interesada en comento, en proveído de siete de marzo de dos mil diecinueve , se ordenó el emplazamiento del mismo por medio de edictos a costa de la parte quejosa, que se publicarían de tres veces de siete en siete días en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República, lo que debía acreditar haber hecho en el plazo de veinte días, por lo que se requirió a la parte quejosa a fin de que se presentara en este órgano jurisdiccional a recibir los edictos de emplazamiento para su publicación; bajo apercibimiento que de no acreditar que se hicieron los trámites respectivos, en el plazo indicado, se sobreseería en el presente asunto. Lo anterior, se notificó personalmente al autorizado del quejoso Jesús Manuel Santiago Osuna, el siete de marzo de dos mil diecinueve , respectivamente; sin que la parte quejosa compareciera a recoger los edictos de referencia. En tal virtud, es evidente que se actualiza el motivo de sobreseimiento señalado en el artículo 63, fracción II, en relación con el numeral 27, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que desde el momento en que se notificó a la parte quejosa el auto en que se ordenó el emplazamiento por edictos a su costa, así como su obligación de acudir a este Juzgado de Distrito a recogerlos y acreditar los trámites de su publicación dentro del término de veinte días, ha transcurrido un plazo mayor a dicho término, sin que haya dado cumplimiento a lo anterior, ni justificado su imposibilidad legal. Orienta este criterio, la Jurisprudencia y tesis que enseguida se transcriben: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A IMPONER MEDIDAS DE APREMIO AL QUEJOSO POR INCUMPLIR LA CARGA PROCESAL DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Si se parte de que las cargas procesales son de naturaleza distinta a los deberes procesales, debe admitirse que los efectos de la insatisfacción de las primeras produce una consecuencia desfavorable que perjudica el interés del propio quejoso, sin que pueda obligársele a cumplir la carga procesal; entre tanto, ante el incumplimiento de un deber procesal, el juzgador puede hacer cumplir su determinación mediante coacción, o sea, imponiendo medidas de apremio. En esa tesitura, la determinación relativa a que el quejoso realice las gestiones necesarias para el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado constituye una carga procesal, en el entendido de que, en caso de darle satisfacción, provocaría una situación jurídica favorable para su interés dentro del proceso constitucional, pues impulsará la continuación del juicio de amparo; mientras que la omisión de cumplir esa carga, únicamente lo colocaría en una situación de desventaja por la posibilidad de que, eventualmente, se sobresea en el juicio de amparo por actualizarse una causa de improcedencia. Por tanto, sin menoscabo de reconocer que, en relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado, lo cierto es que, de subsistir la indicada carga procesal y frente al incumplimiento de la determinación ordenada en autos relativa a que el propio quejoso realice las gestiones necesarias para emplazar al tercero perjudicado a través de los edictos, aquél no está en posibilidad y, por mayoría de razón, no está obligado a imponer al quejoso medida de apremio alguna; por lo que en tal escenario, sólo cabe que dicho juzgador lo aperciba para que, en caso de no cumplir sin causa justificada la indicada carga procesal, se sobresea en el juicio respectivo, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 5o., fracción III y 30, fracción II, todos de la Ley de Amparo abrogada, así como 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Décima Época; Registro: 2009914; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 22, Septiembre de 2015; Tomo I; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 23/2015 (10a.); Página: 25)." "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, TRAMITARLOS Y ENTREGARLOS AL ÓRGANO JURISDICCIONAL SIN CAUSA RAZONABLE, ACTUALIZA EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo dispone la posibilidad de decretar el sobreseimiento en el juicio cuando el quejoso incumple con los principios de prosecución judicial e interés procesal, al no entregar al órgano jurisdiccional los edictos para su publicación, cuando deban practicarse y no acredite la causa razonable de su omisión, en términos del artículo 27 de la propia ley. De esta forma, se advierte que el legislador determinó en ese sentido el sobreseimiento en el juicio directamente, pues para requerir al quejoso la entrega de esos edictos, éste debió haberlos recogido, tramitado y, en consecuencia, entregado al juzgado, quien ordenó su emisión; hipótesis que la anterior legislación de la materia no preveía; de ahí que respecto al tema, con antelación a esta nueva causa de sobreseimiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", catalogó a dicha hipótesis, no como una causal autónoma de sobreseimiento, sino de improcedencia. Así, atento a que el sobreseimiento directo a que se refiere el numeral 63, fracción II, aludido, se incluyó con el propósito de subsanar la laguna existente en la ley abrogada, se considera adecuado aplicar esa causal ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que surgen para el quejoso cuando se ordena un emplazamiento por edictos (recoger y tramitar), y no solamente para el caso de que éstos no sean entregados para su publicación -que es la única acción establecida expresamente por la ley-, pues cualquier omisión del quejoso que impida efectuar la notificación a través de edictos, evidencia su falta de interés para la continuación del juicio. (Décima Época; Registro: 2013988; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 40; Marzo de 2017; Tomo IV; Materia(s): Común; Tesis: I.10o.P.1 K (10a.); Página: 2702)." De ahí que, en la especie, se actualiza la causa de sobreseimiento del juicio de amparo prevista por el artículo 63, fracción II, en relación con el precepto 27, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo y, en consecuencia, se sobresee en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63 de la Ley de Amparo. Tal sobreseimiento se hace extensivo a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras, toda vez que no fueron reclamados por vicios propios, sino en vías de consecuencia. "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. (Octava Época; Registro: 230811; Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo II; Segunda Parte-2; Julio-Diciembre de 1988; Materia(s): Común; Tesis: VI. 2o. J/7; Página: 690)." En virtud de la conclusión a la que se arribó, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, pues una vez actualizada la figura del sobreseimiento, no es factible llevar a cabo el estudio de la cuestión de constitucionalidad planteada. Tiene apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. (Octava Época; Registro: 214593; Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Número 70; Octubre de 1993; Materia(s): Común; Tesis: II.3o. J/58; Página: 57)." Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76 a 79, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesús Manuel Santiago Osuna, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil y Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, cinco de abril de dos mil diecinueve. Relación del estado procesal que guardan los autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que aún no transcurre el término de veinte días que se le otorgó a la parte quejosa en proveído de siete de marzo de dos mil diecinueve, a fin de realizar las gestiones tendientes a la publicación de los edictos de emplazamiento de la tercera interesada Victoria Huff, toda vez, que se le notificó personalmente el once del mencionado mes y año. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere para que tenga verificativo a las nueve horas con veinte minutos del nueve de mayo de dos mil diecinueve. Notifíquese.

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