Jesús Manuel González Guerrero

Expediente 254/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 30 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
254/2018
Año
2018
Actuaciones
30
Última actuación
18/10/2019

Partes del expediente

  • Jesús Manuel González Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 30.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de octubre de dos mil diecinueve.Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra la resolución de cumplimiento de dieciocho de septiembre del año en curso (foja 530), sin que lo hiciera; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de depuración. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. El presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado.Notifíquese.Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Vistos los autos para dictar la resolución de cumplimiento en el juicio de amparo indirecto 254/2018, promovido por *******, y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, el dieciséis de abril de dos mil dieciocho y turnado ese mismo día a este juzgado, ******* demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el Juez Primero de Ejecución de Penas, en funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en Ciudad Juárez, a quien le reclamó lo siguiente: a) El auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal *******, mediante el cual determinó el sobreseimiento de la misma por prescripción de la acción penal en relación con el delito de imputaciones falsas que de forma probable se le atribuía, pero no respecto del delito de abuso de autoridad. b) Las determinaciones dictadas en la diligencia de declaración preparatoria que rindió el veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, en el sentido de: - Fijar la cantidad de cien mil pesos moneda nacional por concepto de garantía de la reparación del daño, además de otra, para disfrutar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, y - Determinar que la acción penal respecto del delito que de forma probable se le imputa, consistente en abuso de autoridad, no está prescrita. c) El auto de formal prisión dictado en su contra el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, por su probable responsabilidad en la comisión del mencionado delito. SEGUNDO. Concesión de amparo. En proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciocho (foja 48), se admitió a trámite el juicio el amparo 254/2018-III; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; asimismo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; e integrado que fue el juicio, en lo que interesa a este cumplimiento se celebró la audiencia constitucional (foja 73) y se dictó sentencia, en la cual se determinó conceder el amparo, para que el Juez Primero de Ejecución de Penas, en funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en Ciudad Juárez, efectuara lo siguiente: [.] a) Deje insubsistente el auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal *******, únicamente en cuanto a lo señalado en el sentido de que la acción penal en relación con el delito de abuso de autoridad, no está prescrita; b) Deje insubsistente el acuerdo que emitió en la diligencia de declaración preparatoria del quejoso, de veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, dentro de la citada causa penal, en el mismo sentido; c) Deje insubsistente el auto de formal prisión que dictó en contra del quejoso, dentro de la mencionada causa penal; d) Con plenitud de jurisdicción, dicte un diverso auto en el cual resuelva la situación jurídica del quejoso y analice la posible actualización de la prescripción de la acción penal, debiendo fundar y motivar adecuadamente su determinación, para lo cual deberá subsanar los vicios y/u omisiones señalados a lo largo de este considerando; y e) Además, deberá establecer si en la causa penal existen personas que tengan el carácter de víctimas u ofendidos; asimismo, en caso afirmativo, deberá precisar a quién o quiénes les asiste dicho carácter y notificarles las resoluciones que se emitan en cumplimiento a la ejecutoria de esta sentencia de amparo. [.] a) Deje insubsistente el acuerdo que emitió en la diligencia de declaración preparatoria del quejoso, de veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, dentro de la citada causa penal, únicamente en relación con la fijación de la caución para que disfrute del beneficio de la libertad provisional a que tiene derecho; y b) En su lugar, solo en caso de dictar un nuevo auto de formal prisión, emita una nueva determinación en la que, con plenitud de jurisdicción, pero sin incurrir en los vicios formales que le fueron destacados en este considerando, determine: - A quién o a quiénes les asiste, en caso de que así sea, el derecho a una eventual reparación del daño en el presente asunto y, sobre esa base, precise aquellas cantidades que el inculpado deberá de exhibir para acceder al beneficio de libertad provisional bajo caución. - Finalmente, deberá volver a pronunciarse sobre los restantes aspectos que la ley penal establece para la fijación de la medida caucional, purgando los vicios de fundamentación y motivación de que carece el acto reclamado y que fueron evidenciados en este considerando. [.] TERCERO. Firmeza de la sentencia de amparo. Mediante auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho (foja 114), la sentencia descrita causó ejecutoria, por lo que se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. CUARTO. Primeras determinaciones emitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria. Para dar cumplimiento a los efectos para los que se concedió la protección constitucional solicitada, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho (foja 123), la responsable remitió en original con firmas autógrafas tres resoluciones que dictó el veinte del mismo mes y año (fojas 125 a 135, 136 a 138 y 140 a 220), en la Causa Penal *******. A tales documentales descritas, se les reconoció valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, al ser remitidas por la autoridad responsable en original, con firmas autógrafas. QUINTO. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (foja 222), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa personalmente con las documentales remitidas por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento, de lo cual quedó debidamente notificada el veintinueve de diciembre de dos mil dieciocho (foja 224), sin que realizara ninguna manifestación al respecto. SEXTO. Primera resolución sobre cumplimiento. El veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho (foja 225), se resolvió sobre el cumplimiento que el Juez responsable pretendió dar a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto, determinándose en lo que interesa lo siguiente: [.] Lo anterior, pone en evidencia que la resolución dictada por la autoridad responsable no subsanó los vicios y/u omisiones en que incurrió cuando dictó la diversa de dos de abril de dos mil dieciocho, ya que por una parte refiere que la naturaleza del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la función pública, previsto en el artículo 134, fracción IV, del Código Penal vigente en la fecha en que sucedieron los hechos, es permanente o continuado, ya que la consumación se prolonga en el tiempo y por otra parte, afirma que es permanente o continuo, siendo supuestos distintos los que se toman en cuenta para determinar de acuerdo a la naturaleza del delito a partir de qué fecha corre el término de la prescripción, pues como se dijo en la ejecutoria de amparo, de tratarse de un delito continuado, se debe establecer cuándo fue el día en que se cometió la última conducta; y, en el supuesto de considerar que el delito es permanente, cuándo cesó la consumación del delito. En el caso, el Juez responsable por un lado refiere que la conducta típica cuya consumación se prolongó en el tiempo de manera permanente o continua, lesiva de derechos humanos, comienza el nueve de noviembre de dos mil uno, continúa el catorce de ese mes y año, en que se dictó auto de formal prisión en contra de los mencionados imputados y concluye respecto de ******* alias "*******", el nueve de abril de dos mil tres en que perdió la vida y respecto de ******* el catorce de julio de dos mil cinco, pero por otro lado, afirma que el día en que se cometió la última conducta fue el catorce de julio de dos mil cinco. Entonces, primero refiere que la conducta típica se prolongó en el tiempo y después precisa el día en que se cometió la última conducta, lo cual es confuso, pues no se advierte claridad al establecer la naturaleza del delito y la consumación de la conducta, lo que es necesario para fijar el parámetro relativo al inicio del cómputo del término para la prescripción, o no, de la acción penal. Asimismo, la autoridad responsable nada dijo sobre el inciso d) materia de concesión del amparo, en el que se le solicitó lo siguiente: [.] Por otra parte, en la resolución de veinte de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 136 a 139): - Se pronunció de nueva cuenta, respecto de la fijación de la caución para que el aquí quejoso disfrute del beneficio de la libertad provisional a que tiene derecho, fundando y motivando su resolución y precisando que en este momento no existen personas a las cuales les asista el carácter de víctimas u ofendidos, pues el delito de que se trata fue cometido en perjuicio de la función pública; y que, en todo caso, ello podría definirse, sin prejuzgar, en la etapa de ejecución de sentencia que se dicte en dicha causa penal en comento (fojas 136 reverso y 137), para lo cual, atendió al contenido de los artículos 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 426 y 431 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua, vigentes en la época de los hechos, determinando así la cantidad de $14, 035.00 (catorce mil treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), para tales efectos. Lo último, atendiendo a los lineamientos de la ejecutoria de amparo. No obstante lo anterior, se colige que no se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues la responsable no cumplió con la totalidad de los puntos precisados en el fallo protector, por lo que no existe defecto en su cumplimiento; no se pierde de vista que al momento de fijar la caución al aquí quejoso para que disfrute de su libertad provisional bajo caución, el Juez responsable fijó la cantidad correspondiente, atendiendo a que no existe víctima u ofendido en el proceso natural, sin embargo es necesario que esa determinación esté fundada y motivada en una resolución formal, tal como se precisó en la ejecutoria de amparo. [.] De lo anterior se desprende que en la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho (foja 210), se determinó que la ejecutoria de amparo no estaba cabalmente cumplida, porque el juez responsable no estableció con claridad la naturaleza del delito y la consumación de la conducta, lo que era necesario para fijar el parámetro relativo al inicio del cómputo del término para la prescripción, o no, de la acción penal, tal cual se dijo en la ejecutoria de amparo, ni se pronunció cabalmente sobre el inciso b) de la segunda parte de la concesión del amparo relativo a establecer la existencia o no de personas a quienes les asista el carácter de víctimas u ofendidos a fin de que se les notificara las resoluciones dictadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en congruencia con ello fijar la garantía relativa para que el quejoso disfrutara del beneficio de libertad provisional bajo caución. En atención a lo anterior, se requirió al Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, para que diera cabal cumplimiento al fallo protector. SÉPTIMO. Segunda determinación emitida por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria. Respecto al mencionado requerimiento, el Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado responsable emitió la resolución de diez de enero de dos mil diecinueve (foja 238), en la cual determinó lo siguiente: a) Dejó insubsistentes las resoluciones de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, mediante las cuales había resuelto sobre la no actualización de la figura de la prescripción de la acción penal en el proceso natural y dictado auto de formal prisión en contra del aquí quejoso; b) Según dijo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, determinó que el delito de abuso de autoridad, atribuido de forma probable al aquí quejoso *******, es de comisión instantánea, que la acción penal, en ese momento, ya estaba prescrita y, en consecuencia, dictó auto de libertad en su favor; y, c) Que en el caso, el bien jurídico tutelado es la función pública; que si bien los familiares de los ofendidos ******* y *******, pudieran tener el carácter de ofendidos, en este momento no le era posible determinarlo, atendiendo a que declaró prescrito el ejercicio de la acción penal y que sobreseyó la causa penal; que también pudieran tener dicho carácter los familiares de las víctimas del "campo algodonero", de nombres *******, *******, ******* y *******, así como los familiares de diversas víctimas localizadas en el "campo algodonero", pero no les atribuyó dicho carácter porque dichas personas ya fueron resarcidas en el daño moral que se les ocasionó con motivo de la sentencia relativa que dictó la Corte Interamericana y porque con motivo de la determinación de la prescripción de la acción penal, no le era posible, en este momento procesal, determinar quién o quienes tienen el carácter de víctimas u ofendidos, pronunciamiento que en todo caso, conforme a las normas internacionales, constitucionales y legales que citó, debe realizarse hasta que se dicte sentencia. OCTAVO. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, por auto de catorce de enero del año en curso (foja 245), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa personalmente con las documentales remitidas por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento, de lo cual quedó debidamente notificada el quince de enero del año que transcurre (foja 246), sin que realizara ninguna manifestación al respecto. NOVENO. Segunda resolución sobre el cumplimiento. El veintiuno de febrero de dos mil diecinueve (foja 247), se resolvió sobre el cumplimiento que el Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Ejecución de Penas, en funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en Ciudad Juárez, pretendió dar a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto, determinándose en lo que interesa lo siguiente: [.] Sin embargo, por las razones que a continuación se expondrán, este juzgador determina que no dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este asunto. (.) De tales consideraciones se advierte con claridad, que la autoridad responsable atribuyó su cambio de argumentación en el sentido de que el delito que nos ocupa no es objeto de la figura jurídica de la prescripción de la acción penal, al requerimiento que realizó este tribunal al momento de declarar no cumplida la ejecutoria de amparo, para posteriormente, estimar concretamente que, en el caso, el delito de que se trata fue de comisión por omisión instantánea, conducta típica que se verificó el nueve de noviembre de dos mil uno, al no haber evitado la detención, retención, confesiones forzadas, que a la postre tuvieron como consecuencia la consignación arbitraria de ******* y ******* y que por lo tanto, en la fecha en que se consignó la averiguación previa relativa, esto es, el dieciocho de septiembre de dos mil trece, la acción penal ya estaba prescrita por el transcurso del tiempo, atendiendo a las consideraciones que este juzgador de amparo emitió en la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho (no a la ejecutoria de amparo), en la cual se resolvió por primera vez sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior se estima de esa manera, pues el Juzgador responsable manifestó, en el auto de libertad que se analiza, que no obstante toda la argumentación en el sentido de que la persecución penal del aquí quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad, en este caso concreto, no es objeto de la figura de la prescripción de la acción penal, la cual ya había expuesto en la resolución de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, atendiendo a los lineamientos de esa resolución sobre el cumplimiento, es que al margen del criterio que había establecido respecto de la imprescriptibilidad, dejando de lado y/o sin considerar las múltiples circunstancias que verificó para originalmente sustentar la imprescriptibilidad del delito, emitió su nueva argumentación respecto a la forma de comisión de dicho ilícito y a la actualización de la figura de la prescripción de la acción penal. En esa tesitura, la autoridad responsable no consideró que el delito sí es prescriptible por su propia naturaleza o la del caso, sino que determinó que ya no tomaría en consideración y/o dejaría de lado el contexto que había referido respecto de la imprescriptibilidad, lo que implica que no actuó con plenitud de jurisdicción, pues limitó su estudio únicamente a lo que se le requirió en la resolución de cumplimiento. Sin embargo, ni en la sentencia de amparo, ni en la resolución de cumplimiento de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, como ya se estableció, se ordenó de manera alguna al Juez responsable cambiar el sentido, ni dejar de tomar en consideración circunstancia alguna. Sino que, en dicha resolución de cumplimiento, únicamente se señaló una incongruencia en la clasificación del delito en cuanto a su forma de comisión y en cuanto a las fechas de ejecución y en su caso, consumación, y se le requirió para que estableciera lo siguiente: 1) En caso de tratarse de un delito instantáneo, cuándo se consumó el delito. 2) En caso de considerar que el delito fue cometido en grado de tentativa, cuándo se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida. 3) De tratarse de un delito continuado, cuándo fue el día en que se cometió la última conducta; o, 4) En el supuesto de considerar que el delito es permanente, cuándo cesó la consumación del delito. Ello, en apego a las consideraciones esgrimidas en la ejecutoria de amparo, con el objetivo de poder establecer con precisión cuándo comenzaría a transcurrir el término para que operara la prescripción de la acción penal, esto, para que el Juez responsable determinara, en ejercicio de su plenitud de jurisdicción, si dicha figura jurídica de extinción de la acción penal se actualizó o no. Respecto a lo anterior, es menester señalar que este juzgador de amparo, en ningún momento, al dictar la resolución de cumplimiento de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho (foja 210), emitió pronunciamiento alguno respecto a la legalidad o ilegalidad de las consideraciones de la autoridad responsable para estimar que en este caso específico, la acción penal es imprescriptible; sino que, en dicha resolución, se efectuó el análisis del cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, cuestión que es de orden público y precisamente en ese ejercicio, al cual este juzgador está obligado conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo, es que se advirtió la incongruencia ya señalada en relación con la precisión de la naturaleza del delito en cuanto a su forma de comisión y a las fechas de ejecución del mismo. Lo anterior, pues en la ejecutoria de amparo se determinó que en el auto de formal prisión reclamado, el Juez responsable no había fundado y motivado adecuadamente lo relativo a la no actualización de la figura de la prescripción de la acción penal, sino que concluyó tal situación de forma dogmática únicamente atendiendo al hecho de que el delito de que se trata, es de lesa humanidad, sin explicar fundadamente porqué esto es así. De igual forma, se determinó que la figura de la prescripción de la acción penal, consta de los siguientes elementos y características (fojas 88 y 89): - Es personal. - Para que opere basta el simple transcurso del tiempo señalado por la ley. - Puede ser declarada de oficio o a petición de parte. - Los términos para que opere son continuos y se contarán de la siguiente manera: a) A partir del momento en que se consumó el delito, si fuere instantáneo; b) A partir del día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si el delito fuera en grado de tentativa; c) Desde el día en que se cometió la última conducta, tratándose de delito continuado; y d) Desde la cesación de la consumación en el delito permanente. - La acción penal prescribe en un lapso igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad que corresponda al delito de que se trate, pero nunca será inferior a un año. - En caso de concurso de delitos, las acciones que de ellos resulten prescribirán separadamente, en el término correspondiente a cada uno. - Cuando para ejercitar acción penal sea necesario que antes concluya un procedimiento diverso, no comenzará a correr la prescripción hasta que en aquél se haya pronunciado resolución irrevocable. - La prescripción de la acción penal se interrumpe o suspende (además de los supuestos establecidos jurisprudencialmente) en los siguientes casos: 1) Con la aprehensión del inculpado o con su comparecencia ante la autoridad (volverá a transcurrir en el momento en que se sustraiga de la acción de la justicia, si está detenido; si está libre, a partir de que se le haya revocado el beneficio relativo, o bien, en dos años contados a partir de su última comparecencia ante la autoridad que procesalmente lo tuviera a su disposición). 2) No operará cuando sea sometido a cualquier procedimiento y por ello deje de presentarse ante la autoridad que lo tenga a su disposición. 3) Se suspenderá cuando en virtud de un procedimiento de extradición internacional, sea detenido y se interrumpirá a condición de que el Estado requerido lo entregue para su reingreso al territorio nacional, aunque sea por la comisión de otro delito, siempre que no sea puesto en libertad material por cualquier causa y se le ponga a disposición del Juez correspondiente. 4) Se interrumpirá cuando el inculpado sea aprehendido por la comisión de otro delito, siempre que no sea puesto en libertad material y se le ponga a disposición del Juez correspondiente. 5) No se computará para la prescripción el lapso durante el que con motivo de cualquier resolución jurisdiccional, la autoridad esté impedida para ejecutar el mandamiento de aprehensión, o en su caso, la orden de citación, emitidas. 6) Se interrumpirá cuando sin existir orden de aprehensión o reaprehensión, se promueva un conflicto competencial por materia o por territorio, ya sea por el Tribunal o por el agente del Ministerio Público. Asimismo, se determinó que para analizar la actualización, o no, de la figura de la prescripción de la acción penal, en principio, debe establecerse el momento a partir del cual comenzará a computarse ese término, conforme al artículo 93 del Código Penal del Estado aplicable, dependiendo de la naturaleza del delito de que se trate, es decir, si es instantáneo, continuado, permanente o si se ejecutó en grado de tentativa (foja 103), para lo cual, como se indicó en la ejecutoria de amparo (foja 103 vuelta) y como se ha referido en esta resolución, es necesario que el Juez responsable precise: 1) En caso de tratarse de un delito instantáneo, cuándo se consumó el delito. 2) En caso de considerar que el delito fue cometido en grado de tentativa, cuándo se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida. 3) De tratarse de un delito continuado, cuándo fue el día en que se cometió la última conducta; y, 4) En el supuesto de considerar que el delito es permanente, cuándo cesó la consumación del delito. Lo cual no fue cumplido por el Juzgador responsable, en el auto de formal prisión de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, razón por la cual, en la resolución de cumplimiento de veintiuno de diciembre del mismo año, se determinó que la ejecutoria de amparo no estaba cumplida y se le requirió para que la cumpliera en sus términos, pero en momento alguno, se insiste, se dio indicación expresa al Juez responsable de conducirse de determinada manera (en cuanto al fondo). Ahora bien, es necesario indicar que no por el hecho de que la autoridad responsable considerara en la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, que en el presente caso no opera la figura de la prescripción de la acción penal, se volvía innecesario que determinara la naturaleza del delito en cuanto a su forma de comisión y la fecha de consumación o última conducta, pues precisamente atendiendo a que la resolución que dicte en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la emitirá en ejercicio de su plenitud de jurisdicción, dicha resolución es susceptible de combatirse de nuevo a través de un juicio de amparo indirecto, de manera que, este juzgador de amparo debe cuidar que se cumpla a cabalidad la ejecutoria de amparo aquí dictada, pues en un eventual juicio de amparo en contra de la resolución dictada en cumplimiento a esta ejecutoria, de considerarse que los argumentos de la autoridad responsable para concluir que en el caso no opera la figura de la prescripción de la acción penal, son incorrectos, deberá procederse al estudio de la actualización o no de dicha figura, para lo cual será necesario, tal como se indicó en la ejecutoria de amparo que aquí nos ocupa, atender a todos y cada uno de los elementos de dicha figura, especialmente al momento a partir del cual deberá comenzar a computarse el término para que dicha prescripción se actualice. Esa es la razón por la cual, aun cuando en la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho el Juez responsable consideró que el delito motivo del proceso penal es imprescriptible (argumento que dicho sea de paso, no se analizó al no advertir que con él se contraviniera alguno de los efectos de la ejecutoria de amparo), de cualquier manera el suscrito estimó necesario que, en cumplimiento a la sentencia de amparo, se precisara con claridad la naturaleza del delito y el momento de consumación, pues además, de no hacerse así, el análisis de tales aspectos formales no podrían ser materia de concesión en el nuevo juicio de amparo que en su caso se promueva contra la resolución que se dicte en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por todo lo expuesto, no puede estimarse que con la resolución que emitió el diez de enero de dos mil diecinueve, en el aspecto hasta aquí analizado, se cumpla la ejecutoria de amparo, pues se advierte que no se emitió con plenitud de jurisdicción, que fue lo que se ordenó en la ejecutoria de amparo. Ahora bien, el diverso aspecto de la ejecutoria de amparo relativo a la determinación de quién o quiénes tienen el carácter de víctimas u ofendidos en el proceso natural, tampoco se encuentra cabalmente cumplido en la resolución de diez de enero de dos mil diecinueve, pues al respecto, la autoridad responsable determinó lo siguiente (foja 242): (.) De lo anterior se puede advertir que el juez responsable circunscribió el análisis de la existencia o no de víctimas u ofendidos, además del estado en que se encuentra el proceso, esto es, que no hay sentencia definitiva y se decretó la prescripción de la acción penal, y del bien jurídico tutelado, a un aspecto meramente económico, al ya haber sido resarcidos del daño los familiares de las víctimas del campo algodonero. Sin embargo, el efecto de la ejecutoria de amparo fue que se pronunciara respecto de la existencia o no de víctimas u ofendidos en la presente causa penal, lo cual se advierte debe realizar en este estadío procesal, en el que se sabe no se ha dictado sentencia aun y existe la posibilidad de que se decrete (o no) la prescripción de la acción penal, al haberse ordenado ese estudio en la ejecutoria de amparo. Por tanto, ese pronunciamiento debía realizarse aún ante dichas circunstancias (falta de sentencia y posible prescripción), las cuales, se insiste, ya se conocían al dictar la sentencia de amparo, pues la finalidad que se buscó en dicha ejecutoria al ordenar determinar si existen víctimas u ofendidos y, en su caso, notificarles las resoluciones dictadas en cumplimiento a la misma, es que puedan acudir a deducir sus derechos desde este momento, con independencia de las determinaciones que ahí se adopten y, con ello, se eviten posibles reposiciones de los procedimientos, que pudieran afectar al quejoso. [.] Así pues, atendiendo a las consideraciones y fundamentos que la autoridad responsable esgrimió en la resolución de diez de enero de dos mil diecinueve, se concluye que no fundó ni motivó suficientemente la determinación relativa al reconocimiento o no, de las personas o Instituciones que pudieran tener el carácter de víctimas u ofendidos. Por lo tanto, se requiere al Juez responsable, para que, dé estricto cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo, para lo cual debe además realizar lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución de diez de enero de dos mil diecinueve, b) Dicte una resolución en la cual realice lo siguiente: - Con plenitud de jurisdicción, entendida conforme a lo expuesto en esta resolución, dicte una diversa resolución en el sentido y conforme a la argumentación que estime procedente, en la cual resuelva la posible actualización de la prescripción de la acción penal, para lo cual deberá precisar la naturaleza del delito que nos ocupa y la fecha de consumación o en que se cometió la última conducta, a fin de estar en aptitud de computar el término para la actualización de dicha figura, debiendo fundar y motivar su determinación, ello con independencia de que estime o no que el delito es imprescriptible; - Ya que deberá dejar insubsistente la resolución de diez de enero de dos mil diecinueve, en la diversa que dicte, deberá establecer de manera fundada y motivada si en el caso existen personas que tengan el carácter de víctimas u ofendidos; asimismo, en caso afirmativo, deberá precisar a quién o quiénes les asiste dicho carácter y de ser el caso, deberá notificarles las resoluciones que se emitan en cumplimiento a esta ejecutoria de amparo. [.] De lo anterior se advierte que en la resolución de veintiuno de febrero de este año (foja 247), se determinó que la ejecutoria de amparo no estaba cabalmente cumplida, porque el juez responsable, aun cuando en la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, consideró que el delito motivo del proceso penal es imprescriptible (argumento que dicho sea de paso, no se analizó al no advertir que con él se contraviniera alguno de los efectos de la ejecutoria de amparo), de cualquier manera el suscrito estimó necesario que, en cumplimiento a la sentencia de amparo, se precisara con claridad la naturaleza del delito y el momento de consumación, pues además, de no hacerse así, el análisis de tales aspectos formales no podrían ser materia de concesión en el nuevo juicio de amparo que en su caso se promueva contra la resolución que se dicte en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por lo que no podía estimarse que con la resolución que emitió el diez de enero de dos mil diecinueve, se cumplía la ejecutoria de amparo, pues se advertía que no se emitió con plenitud de jurisdicción, que fue lo que se ordenó en la ejecutoria de amparo. Además, porque no fundó ni motivó suficientemente la determinación relativa al reconocimiento o no, de las personas o instituciones que pudieran tener el carácter de víctimas u ofendidos. Con motivo de lo anterior, se requirió a la autoridad responsable Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. DÉCIMO. Tercera determinación emitida por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria. Respecto al mencionado requerimiento, el Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado responsable, mediante oficio 234/2019 remitió en copia certificada la resolución de veintiuno de junio del año que transcurre, dictada en la Causa Penal *******, así como cinco constancias de notificación y una constancia actuarial (fojas 294 a 373). A tales documentales descritas, se les reconoció valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, al ser remitidas por la autoridad responsable en copia certificada. DÉCIMO PRIMERO. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, por auto de veintiséis de junio del año en curso (foja 375), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa personalmente con las documentales remitidas por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento, de lo cual quedó debidamente notificada el veintiséis de junio del año que transcurre (foja 376), sin que desahogara la vista. DÉCIMO SEGUNDO. Tercera resolución sobre el cumplimiento. El diecisiete de julio de dos mil diecinueve (foja 377), se resolvió sobre el cumplimiento que el Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado responsable del Distrito Judicial Bravos, con residencia en Ciudad Juárez, pretendió dar a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto, determinándose en lo que interesa lo siguiente: [.] Empero, no subsanó en su totalidad los vicios y/u omisiones en que incurrió cuando dictó la diversa resolución de dos de abril de dos mil dieciocho, que aquí constituye el acto reclamado. Se afirma lo anterior, porque en la ejecutoria de amparo, entre otras cosas, se consideró que el Juez responsable, omitió establecer dos elementos esenciales de la figura de prescripción de la acción penal, consistentes en la naturaleza del delito y la consumación de la conducta, para poder determinar el momento en que inició el término para que dicha figura opere, y con lo anterior poder determinar también, cuáles actuaciones procesales, ocurridas a partir de que dicho término inició, efectiva y válidamente lo interrumpieron, todo lo anterior a fin de establecer con seguridad jurídica, si en el momento en que el aquí quejoso se sujetó a proceso, el ejercicio de la acción penal estaba prescrito o no. En la resolución de veintiuno de junio de este año (fojas 301 a 373), que dictó en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto el Juez responsable, primeramente, omitió dejar insubsistentes las resoluciones de veintitrés, veinticuatro y veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, veinte de noviembre de dos mil dieciocho, así como la de diez de enero de este año, todas dictadas con anterioridad en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto. Asimismo, hizo la distinción del delito de ******* atribuido al hoy quejoso *******, respecto de ******* y ******* y por otra parte, respecto a *******, ******* y ******* (denunciantes por conducto de sus respectivas madres, víctimas indirectas en la causa penal de origen). También, determinó que el delito de abuso de autoridad, atribuido al aquí quejoso *******, respecto de ******* y ******* (quienes dicho sea de paso no fueron denunciantes en la causa penal de origen), tiene el carácter de continuado, dio inicio a partir de la detención de dichas personas, con carácter de autora material y partícipe en los hechos, que culminó con las actuaciones derivadas de la averiguación correspondiente a cargo del quejoso, con una sentencia condenatoria en principio, que finalmente, el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Tribunal de Justicia del Estado revocó en el toca *******, al dictar sentencia absolutoria el catorce de julio de dos mil cinco, a favor de ******* y *******, por los delitos de homicidio agravado y violación, que se dijeron cometidos en perjuicio de quienes en vida llevaron los nombres de *******, *******, ******* y otras, a sabiendas de que dichas personas no habían intervenido en los hechos, por lo que hubo pluralidad de conductas, porque a pesar de saber que la detención no estaba apegada a derecho, no actuó en la detención arbitraria de los indiciados por conducto de Agentes de la Policía Judicial, que también participaron en los hechos, los cuales los tuvieron en aislamiento, sin asesoría alguna, se ejercieron actos violentos sobre la humanidad de dichos detenidos, en la que tuvo intervención en las diversas fases del proceso, el órgano inquisidor como son consignación, aportación de pruebas en contra de los implicados, conclusiones y agravios, por lo que transcurrieron tres años, ocho meses y cinco días, desde la fecha de la detención hasta la absolución y es a partir de esta última fecha, de donde inicia el cómputo de la prescripción, teniendo que se integró la averiguación previa en contra del aquí quejoso ******* y se ejerció acción penal hasta el dieciocho de septiembre de dos mil trece, por lo que el tiempo transcurrido desde la fecha de la detención de los imputados (nueve de noviembre de dos mil uno) hasta el ejercicio de la acción penal en contra del quejoso, el dieciocho de septiembre de dos mil trece (en la oficialía de turnos) y diecinueve de septiembre de dos mil trece (recibido en ese tribunal), once años, diez meses y nueve días, en el primer término o bien once años diez meses y diez días, en el segundo de los casos, como se desprende de la causa penal *******. Asimismo, concluyó, que desde el (dieciocho de septiembre de dos mil trece), en que fue absuelto ******* y de no haber fallecido ******* también habría sido absuelto por la Sala, a la fecha en que se ejerció acción penal en contra del hoy quejoso (dieciocho de septiembre de dos mil trece- oficialía de turnos) y (diecinueve de septiembre de dos mil trece-recibido en ese juzgado), once años, diez meses y nueve días, en el primer término o bien once años, diez meses y diez días, en el segundo de los casos, habían transcurrido ocho años, dos meses y cinco días, siendo evidente que en el particular como en el anterior, ya se encontraba extinguida la acción penal por prescripción a favor del quejoso *******, al haber transcurrido en exceso la media aritmética que se obtiene de las penalidades a imponer en el artículo 134 del Código Penal vigente en la fecha de los hechos, en el que se establece que el delito de abuso de autoridad, tiene una sanción privativa de libertad de uno a ocho años de prisión, siendo su media aritmética cuatro años y seis meses. Sin embargo, respecto de los delitos cometidos respecto a *******, ******* y ******* (denunciantes por conducto de sus respectivas madres, víctimas indirectas en la causa penal de origen) omitió establecer los dos elementos esenciales de la figura de prescripción de la acción penal, consistentes en la naturaleza del delito y la consumación de la conducta, para poder determinar el momento en que inició el término para que dicha figura opere, y con lo anterior poder determinar también, cuáles actuaciones procesales, ocurridas a partir de que dicho término inició, efectiva y válidamente lo interrumpieron, todo lo anterior a fin de establecer con seguridad jurídica, si en el momento en que el aquí quejoso se sujetó a proceso, el ejercicio de la acción penal estaba prescrito o no. Se afirma lo anterior, porque como ya se dijo, se concretó a decir por lo que respecta a los delitos cometidos en perjuicio de *******, ******* y *******, que de acuerdo a los hechos y omisiones en los que incurrieron tanto las autoridades investigadoras y los policías judiciales, que actuaron bajo la conducción y mando del quejoso, en el ejercicio de su función, así como en el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, partiendo de la fecha en que supuestamente había obtenido resultados en cuanto a la detención de los implicados ******* y ******* en la comisión de dichos injustos, en perjuicio de las citadas víctimas, de la cual derivó que los familiares de las hoy occisas acudieran ante la Corte Interamericana, precisó que operaba la prescripción en el particular, porque el actuar del hoy quejoso, fue a partir del nueve de noviembre de dos mil uno, a la emisión de la resolución de la Corte Interamericana que fue el dieciséis de noviembre de dos mil nueve, habían transcurrido ocho años y siete días, por lo que había transcurrido en exceso la media aritmética que resulta de las penas a imponer previstas en el artículo 134, en relación con los numerales 91, 92, 93, fracción III, y 94 del Código Penal vigente en la fecha de los hechos, ya que el citado artículo 134 relativo al delito de abuso de autoridad que se le atribuye al quejoso, establecía una penalidad de uno a ocho años de prisión, multa de treinta a doscientas veces el salario, inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro empleo, cargo, o función públicos o destitución, esto es, que su media aritmética resulta de cuatro años y seis meses de prisión, se reitera sin establecer la naturaleza del delito y la consumación de la conducta, para poder determinar el momento en que inició el término para que opere o no la prescripción de la acción penal. Aunado a que tampoco estableció los hechos u omisiones posiblemente constitutivos del delito de ******* que se le imputan al aquí quejoso, respecto de *******, ******* y *******, lo que sí hizo cuando se refirió a ******* y ******* al considerar lo siguiente: "(.) a sabiendas aquél de que dichas personas (Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza) no habían intervenido en los hechos, teniendo asimismo que hubo pluralidad de conductas, puesto que ordenó, se reitera, la detención arbitraria de los indiciados, por conducto de Agentes de la Policía Judicial, bajo su mando, que también participaron en los hechos, los cuales los tuvieron en aislamiento, sin asesoría alguna, como ya se había indicado y asimismo se le ejercieron actos violentos sobre la humanidad de dichos detenidos, en la que tuvo intervención en las diversas fases del proceso, el Órgano inquisidor, (como son consignación, aportación de pruebas en contra de los implicados, conclusiones y agravios) (.)". Por otra parte, si bien precisó a quiénes les asiste el carácter de víctimas indirectas, siendo de *******, sus padres ******* e *******; de *******, su madre *******; de *******, su madre *******; ******* y de ******* su cónyuge supérstite *******; y ordenó su notificación; sin embargo, remitió la constancia de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve (foja 277), de la que se advierte que el Oficial Notificador del Distrito Judicial Bravos, Licenciado *******, asentó la imposibilidad de notificar a la víctima indirecta de la víctima *******, esto es, a *******, sin que se advierta alguna otra constancia en la que conste la notificación a dicha víctima indirecta por parte de la responsable. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificado de este proveído, dé cabal cumplimiento a la totalidad de los efectos del fallo protector, para lo cual debe además realizar lo siguiente: a) Deje insubsistentes las resoluciones veintitrés, veinticuatro y veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, veinte de noviembre de dos mil dieciocho, así como la de diez de enero y veinticuatro de junio, estas últimas de dos mil diecinueve, todas dictadas con anterioridad en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto. b) Dicte una resolución en la cual realice lo siguiente: - Con plenitud de jurisdicción, y conforme a la argumentación que estime procedente, respecto de los delitos cometidos en perjuicio de *******, ******* y *******, resuelva la posible actualización de la prescripción de la acción penal, para lo cual deberá precisar la naturaleza del delito que nos ocupa y la fecha de consumación o en que se cometió la última conducta, a fin de estar en aptitud de computar el término para la actualización de dicha figura, debiendo fundar y motivar su determinación, ello con independencia de que estime o no que el delito es imprescriptible; - Reitere lo relativo a que les asiste el carácter de víctimas indirectas, de *******, a sus padres ******* e *******; de *******, a su madre *******; de *******, a su madre *******; a ******* y de ******* a su cónyuge supérstite *******; y ordenó su notificación, incluso dicte las medidas que resulten necesarias para que se logre la notificación de la víctima indirecta *******. [.] De lo anterior se advierte que en la resolución de diecisiete de julio de este año (foja 377), se determinó que la ejecutoria de amparo no estaba cabalmente cumplida, porque el juez responsable, no dejó insubsistentes las resoluciones que dictó el veintitrés, veinticuatro y veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, veinte de noviembre de dos mil dieciocho, así como la de diez de enero de dos mil diecinueve, donde pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto. Además, porque en la resolución que dictó el veintiuno de junio del año en curso, respecto de los delitos cometidos respecto de *******, ******* y ******* (denunciantes por conducto de sus respectivas madres, víctimas indirectas en la causa penal de origen) omitió establecer los dos elementos esenciales de la figura de prescripción de la acción penal, consistentes en la naturaleza del delito y la consumación de la conducta, para poder determinar el momento en que inició el término para que dicha figura operara, y con lo anterior poder determinar también, cuáles actuaciones procesales, ocurridas a partir de que dicho término inició, efectiva y válidamente lo interrumpieron, todo lo anterior a fin de establecer con seguridad jurídica, si en el momento en que el aquí quejoso se sujetó a proceso, el ejercicio de la acción penal estaba prescrito o no. Aunado a que tampoco estableció los hechos u omisiones posiblemente constitutivos del delito de abuso de autoridad que se le imputan al aquí quejoso, respecto de *******, ******* y *******. Y no envió la constancia relativa a la notificación de la víctima indirecta de la víctima *******, esto es, a *******. Con motivo de lo anterior, se requirió a la autoridad responsable Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. DÉCIMO TERCERO. Nuevas determinaciones emitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria. Respecto al mencionado requerimiento, el Juez responsable, mediante oficio ******* remitió transcripción autorizada del auto que emitió el veintidós de julio de la presente anualidad, en la Causa Penal ******* (foja 393). Luego, mediante oficio *******, envió, en lo que aquí interesa, copia certificada de la resolución que pronunció el ocho de agosto de dos mil diecinueve, dentro de la Causa Penal indicada (fojas 412 a 465). Posteriormente, mediante oficio *******, remitió copia certificada de las constancias de notificación relativas a la resolución referida en el párrafo que antecede, relativas a *******, *******, *******, ******* y *******. Finalmente, por oficio *******, envió las constancias relativas a la notificación practicada a la víctima indirecta *******, respecto de la resolución que emitió el ocho de agosto del año en curso. A tales documentales descritas, se les reconoce valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, al ser remitidas por la autoridad responsable en copia certificada. DÉCIMO CUARTO. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, por auto de cinco de septiembre del año en curso (foja 528), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa personalmente con las documentales referidas en el considerando que antecede, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento, de lo cual quedó debidamente notificada el cinco de septiembre del año que transcurre (foja 529), sin que desahogara la vista. DÉCIMO QUINTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Este Juzgado procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, de los que se advierte que el Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, realizó lo siguiente: 1. Por acuerdo de veintidós de julio de la presente anualidad, dentro de la Causa Penal ******* (foja 393), dejó insubsistentes las resoluciones que dictó el veintitrés, veinticuatro y veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, que fueron precisamente los actos que fueron reclamados en este juicio de amparo. 2. En el mismo auto, dejó insubsistentes las diversas resoluciones que emitió el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, así como la de diez de enero y veintiuno de junio de dos mil diecinueve, mediante las cuales intentó dar cumplimiento al fallo protector. 3. Con plenitud de jurisdicción, el ocho de agosto del año en curso (fojas 412 a 466), dictó una nueva resolución en la cual resolvió la situación jurídica del quejoso, en donde consideró que: - El delito de abuso de autoridad atribuido a *******, tenía el carácter de instantáneo, toda vez que el delito se consumó el once de noviembre de dos mil uno, cuando el quejoso consignó la carpeta de investigación seguida en contra de ******* y ******* ante el Juez Penal y fue verificado bajo la modalidad de acción, toda vez que tal exfuncionario fue el encargado de dirigir dicha investigación. - Dicho delito fue cometido en perjuicio de la acción pública, en grado de probabilidad, de la que resultaron como víctimas indirectas *******; y de *******, su cónyuge supérstite *******, pues afectó su derecho a la justicia al solicitar su formal procesamiento; de *******, sus padres, ******* e *******; de *******, su madre *******; y de *******, su madre *******, pues también afectó su derecho a la justicia, además de no tener la certeza jurídica que el Estado debe proveer; por lo que ordenó que se notificara la determinación en comento. - La acción penal del delito de abuso de autoridad cometido, en grado de probabilidad, por aquél, estaba prescrita, toda vez que consideró que al haberse consumado el delito desde el once de noviembre de dos mil uno, a la fecha en que dictó la resolución en comento, habían transcurrido diecisiete años, ocho meses y veintiocho días y tomando en cuenta que el antijurídico que se le imputaba tenía una pena de prisión según el artículo 134, fracción IV del Código Penal vigente en la fecha de los hechos, de uno a ocho años de prisión, cuyo término medio aritmético es de cuatro años y seis meses de prisión, era evidente que la acción penal se encontraba extinguida por prescripción a favor del aquí quejoso. 3. Remitió las constancias de notificación de las víctimas indirectas *******; de *******, a su cónyuge supérstite *******; de *******, a sus padres, ******* e *******; de *******, a su madre *******; y de *******, a su madre *******. De lo anterior se advierte que la autoridad responsable realizó sus actuaciones ajustándose a lo determinado en el fallo protector, pues resolvió la situación jurídica del quejoso y analizó la actualización de la prescripción de la acción penal, purgando los vicios y omisiones que le fueron indicados; además, estableció a quiénes les asistía el carácter de víctimas indirectas dentro de la Causa Penal *******, de su índice y les notificó la resolución que pronunció, ajustándose a los lineamientos de la ejecutoria de amparo. No se soslaya que la autoridad responsable al emitir la resolución en estudio no se pronunció respecto del punto de la ejecutoria, del tenor literal siguiente: (..) b) En su lugar, solo en caso de dictar un nuevo auto de formal prisión, emita una nueva determinación en la que, con plenitud de jurisdicción, pero sin incurrir en los vicios formales que le fueron destacados en este considerando, determine: - A quién o a quiénes les asiste, en caso de que así sea, el derecho a una eventual reparación del daño en el presente asunto y, sobre esa base, precise aquellas cantidades que el inculpado deberá de exhibir para acceder al beneficio de libertad provisional bajo caución. - Finalmente, deberá volver a pronunciarse sobre los restantes aspectos que la ley penal establece para la fijación de la medida caucional, purgando los vicios de fundamentación y motivación de que carece el acto reclamado y que fueron evidenciados en este considerando. (.) No obstante, el mismo sólo se actualizaba en caso de que el Juez responsable emitiera un nuevo auto de formal prisión, lo que en el caso no ocurrió, pues el ocho de agosto de dos mil diecinueve, decretó el sobreseimiento de la causa penal, al estimar que la acción penal estaba prescrita. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó al quejoso, en el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Además, conviene precisar que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se advierte que con dicho proceder la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 254/2018-IV, ha quedado cumplida. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa de este proveído, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a la Autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO LISTA, EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve. Vistos los autos para dictar la resolución de cumplimiento en el juicio de amparo indirecto 254/2018, promovido por *******, y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, el dieciséis de abril de dos mil dieciocho y turnado ese mismo día a este juzgado, ******* demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el Juez Primero de Ejecución de Penas, en funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en Ciudad Juárez, a quien le reclamó lo siguiente: a) El auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal *******, mediante el cual determinó el sobreseimiento de la misma por prescripción de la acción penal en relación con el delito de imputaciones falsas que de forma probable se le atribuía, pero no respecto del delito de abuso de autoridad. b) Las determinaciones dictadas en la diligencia de declaración preparatoria que rindió el veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, en el sentido de: - Fijar la cantidad de cien mil pesos moneda nacional por concepto de garantía de la reparación del daño, además de otra, para disfrutar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, y - Determinar que la acción penal respecto del delito que de forma probable se le imputa, consistente en abuso de autoridad, no está prescrita. c) El auto de formal prisión dictado en su contra el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, por su probable responsabilidad en la comisión del mencionado delito. SEGUNDO. Concesión de amparo. En proveído de dieciocho de abril de dos mil dieciocho (foja 48), se admitió a trámite el juicio el amparo 254/2018-III; se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable; asimismo, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; e integrado que fue el juicio, en lo que interesa a este cumplimiento se celebró la audiencia constitucional (foja 73) y se dictó sentencia, en la cual se determinó conceder el amparo, para que el Juez Primero de Ejecución de Penas, en funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en Ciudad Juárez, efectuara lo siguiente: [.] a) Deje insubsistente el auto de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal *******, únicamente en cuanto a lo señalado en el sentido de que la acción penal en relación con el delito de abuso de autoridad, no está prescrita; b) Deje insubsistente el acuerdo que emitió en la diligencia de declaración preparatoria del quejoso, de veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, dentro de la citada causa penal, en el mismo sentido; c) Deje insubsistente el auto de formal prisión que dictó en contra del quejoso, dentro de la mencionada causa penal; d) Con plenitud de jurisdicción, dicte un diverso auto en el cual resuelva la situación jurídica del quejoso y analice la posible actualización de la prescripción de la acción penal, debiendo fundar y motivar adecuadamente su determinación, para lo cual deberá subsanar los vicios y/u omisiones señalados a lo largo de este considerando; y e) Además, deberá establecer si en la causa penal existen personas que tengan el carácter de víctimas u ofendidos; asimismo, en caso afirmativo, deberá precisar a quién o quiénes les asiste dicho carácter y notificarles las resoluciones que se emitan en cumplimiento a la ejecutoria de esta sentencia de amparo. [.] a) Deje insubsistente el acuerdo que emitió en la diligencia de declaración preparatoria del quejoso, de veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, dentro de la citada causa penal, únicamente en relación con la fijación de la caución para que disfrute del beneficio de la libertad provisional a que tiene derecho; y b) En su lugar, solo en caso de dictar un nuevo auto de formal prisión, emita una nueva determinación en la que, con plenitud de jurisdicción, pero sin incurrir en los vicios formales que le fueron destacados en este considerando, determine: - A quién o a quiénes les asiste, en caso de que así sea, el derecho a una eventual reparación del daño en el presente asunto y, sobre esa base, precise aquellas cantidades que el inculpado deberá de exhibir para acceder al beneficio de libertad provisional bajo caución. - Finalmente, deberá volver a pronunciarse sobre los restantes aspectos que la ley penal establece para la fijación de la medida caucional, purgando los vicios de fundamentación y motivación de que carece el acto reclamado y que fueron evidenciados en este considerando. [.] TERCERO. Firmeza de la sentencia de amparo. Mediante auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho (foja 114), la sentencia descrita causó ejecutoria, por lo que se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento. CUARTO. Primeras determinaciones emitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria. Para dar cumplimiento a los efectos para los que se concedió la protección constitucional solicitada, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho (foja 123), la responsable remitió en original con firmas autógrafas tres resoluciones que dictó el veinte del mismo mes y año (fojas 125 a 135, 136 a 138 y 140 a 220), en la Causa Penal *******. A tales documentales descritas, se les reconoció valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, al ser remitidas por la autoridad responsable en original, con firmas autógrafas. QUINTO. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (foja 222), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa personalmente con las documentales remitidas por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento, de lo cual quedó debidamente notificada el veintinueve de diciembre de dos mil dieciocho (foja 224), sin que realizara ninguna manifestación al respecto. SEXTO. Primera resolución sobre cumplimiento. El veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho (foja 225), se resolvió sobre el cumplimiento que el Juez responsable pretendió dar a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto, determinándose en lo que interesa lo siguiente: [.] Lo anterior, pone en evidencia que la resolución dictada por la autoridad responsable no subsanó los vicios y/u omisiones en que incurrió cuando dictó la diversa de dos de abril de dos mil dieciocho, ya que por una parte refiere que la naturaleza del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de la función pública, previsto en el artículo 134, fracción IV, del Código Penal vigente en la fecha en que sucedieron los hechos, es permanente o continuado, ya que la consumación se prolonga en el tiempo y por otra parte, afirma que es permanente o continuo, siendo supuestos distintos los que se toman en cuenta para determinar de acuerdo a la naturaleza del delito a partir de qué fecha corre el término de la prescripción, pues como se dijo en la ejecutoria de amparo, de tratarse de un delito continuado, se debe establecer cuándo fue el día en que se cometió la última conducta; y, en el supuesto de considerar que el delito es permanente, cuándo cesó la consumación del delito. En el caso, el Juez responsable por un lado refiere que la conducta típica cuya consumación se prolongó en el tiempo de manera permanente o continua, lesiva de derechos humanos, comienza el nueve de noviembre de dos mil uno, continúa el catorce de ese mes y año, en que se dictó auto de formal prisión en contra de los mencionados imputados y concluye respecto de ******* alias "*******", el nueve de abril de dos mil tres en que perdió la vida y respecto de ******* el catorce de julio de dos mil cinco, pero por otro lado, afirma que el día en que se cometió la última conducta fue el catorce de julio de dos mil cinco. Entonces, primero refiere que la conducta típica se prolongó en el tiempo y después precisa el día en que se cometió la última conducta, lo cual es confuso, pues no se advierte claridad al establecer la naturaleza del delito y la consumación de la conducta, lo que es necesario para fijar el parámetro relativo al inicio del cómputo del término para la prescripción, o no, de la acción penal. Asimismo, la autoridad responsable nada dijo sobre el inciso d) materia de concesión del amparo, en el que se le solicitó lo siguiente: [.] Por otra parte, en la resolución de veinte de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 136 a 139): - Se pronunció de nueva cuenta, respecto de la fijación de la caución para que el aquí quejoso disfrute del beneficio de la libertad provisional a que tiene derecho, fundando y motivando su resolución y precisando que en este momento no existen personas a las cuales les asista el carácter de víctimas u ofendidos, pues el delito de que se trata fue cometido en perjuicio de la función pública; y que, en todo caso, ello podría definirse, sin prejuzgar, en la etapa de ejecución de sentencia que se dicte en dicha causa penal en comento (fojas 136 reverso y 137), para lo cual, atendió al contenido de los artículos 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 426 y 431 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua, vigentes en la época de los hechos, determinando así la cantidad de $14, 035.00 (catorce mil treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), para tales efectos. Lo último, atendiendo a los lineamientos de la ejecutoria de amparo. No obstante lo anterior, se colige que no se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues la responsable no cumplió con la totalidad de los puntos precisados en el fallo protector, por lo que no existe defecto en su cumplimiento; no se pierde de vista que al momento de fijar la caución al aquí quejoso para que disfrute de su libertad provisional bajo caución, el Juez responsable fijó la cantidad correspondiente, atendiendo a que no existe víctima u ofendido en el proceso natural, sin embargo es necesario que esa determinación esté fundada y motivada en una resolución formal, tal como se precisó en la ejecutoria de amparo. [.] De lo anterior se desprende que en la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho (foja 210), se determinó que la ejecutoria de amparo no estaba cabalmente cumplida, porque el juez responsable no estableció con claridad la naturaleza del delito y la consumación de la conducta, lo que era necesario para fijar el parámetro relativo al inicio del cómputo del término para la prescripción, o no, de la acción penal, tal cual se dijo en la ejecutoria de amparo, ni se pronunció cabalmente sobre el inciso b) de la segunda parte de la concesión del amparo relativo a establecer la existencia o no de personas a quienes les asista el carácter de víctimas u ofendidos a fin de que se les notificara las resoluciones dictadas en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en congruencia con ello fijar la garantía relativa para que el quejoso disfrutara del beneficio de libertad provisional bajo caución. En atención a lo anterior, se requirió al Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, para que diera cabal cumplimiento al fallo protector. SÉPTIMO. Segunda determinación emitida por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria. Respecto al mencionado requerimiento, el Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado responsable emitió la resolución de diez de enero de dos mil diecinueve (foja 238), en la cual determinó lo siguiente: a) Dejó insubsistentes las resoluciones de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, mediante las cuales había resuelto sobre la no actualización de la figura de la prescripción de la acción penal en el proceso natural y dictado auto de formal prisión en contra del aquí quejoso; b) Según dijo, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, determinó que el delito de abuso de autoridad, atribuido de forma probable al aquí quejoso *******, es de comisión instantánea, que la acción penal, en ese momento, ya estaba prescrita y, en consecuencia, dictó auto de libertad en su favor; y, c) Que en el caso, el bien jurídico tutelado es la función pública; que si bien los familiares de los ofendidos ******* y *******, pudieran tener el carácter de ofendidos, en este momento no le era posible determinarlo, atendiendo a que declaró prescrito el ejercicio de la acción penal y que sobreseyó la causa penal; que también pudieran tener dicho carácter los familiares de las víctimas del "campo algodonero", de nombres *******, *******, ******* y *******, así como los familiares de diversas víctimas localizadas en el "campo algodonero", pero no les atribuyó dicho carácter porque dichas personas ya fueron resarcidas en el daño moral que se les ocasionó con motivo de la sentencia relativa que dictó la Corte Interamericana y porque con motivo de la determinación de la prescripción de la acción penal, no le era posible, en este momento procesal, determinar quién o quienes tienen el carácter de víctimas u ofendidos, pronunciamiento que en todo caso, conforme a las normas internacionales, constitucionales y legales que citó, debe realizarse hasta que se dicte sentencia. OCTAVO. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, por auto de catorce de enero del año en curso (foja 245), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa personalmente con las documentales remitidas por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento, de lo cual quedó debidamente notificada el quince de enero del año que transcurre (foja 246), sin que realizara ninguna manifestación al respecto. NOVENO. Segunda resolución sobre el cumplimiento. El veintiuno de febrero de dos mil diecinueve (foja 247), se resolvió sobre el cumplimiento que el Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Ejecución de Penas, en funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en Ciudad Juárez, pretendió dar a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto, determinándose en lo que interesa lo siguiente: [.] Sin embargo, por las razones que a continuación se expondrán, este juzgador determina que no dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este asunto. (.) De tales consideraciones se advierte con claridad, que la autoridad responsable atribuyó su cambio de argumentación en el sentido de que el delito que nos ocupa no es objeto de la figura jurídica de la prescripción de la acción penal, al requerimiento que realizó este tribunal al momento de declarar no cumplida la ejecutoria de amparo, para posteriormente, estimar concretamente que, en el caso, el delito de que se trata fue de comisión por omisión instantánea, conducta típica que se verificó el nueve de noviembre de dos mil uno, al no haber evitado la detención, retención, confesiones forzadas, que a la postre tuvieron como consecuencia la consignación arbitraria de ******* y ******* y que por lo tanto, en la fecha en que se consignó la averiguación previa relativa, esto es, el dieciocho de septiembre de dos mil trece, la acción penal ya estaba prescrita por el transcurso del tiempo, atendiendo a las consideraciones que este juzgador de amparo emitió en la resolución de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho (no a la ejecutoria de amparo), en la cual se resolvió por primera vez sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior se estima de esa manera, pues el Juzgador responsable manifestó, en el auto de libertad que se analiza, que no obstante toda la argumentación en el sentido de que la persecución penal del aquí quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad, en este caso concreto, no es objeto de la figura de la prescripción de la acción penal, la cual ya había expuesto en la resolución de veinte de noviembre de dos mil dieciocho, atendiendo a los lineamientos de esa resolución sobre el cumplimiento, es que al margen del criterio que había establecido respecto de la imprescriptibilidad, dejando de lado y/o sin considerar las múltiples circunstancias que verificó para originalmente sustentar la imprescriptibilidad del delito, emitió su nueva argumentación respecto a la forma de comisión de dicho ilícito y a la actualización de la figura de la prescripción de la acción penal. En esa tesitura, la autoridad responsable no consideró que el delito sí es prescriptible por su propia naturaleza o la del caso, sino que determinó que ya no tomaría en consideración y/o dejaría de lado el contexto que había referido respecto de la imprescriptibilidad, lo que implica que no actuó con plenitud de jurisdicción, pues limitó su estudio únicamente a lo que se le requirió en la resolución de cumplimiento. Sin embargo, ni en la sentencia de amparo, ni en la resolución de cumplimiento de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, como ya se estableció, se ordenó de manera alguna al Juez responsable cambiar el sentido, ni dejar de tomar en consideración circunstancia alguna. Sino que, en dicha resolución de cumplimiento, únicamente se señaló una incongruencia en la clasificación del delito en cuanto a su forma de comisión y en cuanto a las fechas de ejecución y en su caso, consumación, y se le requirió para que estableciera lo siguiente: 1) En caso de tratarse de un delito instantáneo, cuándo se consumó el delito. 2) En caso de considerar que el delito fue cometido en grado de tentativa, cuándo se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida. 3) De tratarse de un delito continuado, cuándo fue el día en que se cometió la última conducta; o, 4) En el supuesto de considerar que el delito es permanente, cuándo cesó la consumación del delito. Ello, en apego a las consideraciones esgrimidas en la ejecutoria de amparo, con el objetivo de poder establecer con precisión cuándo comenzaría a transcurrir el término para que operara la prescripción de la acción penal, esto, para que el Juez responsable determinara, en ejercicio de su plenitud de jurisdicción, si dicha figura jurídica de extinción de la acción penal se actualizó o no. Respecto a lo anterior, es menester señalar que este juzgador de amparo, en ningún momento, al dictar la resolución de cumplimiento de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho (foja 210), emitió pronunciamiento alguno respecto a la legalidad o ilegalidad de las consideraciones de la autoridad responsable para estimar que en este caso específico, la acción penal es imprescriptible; sino que, en dicha resolución, se efectuó el análisis del cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, cuestión que es de orden público y precisamente en ese ejercicio, al cual este juzgador está obligado conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo, es que se advirtió la incongruencia ya señalada en relación con la precisión de la naturaleza del delito en cuanto a su forma de comisión y a las fechas de ejecución del mismo. Lo anterior, pues en la ejecutoria de amparo se determinó que en el auto de formal prisión reclamado, el Juez responsable no había fundado y motivado adecuadamente lo relativo a la no actualización de la figura de la prescripción de la acción penal, sino que concluyó tal situación de forma dogmática únicamente atendiendo al hecho de que el delito de que se trata, es de lesa humanidad, sin explicar fundadamente porqué esto es así. De igual forma, se determinó que la figura de la prescripción de la acción penal, consta de los siguientes elementos y características (fojas 88 y 89): - Es personal. - Para que opere basta el simple transcurso del tiempo señalado por la ley. - Puede ser declarada de oficio o a petición de parte. - Los términos para que opere son continuos y se contarán de la siguiente manera: a) A partir del momento en que se consumó el delito, si fuere instantáneo; b) A partir del día en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si el delito fuera en grado de tentativa; c) Desde el día en que se cometió la última conducta, tratándose de delito continuado; y d) Desde la cesación de la consumación en el delito permanente. - La acción penal prescribe en un lapso igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad que corresponda al delito de que se trate, pero nunca será inferior a un año. - En caso de concurso de delitos, las acciones que de ellos resulten prescribirán separadamente, en el término correspondiente a cada uno. - Cuando para ejercitar acción penal sea necesario que antes concluya un procedimiento diverso, no comenzará a correr la prescripción hasta que en aquél se haya pronunciado resolución irrevocable. - La prescripción de la acción penal se interrumpe o suspende (además de los supuestos establecidos jurisprudencialmente) en los siguientes casos: 1) Con la aprehensión del inculpado o con su comparecencia ante la autoridad (volverá a transcurrir en el momento en que se sustraiga de la acción de la justicia, si está detenido; si está libre, a partir de que se le haya revocado el beneficio relativo, o bien, en dos años contados a partir de su última comparecencia ante la autoridad que procesalmente lo tuviera a su disposición). 2) No operará cuando sea sometido a cualquier procedimiento y por ello deje de presentarse ante la autoridad que lo tenga a su disposición. 3) Se suspenderá cuando en virtud de un procedimiento de extradición internacional, sea detenido y se interrumpirá a condición de que el Estado requerido lo entregue para su reingreso al territorio nacional, aunque sea por la comisión de otro delito, siempre que no sea puesto en libertad material por cualquier causa y se le ponga a disposición del Juez correspondiente. 4) Se interrumpirá cuando el inculpado sea aprehendido por la comisión de otro delito, siempre que no sea puesto en libertad material y se le ponga a disposición del Juez correspondiente. 5) No se computará para la prescripción el lapso durante el que con motivo de cualquier resolución jurisdiccional, la autoridad esté impedida para ejecutar el mandamiento de aprehensión, o en su caso, la orden de citación, emitidas. 6) Se interrumpirá cuando sin existir orden de aprehensión o reaprehensión, se promueva un conflicto competencial por materia o por territorio, ya sea por el Tribunal o por el agente del Ministerio Público. Asimismo, se determinó que para analizar la actualización, o no, de la figura de la prescripción de la acción penal, en principio, debe establecerse el momento a partir del cual comenzará a computarse ese término, conforme al artículo 93 del Código Penal del Estado aplicable, dependiendo de la naturaleza del delito de que se trate, es decir, si es instantáneo, continuado, permanente o si se ejecutó en grado de tentativa (foja 103), para lo cual, como se indicó en la ejecutoria de amparo (foja 103 vuelta) y como se ha referido en esta resolución, es necesario que el Juez responsable precise: 1) En caso de tratarse de un delito instantáneo, cuándo se consumó el delito. 2) En caso de considerar que el delito fue cometido en grado de tentativa, cuándo se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida. 3) De tratarse de un delito continuado, cuándo fue el día en que se cometió la última conducta; y, 4) En el supuesto de considerar que el delito es permanente, cuándo cesó la consumación del delito. Lo cual no fue cumplido por el Juzgador responsable, en el auto de formal prisión de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, razón por la cual, en la resolución de cumplimiento de veintiuno de diciembre del mismo año, se determinó que la ejecutoria de amparo no estaba cumplida y se le requirió para que la cumpliera en sus términos, pero en momento alguno, se insiste, se dio indicación expresa al Juez responsable de conducirse de determinada manera (en cuanto al fondo). Ahora bien, es necesario indicar que no por el hecho de que la autoridad responsable considerara en la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, que en el presente caso no opera la figura de la prescripción de la acción penal, se volvía innecesario que determinara la naturaleza del delito en cuanto a su forma de comisión y la fecha de consumación o última conducta, pues precisamente atendiendo a que la resolución que dicte en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la emitirá en ejercicio de su plenitud de jurisdicción, dicha resolución es susceptible de combatirse de nuevo a través de un juicio de amparo indirecto, de manera que, este juzgador de amparo debe cuidar que se cumpla a cabalidad la ejecutoria de amparo aquí dictada, pues en un eventual juicio de amparo en contra de la resolución dictada en cumplimiento a esta ejecutoria, de considerarse que los argumentos de la autoridad responsable para concluir que en el caso no opera la figura de la prescripción de la acción penal, son incorrectos, deberá procederse al estudio de la actualización o no de dicha figura, para lo cual será necesario, tal como se indicó en la ejecutoria de amparo que aquí nos ocupa, atender a todos y cada uno de los elementos de dicha figura, especialmente al momento a partir del cual deberá comenzar a computarse el término para que dicha prescripción se actualice. Esa es la razón por la cual, aun cuando en la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho el Juez responsable consideró que el delito motivo del proceso penal es imprescriptible (argumento que dicho sea de paso, no se analizó al no advertir que con él se contraviniera alguno de los efectos de la ejecutoria de amparo), de cualquier manera el suscrito estimó necesario que, en cumplimiento a la sentencia de amparo, se precisara con claridad la naturaleza del delito y el momento de consumación, pues además, de no hacerse así, el análisis de tales aspectos formales no podrían ser materia de concesión en el nuevo juicio de amparo que en su caso se promueva contra la resolución que se dicte en cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por todo lo expuesto, no puede estimarse que con la resolución que emitió el diez de enero de dos mil diecinueve, en el aspecto hasta aquí analizado, se cumpla la ejecutoria de amparo, pues se advierte que no se emitió con plenitud de jurisdicción, que fue lo que se ordenó en la ejecutoria de amparo. Ahora bien, el diverso aspecto de la ejecutoria de amparo relativo a la determinación de quién o quiénes tienen el carácter de víctimas u ofendidos en el proceso natural, tampoco se encuentra cabalmente cumplido en la resolución de diez de enero de dos mil diecinueve, pues al respecto, la autoridad responsable determinó lo siguiente (foja 242): (.) De lo anterior se puede advertir que el juez responsable circunscribió el análisis de la existencia o no de víctimas u ofendidos, además del estado en que se encuentra el proceso, esto es, que no hay sentencia definitiva y se decretó la prescripción de la acción penal, y del bien jurídico tutelado, a un aspecto meramente económico, al ya haber sido resarcidos del daño los familiares de las víctimas del campo algodonero. Sin embargo, el efecto de la ejecutoria de amparo fue que se pronunciara respecto de la existencia o no de víctimas u ofendidos en la presente causa penal, lo cual se advierte debe realizar en este estadío procesal, en el que se sabe no se ha dictado sentencia aun y existe la posibilidad de que se decrete (o no) la prescripción de la acción penal, al haberse ordenado ese estudio en la ejecutoria de amparo. Por tanto, ese pronunciamiento debía realizarse aún ante dichas circunstancias (falta de sentencia y posible prescripción), las cuales, se insiste, ya se conocían al dictar la sentencia de amparo, pues la finalidad que se buscó en dicha ejecutoria al ordenar determinar si existen víctimas u ofendidos y, en su caso, notificarles las resoluciones dictadas en cumplimiento a la misma, es que puedan acudir a deducir sus derechos desde este momento, con independencia de las determinaciones que ahí se adopten y, con ello, se eviten posibles reposiciones de los procedimientos, que pudieran afectar al quejoso. [.] Así pues, atendiendo a las consideraciones y fundamentos que la autoridad responsable esgrimió en la resolución de diez de enero de dos mil diecinueve, se concluye que no fundó ni motivó suficientemente la determinación relativa al reconocimiento o no, de las personas o Instituciones que pudieran tener el carácter de víctimas u ofendidos. Por lo tanto, se requiere al Juez responsable, para que, dé estricto cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo, para lo cual debe además realizar lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución de diez de enero de dos mil diecinueve, b) Dicte una resolución en la cual realice lo siguiente: - Con plenitud de jurisdicción, entendida conforme a lo expuesto en esta resolución, dicte una diversa resolución en el sentido y conforme a la argumentación que estime procedente, en la cual resuelva la posible actualización de la prescripción de la acción penal, para lo cual deberá precisar la naturaleza del delito que nos ocupa y la fecha de consumación o en que se cometió la última conducta, a fin de estar en aptitud de computar el término para la actualización de dicha figura, debiendo fundar y motivar su determinación, ello con independencia de que estime o no que el delito es imprescriptible; - Ya que deberá dejar insubsistente la resolución de diez de enero de dos mil diecinueve, en la diversa que dicte, deberá establecer de manera fundada y motivada si en el caso existen personas que tengan el carácter de víctimas u ofendidos; asimismo, en caso afirmativo, deberá precisar a quién o quiénes les asiste dicho carácter y de ser el caso, deberá notificarles las resoluciones que se emitan en cumplimiento a esta ejecutoria de amparo. [.] De lo anterior se advierte que en la resolución de veintiuno de febrero de este año (foja 247), se determinó que la ejecutoria de amparo no estaba cabalmente cumplida, porque el juez responsable, aun cuando en la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, consideró que el delito motivo del proceso penal es imprescriptible (argumento que dicho sea de paso, no se analizó al no advertir que con él se contraviniera alguno de los efectos de la ejecutoria de amparo), de cualquier manera el suscrito estimó necesario que, en cumplimiento a la sentencia de amparo, se precisara con claridad la naturaleza del delito y el momento de consumación, pues además, de no hacerse así, el análisis de tales aspectos formales no podrían ser materia de concesión en el nuevo juicio de amparo que en su caso se promueva contra la resolución que se dicte en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por lo que no podía estimarse que con la resolución que emitió el diez de enero de dos mil diecinueve, se cumplía la ejecutoria de amparo, pues se advertía que no se emitió con plenitud de jurisdicción, que fue lo que se ordenó en la ejecutoria de amparo. Además, porque no fundó ni motivó suficientemente la determinación relativa al reconocimiento o no, de las personas o instituciones que pudieran tener el carácter de víctimas u ofendidos. Con motivo de lo anterior, se requirió a la autoridad responsable Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. DÉCIMO. Tercera determinación emitida por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria. Respecto al mencionado requerimiento, el Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado responsable, mediante oficio 234/2019 remitió en copia certificada la resolución de veintiuno de junio del año que transcurre, dictada en la Causa Penal *******, así como cinco constancias de notificación y una constancia actuarial (fojas 294 a 373). A tales documentales descritas, se les reconoció valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, al ser remitidas por la autoridad responsable en copia certificada. DÉCIMO PRIMERO. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, por auto de veintiséis de junio del año en curso (foja 375), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa personalmente con las documentales remitidas por la responsable, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento, de lo cual quedó debidamente notificada el veintiséis de junio del año que transcurre (foja 376), sin que desahogara la vista. DÉCIMO SEGUNDO. Tercera resolución sobre el cumplimiento. El diecisiete de julio de dos mil diecinueve (foja 377), se resolvió sobre el cumplimiento que el Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado responsable del Distrito Judicial Bravos, con residencia en Ciudad Juárez, pretendió dar a la ejecutoria de amparo dictada en este asunto, determinándose en lo que interesa lo siguiente: [.] Empero, no subsanó en su totalidad los vicios y/u omisiones en que incurrió cuando dictó la diversa resolución de dos de abril de dos mil dieciocho, que aquí constituye el acto reclamado. Se afirma lo anterior, porque en la ejecutoria de amparo, entre otras cosas, se consideró que el Juez responsable, omitió establecer dos elementos esenciales de la figura de prescripción de la acción penal, consistentes en la naturaleza del delito y la consumación de la conducta, para poder determinar el momento en que inició el término para que dicha figura opere, y con lo anterior poder determinar también, cuáles actuaciones procesales, ocurridas a partir de que dicho término inició, efectiva y válidamente lo interrumpieron, todo lo anterior a fin de establecer con seguridad jurídica, si en el momento en que el aquí quejoso se sujetó a proceso, el ejercicio de la acción penal estaba prescrito o no. En la resolución de veintiuno de junio de este año (fojas 301 a 373), que dictó en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto el Juez responsable, primeramente, omitió dejar insubsistentes las resoluciones de veintitrés, veinticuatro y veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, veinte de noviembre de dos mil dieciocho, así como la de diez de enero de este año, todas dictadas con anterioridad en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto. Asimismo, hizo la distinción del delito de ******* atribuido al hoy quejoso *******, respecto de ******* y ******* y por otra parte, respecto a *******, ******* y ******* (denunciantes por conducto de sus respectivas madres, víctimas indirectas en la causa penal de origen). También, determinó que el delito de abuso de autoridad, atribuido al aquí quejoso *******, respecto de ******* y ******* (quienes dicho sea de paso no fueron denunciantes en la causa penal de origen), tiene el carácter de continuado, dio inicio a partir de la detención de dichas personas, con carácter de autora material y partícipe en los hechos, que culminó con las actuaciones derivadas de la averiguación correspondiente a cargo del quejoso, con una sentencia condenatoria en principio, que finalmente, el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Tribunal de Justicia del Estado revocó en el toca *******, al dictar sentencia absolutoria el catorce de julio de dos mil cinco, a favor de ******* y *******, por los delitos de homicidio agravado y violación, que se dijeron cometidos en perjuicio de quienes en vida llevaron los nombres de *******, *******, ******* y otras, a sabiendas de que dichas personas no habían intervenido en los hechos, por lo que hubo pluralidad de conductas, porque a pesar de saber que la detención no estaba apegada a derecho, no actuó en la detención arbitraria de los indiciados por conducto de Agentes de la Policía Judicial, que también participaron en los hechos, los cuales los tuvieron en aislamiento, sin asesoría alguna, se ejercieron actos violentos sobre la humanidad de dichos detenidos, en la que tuvo intervención en las diversas fases del proceso, el órgano inquisidor como son consignación, aportación de pruebas en contra de los implicados, conclusiones y agravios, por lo que transcurrieron tres años, ocho meses y cinco días, desde la fecha de la detención hasta la absolución y es a partir de esta última fecha, de donde inicia el cómputo de la prescripción, teniendo que se integró la averiguación previa en contra del aquí quejoso ******* y se ejerció acción penal hasta el dieciocho de septiembre de dos mil trece, por lo que el tiempo transcurrido desde la fecha de la detención de los imputados (nueve de noviembre de dos mil uno) hasta el ejercicio de la acción penal en contra del quejoso, el dieciocho de septiembre de dos mil trece (en la oficialía de turnos) y diecinueve de septiembre de dos mil trece (recibido en ese tribunal), once años, diez meses y nueve días, en el primer término o bien once años diez meses y diez días, en el segundo de los casos, como se desprende de la causa penal *******. Asimismo, concluyó, que desde el (dieciocho de septiembre de dos mil trece), en que fue absuelto ******* y de no haber fallecido ******* también habría sido absuelto por la Sala, a la fecha en que se ejerció acción penal en contra del hoy quejoso (dieciocho de septiembre de dos mil trece- oficialía de turnos) y (diecinueve de septiembre de dos mil trece-recibido en ese juzgado), once años, diez meses y nueve días, en el primer término o bien once años, diez meses y diez días, en el segundo de los casos, habían transcurrido ocho años, dos meses y cinco días, siendo evidente que en el particular como en el anterior, ya se encontraba extinguida la acción penal por prescripción a favor del quejoso *******, al haber transcurrido en exceso la media aritmética que se obtiene de las penalidades a imponer en el artículo 134 del Código Penal vigente en la fecha de los hechos, en el que se establece que el delito de abuso de autoridad, tiene una sanción privativa de libertad de uno a ocho años de prisión, siendo su media aritmética cuatro años y seis meses. Sin embargo, respecto de los delitos cometidos respecto a *******, ******* y ******* (denunciantes por conducto de sus respectivas madres, víctimas indirectas en la causa penal de origen) omitió establecer los dos elementos esenciales de la figura de prescripción de la acción penal, consistentes en la naturaleza del delito y la consumación de la conducta, para poder determinar el momento en que inició el término para que dicha figura opere, y con lo anterior poder determinar también, cuáles actuaciones procesales, ocurridas a partir de que dicho término inició, efectiva y válidamente lo interrumpieron, todo lo anterior a fin de establecer con seguridad jurídica, si en el momento en que el aquí quejoso se sujetó a proceso, el ejercicio de la acción penal estaba prescrito o no. Se afirma lo anterior, porque como ya se dijo, se concretó a decir por lo que respecta a los delitos cometidos en perjuicio de *******, ******* y *******, que de acuerdo a los hechos y omisiones en los que incurrieron tanto las autoridades investigadoras y los policías judiciales, que actuaron bajo la conducción y mando del quejoso, en el ejercicio de su función, así como en el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, partiendo de la fecha en que supuestamente había obtenido resultados en cuanto a la detención de los implicados ******* y ******* en la comisión de dichos injustos, en perjuicio de las citadas víctimas, de la cual derivó que los familiares de las hoy occisas acudieran ante la Corte Interamericana, precisó que operaba la prescripción en el particular, porque el actuar del hoy quejoso, fue a partir del nueve de noviembre de dos mil uno, a la emisión de la resolución de la Corte Interamericana que fue el dieciséis de noviembre de dos mil nueve, habían transcurrido ocho años y siete días, por lo que había transcurrido en exceso la media aritmética que resulta de las penas a imponer previstas en el artículo 134, en relación con los numerales 91, 92, 93, fracción III, y 94 del Código Penal vigente en la fecha de los hechos, ya que el citado artículo 134 relativo al delito de abuso de autoridad que se le atribuye al quejoso, establecía una penalidad de uno a ocho años de prisión, multa de treinta a doscientas veces el salario, inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro empleo, cargo, o función públicos o destitución, esto es, que su media aritmética resulta de cuatro años y seis meses de prisión, se reitera sin establecer la naturaleza del delito y la consumación de la conducta, para poder determinar el momento en que inició el término para que opere o no la prescripción de la acción penal. Aunado a que tampoco estableció los hechos u omisiones posiblemente constitutivos del delito de ******* que se le imputan al aquí quejoso, respecto de *******, ******* y *******, lo que sí hizo cuando se refirió a ******* y ******* al considerar lo siguiente: "(.) a sabiendas aquél de que dichas personas (Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza) no habían intervenido en los hechos, teniendo asimismo que hubo pluralidad de conductas, puesto que ordenó, se reitera, la detención arbitraria de los indiciados, por conducto de Agentes de la Policía Judicial, bajo su mando, que también participaron en los hechos, los cuales los tuvieron en aislamiento, sin asesoría alguna, como ya se había indicado y asimismo se le ejercieron actos violentos sobre la humanidad de dichos detenidos, en la que tuvo intervención en las diversas fases del proceso, el Órgano inquisidor, (como son consignación, aportación de pruebas en contra de los implicados, conclusiones y agravios) (.)". Por otra parte, si bien precisó a quiénes les asiste el carácter de víctimas indirectas, siendo de *******, sus padres ******* e *******; de *******, su madre *******; de *******, su madre *******; ******* y de ******* su cónyuge supérstite *******; y ordenó su notificación; sin embargo, remitió la constancia de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve (foja 277), de la que se advierte que el Oficial Notificador del Distrito Judicial Bravos, Licenciado *******, asentó la imposibilidad de notificar a la víctima indirecta de la víctima *******, esto es, a *******, sin que se advierta alguna otra constancia en la que conste la notificación a dicha víctima indirecta por parte de la responsable. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificado de este proveído, dé cabal cumplimiento a la totalidad de los efectos del fallo protector, para lo cual debe además realizar lo siguiente: a) Deje insubsistentes las resoluciones veintitrés, veinticuatro y veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, veinte de noviembre de dos mil dieciocho, así como la de diez de enero y veinticuatro de junio, estas últimas de dos mil diecinueve, todas dictadas con anterioridad en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto. b) Dicte una resolución en la cual realice lo siguiente: - Con plenitud de jurisdicción, y conforme a la argumentación que estime procedente, respecto de los delitos cometidos en perjuicio de *******, ******* y *******, resuelva la posible actualización de la prescripción de la acción penal, para lo cual deberá precisar la naturaleza del delito que nos ocupa y la fecha de consumación o en que se cometió la última conducta, a fin de estar en aptitud de computar el término para la actualización de dicha figura, debiendo fundar y motivar su determinación, ello con independencia de que estime o no que el delito es imprescriptible; - Reitere lo relativo a que les asiste el carácter de víctimas indirectas, de *******, a sus padres ******* e *******; de *******, a su madre *******; de *******, a su madre *******; a ******* y de ******* a su cónyuge supérstite *******; y ordenó su notificación, incluso dicte las medidas que resulten necesarias para que se logre la notificación de la víctima indirecta *******. [.] De lo anterior se advierte que en la resolución de diecisiete de julio de este año (foja 377), se determinó que la ejecutoria de amparo no estaba cabalmente cumplida, porque el juez responsable, no dejó insubsistentes las resoluciones que dictó el veintitrés, veinticuatro y veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, veinte de noviembre de dos mil dieciocho, así como la de diez de enero de dos mil diecinueve, donde pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto. Además, porque en la resolución que dictó el veintiuno de junio del año en curso, respecto de los delitos cometidos respecto de *******, ******* y ******* (denunciantes por conducto de sus respectivas madres, víctimas indirectas en la causa penal de origen) omitió establecer los dos elementos esenciales de la figura de prescripción de la acción penal, consistentes en la naturaleza del delito y la consumación de la conducta, para poder determinar el momento en que inició el término para que dicha figura operara, y con lo anterior poder determinar también, cuáles actuaciones procesales, ocurridas a partir de que dicho término inició, efectiva y válidamente lo interrumpieron, todo lo anterior a fin de establecer con seguridad jurídica, si en el momento en que el aquí quejoso se sujetó a proceso, el ejercicio de la acción penal estaba prescrito o no. Aunado a que tampoco estableció los hechos u omisiones posiblemente constitutivos del delito de abuso de autoridad que se le imputan al aquí quejoso, respecto de *******, ******* y *******. Y no envió la constancia relativa a la notificación de la víctima indirecta de la víctima *******, esto es, a *******. Con motivo de lo anterior, se requirió a la autoridad responsable Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. DÉCIMO TERCERO. Nuevas determinaciones emitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria. Respecto al mencionado requerimiento, el Juez responsable, mediante oficio ******* remitió transcripción autorizada del auto que emitió el veintidós de julio de la presente anualidad, en la Causa Penal ******* (foja 393). Luego, mediante oficio *******, envió, en lo que aquí interesa, copia certificada de la resolución que pronunció el ocho de agosto de dos mil diecinueve, dentro de la Causa Penal indicada (fojas 412 a 465). Posteriormente, mediante oficio *******, remitió copia certificada de las constancias de notificación relativas a la resolución referida en el párrafo que antecede, relativas a *******, *******, *******, ******* y *******. Finalmente, por oficio *******, envió las constancias relativas a la notificación practicada a la víctima indirecta *******, respecto de la resolución que emitió el ocho de agosto del año en curso. A tales documentales descritas, se les reconoce valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, al ser remitidas por la autoridad responsable en copia certificada. DÉCIMO CUARTO. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, por auto de cinco de septiembre del año en curso (foja 528), con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa personalmente con las documentales referidas en el considerando que antecede, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento, de lo cual quedó debidamente notificada el cinco de septiembre del año que transcurre (foja 529), sin que desahogara la vista. DÉCIMO QUINTO. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Este Juzgado procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, de los que se advierte que el Juez Primero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, realizó lo siguiente: 1. Por acuerdo de veintidós de julio de la presente anualidad, dentro de la Causa Penal ******* (foja 393), dejó insubsistentes las resoluciones que dictó el veintitrés, veinticuatro y veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, que fueron precisamente los actos que fueron reclamados en este juicio de amparo. 2. En el mismo auto, dejó insubsistentes las diversas resoluciones que emitió el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, así como la de diez de enero y veintiuno de junio de dos mil diecinueve, mediante las cuales intentó dar cumplimiento al fallo protector. 3. Con plenitud de jurisdicción, el ocho de agosto del año en curso (fojas 412 a 466), dictó una nueva resolución en la cual resolvió la situación jurídica del quejoso, en donde consideró que: - El delito de abuso de autoridad atribuido a *******, tenía el carácter de instantáneo, toda vez que el delito se consumó el once de noviembre de dos mil uno, cuando el quejoso consignó la carpeta de investigación seguida en contra de ******* y ******* ante el Juez Penal y fue verificado bajo la modalidad de acción, toda vez que tal exfuncionario fue el encargado de dirigir dicha investigación. - Dicho delito fue cometido en perjuicio de la acción pública, en grado de probabilidad, de la que resultaron como víctimas indirectas *******; y de *******, su cónyuge supérstite *******, pues afectó su derecho a la justicia al solicitar su formal procesamiento; de *******, sus padres, ******* e *******; de *******, su madre *******; y de *******, su madre *******, pues también afectó su derecho a la justicia, además de no tener la certeza jurídica que el Estado debe proveer; por lo que ordenó que se notificara la determinación en comento. - La acción penal del delito de abuso de autoridad cometido, en grado de probabilidad, por aquél, estaba prescrita, toda vez que consideró que al haberse consumado el delito desde el once de noviembre de dos mil uno, a la fecha en que dictó la resolución en comento, habían transcurrido diecisiete años, ocho meses y veintiocho días y tomando en cuenta que el antijurídico que se le imputaba tenía una pena de prisión según el artículo 134, fracción IV del Código Penal vigente en la fecha de los hechos, de uno a ocho años de prisión, cuyo término medio aritmético es de cuatro años y seis meses de prisión, era evidente que la acción penal se encontraba extinguida por prescripción a favor del aquí quejoso. 3. Remitió las constancias de notificación de las víctimas indirectas *******; de *******, a su cónyuge supérstite *******; de *******, a sus padres, ******* e *******; de *******, a su madre *******; y de *******, a su madre *******. De lo anterior se advierte que la autoridad responsable realizó sus actuaciones ajustándose a lo determinado en el fallo protector, pues resolvió la situación jurídica del quejoso y analizó la actualización de la prescripción de la acción penal, purgando los vicios y omisiones que le fueron indicados; además, estableció a quiénes les asistía el carácter de víctimas indirectas dentro de la Causa Penal *******, de su índice y les notificó la resolución que pronunció, ajustándose a los lineamientos de la ejecutoria de amparo. No se soslaya que la autoridad responsable al emitir la resolución en estudio no se pronunció respecto del punto de la ejecutoria, del tenor literal siguiente: (..) b) En su lugar, solo en caso de dictar un nuevo auto de formal prisión, emita una nueva determinación en la que, con plenitud de jurisdicción, pero sin incurrir en los vicios formales que le fueron destacados en este considerando, determine: - A quién o a quiénes les asiste, en caso de que así sea, el derecho a una eventual reparación del daño en el presente asunto y, sobre esa base, precise aquellas cantidades que el inculpado deberá de exhibir para acceder al beneficio de libertad provisional bajo caución. - Finalmente, deberá volver a pronunciarse sobre los restantes aspectos que la ley penal establece para la fijación de la medida caucional, purgando los vicios de fundamentación y motivación de que carece el acto reclamado y que fueron evidenciados en este considerando. (.) No obstante, el mismo sólo se actualizaba en caso de que el Juez responsable emitiera un nuevo auto de formal prisión, lo que en el caso no ocurrió, pues el ocho de agosto de dos mil diecinueve, decretó el sobreseimiento de la causa penal, al estimar que la acción penal estaba prescrita. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó al quejoso, en el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Además, conviene precisar que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se advierte que con dicho proceder la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 254/2018-IV, ha quedado cumplida. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa de este proveído, haciéndole saber que en caso de no estar conforme con la presente resolución, podrá actuar según lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley en cita; y por oficio a la Autoridad responsable. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos para que consten como legalmente correspondan el oficio ******* y anexo de cuenta; téngase al Juez Primero de Ejecución de Penas con funciones de sistema tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, informando las gestiones que está realizando a fin de dar cumplimiento al requerimiento de veinte de agosto del año en curso (foja 499). No obstante, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez responsable, para que dentro del término de tres días, contado legalmente, remita en copia certificada: - La constancia que acredite notificó a *******, la resolución que dictó en cumplimiento al fallo protector emitido en este juicio. Se le apercibe que en caso de no hacerlo así, dentro del plazo concedido: a) Con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional ($8,449.00); y b) Se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en turno, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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