Jesús Manuel Guerra de Luna

Expediente 20/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
20/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Jesús Manuel Guerra de Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, siete de marzo de dos mil veintidós. Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial Adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, mediante el cual transcribe el auto de tres de marzo de dos mil veintidós, por medio del cual se declaró que causó estado el diverso por el que desechó el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, asimismo anexa los autos del original del juicio de amparo 20/2022; acúsese recibo de estilo. Por otra parte, vista la certificación que antecede de la que se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa; se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad de Zacatecas, mediante el cual, transcribe el auto de diecisiete de febrero del año en curso, del que se advierte que dicho Tribunal desechó el recurso de revisión interpuesto por el autorizado en términos amplios del quejoso Jesús Manuel Guerra de Luna, contra el auto de siete de enero de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado; revisión que quedó registrada con el número 43/2022. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente la licenciada María Citlallic Vizcaya Zamudio, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida de la secretaria de juzgado, licenciada Hilda Patricia Gaytán de la Torre, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, primero de febrero de dos mil veintidós. Visto; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el ocurso presentado por Gustavo Adolfo Rosso Núñez, autorizado del quejoso Jesús Manuel Guerra de Luna, en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo, mediante el cual interpone recurso de revisión contra el auto de siete de enero de dos mil veintidós, dictado en este juicio. Con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, dentro del término legal remítase el original del escrito de agravios al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, capital. Una vez que el mismo se encuentre debidamente integrado, a través de la acción de vinculación - relación de expedientes mediante SISE; requiérase a las Analistas Jurídicas SISE de este juzgado, y del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, en turno, realicen adecuadamente los movimientos necesarios en el sistema que posibiliten la consulta de las constancias que integran el expediente electrónico, en términos de la circular DGGJ/0012/2020, expedida por el Consejo de la Judicatura Federal a través de la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, del diez de julio del dos mil veinte, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. En la inteligencia de que, atendiendo a la carga de trabajo con que se cuenta dentro de este órgano jurisdiccional, la carencia de personal de manera presencial dentro de éste, aún más reducida por el periodo vacacional de que disfruta parte de personal que integra este juzgado, y el limitado tiempo que se puede permanecer en el mismo, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, del propio Pleno, las notificaciones que deriven del presente asunto, se deberán realizar conforme las cargas de trabajo de este juzgado lo permitan, lo anterior con apoyo en la circular 1/2022, firmada por el licenciado Arturo Guerrero Zazueta, Secretario de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, el trece de enero de dos mil veintidós.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, siete de enero de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Jesús Manuel Guerra de Luna, por propio derecho, contra actos de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y otra autoridad, por violación a diversos preceptos Constitucionales, se acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 20/2022-II y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La inminente suspensión o cese de la entrega a mi persona de la cantidad de $ 4,310.00 (cuatro mil trescientos diez pesos 00/100 M.N), por concepto de mi beca de capacitación para el trabajo otorgada bajo el programa del Gobierno Federal denominado "Jóvenes Contrayendo el Futuro"; así como su ejecución. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Quien resuelve advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo que impone desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 730, de la novena época, tomo X, septiembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicada en términos del sexto transitorio de la Ley de Amparo, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Así como la tesis II.2°.C.T.19K, visible en la página 618, del Semanario Judicial de la Federación, tomo V, mayo de 1997, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, con registro 198810, aplicada en términos del sexto transitorio que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto." Cabe destacar que el presente estudio se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, con registro digital 192097, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el caso específico, el impetrante del amparo reclama "la inminente suspensión o cese de la entrega a mi persona de la cantidad de $ 4,310.00 (cuatro mil trescientos diez pesos 00/100 M.N), por concepto de mi beca de capacitación para el trabajo otorgada bajo el programa del Gobierno Federal denominado "Jóvenes Contrayendo el Futuro"; así como su ejecución" En efecto, conviene señalar que la ley que rige el juicio de control constitucional, en su artículo 61, fracción XXIII,, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1° de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico (o legítimo en los casos que así proceda) del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, las formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De ahí que conforme al artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. En ese sentido, conforme al contenido del artículo 6 de la ley de la materia, se tiene que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o jurídica que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, por lo que las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de suerte que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten de momento en forma real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En vía de consecuencia, la noción perjuicio para que proceda el juicio de amparo, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad o por la ley misma, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurídico correspondiente, demandando el cese de esa trasgresión. Se invoca al respecto, la tesis I.18o.A.37 K (10a.) del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 85, Abril de 2021, Tomo III, página 2199, con registro digital 2023018, que señala: "AMPARO. LA PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DEPENDE DE LA EXISTENCIA DE UN PERJUICIO REAL. La reforma constitucional en materia de derechos humanos y de amparo del año dos mil once, elevó a rango superior el reconocimiento de los derechos humanos de que gozan las personas y el interés legítimo, como elemento de procedibilidad de la acción constitucional. Además, con motivo de dicha reforma, se emitió la nueva Ley de Amparo por virtud de la cual, actualmente procede el juicio de amparo con base no sólo en el interés jurídico, sino también en un interés legítimo y tal circunstancia no puede traducirse en una apertura absoluta para que, por cualquier motivo, se acuda al juicio constitucional, puesto que, al igual que el interés jurídico, el legítimo parte de la premisa de que exista un perjuicio real, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela". Asimismo se cita la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138 del tomo XV-I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de febrero de 1995, con registro 209001, que dispone: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Por consiguiente, el agravio futuro, sin proximidad temporal, no da lugar a que se pueda interponer el amparo, y si se promueve, en este supuesto habrá de producirse la causa de improcedencia en comento. Corrobora lo anterior el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXV, página 2188, registro digital 325178, de rubro y texto: "ACTOS FUTUROS. No es de revocarse el sobreseimiento dictado en el amparo, con respecto a infracciones que puedan levantarse en el futuro, porque esos actos, por su carácter de futuros e inciertos, no dan lugar al juicio de garantías, pues respecto de actos futuros, el juicio constitucional sólo es procedente cuando son de inminente realización." A efecto de verificar la procedencia de esta instancia constitucional, el quejoso debe probar de manera indiciaria que el acto de autoridad que reclaman afecta de forma real y actual su esfera jurídica, ya que el sólo temor de que se lleve a cabo un acto de autoridad que lesione sus derechos fundamentales, o bienes, en modo alguno constituye una afectación a los derechos tutelados por la norma jurídica, ni los faculta para incoar el juicio de amparo en defensa de sus intereses, pues ese derecho nace a partir de la fecha en que efectivamente se tiene conocimiento de la existencia de un acto de autoridad que vulnera su esfera de derechos y que objetivamente le cause agravios, no únicamente de una suposición, o de un cometido de una persona; pues ello no actualiza la presunción de su existencia o la posibilidad de que surja en un futuro. En el caso concreto, de las manifestaciones vertidas en el escrito de demanda se advierte que la parte quejosa solo refiere actos que no se han materializados, pues únicamente señala como acto reclamado la inminente suspensión o cese de la entrega a mi persona de la cantidad de $ 4,310.00 (cuatro mil trescientos diez pesos 00/100 M.N), por concepto de su beca de capacitación para el trabajo otorgada bajo el programa del Gobierno Federal denominado "Jóvenes Contrayendo el Futuro"; así como su ejecución, toda vez que asume que se le ha dado de baja del citado programa por lo que el depósito que se debería realizar en fecha trece de enero de dos mil veinte, se suspenda o cese. Sin embargo, debe señalarse que se trata de actos futuros, de realización incierta, pues a la fecha de presentación de la demanda, los mismos, no se han materializado, de ahí que no exista certeza de que tales actos llegarán a verificarse; es decir, en el presente caso no se acredita que se trate de actos de realización inminente. Lo anterior, evidencia una "suposición subjetiva; y apreciación personal", evento en el que el solicitante del amparo sustentan su reclamo, en la posible afectación de sus intereses por futuros actos de autoridad. En ese tenor, resulta claro que los actos que por esta vía intenta combatir, no existen en el orden jurídico real y actual, por tanto, no puede afirmar le irrogue algún perjuicio a su esfera de derechos; máxime, que no tienen elementos que le permitan presumir que en realidad los actos que combaten le irrogarán algún perjuicio personal y directo; lo cual evidencia que lo que el quejoso intenta, es prevenir actos futuros de realización incierta, en contra de los cuales deviene improcedente el juicio de amparo. Por tanto, es válido concluir que el peticionario del amparo no han sufrido algún perjuicio real y actual en su esfera jurídica con motivo de los actos que se examinan, lo cual hace improcedente la presente instancia constitucional, en virtud de que el juicio de amparo tiene como objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de la autoridad que violen derechos fundamentales del gobernado y sus efectos son restituir al agraviado en el goce éstos, lo que se colige de la interpretación de los artículos 1 y 73 de la Ley de Amparo, y por ello es necesario que se demuestre la existencia misma del acto de afectación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda, de modo que se pueda apreciar el perjuicio irrogado a los quejosos de manera real y actual, ya que, como se adelantó, este constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de amparo, supuesto que evidentemente, no se acredita en la especie. La determinación que aquí se adopta se justifica porque la demanda de amparo tiene como fin obtener la protección de la justicia federal a efecto de que se restituya a los solicitantes de amparo en el goce del derecho fundamental violentado, y no para prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la hipótesis de que el perjuicio no exista al momento de ejercitar la acción, sino durante la tramitación del juicio. Por su contenido informativo, resulta aplicable la tesis I.7o.A.24 K (10a.) del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo II, página 1780, con registro digital 2014131, que señala: "PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO EN EL AMPARO. NO OPERA RESPECTO DE ACTOS FUTUROS, PROBABLES, REMOTOS O DE REALIZACIÓN INCIERTA. La referida presunción, establecida en el artículo 117, cuarto párrafo, de la ley de la materia, no opera tratándose de actos futuros, probables o remotos, en virtud de que, en primer lugar, si se presume cierto el acto por falta del informe justificado, aquél se desnaturalizaría (futuro probable), convirtiéndolo, por esa presunción, en futuro inminente y haciendo procedente un juicio que, dada la naturaleza del acto reclamado, es improcedente y, en segundo lugar, porque esa misma naturaleza actúa como prueba en contrario de la presunción de certeza. Así, para determinar lo conducente, el juzgador de amparo debe realizar el siguiente ejercicio: cerciorarse de que no exista informe justificado; ante su inexistencia, no debe, ipso facto, declarar la presunción indicada, pues antes debe analizar si está o no destruida por prueba en contrario. Para este efecto, debe estudiar integralmente la demanda, sus anexos y demás constancias de autos y, si de ese estudio advierte la confesión del quejoso en el sentido de que el acto es futuro, probable, remoto o de realización incierta, entonces concluirá, y así deberá plasmarlo en la sentencia, que la presunción de certeza está desvirtuada por confesión del propio particular, pues sería contrario a las reglas de la lógica y al raciocinio que, ante la falta de informe, se tenga por cierto un acto que no se tiene convicción de que lo sea y luego analizar si es o no inconstitucional en sí mismo." Por tanto, como ya quedó establecido que el acto reclamado no causa de momento un perjuicio a la parte impetrante del amparo, pues su constitución resulta futura e incierta, se torna indudable y notoria la improcedencia del juicio de derechos humanos que promueve ante este juzgado de Distrito Jesús Manuel Guerra de Luna, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1°, 5°, fracción I y 6º, todos de la Ley de Amparo; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el diverso arábigo 113 de la invocada Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Gustavo Adolfo Rosso Núñez. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en vialidad San Simón, número ciento dieciocho (118), Fraccionamiento La Cañada, en Guadalupe, Zacatecas. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico.

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