Jesús Manuel Loya Córdova

Expediente 295/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
295/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
02/06/2023

Partes del expediente

  • Jesús Manuel Loya Córdova
  • Juez Primero de lo Mercantil del distrito judicial de Hermosillo, Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dos de junio de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Devolución de legajos de prueba. En ese orden de ideas, resulta innecesario conservar los legajos de prueba identificados como Tomo I, II, III, IV, V y VI, los cuales fueron formados con las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable; en esa virtud, se ordena su devolución a su lugar de origen. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del quince de mayo de dos mil veintitrés, , en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y que da fe, declaró abierta la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio constitucional ********************-P-C; sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da cuenta con la demanda de derechos, las constancias de emplazamiento a las partes, el informe justificado rendido por la autoridad responsable y el escrito registrado con el folio 6873 firmado por la parte tercera interesada. El juez acuerda: Téngase por hecha la certificación que antecede. En relación con el ocurso mencionado, glósese a los autos, y téngase a la citada parte señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. En cuanto a la persona que menciona, se autoriza en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autoriza sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado, así como a las personas señaladas para tal efecto. Por último, en atención a las manifestaciones que realiza, conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulados los alegatos que vierte en los términos que indica, los cuales habrán de tomarse en consideración, en la sentencia que se emita, de resultar necesario y conducente. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa, y constancias que la autoridad responsable anexó a su informe justificado. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas en mencón, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que la parte tercera interesada hizo manifestaciones. El juez acuerda: tómense en cuenta al momento de resolver el presente juicio de resultar necesario y conducente, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las demás partes a formular alegatos. Acto seguido, se cierra este periodo, y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto ******************** PC-CIVIL; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Turno. Por escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y remitido por razón de turno, ese día a este juzgado de Distrito, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que se precisarán con posterioridad. Admisión. Por proveído de tres de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la citada demanda, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención que legalmente le compete. Terceros interesados. En determinación de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se le reconoció el carácter de tercero interesado a Dorian Fabián Arreola Conde; y, se acordó su emplazamiento el cual se efectúo el dieciocho de abril pasado. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional, tuvo lugar en los términos del acta que antecede. Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracciones II, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, toda vez que se reclama un acto de naturaleza mercantil, cuyo efecto se materializa dentro de la jurisdicción de este juzgado, por lo que se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo. Fijación de la litis La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, se tiene que la parte quejosa reclama al juez Primero de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora: El procedimiento de remate llevado a cabo dentro del juicio ejecutivo mercantil 3119/2016, del índice de la autoridad responsable mencionada; ello, con motivo del auto de seis de diciembre de dos mli veintidós que aprobó el remate y del diverso auto de siete de febrero de dos mil veintitrés, en el que la responsable autorizó la escrituración en rebeldía del demandado (aquí quejoso) correspondiente al bien inmueble objeto de remate. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado al juez Primero de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, toda vez que así lo manifestó al rendir su respectivo informe (foja 64). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Circunstancia que se corrobora con las constancias que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, las cuales derivan del juicio ejecutivo mercantil 3119/2016 de su índice. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2 del mismo ordenamiento legal, ya que no fueron objetadas en cuanto a su autenticidad; además, provienen de autoridades en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial número 226 sustentada por el Pleno de la otrora Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 156, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Quinta Época, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Causas de improcedencia Conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público. En el caso se actualiza la causal de improcedencia que surge de la interpretación armónica de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV todos de la Ley de Amparo, aplicadas en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." En efecto, conforme la anterior trascripción, tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiere dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo y, en caso de remates, sólo procederá el amparo contra la resolución que ordena el otorgamiento de escrituras y entrega del bien rematado. Ahora, atendiendo a la evolución de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se estima necesario señalar que tratándose de actos emitidos en la fase procesal de ejecución de sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que éste no sólo procede contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, sino también cuando el acto reclamado se ubique en las hipótesis siguientes: Resoluciones autónomas a la cosa juzgada. Determinaciones que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, ajenas a lo que es materia de la cosa juzgada. En el caso, debe precisarse que la determinación destacada como acto reclamado que ordena el otorgamiento de la escritura en rebeldía del bien adjudicado ante la contumacia del demandado - aquí quejoso-, no se encuentra en el último de los supuestos señalados, pues no es ajena a la cosa juzgada, sino más bien, es consecuencia de aquélla. Lo anterior, pues el Pleno del Máximo Tribunal del País determinó que la amplitud de la norma contenida en la fracción IV del artículo 114 (ahora fracción V del artículo 107), daba pauta para interpretar la fracción III del numeral en comento (ahora fracción IV del artículo 107 de la propia legislación), y no a la inversa, de modo que, cuando se reclamaran en vía de amparo indirecto, actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, y éstos pudieran afectar de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, podía aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo anterior (ahora fracción V de dicha normatividad legal), para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Apoya lo anterior, por no contravenir la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 608, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 674 del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte-SCJN Quinta Sección-Procedencia del amparo indirecto, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, cuyo rubro y texto son: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Establecido lo anterior, se considera oportuno diferenciar que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio, en dos etapas procesales distintas: una, respecto de actos dictados en el procedimiento de remate y la otra, de actos dictados en relación directa con la ejecución de sentencia. En el caso a estudio, debe decirse que el juicio de origen ya no se encuentra en la fase procesal (procedimiento) de remate. En efecto, de las constancias que integran el procedimiento de origen, se advierten en lo que interesa, los antecedentes siguientes: Por proveído de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se admitió en la vía ejecutiva mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa, la demanda presenta por Dorian Fabián Arreola Conde -tercero interesado-, en su carácter de endosatario en procuración de Miguel Verdugo Estrella, en contra de ******************** -parte quejosa-. En sentencia definitiva de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se condenó a la parte demandada del juicio de origen entre otras cosas a pagar a favor de la parte actora la cantidad de $2,100,000.00 (dos millones cien mil pesos 00/100 moneda nacional), como suerte principal. Por proveído de siete de febrero de dos mil veintidós, previamente efectuado el remate y su aprobación, ante la contumacia del sentenciado, se ordenó otorgar en rebeldía de la parte demandada las escrituras del bien inmueble señalado en autos del juicio de origen a la parte actora. Así, de las constancias en estudio, se advierte que la última resolución dictada en relación directa con el procedimiento de remate (ejecución de la sentencia), aconteció con el dictado del auto de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en el que se ordenó requerir al demandado por el otorgamiento de la escritura correspondiente al bien inmueble rematado a favor de la parte actora dentro del procedimiento mercantil de origen. Aunado a ello, debe destacarse que por la contumacia de la parte enjuiciada para cumplir con la sentencia dictada en el juicio de origen, no se ha podido culminar con el proceso jurisdiccional, lo que ha ocasionado que aun después de fincado y aprobado el remate, continúen actuaciones jurisdiccionales tendentes a cumplimentar las obligaciones a que se constriñó ésta última. En virtud de lo expuesto, en el caso es inconcuso que el auto dictado el siete de febrero de dos mil veintitrés en el que se ordena el otorgamiento de la escritura en rebeldía del bien adjudicado ante la contumacia del demandado, fue emitido en la fase procesal de ejecución forzosa de la sentencia dictada en el citado procedimiento de origen. Esto es, tal determinación destacada como acto reclamado en el presente juicio no es ajena a la cosa juzgada, sino consecuencia de ella; por tanto, ésta y las diversas actuaciones emitidas dentro del citado procedimiento de ejecución reclamadas dentro del presente juicio, únicamente son susceptibles de ser combatidas como violaciones procesales, cuando se reclame la última resolución dictada en la fase de ejecución, que será la que determine cumplida la sentencia; la que determine su imposibilidad para hacerlo; o bien, el archivo definitivo del expediente. Las anteriores consideraciones, encuentran sustento en la tesis 1a./J. 52/2020 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que derivó de la contradicción de tesis 343/2018, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 293, Libro 81, correspondiente al mes de Diciembre de 2020, Tomo I, Décima Época, Materias(s): Civil, Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." Asimismo, converge con lo expuesto la tesis de jurisprudencia I.11o.C. J/7 K (11a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2764, Tomo IV, Libro 9, correspondiente al mes de Enero de 2022, Materia Común, Undécima Época, con número de registro digital 2024100, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la voz: "ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO (ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA). REGLAS PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Respecto a la primera hipótesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, son aquellos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; esto es, debe entenderse por resoluciones jurisdiccionales autónomas, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida, o bien, las que impiden, obstaculizan o retrasan dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En cuanto a la segunda excepción a la regla general de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el propio Alto Tribunal estableció que, excepcionalmente, procede contra actos que afectan de forma inmediata o inminente derechos sustantivos de los previstos en la Constitución General, o normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, pero con la condición de que sean ajenos a la cosa juzgada. Además, se dispuso que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la interlocutoria dictada en etapa de ejecución de sentencia que desestime la excepción sustancial y perentoria que opone el ejecutado, porque constituye un acto de imposible reparación. En consecuencia, tratándose de actos dictados en etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto será procedente contra: 1. La última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, esto es, la que: a) Aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; b) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y, c) Ordena el archivo definitivo del expediente; 2. La última resolución pronunciada en el procedimiento de remate, esto es, la que, indistintamente, en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la que ordena la entrega de la posesión de los inmuebles rematados; 3. Actos que gocen de autonomía y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como las interlocutorias que fijan en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencida; y, 4. Actos que afecten materialmente derechos sustantivos del ejecutante o ejecutado y sean ajenos a la cosa juzgada." Sin que constituya obstáculo a la anterior determinación el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial de rubro "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA.", pues como se evidenció en párrafos precedentes, la resolución reclamada en el presente juicio es la que ordena el otorgamiento de la escritura en rebeldía del bien adjudicado ante la contumacia del demandado, emitido en la fase procesal de ejecución forzosa del convenio exhibido en el juicio de origen, esto es, posterior a la etapa del remate, cuya última resolución a que hace referencia la tesis en mención lo constituye un diverso proveído del que se destaca como reclamado, en el que se ordenó requerir al demandado por el otorgamiento voluntario de la escritura correspondiente. V. Decisión En virtud de lo expuesto, es inconcuso que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción IV del artículo 107 y, por lo tanto, en términos de la diversa fracción V del precepto 63, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de derechos. Por otra parte, este juzgador omite el estudio de los argumentos vertidos por la parte tercera interesada, pues éstos no forman parte de la Litis en el juicio constitucional, dado que constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación. Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 27/94, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, y con apoyo además en el artículo 63, fracción V, así como 73 a 75 y 124 de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. Se sobresee en el Juicio de Amparo promovido por ********************, contra los actos reclamados de la autoridad responsable juez Primero de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando IV de la presente resolución. Notifíquese por lista a la parte quejosa, tercera interesada, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Se glosa escrito. Agréguese a los autos el escrito presentado por ***; sin que haya lugar a proveer respecto de su solicitud, toda vez que el provente no tiene personalidad reconocida en autos. Sin que sobre acotar que en el presente asunto, se tuvo por reconocida la personalidad de tercero interesado a **, a quien se emplazó con dicho nombre y apellidos, en virtud de que, de las actuaciones que en copia certificada remitió el juez responsable con su informe, es esta persona quien interviene en el juicio natural de origen. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Visto el oficio remitido por el juez Primero de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora; mediante el cual rinde informe justificado; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el respectivo informe justificado solicitado; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como corresponda; y, dése vista a las partes para su conocimiento y efectos legales conducentes. Pruebas. Se le tiene a la autoridad responsable, por ofrecidas las pruebas documentales que acompaña, sin perjuicio de desahogarlas y relacionarlas durante la audiencia constitucional y valorarse al dictarse la sentencia respectiva, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Legajos de pruebas. Debido a la voluminosidad de las documentales exhibidas por la oficiante de referencia, se ordena formar por separado seis legajos de pruebas que se identificarán como Tomo I, II, III, IV, V, y VI, para dar mayor facilidad a su manejo. Imposibilidad para crear versión digital. Asimismo, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquese a las partes que existe imposibilidad material para la digitalización de los referidos legajos, por lo que quedarán disponibles para consulta en la secretaría del órgano. Tercero interesado. Por otro lado, de las constancias que acompaña la autoridad oficiante, se desprende que le resulta el carácter de parte tercero interesado a Dorian Fabián Arreola Conde, en calidad de endosatario en procuración de Miguel Verdugo Estrella, en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, carácter que se le tiene reconocido para los efectos legales a que haya lugar, por así advertirse de las constancias que se agregan es esta data. En razón de lo anterior, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio ubicado en Calle Lopez del Castillo, número 433-C, casi esquina con Ángel García Aburto, de esta ciudad, a fin de que lo emplace formalmente, para lo cual deberá correrle traslado con una copia de la demanda, el auto inicial y hacerle de su conocimiento que se encuentran señaladas las diez horas con cincuenta y cinco minutos del diez de abril del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional. De igual forma, conforme a lo dispuesto por los artículos 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y 26 fracción I, inciso b), 27 y 116, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, deberá notificarle el auto de radicación, el presente proveído, haciéndole entrega de una copia de la demanda y le haga saber la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente al mencionado tercero interesado. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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