Jesus Maldonado Piza

Expediente 403/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
403/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
03/08/2022

Partes del expediente

  • Jesus Maldonado Piza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de agosto de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de trece de julio de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". 1.- Deje insubsistente el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veinte, que dictó dentro de la carpeta de investigación ..., que ordenó la devolución a Jesús Maldonado Piza, del vehículo marca Chrysler, modelo 2002, color gris, sin placas, con número de serie ..., con número de motor INPORTADO, derivado de la carpeta de investigación ..., a Grúas Aguilar Xochitepec. 2.- Una vez realizado lo anterior, emita un diverso acuerdo ministerial, en el cual reitere el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veinte que emitió en la referida carpeta donde ordenó la devolución del referido automotor a Jesús Maldonado Piza, sin mediar pago alguno por el servicio prestado por Grúas Aguilar Xochitepec, dado su carácter de víctima directa dentro de la carpeta de investigación de origen, conforme a los lineamientos expuestos en esta sentencia. En dicho acuerdo también deberá fijar la fecha y hora a fin de que mediante diligencia formal acuda junto con el referido quejoso a las instalaciones de Grúas Aguilar Xochitepec donde está resguardado el multicitado vehículo para proceder a la devolución de tal bien. Para ello, deberá expedir el oficio correspondiente y notificarlo oportunamente a la empresa de Grúas Aguilar Xochitepec, para hacer saber dicha determinación. En la diligencia señalada para tal efecto, deberá cerciorarse de la devolución material de la unidad antes descrita, propiedad de Jesús Maldonado Piza, sin exigírsele pago alguno por derecho de banderazo, traslado, inventario y pensión por día. Debe vigilar que los propietarios, encargados o trabajadores del citado corralón permitan la salida del vehículo anteriormente identificado, sin solicitar cobro alguno. La autoridad ministerial responsable de considerarlo necesario para cumplimentar la entrega del automotor correspondiente, podrá hacer uso de la fuerza pública, conforme el artículo 104 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es menester puntualizar: la entrega de tal unidad debe realizarse en el mismo estado con el cual ingresó al corralón para su resguardo, por ello -conforme al inventario levantado cuando entró- la autoridad ministerial debe verificar y registrar las condiciones en las cuales la unidad es devuelta a su propietario, aquí quejoso. Para lo anterior, la agente responsable deberá levantar un acta ministerial, en la cual asiente el cumplimiento dado a todo lo antes señalado. Quedan a salvo los derechos de la autoridad responsable Grúas Aguilar Xochitepec, para hacerlos valer en la vía y forma que considere oportuna. .". Inconforme con dicha determinación la responsable Grúas Aguilar Xochitepec, interpusieron recurso de revisión el cual por turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien lo registró bajo el número 168/2022, quien mediante acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, determinó desechar dicho recurso, el cual quedó firme al no ser recurrido por dicha autoridad; por lo anterior, dicha sentencia causo ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, remitió mediante oficio once de julio de dos mil veintidós, remitió copia certificada de la determinación de seis de julio de dos mil veintidós, donde ordenó dejar sin efectos el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veinte, que dictó dentro de la carpeta de investigación ..., que ordenó la devolución a Jesús Maldonado Piza, del vehículo marca Chrysler, modelo 2002, color gris, sin placas, con número de serie ..., con número de motor IMPORTADO, derivado de la carpeta de investigación ..., a Grúas Aguilar Xochitepec, y procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, donde fijó la fecha y hora a fin de que mediante diligencia formal acuda junto con el referido quejoso a las instalaciones de Grúas Aguilar Xochitepec donde está resguardado el multicitado vehículo para proceder a la devolución de tal bien. Para ello, giró y notificó el oficio correspondiente a la empresa de Grúas Aguilar Xochitepec, para hacer saber dicha determinación. Llevando a cabo la diligencia señalada para tal efecto, donde procedió a cerciorarse de la devolución material de la unidad antes descrita, propiedad de Jesús Maldonado Piza, sin exigírsele pago alguno por derecho de banderazo, traslado, inventario y pensión por día, vigilando que los propietarios, encargados o trabajadores del citado corralón permitan la salida del vehículo anteriormente identificado, sin solicitar cobro alguno, procediendo además a revisar y realizar el inventario correspondiente la autoridad ministerial donde verificó y registró las condiciones en las cuales la unidad es devuelta a su propietario, aquí quejoso, levantando el acta ministerial conducente; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que mediante determinación de seis de julio de dos mil veintidós, ordenó dejar sin efectos el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veinte, que dictó dentro de la carpeta de investigación ..., que ordenó la devolución a Jesús Maldonado Piza, del vehículo marca Chrysler, modelo 2002, color gris, sin placas, con número de serie ..., con número de motor IMPORTADO, derivado de la carpeta de investigación ..., a Grúas Aguilar Xochitepec, y procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, donde fijó la fecha y hora a fin de que mediante diligencia formal acuda junto con el referido quejoso a las instalaciones de Grúas Aguilar Xochitepec donde está resguardado el multicitado vehículo para proceder a la devolución de tal bien. Para ello, giró y notificó el oficio correspondiente a la empresa de Grúas Aguilar Xochitepec, para hacer saber dicha determinación, con el apercibimiento correspondiente para hacer cumplir sus determinaciones. Llevando a cabo la diligencia señalada para tal efecto, donde procedió a cerciorarse de la devolución material de la unidad antes descrita, propiedad de Jesús Maldonado Piza, sin exigírsele pago alguno por derecho de banderazo, traslado, inventario y pensión por día, vigilando que los propietarios, encargados o trabajadores del citado corralón permitan la salida del vehículo anteriormente identificado, sin solicitar cobro alguno, procediendo además a revisar y realizar el inventario correspondiente la autoridad ministerial donde verificó y registró las condiciones en las cuales la unidad es devuelta a su propietario, aquí quejoso, levantando el acta ministerial conducente; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veinte, que dictó dentro de la carpeta de investigación ..., y emita un diverso acuerdo ministerial, en el cual reitere el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veinte que emitió en la referida carpeta donde ordenó la devolución del referido automotor a Jesús Maldonado Piza, sin mediar pago alguno por el servicio prestado por Grúas Aguilar Xochitepec, fijar la fecha y hora a fin de que mediante diligencia formal acuda junto con el referido quejoso a las instalaciones de Grúas Aguilar Xochitepec para proceder a la devolución de tal bien, girar oficio correspondiente y notificarlo oportunamente a la empresa de Grúas Aguilar Xochitepec, para hacer saber dicha determinación; En la diligencia señalada para tal efecto, deberá cerciorarse de la devolución material de la unidad antes descrita, propiedad de Jesús Maldonado Piza, sin exigírsele pago alguno por derecho de banderazo, traslado, inventario y pensión por día, para lo anterior, la agente responsable deberá levantar un acta ministerial, en la cual asiente el cumplimiento dado a todo lo antes señalado. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las cuales se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°; se advierte que ordenó dejar sin efectos el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veinte, que dictó dentro de la carpeta de investigación ..., que ordenó la devolución a Jesús Maldonado Piza, del vehículo marca Chrysler, modelo 2002, color gris, sin placas, con número de serie ..., con número de motor IMPORTADO, derivado de la carpeta de investigación ..., a Grúas Aguilar Xochitepec, y procedió a dictar una nueva determinación en cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, donde fijó la fecha y hora a fin de que mediante diligencia formal acuda junto con el referido quejoso a las instalaciones de Grúas Aguilar Xochitepec donde está resguardado el multicitado vehículo para proceder a la devolución de tal bien. Para ello, giró y notificó el oficio correspondiente a la empresa de Grúas Aguilar Xochitepec, para hacer saber dicha determinación, con el apercibimiento correspondiente para hacer cumplir sus determinaciones. Llevando a cabo la diligencia señalada para tal efecto, donde procedió a cerciorarse de la devolución material de la unidad antes descrita, propiedad de Jesús Maldonado Piza, sin exigírsele pago alguno por derecho de banderazo, traslado, inventario y pensión por día, vigilando que los propietarios, encargados o trabajadores del citado corralón permitan la salida del vehículo anteriormente identificado, sin solicitar cobro alguno, procediendo además a revisar y realizar el inventario correspondiente la autoridad ministerial donde verificó y registró las condiciones en las cuales la unidad es devuelta a su propietario, aquí quejoso, levantando el acta ministerial conducente; en ese sentido se tiene que la responsable cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en los párrafos que anteceden y a lo que establece el artículo el artículo 18, fracción I, inciso a), y 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Por otra parte, con apoyo en el artículo 21 inciso c), en el término señalado en su oportunidad, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser destruido, toda vez que, tanto la suspensión provisional como la definitiva se determinó negarlas. En atención que dicho Incidente (duplicado y original) de suspensión carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que en los términos señalados respectivamente pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de julio de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos los oficios signados por Yuridia Alvarez Mederos, Agente del Ministerio Público Titular de la Primera Fiscalía en la Investigación de Robo de Vehículos, de la Fiscalía Regional Metropolitana, mediante el cual informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe la literalidad del proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós, dictado en el recurso de revisión 168/2022, en el que informa que la persona moral que ahí indica, no interpuso recurso de reclamación contra el auto de veintiséis de mayo del año en curso, en el que se desechó el recurso de revisión que intentó contra la sentencia de trece de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio de amparo citado al rubro; por lo que declaro que dicho auto quedo firme, ordenando la devolución de los autos del juicio en cita; por tanto, téngase por hecha la comunicación para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de acusar de recibo por el motivo que ahí expone. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos y lo determinado por el Tribunal de mérito, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia definitiva dictada dentro del juicio de amparo que nos ocupa ha causado ejecutoria. En tales condiciones, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: Décima época Registro: 2007912 Instancia: Pleno Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, noviembre de 2014, tomo I Materia: Común Tesis: P./J. 60/2014 Página: 7 "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Notifíquese; y personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe la literalidad del proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, dictado en el toca 168/2022, en el que informa que se desecha el recurso de revisión interpuesto por la responsable que ahí refiere, contra la sentencia dictada dentro del juicio de amparo citado al rubro; atento a lo anterior, se toma del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.

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