Jesús Manuel Huerta Saucedo
Expediente 876/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 876/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jesús Manuel Huerta Saucedo
Actuaciones
- Principal
Visto; el escrito presentado por el quejoso Jesús Manuel Huerta Saucedo, por el que en cumplimiento al requerimiento efectuado por este Juzgado en proveído de veintinueve de octubre de esta anualidad exhibe copia simple del auto de quince de octubre de dos mil diecinueve, que señala como acto reclamado; al respecto, se acuerda: Téngase por cumplido el citado requerimiento. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda que originó el presente expediente, se advierte que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo. En efecto, reclama el promovente el auto de quince de octubre de dos mil diecinueve, emitido por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Uno en Zacatecas, con sede en Guadalupe, en el que hace efectivo apercibimiento hecho al quejoso dentro del expediente agrario 1394/2019 de su índice y ordena el archivo del expediente por falta de interés en la tramitación del mismo. Así las cosas, se afirma que contra dicha determinación es improcedente el juicio de amparo indirecto, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, de la Ley de Amparo, para solicitar la Protección de la Justicia Federal ante un Juez de Distrito. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a) y V inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 47 y 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es procedente contra las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio; a su vez el diverso numeral 170, fracción I, párrafos segundo y tercero, precisa que se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, debiéndose agotar previamente los recursos ordinarios establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales puedan ser modificadas o revocadas. Por lo que, en el presente asunto, el acto reclamado consistente en el auto de quince de octubre de dos mil diecinueve, es una determinación que pone fin al citado juicio. Sobre el particular, resulta aplicable en lo conducente, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), publicada en la página noventa y cinco, del Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, con registro: 2008791, del tenor: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". En atención a lo anterior, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, estima que el acto reclamado es una determinación que pone fin al juicio de origen, por lo que se declara incompetente de plano para conocer de la demanda de amparo en cuestión y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracciones V, inciso d) y VI de la Constitución General de la República, 47 y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda promovida por Jesús Manuel Huerta Saucedo, por su propio derecho, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Uno en Zacatecas y copias simples de la misma, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en turno, con residencia en Zacatecas, capital, para lo que tenga a bien determinar. Con copia certificada de la demanda y demás constancias conducentes, fórmese cuaderno de antecedentes.
- Principal
se publica el auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve, con efectos de notificar a la parte quejosa: Visto; el escrito presentado por el quejoso Jesús Manuel Huerta Saucedo, por el que en cumplimiento al requerimiento efectuado por este Juzgado en proveído de veintinueve de octubre de esta anualidad exhibe copia simple del auto de quince de octubre de dos mil diecinueve, que señala como acto reclamado; al respecto, se acuerda: Téngase por cumplido el citado requerimiento. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda que originó el presente expediente, se advierte que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, carece de competencia legal para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo. En efecto, reclama el promovente el auto de quince de octubre de dos mil diecinueve, emitido por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Uno en Zacatecas, con sede en Guadalupe, en el que hace efectivo apercibimiento hecho al quejoso dentro del expediente agrario 1394/2019 de su índice y ordena el archivo del expediente por falta de interés en la tramitación del mismo. Así las cosas, se afirma que contra dicha determinación es improcedente el juicio de amparo indirecto, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 107, de la Ley de Amparo, para solicitar la Protección de la Justicia Federal ante un Juez de Distrito. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso a) y V inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 47 y 170 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo es procedente contra las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio; a su vez el diverso numeral 170, fracción I, párrafos segundo y tercero, precisa que se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, debiéndose agotar previamente los recursos ordinarios establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales puedan ser modificadas o revocadas. Por lo que, en el presente asunto, el acto reclamado consistente en el auto de quince de octubre de dos mil diecinueve, es una determinación que pone fin al citado juicio. Sobre el particular, resulta aplicable en lo conducente, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), publicada en la página noventa y cinco, del Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, con registro: 2008791, del tenor: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor.". En atención a lo anterior, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, estima que el acto reclamado es una determinación que pone fin al juicio de origen, por lo que se declara incompetente de plano para conocer de la demanda de amparo en cuestión y, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracciones V, inciso d) y VI de la Constitución General de la República, 47 y 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda promovida por Jesús Manuel Huerta Saucedo, por su propio derecho, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito Uno en Zacatecas y copias simples de la misma, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en turno, con residencia en Zacatecas, capital, para lo que tenga a bien determinar. Con copia certificada de la demanda y demás constancias conducentes, fórmese cuaderno de antecedentes.
- Principal
Vista; la demanda de amparo presentada por ******************** por su propio derecho, contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Primer Distrito en Guadalupe, Zacatecas, por violación a sus derechos fundamentales, el Juez acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 876/2019-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de mérito, se advierte que la misma presenta irregularidades. En efecto, el quejoso señala como acto reclamado el auto de quince de octubre de dos mil diecinueve, emitido dentro de los autos del juicio agrario ********************, por el que refiere, se ordenó el archivo definitivo del citado expediente. Sin embargo, en los antecedentes del acto reclamado narra que promovió juicio ante el Tribunal Unitario Agrario a efecto de que se le reconozca como legítimo dueño de un lote propio para fincar; que su demanda fue radicada con el número de expediente ********************; asimismo, que el doce de septiembre de esta anualidad, se le requirió para que exhibiera diversa documentación, habiendo dado cumplimiento a ello el uno de octubre de esta anualidad. Finalmente, que el doce de septiembre de dos mil diecinueve, la responsable emitió un acuerdo del que refiere, acompaña copia (sin que a la demanda se haya anexado documento alguno). De lo anterior, se advierte que la demanda de amparo no es clara en cuanto a la fecha de la emisión del acto reclamado ni lo que en el mismo se proveyó. Por tanto, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda en relación a su demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el artículo 108, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo; requiérase al quejoso para que dentro del término de cinco días, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia, y bajo protesta de decir verdad: Precise la fecha del acto reclamado, así como lo que en el mismo se acordó y, de ser posible, adjunte copia simple del mismo. Lo anterior es así, considerando que los referidos preceptos legales, obligan al promovente del amparo a señalar el acto que reclama de manera clara y precisa y no en los términos imprecisos en que lo hace. Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido, en el término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, conforme lo dispone el numeral 114 de la Ley de Amparo. Ténganse por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ********************; y, como domicilio para ello, el ubicado en calle ********************, número ********************(********************), colonia********************, en esta ciudad.
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