Jesús Manuel Manjarrez Loya
Expediente 769/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 769/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús Manuel Manjarrez Loya
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Vistos los oficios de cuenta, se tiene al secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, acusando recibo del oficio por medio del cual se le remitió la demanda de amparo promovida por *******, en contra de actos del Juez Cuarto de lo Familiar por Audiencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede Chihuahua, Chihuahua, e informando que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto. Por otra parte, como lo solicita el Juez Segundo de Distrito en el Estado, se ordena notificar a la parte quejosa por medio de los estrados de este juzgado los proveídos de veintiséis de agosto del año en curso, dictados tanto en el juicio de amparo ******* como en el incidente que deriva del mismo; asimismo, se le requiere para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, apercibido que de no hacerlo en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que quede legalmente notificado de los referidos proveídos, las posteriores notificaciones, aún las de carácter personal se le harán por medio de lista, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente cuaderno auxiliar es susceptible de destrucción, por tanto, una vez que transcurran seis meses transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone la fracción I del numeral vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Tal como se estableció en la cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 en términos del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que disponen los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el cuaderno de antecedentes es un expediente auxiliar, que constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Cúmplase. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintidós de agosto de dos mil dieciséis. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *******; contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar por Audiencias del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y otra autoridad. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, la cual quedó registrada bajo el consecutivo *******. Como aspecto previo, se analizará la demanda de amparo, a fin de determinar la competencia de este juzgado para conocer de la misma. La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juzgado de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juzgado de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, este juzgado federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. A guisa de ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene competencia en todo el territorio nacional, en razón de que las normas jurídicas vigentes no le fijan límites territoriales a su jurisdicción. En cambio, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así como los Juzgados de Distrito, solamente tienen competencia para actuar dentro de una determinada circunscripción territorial, la cual es determinada mediante acuerdos generales por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tal es el caso del Acuerdo General número 3/2013. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito por razón de territorio, se definen en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal, y el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquel en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de ellos, a prevención, será competente; que es Juez competente aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere dictado la resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material; y, que la citada regla se observará cuando, ameritando ejecución material la resolución, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Para corroborar la certeza del anterior aserto, es conveniente acudir al texto de los preceptos invocados, que es el siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas, contra leyes o contra acto de autoridades administrativas, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. Y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia. Ley de Amparo. 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La interpretación gramatical de los preceptos transcritos permite corroborar que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia 13/95 de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente tenor: COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades. En el caso, la parte quejosa señaló como actos reclamados, esencialmente, los siguientes: IV.- ACTO RECLAMADO: Del C. JUEZ CUARTO FAMILIAR POR AUDIENCIAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ubicado en calle Me1chor acampo, número 119, colonia Barrio San Pedro, en esta Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. De quien reclamo, el acto de autoridad consistente en el otorgamiento de una ORDEN DE RESTRICCION, en mi contra otorgada a mi ex concubina, el día cinco de agosto del presente año fue publicada en lista, surtiendo sus efectos el día ocho de agosto del presente año, fundamentada según el Juez en el artículo séptimo inciso A fracciones I y II del Código de Procedimientos Familiares en vigor en nuestro Estado de Chihuahua, obteniendo ella una copia certificada misma que me exhibió vía telefónica (mensaje) y de forma personal al acudir a su domicilio para realizar la visita a nuestro hijo, el menor *******, diciéndome que no tenía por qué acercarme a su domicilio porque mediante la referida orden, ella podía echarme la policía encima por el hecho de estar en su domicilio. Dicha orden de restricción viola mi derecho de convivencia con el menor dado que dicho Juez en ningún momento acordó algo al respecto dejándome a mí y a mi menor hijo en un estado de indefensión tal, el cual no permite la sana convivencia y mi derecho de visita hacia el menor, también violándose en su perjuicio sus derechos como menor, consagrados en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que nuestro país es parte, respecto de los derechos de los niños a convivir con ambos padres. Situación que ya ocurrió al echarme la policía el día quince de agosto del presente a las dieciocho horas del día al acudir por segunda ocasión en la semana a solicitarle la visita a mi hijo, hablándole ella a su abogado quien notificó a Seguridad Pública y acudieron a su domicilio debiendo retirarme para evitar la detención, siendo esto a todas luces arbitrario. Cabe señalar que a través de mi ex concubina, me percate de la existencia del procedimiento que se reclama, enterándome de que el expediente en cita se encuentra en este H. JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR POR AUDIENCIAS, con residencia en la ciudad de Chihuahua, tal y como lo demuestro con las copias simples de la demanda que vertió el hoy tercero perjudicado en la demanda instaurada en mi contra ante el Juzgado de lo Familiar por audiencias, y de los respectivos acuerdos dictados por el Juez de lo Familiar por audiencias en lo concerniente a las medidas tomadas en mi contra. Dicha demanda me fue entregada por el C. Actuario adscrito a este Juzgado Cuarto de lo Familiar por audiencia, bajo el número *******. Conforme a lo anterior, para fijar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, es necesario establecer, en primer lugar, si el acto reclamado tiene una ejecución material, es decir, si trae aparejada alguna ejecución. En ese sentido, es pertinente señalar que, en el caso, es aplicable la primera regla de competencia contenida en el numeral 37 de la Ley de Amparo, es decir, será competente el Juez de Distrito en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, toda vez que del estudio integral de la demanda se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la orden de restricción en su contra otorgada el cinco de agosto del año en curso por el Juez Cuarto de lo Familiar por Audiencia del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, que se ha ejecutado en la ciudad de Chihuahua. Conforme a lo expuesto, es necesario destacar que la competencia para conocer de un juicio de amparo cuando se reclama un acto que tiene ejecución material, se surte a favor de un juez de distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde deberá tener ejecución el acto reclamado. En este punto debe destacarse que de los antecedentes narrados se advierte que mediante escrito de dos de agosto del año en curso, ******* demandó por la vía ordinaria familiar juicio de alimentos, demanda que por cuestión de turno tocó conocer al Juzgado Cuarto de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, y en donde se otorgó como medida cautelar una orden de restricción para que el quejoso no acuda al domicilio de la actora, ubicado en la ciudad de Chihuahua. Por tal motivo, resulta claro que conforme al artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo promovido contra el juicio en su totalidad radicado ante el Juez Cuarto de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, así como la ejecución material será en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, se surte en favor del Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, en turno, pues es en esa demarcación donde el acto reclamado se ha ejecutado y ha surtido sus efectos legales. En consecuencia, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el diverso 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida por ******* y ordena remitir el original del presente juicio, así como las copias de la demanda, al Jefe de la oficina de correspondencia común de los juzgados de distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad de Chihuahua capital, para que realice el turno correspondiente. Luego, se solicita al homólogo respectivo se sirva acusar recibo e informar si acepta la competencia planteada, para estar en condiciones de acordar lo procedente en derecho. Por otra parte, fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda de garantías y un tanto del presente auto, para constancia legal. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que se menciona. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que la Actuaria Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Dese cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Finalmente, en términos de los artículos 6, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa y a los terceros perjudicados, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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