Jesús Manuel Aldaco Gracia
Expediente 773/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 773/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús Manuel Aldaco Gracia
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de once de agosto del presente año por el que se desechó la demanda. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado estado, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido por el artículo 20, fracción II), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Asimismo, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto ********************, ello, en términos del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.IRS
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Visto la constancia de cuenta, se advierte que el actuario judicial de la adscripción hizo constar la imposibilidad de notificar el proveído de once del actual a ********************, pues una vez que se constituyó en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, advirtió que el interior mencionado no existe. Por tal motivo, se ordena que la notificación del proveído de once del presente mes y año, así como las subsecuentes de carácter personal, le sean practicadas por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado; lo anterior, con fundamento en lo establecido por los artículos 27 de la Ley de Amparo y 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.IRS
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a once de agosto de dos mil veintitrés. Registro de la demanda de amparo Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por **********, en la que solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de: 1) Coordinador Regional Zona Norte de la Agencia Estatal de Investigación, 2) Fiscal de Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, 3) Director de la Policía Única Estatal en el Estado de Chihuahua, 4) Coordinador de la Zona Norte de la Policía Estatal Única División Preventiva, 5) Coordinador de la Unidad Especializada de Delitos Patrimoniales en la Zona Norte, 6) Director de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 7) Juzgado Civil Tradicional, así como Juzgados 8) Primero, ********************) Segundo, 10) Tercero, 11) Cuarto, 12, Quinto, 13) Sexto, 14) Séptimo, 15) Octavo, 16) Noveno y 17) Décimo, todos de lo Civil por Audiencias, con residencia en esta ciudad. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, la cual quedó registrada bajo el consecutivo 733/2023-V. Análisis de procedencia En principio, conviene tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por manifiesto, según lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. A lo anterior resulta aplicable, la jurisprudencia 1865 del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, del Apéndice de 2011, página 2111, con registro rápido de localización 1003744, cuyo rubro y texto son siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1****************************************3, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En la especie, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa narró lo siguiente en el capítulo de acto reclamado: [.] V. ACTO RECLAMADO: Desalojo Inconstitucional del Sr. JESÚS MANUEL ALDACO GRACIA y su familia del domicilio particular ubicado en Calle Saltillo No. 1281, Col. Melchor Ocampo, C.P. 32380, en esta Ciudad. [.] De igual manera, de los antecedentes narrados en la demanda, se desprende lo siguiente: [.] HECHOS: Bajo protesta de decir verdad manifiesto el directo quejoso que el día 1******************** de mayo de la presente anualidad, se presentó la Sra. **********, con diversas Unidades de Policía Preventiva Pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, entre ellas, la Unidad marcada con el Número U-240, de la cual bajó el Oficial que la conducía, manifestando dicho agente que él había tomado el caso y la determinación para el desalojo del suscrito y su familia del domicilio particular ubicado en Calle **********, C.P. **********, en esta Ciudad, amenazando que con fecha próxima dicho agente nos sacaría por la fuerza de dicho Inmueble, a lo que el suscrito le requirió la Orden Judicial de desalojo ó desahucio emitida por el Juzgado Civil competente, a lo que refirió que él no ocupaba dicha Orden Judicial. Bajo protesta de decir verdad manifiesto la directa quejosa que el día 25 de mayo de la presente anualidad, aproximadamente a las 12:40 horas se presentó la Sra. ********** en compañía de quien manifestó ser su esposo del cual desconozco su nombre, mismo que violentó la entrada de la cochera de mi domicilio particular ubicado en Calle **********, C.P. **********, entrando por la fuerza; de igual manera venían acompañados con diversas Unidades de Policía Preventiva Pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, entre ellas, nuevamente la Unidad marcada con el Número U-240, de la cual bajó el mismo Oficial que la conducía y al que hago mención en el párrafo anterior, a lo cual me reiteró dicho agente que él había tomado el caso y la determinación para el desalojo de la suscrita y mi familita, volviendo a amenazar que con fecha próxima nos desalojarían, y que pensara lo triste que sería que nos sacaran al suscrito y mi familia por la fuerza, diciéndome que desalojara lo antes posible para no tener que utilizar la fuerza, a lo que el suscrito nuevamente le requirió la Orden Judicial de desalojo ó desahucio emitida por el Juzgado Civil competente, a lo que refirió que él no ocupaba dicha Orden Judicial. El suscrito desconozco si existe algún juicio en mi contra, toda vez que hasta la fecha No he sido notificado de algún procedimiento, es por ello que acudo ante esta autoridad federal solicitando el Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados de las autoridades que se mencionaron, haciendo especial énfasis en los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que han amedrentado al suscrito y mi familia, haciéndoseles responsables de cualquier represalia en contra mía o de cualquier integrante de mi familia. (SIC) [.] Es en esa medida, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: [.] 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] En términos de los preceptos antes transcritos el plazo genérico para demandar la acción constitucional será de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; Cuando se reclamen actos tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el referido plazo empezará a contar 1. Al día siguiente en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; 2. Al día siguiente al que tuvo conocimiento el quejoso o 3. Se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. En la especie, el quejoso reclama, en esencia, la privación de los derechos de propiedad respecto del bien inmueble materia de la Litis, asimismo, manifiesta que tiene conocimiento de ello, desde el diecinueve de mayo del presente año. Ante esta perspectiva, es inconcuso, que la presentación de la demanda que nos ocupa fue extemporánea, lo cual se advierte de la manifestación del propio quejoso, toda vez que bajo protesta de decir verdad, en su demanda expone que tuvo conocimiento de la existencia del acto que reclama, desde el diecinueve de mayo del año en curso y, ante ello, fue a partir del día hábil siguiente, veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en que inició el cómputo del plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo indirecto y concluyó el nueve del junio del presente año, sin contar los días veintisiete, y veintiocho del propio mayo, así como tres y cuatro de junio siguiente, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1******************** y 22 de la ley de la materia. En ese sentido, la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, puesto que fue recibida el diez de agosto actual, fecha en que había transcurrido el plazo general de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que se advierta que el referido acto reclamado, se ubique dentro de los supuestos de excepción al plazo general, pues no reclama una norma general autoaplicativa o el proceso de extradición, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Desecha demanda En las relacionadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18; por resultar extemporánea, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Jesús Manuel Aldaco Gracia, por su manifiesta e indudable improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 8********************0, Tomo VII, mayo de 1****************************************8, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que la actuaria judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Autorizados y domicilio En términos de lo dispuesto por los numerales 24 y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene al peticionario de amparo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida ********************, numero ********************(******************** ********************), ********************, local ********************, en esta ciudad y autorizando únicamente para tales efectos a la persona que refiere, por así haberlo solicitado. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 2******************** de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, únicamente mediante la publicación en internet, consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas /serviciosTramites.htm2pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que esta resolutora, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Expedición de copias Con fundamento en el artículo 3°, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/200********************, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Coincidencia del expediente físico y electrónico En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del sistema integral de seguimiento de expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y ********************° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.kod
- Principal
COMO ESTA ORDENADO EN ACUERDO DE VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; a once de agosto de dos mil veintitrés. Registro de la demanda de amparo Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por **********, en la que solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de: 1) Coordinador Regional Zona Norte de la Agencia Estatal de Investigación, 2) Fiscal de Investigación y Persecución del Delito, Zona Norte, 3) Director de la Policía Única Estatal en el Estado de Chihuahua, 4) Coordinador de la Zona Norte de la Policía Estatal Única División Preventiva, 5) Coordinador de la Unidad Especializada de Delitos Patrimoniales en la Zona Norte, 6) Director de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 7) Juzgado Civil Tradicional, así como Juzgados 8) Primero, ********************) Segundo, 10) Tercero, 11) Cuarto, 12, Quinto, 13) Sexto, 14) Séptimo, 15) Octavo, 16) Noveno y 17) Décimo, todos de lo Civil por Audiencias, con residencia en esta ciudad. Consecuentemente, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado, la cual quedó registrada bajo el consecutivo 733/2023-V. Análisis de procedencia En principio, conviene tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por manifiesto, según lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. A lo anterior resulta aplicable, la jurisprudencia 1865 del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, del Apéndice de 2011, página 2111, con registro rápido de localización 1003744, cuyo rubro y texto son siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1****************************************3, página 77, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En la especie, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa narró lo siguiente en el capítulo de acto reclamado: [.] V. ACTO RECLAMADO: Desalojo Inconstitucional del Sr. JESÚS MANUEL ALDACO GRACIA y su familia del domicilio particular ubicado en Calle Saltillo No. 1281, Col. Melchor Ocampo, C.P. 32380, en esta Ciudad. [.] De igual manera, de los antecedentes narrados en la demanda, se desprende lo siguiente: [.] HECHOS: Bajo protesta de decir verdad manifiesto el directo quejoso que el día 1******************** de mayo de la presente anualidad, se presentó la Sra. **********, con diversas Unidades de Policía Preventiva Pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, entre ellas, la Unidad marcada con el Número U-240, de la cual bajó el Oficial que la conducía, manifestando dicho agente que él había tomado el caso y la determinación para el desalojo del suscrito y su familia del domicilio particular ubicado en Calle **********, C.P. **********, en esta Ciudad, amenazando que con fecha próxima dicho agente nos sacaría por la fuerza de dicho Inmueble, a lo que el suscrito le requirió la Orden Judicial de desalojo ó desahucio emitida por el Juzgado Civil competente, a lo que refirió que él no ocupaba dicha Orden Judicial. Bajo protesta de decir verdad manifiesto la directa quejosa que el día 25 de mayo de la presente anualidad, aproximadamente a las 12:40 horas se presentó la Sra. ********** en compañía de quien manifestó ser su esposo del cual desconozco su nombre, mismo que violentó la entrada de la cochera de mi domicilio particular ubicado en Calle **********, C.P. **********, entrando por la fuerza; de igual manera venían acompañados con diversas Unidades de Policía Preventiva Pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, entre ellas, nuevamente la Unidad marcada con el Número U-240, de la cual bajó el mismo Oficial que la conducía y al que hago mención en el párrafo anterior, a lo cual me reiteró dicho agente que él había tomado el caso y la determinación para el desalojo de la suscrita y mi familita, volviendo a amenazar que con fecha próxima nos desalojarían, y que pensara lo triste que sería que nos sacaran al suscrito y mi familia por la fuerza, diciéndome que desalojara lo antes posible para no tener que utilizar la fuerza, a lo que el suscrito nuevamente le requirió la Orden Judicial de desalojo ó desahucio emitida por el Juzgado Civil competente, a lo que refirió que él no ocupaba dicha Orden Judicial. El suscrito desconozco si existe algún juicio en mi contra, toda vez que hasta la fecha No he sido notificado de algún procedimiento, es por ello que acudo ante esta autoridad federal solicitando el Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra de los actos reclamados de las autoridades que se mencionaron, haciendo especial énfasis en los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que han amedrentado al suscrito y mi familia, haciéndoseles responsables de cualquier represalia en contra mía o de cualquier integrante de mi familia. (SIC) [.] Es en esa medida, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen: [.] 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] En términos de los preceptos antes transcritos el plazo genérico para demandar la acción constitucional será de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; Cuando se reclamen actos tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, el referido plazo empezará a contar 1. Al día siguiente en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; 2. Al día siguiente al que tuvo conocimiento el quejoso o 3. Se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. En la especie, el quejoso reclama, en esencia, la privación de los derechos de propiedad respecto del bien inmueble materia de la Litis, asimismo, manifiesta que tiene conocimiento de ello, desde el diecinueve de mayo del presente año. Ante esta perspectiva, es inconcuso, que la presentación de la demanda que nos ocupa fue extemporánea, lo cual se advierte de la manifestación del propio quejoso, toda vez que bajo protesta de decir verdad, en su demanda expone que tuvo conocimiento de la existencia del acto que reclama, desde el diecinueve de mayo del año en curso y, ante ello, fue a partir del día hábil siguiente, veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en que inició el cómputo del plazo de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del juicio de amparo indirecto y concluyó el nueve del junio del presente año, sin contar los días veintisiete, y veintiocho del propio mayo, así como tres y cuatro de junio siguiente, por ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1******************** y 22 de la ley de la materia. En ese sentido, la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, puesto que fue recibida el diez de agosto actual, fecha en que había transcurrido el plazo general de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que se advierta que el referido acto reclamado, se ubique dentro de los supuestos de excepción al plazo general, pues no reclama una norma general autoaplicativa o el proceso de extradición, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Desecha demanda En las relacionadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, XIV, en relación con los diversos artículos 17 y 18; por resultar extemporánea, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Jesús Manuel Aldaco Gracia, por su manifiesta e indudable improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 8********************0, Tomo VII, mayo de 1****************************************8, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que la actuaria judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Autorizados y domicilio En términos de lo dispuesto por los numerales 24 y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene al peticionario de amparo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en avenida ********************, numero ********************(******************** ********************), ********************, local ********************, en esta ciudad y autorizando únicamente para tales efectos a la persona que refiere, por así haberlo solicitado. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 2******************** de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, únicamente mediante la publicación en internet, consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas /serviciosTramites.htm2pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que esta resolutora, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Expedición de copias Con fundamento en el artículo 3°, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/200********************, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Coincidencia del expediente físico y electrónico En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del sistema integral de seguimiento de expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y ********************° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Jesús José Zamarripa Cervantes734/2016
- JESUS LARA MOLINA propietario de LICORES LA MODERNA166/2015
- JESUS LIMON CARREON y Otros.606/2013
- Jesús LLamas Roldan666/2019
- Jesús Lorenzo Sánchez Zuñiga159/2017
- Jesús Manuel Aguirre Uribe921/2017
- Jesús Manuel Almuina González61/2022
- Jesús Manuel Ávila Herrera y Otros.984/2023
- Jesus Manuel Carrasco Garcia347/2015
- Jesús Manuel Carrera Flores455/2022
- Jesus Manuel Cornelio Salcido303/2014
- Jesús Manuel Díaz Meza713/2018