Jesus Manuel Carreon Millan

Expediente 982/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
982/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
04/02/2021

Partes del expediente

  • Jesus Manuel Carreon Millan

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de noviembre de dos mil veinte. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Jesús Daniel Carreón Millán, contra actos del Fiscal Regional Zona Sur Poniente en el Estado de Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 982/2020, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de la demanda Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 61, fracción XXIII, con relación al 6º y 108, fracción I, todos de la ley en consulta, y en relación al dispositivo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la demanda, misma que fue exhibida ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa, se advierte que carece de firma autógrafa, por lo que no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 6º y 108 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa que se rige por el principio de instancia de parte agraviada. A efecto de sustentar el estudio del presente asunto, son de transcribirse los artículos conducentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; (.)" Como se desprende del contenido de la anterior trascripción, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y, en relación con ella, el artículo 6º de la Ley de la Materia, señala que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de la Ley de la Materia. En efecto, si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, las mismas deben ser suscritas por el interesado, por ser la demanda la base de todo el procedimiento legal y así considerar a quien lo suscribió como parte quejosa, luego, la falta de la firma autógrafa tiene como efecto que el escrito no constituya demanda, que no pueda considerarse como quejoso al que no firmó, y no ha lugar a tener por promovido el juicio de amparo. Ahora bien, si la parte que se considera agraviada promueve juicio de amparo y el escrito que contiene la demanda respectiva carece de firma autógrafa, formalidad indispensable para dar curso a cualquier escrito que contenga una promoción judicial, ya que la firma al pie del documento sirve para dar autenticidad al mismo, debe entenderse que, conforme a lo dispuesto por los artículos citados, propiamente no existe parte quejosa. Por ello, tomando en consideración que para que pueda hablarse de la existencia de una demanda de amparo, es preciso que conste la voluntad de dicha parte de solicitar la protección de la Justicia Federal, voluntad que se manifiesta por medio de la suscripción del documento respectivo. En el presente caso, se advierte que la demanda que se tiene a la vista no contiene firma autógrafa, por tanto, es claro que no puede tenerse por legalmente promovida dicha demanda. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 156, emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 128, del mismo Tomo y Apéndice, Séptima Época, la cual refiere: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio.". Sin que haya lugar a prevenir a la ocursante, ya que ello debe realizarse únicamente al actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 114 de la Ley de Amparo, más no cuando la demanda no contenga firma autógrafa, pues en este caso no puede considerarse que exista una demanda que perfeccionar. Es aplicable al presente caso, por analogía, la tesis emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 314, del Semanario Judicial de la Federación Tomo X, Octava Época, Octubre de 1992, la cual establece: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una 'irregularidad' de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia.". Igualmente, la consideración que antecede encuentra apoyo en la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable la página 96, Tomo 175-180, Sexta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa." En consecuencia, en el caso queda actualizada una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 61, fracción XXIII, con relación al 6º y 108, fracción I, todos de la ley en consulta, y en relación al dispositivo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. Domicilio procesal y autorizados Por otra parte, y toda vez de que la parte impetrante de amparo no señaló domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, pues el que indica en su demanda no está previsto en la Ley; la notificación del presente auto, las subsecuentes y aún las de carácter personal, háganse por medio de lista, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo se tiene por autorizados a las personas que precisa en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

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