Jesús Manuel Moroyoqui Garrobo

Expediente 415/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
415/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
30/09/2022

Partes del expediente

  • Jesús Manuel Moroyoqui Garrobo
  • Carlos Alberto Valencia Salazar
  • Agente del Ministerio Público Titular en la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos de Querella, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta de septiembre de dos mil veintidós. Solicitud de copias. Glósese a los autos el escrito de cuenta presentado por Jesús Manuel Moroyoqui Garrobo -parte quejosa en el presente juicio de derechos-, atento a su petición, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias certificadas a su costa de las constancias que refiere. En la inteligencia de que previa consulta con el actuario judicial adscrito, que realiza el seguimiento del expediente en que se actúa, se fijará día y hora para acudir a fotocopiar dichas constancias, las cuales en su oportunidad se certificarán, y se asignará un código QR para que acuda a las instalaciones de este órgano jurisdiccional para la entrega de las mismas, previa razón de recibo que se asiente en autos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que los exhibidos por la moral quejosa fueron devueltos mediante diligencia de cinco de abril de dos mil veintidós. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las once horas con treinta y cinco minutos del cinco de agosto de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de las partes -autoridades responsables, quejoso y fiscal federal adscrito-, la demanda de derechos, los informes justificados rendidos por el agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos de Querellas, y el vicefiscal de Control de Procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los referidos informes justificados. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario hacer constar las allegadas por las autoridades responsables y la parte quejosa. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que la parte quejosa y tercera interesada formularon alegatos. El juez acuerda: Ténganse por hechas tales manifestaciones y por perdido el derecho a las restantes partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Jesús Manuel Moroyoqui Garrobo, contra los actos atribuidos al agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos de Querellas, y al vicefiscal de Control de Procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito recibido el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el uno de abril siguiente, por razón de turno, a este juzgado de distrito, Jesús Manuel Moroyoqui Garrobo, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades precisadas en el proemio de esta sentencia y por los actos reclamados que más adelante se precisarán. Cumplida la prevención formulada en acuerdo de ocho de abril del presente año, por acuerdo de diez de mayo actual, se admitió la citada demanda; se pidió a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugnan actos declarativos emitidos por autoridades con residencia en la jurisdicción territorial de este órgano judicial. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: Del vicefiscal de Control de Procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora: La resolución de cinco de enero de dos mil veintidós que confirma la diversa de treinta de octubre de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta de investigación SON/HER/FGE/2017/091/64718, relativa al no ejercicio de la acción penal a favor de Carlos Alberto Valencia Salazar, por el hecho que la ley señala como delito de abuso de confianza, previsto y sancionado en los artículos 314 y 316 del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de Jesús Manuel Moroyoqui Garrobo -quejoso-. Del agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos de Querellas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora: La resolución de veintiocho de febrero del presente año, dentro de la indagatoria SON/HER/FGE/2017/091/64718, en la que se decretó el no ejercicio de la acción penal a favor de Carlos Alberto Valencia Salazar, por el hecho que la ley señala como delito de abuso de confianza, previsto y sancionado en los artículos 314 y 316 del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de Jesús Manuel Moroyoqui Garrobo -quejoso-. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron en su informe con justificación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la veracidad de los actos combatidos se acredita con las documentales que al efecto acompañaron las autoridades responsable a su informe, así como las aportadas por la parte quejosa, consistente en copia certificada de las constancias que integran la carpeta de investigación SON/HER/FGE/2017/091/64718; documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación las jurisprudencias 226 y 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." IV. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En efecto, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Del citado numeral se advierte la improcedencia del juicio de amparo indirecto, cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley, sin que exista obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución o si el medio de defensa se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Es importante destacar que el citado numeral hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley rectora del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir en tal caso; en consecuencia, previamente a promover el juicio de derechos fundamentales, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación. Asimismo, también hace referencia a los actos que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan, pues en esa revisión la autoridad, ya sea la misma que emitió el acto, su superior jerárquico o aquélla que, en su caso, prevea la ley, puede de facto convalidar o no dicho acto, circunstancia última que podría nulificar, revocar o modificarlo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así se desprende de las jurisprudencias 2a./J. 115/99 y I.6o.C. J/37, de rubros: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." y "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Ahora bien, como se adelantó, el solicitante del amparo reclama en esta vía, las resoluciones de cinco de enero de dos mil veintidós, emitida por el vicefiscal de Control de Procesos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, que confirma la diversa de treinta de octubre de dos mil veintiuno, emitida en la carpeta de investigación SON/HER/FGE/2017/091/64718, relativa al no ejercicio de la acción penal a favor de Carlos Alberto Valencia Salazar, por el hecho que la ley señala como delito de abuso de confianza, previsto y sancionado en los artículos 314 y 316 del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de Jesús Manuel Moroyoqui Garrobo -quejoso-, así como la de veintiocho de febrero del presente año, dentro de la indagatoria SON/HER/FGE/2017/091/64718, en la que se reitera el no ejercicio de la acción penal a favor del referido imputado por el citado hecho que la ley señala como delito. Como se ve, se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues contra dichas determinaciones la parte quejosa debió interponer en su contra el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la interpretación del citado artículo se desprende que contra las determinaciones del Ministerio Público sobre i) la abstención de investigar, ii) el archivo temporal, iii) la aplicación de un criterio de oportunidad y iv) el no ejercicio de la acción penal, deberán ser notificadas a las víctimas, quienes las podrán impugnar ante el juez de control dentro de los diez días posteriores a que les sean notificadas. Además, la finalidad sobre que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público que definen el curso de una investigación es que, al estimar que su actuación es ilegal, lo conmine a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos o se provea sobre las solicitudes planteadas. De esta manera, tratándose de la emisión del no ejercicio de la acción penal, y la que lo confirma, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, como consecuencia, que el fiscal continúe realizando la investigación correspondiente o se dé trámite a las solicitudes formuladas. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la víctima u ofendido debe agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. Sustenta lo anterior la jurisprudencia PC.I.P. J/68 P (10a.), que establece: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DETERMINA DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, EL RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. La reforma constitucional en materia penal publicada en el Diario Oficial de 18 de junio de 2018, debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos publicada en el medio de difusión oficial indicado el 10 de junio de 2011 y armonizar la protección de éstos con los principios del nuevo procedimiento penal. En ese sentido, los artículos 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, deben interpretarse de acuerdo a los principios constitucionales que rigen el sistema acusatorio, especialmente el de contradicción y el de continuidad que constituyen los pilares en que se sustenta el referido sistema, motivo por el cual, aun cuando el recurso innominado previsto en el artículo 258 del código citado, no prevé la suspensión del acto reclamado en los términos descritos en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, esa circunstancia obedece a la fase procesal en que se emite el no ejercicio de la acción penal, cuya vigilancia recae en el Juez de Control, a quien está encomendado vigilar, controlar, avalar y, en su caso, descalificar las acciones llevadas a cabo en esa etapa, a fin de preservar el respeto a los derechos humanos y brindar una solución rápida a ese tipo de decisiones, con lo que se garantiza que el juicio de amparo conserve su naturaleza: erigirse como un medio extraordinario que debe agotarse sólo en casos excepcionales. Es por lo anterior que, cuando se está frente a una resolución dictada por el Ministerio Público donde se decrete el no ejercicio de la acción penal, debe agotarse previamente al juicio de amparo, el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no actualizándose así, la excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61 citado." V. Decisión En esa virtud, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del numeral 61, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracciones V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por Jesús Manuel Moroyoqui Garrobo, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando IV de este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito que firma el tercero interesado Carlos Alberto Valencia Salazar, por medio del cual se apersona al presente juicio de derechos; en atención a su contenido, se le tiene por apersonado al presente juicio con el carácter que se ostenta. Alegatos. Asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que vierte en su escrito en los términos que indica sin perjuicio de hacer relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Domicilio y autorizados. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito, y como autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. Correo electrónico y números telefónicos. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene señalando como correo y números telefónicos para cuestiones no procesales los indicados en el escrito que firma. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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