Jesús Manuel Salazar Piña
Expediente 858/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 858/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesús Manuel Salazar Piña
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Se recibe oficio de incompetencia. Se tiene por recibido el oficio OCC/C12/JDM/221/2019, firmado por el Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, al cual anexa el diverso 28870/2019, signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, al que inserta el acuerdo de veintitrés de diciembre del año en curso, a través del cual se declaró legalmente incompetente para conocer la demanda promovida por Jesús Manuel Salazar Piña. En atención a los motivos que expone la autoridad declinante, se acepta la competencia para conocer del asunto. Acúsese recibo a la citada autoridad federal. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 858/2019 e intégrese expediente electrónico. Decisión sobre la instancia constitucional. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, párrafo primero, y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, contra actos de las autoridades denominadas: Juez Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad. Juez Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad. Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, con sede en esta ciudad. Encargado de la subsede de la Policía Federal Ministerial, con sede en esta ciudad. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos Patrimoniales de la Región Sur del Estado, con sede en esta ciudad. Comandante de Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (cuya denominación correcta es Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad). Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, de la Región Sur, con sede en esta ciudad. Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Federal, adscrito al Centro de Justicia Penal en Culiacán, Sinaloa. III. Audiencia constitucional. Se señalan las nueve horas con ocho minutos del siete de febrero de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: a) Domicilio y autorizado. Téngase como su domicilio procesal, el que para tal efecto indicó en la demanda de amparo; así como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Rodolfo Domínguez Ayala, en razón a que de la certificación de cuenta se advierte que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único para Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 2. Precisión de las autoridades responsables. Se precisa que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligación del peticionario de amparo, entre otras, el señalar con precisión a las autoridades responsables incluso tratándose de asuntos en donde opere la suplencia de la queja. 3. Autoridades responsables: a) Informes. Con fundamento en el artículo 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el plazo de quince días rinda su informe con justificación, apercibidas que de no cumplir, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia. b) Requerimiento de expediente generador. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que, en su caso, remita las constancias que integran el expediente generador de los actos reclamados o que sirvieron de apoyo para emitirlo; además la autoridad jurisdiccional deberá acompañar un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes, apercibida que de incumplir con lo anterior dentro del plazo señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impida, se impondrá una multa de cien días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. 4. Tercero interesado. Con los elementos que existen al momento, no se advierte persona a quien pudiera recaer el carácter de tercero interesado. 5. Representación social. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde. 6. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a las partes para que en caso de que tengan conocimiento que se actualice alguna causal de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito, en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple con esa obligación, se impondrá una multa de treinta días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo. V. Incidente de suspensión. Por separado y duplicado fórmese y tramítese el incidente de suspensión solicitado por la parte quejosa, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VII. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículo 110 y 113 de la Ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Radicación y formación de los cuadernos incidentales. Visto lo de cuenta, con copia simple de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, tramítense por cuerda separada los cuadernos incidentales relativos al juicio de amparo 858/2019, promovido por Jesús Manuel Salazar Piña, contra actos de las autoridades denominadas: Juez Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad. Juez Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad. Juez de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, con sede en esta ciudad. Encargado de la subsede de la Policía Federal Ministerial, con sede en esta ciudad. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de lo Penal Especializada en Delitos Patrimoniales de la Región Sur del Estado, con sede en esta ciudad. Comandante de Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (cuya denominación correcta es Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad). Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal, de la Región Sur, con sede en esta ciudad. Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Federal, adscrito al Centro de Justicia Penal en Culiacán, Sinaloa. Intervención a las partes del incidente de suspensión. 1. Quejoso. a) Domicilio y autorizado. Téngase como su domicilio procesal, el que para tal efecto indicó en la demanda de amparo; así como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Rodolfo Domínguez Ayala, en razón a que de la certificación de cuenta se advierte que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único para Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. b) Precisión de autoridades responsables. Se precisa que el ordinal 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligación del peticionario de amparo, entre otras, el señalar con precisión a las autoridades responsables incluso tratándose de asuntos en donde opere la suplencia de la queja. 2. Autoridades responsables: Solicitud de informe previo. Conforme a lo previsto en la fracción III del numeral 138 y el diverso 140 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pídase a las autoridades responsables su informe previo, el que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento de su notificación, enviándoles para tal efecto copia simple de la demanda que se provee. En el entendido de que deberán concretarse a expresar si son o no ciertos los actos que se les reclaman, a fin de determinar su existencia, pudiéndose agregar las razones que se estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Asimismo, con fundamento en el artículo 168 de la Ley de Amparo, deberán informar, de ser el caso: La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute a la parte aquí quejosa. Las características personales del promovente. La situación económica del impetrante. La posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia. Se apercibe a las autoridades señaladas como responsables que de no rendir el informe previo solicitado en los términos requeridos, además de presumirse ciertos los actos que se les atribuyen, para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, se les impondrá una multa equivalente de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, atento a lo que disponen los preceptos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, de expresar las responsables un hecho falso o de negar la verdad, al rendir el informe de que se trata, incurrirán en el delito contemplado en el arábigo 262, fracción I, de la legislación reglamentaria de referencia, sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días; así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. 3. Representación social. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde. Audiencia Interlocutoria. Se fijan las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del tres de enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Fijación de los actos reclamados. Del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados que hace consistir en: La orden de aprehensión y detención, librada en su contra y su ejecución. Decisión respecto de la suspensión provisional. Ahora bien, conforme al criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el trámite y resolución de este incidente de suspensión en materia penal, se realiza conforme a las disposiciones legales que sobre el particular establece la Ley de Amparo, sin analizarse bajo qué sistema penal, mixto o acusatorio, se emitió el acto reclamado, únicamente se atiende la fecha en que se solicita la medida cautelar. Criterio que se encuentra en la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal, que en seguida se transcribe: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. Mediante Decreto publicado el 17 de junio de 2016, en el Diario Oficial de la Federación, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones normativas, entre las cuales se derogó el artículo décimo transitorio del diverso Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo vigente, publicado en ese mismo medio oficial, el 2 de abril de 2013, el cual establecía que en los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal, la suspensión en esa materia se regiría por la Ley de Amparo abrogada. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto que una norma transitoria tiene como función, regular el paso ordenado de la ley anterior a la legislación nueva, precisando cuál es el tratamiento que se debe dar a las situaciones o hechos jurídicos que habiendo surgido durante la vigencia de aquélla, puedan tener alguno o algunos de sus efectos durante la vigencia de éstas, con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de seguridad y certeza jurídicas respecto de la vigencia de normas equivalentes, cuando se presenta una sucesión de éstas en el tiempo. Por tanto, si el artículo décimo transitorio mencionado se trata de una norma transitoria de carácter procesal, atendiendo al régimen de transitoriedad de las normas, se arriba al convencimiento de que si el legislador estableció expresamente, a través de un artículo transitorio, el momento específico en que una norma concreta queda derogada y ésta es de naturaleza procesal, los operadores jurídicos deben atender a tal disposición; en ese sentido, en el caso específico se concluye que a partir del 18 de junio de 2016, debe considerarse que el artículo décimo transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, por el que se expidió la Ley de Amparo, perdió observancia legal al determinarse la pérdida de su vigencia, de ahí que a partir de que entró en vigor la reforma de que se trata, el trámite y resolución del incidente de suspensión en materia penal, deben realizarse conforme a las disposiciones legales que sobre el particular establece la Ley de Amparo vigente, sin que el juzgador de control constitucional deba analizar bajo qué sistema penal, mixto o acusatorio, se emitió el acto reclamado, porque ello provocaría incertidumbre jurídica a las partes en torno a la norma aplicable en la medida cautelar, por lo que únicamente debe atenderse a la fecha en que se haya solicitado la medida cautelar para resolver lo conducente." (Décima Época, Registro 2016417, Primera Sala. Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 16 de marzo de 2018 10:19 h, materia común, tesis 1a./J. 12/2018 (10a.)) Así, al encontrarse reunidos los requisitos exigidos por los dispositivos jurídicos 128 y 138 de la Ley de Amparo, toda vez que hasta el momento no existe dato alguno del que se deduzca que se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y de no otorgarse, con su ejecución se causarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, en consecuencia, se concede a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada, respecto de la orden de aprehensión reclamada, para los efectos siguientes: Si la orden de aprehensión que se pretende ejecutar es por delito de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional o bien, de aquellos delitos que establece el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o de aquellos que estén contemplados en cualquier otra legislación secundaria que contemple prisión preventiva oficiosa; o bien, se trate de prisión preventiva justificada, o en su caso, sea por delito grave conforme al sistema penal tradicional; la suspensión sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el centro de reclusión que corresponda, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad que conozca del procedimiento penal para los efectos de su continuación. Lo anterior de conformidad con el numeral 166, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA CONCEDERLA EN LOS JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS CONTRA ÓRDENES DE APREHENSIÓN, TRATÁNDOSE DE DELITOS NO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De los artículos primero y segundo transitorios de los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2011 y el 18 de junio de 2008, respectivamente, mediante los cuales se reformó, entre otros, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en lo relativo a que la prisión preventiva se ordenará oficiosamente respecto de los delitos expresamente señalados, se advierte que en el decreto de 2011 sólo se incorporó al catálogo de delitos el de trata de personas, sin derogar el referido artículo segundo, en cuanto a la vacatio legis para implementar en todo el territorio nacional el sistema procesal penal acusatorio ni superar la condicionante impuesta a las legislaturas locales, del Distrito Federal y de la Federación, de emitir la declaratoria correspondiente. Por tanto, para resolver sobre la concesión de la suspensión provisional en los juicios de amparo promovidos en contra de órdenes de aprehensión, tratándose de delitos no previstos en el citado artículo 19 constitucional, los Jueces de Distrito deben sujetarse a las normas de la Ley de Amparo atinentes a la procedencia, efectos y medidas que han de adoptarse si se está en presencia de delitos graves así considerados en la legislación secundaria o de aquéllos no ubicados en esa hipótesis." (Décima Época, Registro: 2003171, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 8/2013 (10a.), Página: 187) Lo anterior, toda vez que en el presente asunto no consta dato alguno que indique que la parte quejosa se ubica en alguno de los supuestos para la aplicación del párrafo segundo del artículo 162 de la Ley de Amparo, esto es, decretar la privación de libertad en un domicilio, y dado que la privación de la libertad es una consecuencia de la orden de aprehensión por un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 19 constitucional, ello hace improcedente dicha excepción, ya que no se justificó ni siquiera indiciariamente que existieran dichas circunstancias. Tiene aplicación al respecto la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SUS ALCANCES TRATÁNDOSE DE ACTOS EN LOS QUE PROCEDE DECRETAR PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA (INAPLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 162, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO). El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Por su parte, de conformidad con el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, la suspensión de una orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el mencionado artículo constitucional, sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; en tanto que el artículo 162, párrafo segundo, de la propia ley establece la posibilidad de que, de acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión tenga como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso. Ahora bien, la legislación secundaria puede potencializar el derecho humano a la libertad y establecer la posibilidad de dar por concluida la prisión preventiva oficiosa prevista en la Constitución Federal con argumentos de razonabilidad, como sucede con el artículo 182 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, que contempla los casos razonables en los que puede finalizar la prisión preventiva, entre ellos, cuando "las condiciones personales del imputado se agraven de tal modo que la prisión preventiva se traduzca en un caso cruel, inhumano o degradante". No obstante, si en un asunto no obra ningún dato que indique que el quejoso se ubica en alguno de esos supuestos, es evidente que el Juez de Distrito no está en aptitud de aplicar el párrafo segundo del mencionado artículo 162, porque la privación de la libertad es una consecuencia de la resolución, ya sea de orden de aprehensión, reaprehensión o imposición de medida cautelar por un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 19 constitucional, y si no se justificó ni siquiera indiciariamente que existieran dichas circunstancias, a fin de decretar la privación de libertad en un domicilio, es correcto el alcance otorgado a la medida suspensional, de acuerdo con el diverso 166, fracción I, de la ley de la materia." PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Queja 15/2015. 6 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Marta Olivia Tello Acuña. Secretaria: Rosa María Chávez González. (Décima Época, Registro: 2008992, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: XVII.1o.P.A.16 P (10a.), Página: 1847) Si la orden de aprehensión es por delito que no tiene prisión preventiva oficiosa, o bien, se trata de delito no grave en el sistema penal tradicional, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, esto es, para que las cosas permanezcan en el estado que guardan y no se le prive de la libertad personal con motivo de dicha orden. De conformidad con la fracción II del artículo 166 de la Ley de Amparo. En el caso de que la parte quejosa se encuentre materialmente detenida por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al Juez, la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando la parte imputada esté siendo procesada o haya sido sentenciada previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será que la parte quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo en el Centro de reclusión que corresponda, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el párrafo último del numeral 166 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cuanto al acto reclamado consistente en la orden de detención; al encontrarse reunidos los requisitos exigidos por los dispositivos jurídicos 128 y 129 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso solicita la medida suspensional y hasta el momento no existe dato alguno del que se deduzca que se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y de no otorgarse, con su ejecución se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 139 de la Ley de Amparo, se concede al quejoso la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se ejecute la orden de detención; en su caso, de haber sido ejecutada efectuada por el Ministerio Público, la suspensión se concede para que se ponga en inmediata libertad, si no se acredita la flagrancia o la urgencia. Mientras que, de existir flagrancia o urgencia, se instruye al Ministerio Público para que el quejoso sea puesto en libertad o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas, según sea el caso, a partir de su detención; lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 165 de la Ley de Amparo. VI. Garantía. Conforme a lo previsto en el numeral 168 de la Ley de Amparo, deberá exigirse a la parte quejosa la exhibición de garantía, la que se fijará tomando en consideración los elementos siguientes: la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute, características personales y situación económica del impetrante, así como la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia. También deberá fijarse las medidas de aseguramiento que se estimen necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y en su caso se presente al proceso penal para los efectos de su continuación, y en su oportunidad, pueda ser devuelta la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. De los artículos 124, 136 y 138 de la Ley de Amparo se desprende, entre otros aspectos, que la suspensión se decretará cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; que el Juez de amparo tiene las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y que el otorgamiento de la medida cautelar no constituya un impedimento para la continuación del procedimiento que haya motivado el acto reclamado. Lo anterior lleva a considerar que al proveer respecto de la suspensión de los efectos del acto reclamado, tratándose de la restricción de la libertad personal, es menester que se guarde un prudente equilibrio entre la salvaguarda de esa delicadísima garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento penal, aspectos sobre los que se encuentra interesada la sociedad. Para lograr dicho equilibrio, el artículo 136 de la Ley de Amparo dispone que en los juicios constitucionales en los que se reclamen actos restrictivos de la libertad, el Juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias, tendientes al aseguramiento del quejoso, con el fin de que sea devuelto a la autoridad responsable, en caso de que no se le concediera el amparo que hubiere solicitado, de donde se desprende que los Jueces de Distrito gozan de amplitud de criterio para fijar dichas medidas, tales como exigir fianza; establecer la obligación de que el quejoso proporcione su domicilio, a fin de que se le puedan hacer las citaciones respectivas; fijarle la obligación de presentarse al juzgado los días que se determinen y hacerle saber que está obligado a comparecer dentro de determinado plazo ante el Juez de su causa, debiendo allegar los criterios que acreditan esa comparecencia, o cualquier otra medida que considere conducente para el aseguramiento del agraviado. Asimismo, debe tomarse en cuenta que atento lo preceptuado por el artículo 138 de la Ley de Amparo, en los casos en que la suspensión sea procedente, ésta se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado. Por lo anterior, se concluye que los aludidos requisitos que se impongan al quejoso, al otorgar la suspensión provisional en el juicio de amparo en el que se reclamen actos restrictivos de la libertad personal, son congruentes con los preceptos que regulan la suspensión." (Novena Época, Registro: 198729, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 16/97, Página: 226) Con fundamento en el artículo 136, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe dentro del término de cinco días garantía en cualquiera de las formas establecidas por la ley para el cumplimiento de la obligación (billete de depósito, póliza de fianza, etcétera). En ese contexto, por tratarse de actos que afectan la libertad personal del promovente y al no contar hasta el momento con suficientes elementos que los aportados por éste en su libelo constitucional, con fundamento en el artículo 132, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se estima que lo procedente es fijar discrecionalmente una garantía por la suma de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 moneda nacional), al no constar hasta este momento mayores datos que hagan necesario fijar una garantía mayor. Si opta por hacerlo mediante billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, sociedad nacional de crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bansefi), la institución crediticia depositaria debe incluir la leyenda de que el depositante autoriza de manera expresa al Secretario Técnico del Fondo del Apoyo de la Administración de Justicia, para que solicite y reciba la información que le permita el control de ese depósito, y la relativa a que el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna en favor del depositante; lo anterior, de conformidad con lo ordenado en los artículos 879 y 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa del propio Consejo. "Artículo 879. La institución depositaria deberá emitir documento en el que conste, cuando menos, el monto de la cantidad depositada, que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante y cualquier otro dato que se convenga con la institución depositaria". "Artículo 883. Las personas que constituyan los depósitos ante los Órganos Jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. --- En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior". En caso de exhibir póliza de fianza, deberá ser a disposición de este juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 45 de la Ley de la Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, conforme a lo establecido en el diverso numeral 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; también la afianzadora deberá indicar que se somete a la jurisdicción del juzgado de Distrito, y que renuncia expresamente al procedimiento establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para el caso de hacer efectiva esa garantía. De igual modo, si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por la parte quejosa como depositante, y si se garantiza mediante póliza de fianza la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado; y, deberá incluirse el texto siguiente: "Para garantizar la suspensión provisional concedida a Jesús Manuel Salazar Piña, en el incidente de suspensión 858/2019." En el entendido que, de tratarse de delito de prisión preventiva oficiosa o delito grave, no será necesario exhibir la garantía aquí fijada. Tiene aplicación en lo conducente la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITO GRAVE. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE EXIGIR AL QUEJOSO LA EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA ALGUNA, NI SU PRESENTACIÓN ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Cuando los actos que se reclaman derivan de un procedimiento penal y afectan la libertad personal, al proveer sobre la suspensión es menester guardar un equilibrio entre esa garantía constitucional, los objetivos propios de la persecución de los delitos y la continuación del procedimiento, por ello, los artículos 124 Bis, 130, 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo establecen la facultad del Juez de Distrito para fijar las medidas de aseguramiento pertinentes, a fin de que el quejoso no se sustraiga de la acción de la justicia, y sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo. En ese sentido, cuando se reclama una orden de aprehensión por un delito no grave, la suspensión produce el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito en cuanto a su libertad se refiere y a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento, incluso si la orden de captura no ha sido cumplida, la finalidad de la medida cautelar es evitar su ejecución material, por ello, el Juez de Distrito debe exigir al quejoso una garantía económica y ordenar su presentación ante la autoridad responsable. Sin embargo, cuando la orden de aprehensión es por delito grave, la suspensión que se concede no evita ni paraliza su ejecución, de ahí que la libertad del quejoso no queda a cargo del Juez de amparo ni hay obligación de devolverlo a la jurisdicción de la autoridad responsable; consecuentemente, no debe exigírsele la exhibición de garantía económica alguna, ni su presentación ante la autoridad responsable para la continuación del procedimiento, pues resultaría contradictorio con la finalidad de dicha medida el que la suspensión no aportara al quejoso alguna condición favorable a su libertad personal y favoreciera a la autoridad en la ejecución del mandamiento de captura, obligándolo a entregarse para ser recluido y afrontar el proceso en prisión preventiva, lo cual no corresponde a las funciones del Juez de Distrito, ni comulga con la finalidad del juicio de amparo." (Décima Época, Registro: 2000678, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Tesis: I.6o.P.13 P (10a.), Página: 1971) VII. Medidas de aseguramiento. En el entendido que si la orden de aprehensión, es por delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, en términos del nuevo sistema procesal penal o delito no grave en el sistema inquisitivo, se impone como medida de aseguramiento a fin de que se presenten al proceso penal para los efectos de su continuación, la obligación de comparecer personalmente ante la autoridad responsable dentro del plazo de tres días, a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se realice, respecto del informe en el que la citada autoridad, acepte la existencia del acto reclamado, para la continuación del proceso, lo que deberá demostrar a este juzgado dentro de las setenta y dos horas siguientes a dicha comparecencia, mediante la constancia respectiva. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL." (Novena Época. Registro 198729. Primera Sala. Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, materia penal, tesis: 1a./J. 16/97, página 226). "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA." (Novena Época. Registro 188346. Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Noviembre de 2001, materia penal, tesis 1a./J. 94/2001, página 26). "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ." (Novena Época. Registro 170432. Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, materia penal, tesis 1a./J. 149/2007, página 371). VIII. Casos en que no surtirá efectos la suspensión concedida. Si ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo promovido por la misma parte quejosa o por otra persona a su nombre o representación, ante otro Juez de Distrito, contra el mismo acto reclamado, y contra las propias autoridades ordenadoras. Si la parte quejosa es sorprendida en delito flagrante. IX. Causas de revocación de la medida cautelar decretada. De no acreditarse que la parte quejosa cumplió con la exhibición de la garantía en el plazo indicado. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 136 de la Ley de Amparo. De no acreditarse que la parte quejosa compareció ante la autoridad responsable ordenadora, cuantas veces sea citada o requerida para la práctica de cualquier diligencia relacionada con la indagatoria. La libertad otorgada a la parte quejosa con motivo de esta suspensión podrá ser revocada cuando ésta incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas por este órgano jurisdiccional de amparo o derivadas del procedimiento penal respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 167 de la Ley de Amparo. IX. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. X. Copia certificada. De conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídasele la fotocopia que solicita, previa toma de razón que se deje en autos. Notifíquese.
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