Jesús Manuel Aguirre Uribe

Expediente 921/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
921/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
27/03/2018

Partes del expediente

  • Jesús Manuel Aguirre Uribe
  • Jesús Manuel Aguirre Uribe y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar a la parte tercero interesada de la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho que a la letra dice: SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 921 2017 VI, promovido por ********. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, fue remitido a este juzgado por razón de turno al día siguiente hábil, el escrito de demanda signado por ********, por medio del cual solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte y Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, ambos con residencia en esta ciudad, a quienes reclama la orden de aprehensión girada en su contra, así como su cumplimiento. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Mediante proveído de siete de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada como 921 2017; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete. Asimismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3 2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto en materia penal, que fue dictado por una autoridad que realiza sus funciones en el territorio en el que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados. Así, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el juicio, se desprende que los actos que reclama la quejosa lo constituyen los siguientes: a)A la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, reclama la orden de aprehensión girada en su contra, el catorce de julio de dos mil diecisiete en la causa penal 1608 2017. bA la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, reclama la ejecución de la referida orden de captura. Para la fijación del acto, se atiende el contenido de la tesis P. VI 2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del actos reclamado. El Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional, en ausencia del Fiscal de Distrito de la Zona Norte, al rendir su informe justificado negó el acto que le atribuye el accionante del amparo, sin que éste haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917 2000, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, aceptó que el catorce de julio de dos mil diecisiete, en atención a la solicitud realizada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación en Violencia Familiar y Delitos que Atentan Contra el Cumplimiento de la Obligación Alimentaria, libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso ********, dentro de la causa penal 1608 2017, por considerársele probable partícipe en la comisión del delito de homicidio agravado en grado de tentativa, cometido en perjuicio de ********, previsto y sancionado por los artículos 123, 125, 126, relacionados con el 19 y 75, con la calificativa prevista en el numeral 136, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua; para corroborar lo anterior, el juzgador responsable remitió copia certificada de la resolución en comento; por tanto, deben tenerse por cierto el acto que a dicha autoridad se reclama. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, página 231, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegaron la actualización de alguna causa de improcedencia que deba ser analizada, ni este juzgador advierte que se actualicen, por lo que se procederá al estudio de fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesaria la transcripción de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, los estudia y les da respuesta; además, con ello no se le deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, de mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, del rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero "Reglas generales", del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados. A efecto de explicar las razones que llevan a este Juzgador a concluir lo anterior, conviene establecer que el quejoso reclamó de la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, la orden de captura que emitió a efecto de que se le privara de su libertad. A partir del informe justificado rendido por tal autoridad y de las constancias que para tal efecto adjuntó, se concluyó que el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión librada en la causa penal 1608 2017, que se le instruye con motivo de los hechos constitutivos del delito de homicidio agravado en grado de tentativa, cometido en perjuicio de ********. Ello, derivado de los antecedentes siguientes: Aproximadamente a la una hora con treinta minutos del nueve de julio de dos mil diecisiete, en el domicilio ubicado en calle ********, ********, colonia ********, en Ciudad Juárez, se encontraban durmiendo ********, en compañía de sus hijos ******** y ********, cuando en eso se percató de la presencia de su esposo ********, quien posterior a realizarle diversos reclamos, sacó un cuchillo amenazándola, levantando dicho objeto punzocortante como si fuera a clavárselo, para enseguida darle un cabezazo en la frente, así como un puñetazo en la nuca, por lo que la víctima levantó a su menor hija ********, para que pidiera ayuda, y al ver esto ********, propinó a la aquí tercero interesada un cuchillazo en la cara, específicamente en el lado izquierdo de la quijada, por lo que ella intentó defenderse y cae de la cama, ante ello, el presunto agresor la arrastra por el suelo y la comienza a apuñalar en repetidas ocasiones en la espalda (alrededor de nueve o diez veces), cuando en eso se le quebró el cuchillo y ella aprovechó para quitárselo, posteriormente, la víctima sale de la casa pidiendo ayuda, por lo que es llevada por su papá de nombre ******** y una vecina que refiere como ********, a la clínica 66 el Instituto Mexicano del Seguro Social. En atención a los anteriores hechos ********, el nueve de julio de dos mil diecisiete, presentó denuncia ante el agente del Ministerio Público. Una vez recibida la denuncia señalada en el punto anterior, el representante social integró la carpeta de investigación respectiva y, seguido el trámite que consideró procedente, presento solicitud de orden de aprehensión ante la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos. Por tal motivo, mediante resolución de catorce de julio de dos mil diecisiete, la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, libró orden de aprehensión dentro de la causa penal 1608 2017, en contra de ********, al considerarlo probable participe en la comisión del delito de homicidio agravado en grado de tentativa, cometido en perjuicio de ********, previsto y sancionado por los artículos 123, 125, 126, relacionados con el 19 y 75, con la calificativa prevista en el numeral 136, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, por hechos acontecidos alrededor de la una hora con treinta minutos del nueve de julio de dos mil diecisiete, en el interior del domicilio ubicado en calle ********, ********, colonia ********, en Ciudad Juárez. Determinación adoptada por el Juez responsable tomando en consideración, entre otros, los siguientes datos de prueba: a Denuncia interpuesta por ********, ante el Agente del Ministerio Público el nueve de julio de dos mil diecisiete. bParte informativo de doce de julio de dos mil diecisiete, elaborado por la Oficial Ministerial ********, en la que obran las entrevistas realizadas a los menores ******** y ********, en la manifestaron ser testigos presenciales de los hechos denunciados por su progenitora ********. c Informe médico de lesiones de nueve de julio de dos mil diecisiete, practicado por la médico legista ********, a la víctima ********. Contra esa determinación, el quejoso formuló la demanda de amparo que a este asunto se refiere y argumentó, en esencia, falta de fundamentación y motivación, lo que viola en su perjuicio la garantía de legalidad. En el caso, de los antecedentes narrados en líneas precedentes, así como de las constancias que remitió, relativas a la causa penal 1608 2017, de su índice, se advierte que la responsable ordenó la aprehensión del quejoso en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a petición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación en Violencia Familiar y Delitos que Atentan Contra el Cumplimiento de la Obligación Alimentaria de la Fiscalía General del Estado, por la comisión del delito de homicidio agravado y calificado en grado de tentativa en perjuicio de ********. El artículo 141 del Código procesal de la materia, en que la Juez de Control apoyó su determinación, es del contenido siguiente: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. A partir de esta disposición, se colige que para que la Juez de Control pueda librar orden de aprehensión, dentro del proceso, en contra de los imputados deben reunirse los requisitos previstos en el primer párrafo del citado numeral, es decir: 1 Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. 2 Que el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión; y, 3 Que exista la necesidad de cautela. Además de las referidas exigencias, deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe algún derecho constitucional contenida en diverso precepto; habida cuenta que la circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, dado que podrían darse los casos siguientes: a Que en la orden de aprehensión se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso. b Que la orden fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. c Que las autoridades jurisdiccionales, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense. d Que la orden de captura no estuviere fundada y motivada. Así, pueden presentarse diversas hipótesis respecto de la posible violación de derechos constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; por tanto, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo constitucional. Por ello, su emisión puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que los derechos de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, los derechos de seguridad jurídica valen por sí mismos, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan los derechos de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 225, localizable en la página 166, Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación 2000, registro 904206, que estatuye: ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Dicho lo anterior, es necesario hacer el análisis de los requisitos establecidos para el libramiento de una orden de captura, en confrontación con el acto que por esta vía se combate. I. Exista una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. Lo anterior, se acredita con la denuncia realizada por la víctima ********-nueve de julio de dos mil diecisiete-, ante el Agente del Ministerio Público, por el delito de violencia familiar y otros, misma que es referida en la copia certificada de la solicitud de orden de aprehensión (oficio UID FAM 8087 2017) de catorce de julio de dos mil diecisiete, signada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación en Violencia Familiar y Delitos que Atentan Contra el Cumplimiento de la Obligación Alimentaria de la Fiscalía General del Estado, remitida por la autoridad responsable, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad; por ende, se encuentra satisfecho el primero de los requisitos descritos. II. Que el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido un hecho que al ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. Al respecto es oportuno precisar que la significación del hecho considerado por la ley como delito consiste en que los datos de pruebas invocados por el agente del Ministerio Público y las partes, concatenados entre sí, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor, porque el estándar para dictar una orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. En efecto, en cuanto al requisito de que el agente del Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, la Juez responsable consideró correctamente que se encontraban actualizados hechos que la ley reputa como delito de homicidio agravado en grado de tentativa -cometido en agravio de ********- previsto y sancionado por los artículos 123, 125, 126, relacionados con el 19 y 75, con la calificativa prevista en el numeral 136, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 123. A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión. Se entenderá la pérdida de la vida en los términos de la Ley General de Salud. Artículo 125. A quien prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina o concubinario u otra relación de pareja permanente, con conocimiento de esa relación, se le impondrá prisión de diez a treinta años. Si faltare el conocimiento de la relación, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio. Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante de las previstas en el artículo 136 de este Código, se impondrán de treinta a sesenta años de prisión, salvo que se trate de riña. Artículo 126. Cuando la víctima del delito de homicidio sea del sexo femenino o menor de edad, se aplicarán las penas previstas en el segundo párrafo del artículo anterior. Si además del homicidio, se cometen en perjuicio de la víctima otros delitos, deberá imponerse pena por cada delito cometido aún y cuando con ello se exceda el máximo de la pena de prisión. Artículo 19. Tentativa punible Existe tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando, en parte o totalmente, los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo no se llega a la consumación. Artículo 75. Punibilidad de la tentativa La punibilidad aplicable a la tentativa, será de entre una tercera parte de la mínima y dos terceras partes de la máxima, previstas para el correspondiente delito doloso consumado que el agente quiso realizar. En la aplicación de las penas o medidas de seguridad a que se refiere este artículo, la autoridad judicial tendrá en cuenta, además de lo previsto en el artículo 67 de este Código, el mayor o menor grado de aproximación a la consumación del delito y la magnitud del peligro en que se puso al bien jurídico protegido. Artículo 136. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en perjuicio de servidores públicos que se encarguen de la administración o procuración de justicia, o de periodistas; así mismo, en los supuestos de la fracción X del presente artículo: [.] En la especie, la Juez de Control consideró que con los antecedentes probatorios, anteriormente señalados, se encontraba acreditado que ********, fue la persona que el nueve de julio de dos mil diecisiete, en el domicilio ubicado en calle ********, ********, colonia ********, en Ciudad Juárez, posterior a diversos reclamos, amenazas y golpes, "acuchilló" en el lado izquierdo de su mentón y, en diversas ocasiones, en el área de la espalda, a ********, hasta que el objeto punzocortante se quebró, lo que aprovechó la víctima para huir y pedir ayuda. Tal conclusión se estima apegada a derecho, porque desde el estándar que amerita el examen de la orden de aprehensión, se colige que la Juez de Control estableció, acertadamente. que los datos de investigación que se pusieron bajo su conocimiento permitían establecer que sí existían hechos que el Código Penal del Estado de Chihuahua, considera como delito de homicidio agravado en grado de tentativa -cometido en agravio de ********- previsto y sancionado por los artículos 123, 125, 126, relacionados con el 19 y 75, con la calificativa prevista en el numeral 136, todos de dicha legislación sustantiva, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse en esta etapa del proceso penal, se comparte la conclusión a la que arribó la responsable, debido a que existen datos que permiten vislumbrar la existencia de hechos constitutivos del delito precisado. En esta tesitura, en cuanto a la configuración de los hechos constitutivos del delito atribuido al quejoso, este Juzgador no advierte lesión a sus derechos, ni que el mismo haya formulado conceptos de violación para controvertir la configuración de los hechos descriptivos del delito de homicidio agravado en grado de tentativa, que ameriten ser suplidos en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo; por lo cual debe permanecer firme lo considerado por la Juez de Control en ese aspecto. En segundo término, en lo relativo a la existencia de la probabilidad de que el imputado haya cometido o participado en la comisión del delito atribuido, este requisito también se encuentra colmado, en virtud de que, dentro de la orden de aprehensión, de catorce de julio de dos mil diecisiete, emitida por la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, de esta ciudad, se advierte que la misma, correctamente, tuvo por acreditado de manera presuntiva la participación en la comisión del delito por el cual el representante social solicitó el mandamiento de captura, en contra de ********, en atención a la denuncia de nueve de julio de dos mil diecisiete, interpuesta por la aquí tercero interesada ********, en la que ésta, estando ante el fiscal refirió que al estar acostada en su casa en compañía de sus menores hijos ******** y ********, se percató de la presencia de ******** (persona a la que la víctima se refiere como su esposo), el cual sostenía en su mano un cuchillo, mismo que posterior a diversos reclamos y amenazas, le asestó una "cuchillada" en el lado izquierdo de su mentón, así como le efecto diversos golpes en su cuerpo, para posteriormente "apuñalarla" en diversas ocasiones en el área de la espalda, hasta que el objeto punzocortante se quebró, lo que aprovechó la víctima para huir y pedir ayuda. Asimismo, existen entrevistas realizadas a los menores hijos de la víctima y victimario, ******** y ********; manifestando la menor que el día de los hechos, estando en su casa durmiendo en compañía de su madre y hermano ********, cuando la despertaron los gritos de su papá quien traía un cuchillo en su mano, escuchando cuando éste le decía a su mamá que la iba a matar, para posteriormente pegarle y empujarla, cayendo al suelo, aprovechando su progenitor para acuchillarla a la altura del cuello, gritándole su mamá que pidiera ayuda; por su parte, el varón menor de edad, refirió que el día de los hechos, se encontraba en su casa durmiendo en compañía de su mamá y ********, cuando en eso lo despertó su hermana ******** quien estaba llorando, diciéndole que su papá iba a matar a su mamá, cuando en eso observó que su papá estaba hincado a un lado de su mamá en el suelo y le dio una cuchillada y que le decía que la iba a matar, asimismo que vio que le intento dar otra cuchillada pero no le entró y que en eso se le rompió el cuchillo, momento en que su mamá aprovechó para aventar a su progenitor diciendo éste último "ya te maté", fue cuando se salieron de la casa para pedir ayuda. Por tanto, este juzgador comparte la determinación adoptada por la autoridad responsable, porque con los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público dentro de su "Solicitud de orden de aprehensión" y que se tomaron en cuenta para la emisión del acto reclamado, permiten establecer que existe la probabilidad de que ******** cometió el hecho configurativo del delito de homicidio agravado en grado de tentativa, por sí mismo, ya que de los antecedentes se determinó que el aquí quejoso fue la persona quien ejerció los actos violentos en contra de ********, lo cual evidencia su participación, al menos hasta este momento. Aunado a ello, existe una correcta apreciación por parte del juzgador de origen, en cuanto a los datos de prueba reseñados por la representación social, consistentes en la denuncia y entrevista, ambas de nueve de julio de dos mil diecisiete, efectuadas por ********, ante el Agente del Ministerio Público y Agente Ministerial, parte informativo de doce del mismo mes y año, realizado por la Oficial Ministerial, en el que obran las entrevistas realizadas a los menores ******** y ********, ambos de apellidos ********; e informe médico de lesiones, practicado por la médico legista, a ********. Datos de prueba que adecuadamente la Juez responsable, les reconoció como indicio, pues los mismos debidamente adminiculados entre sí generan certeza de que los hechos sucedieron tal y como fueron planteados por el representante social al presentar la petición del mandato de captura que aquí se combate. Asimismo, se comparte el señalamiento realizado por la juzgadora responsable en relación a que se actualizaba la agravante prevista en el artículo 125, párrafo primero, del Código Penal del Estado de Chihuahua, no obstante que el órgano investigador no aportara prueba alguna para acreditar tal extremo, ello en virtud de que adecuadamente estableció que de las mismas declaraciones vertidas tanto por la víctima ******** quien refirió estar aún casada con el actor, así como de lo dicho por los menores ******** y ********, ambos de apellidos ********, quienes expresaron que ********, era su papá y la aquí tercero, su madre. III. Que exista la necesidad de cautela. En lo relativo a este requisito, este juzgador considera que se encuentra colmado, ya que comparte lo señalado por la Juez de origen, en lo referente a que en atención a que el delito imputado al aquí quejoso fue cometido con un objeto cortante, es con la orden de aprehensión, el único medio para lograr la comparecencia del presunto victimario. A lo anterior además, debe tomar en consideración que el delito que se imputa al indiciado es el de homicidio agravado en grado de tentativa, así como que el mismo fue cometido con un arma, lo cual, según lo establecido por el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instaura como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, lo que podría suponer un obstáculo para que el aquí impetrante de amparo compareciera de forma voluntaria a las citaciones que en su caso efectuara la Juez de Control. Lo antes expuesto, no obstante que el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece como medios para lograr la comparecencia del imputado, además de la orden de aprehensión, el citatorio y la comparecencia a través de la fuerza pública; sin embargo, dicho numeral no establece una obligación del Juez de Control de agotar previo al mandato de captura, los otros dos medios referidos con anterioridad, ya que lo único que establece la fracción tercera del mismo, es la justificación que deberá expresar el representante social de la necesidad de la emisión de la captura, lo cual a criterio de este juzgador se encuentra acreditada. Apoya lo antes expuesto, lo sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, en la tesis I.6.P.86 P (10.), localizable en la página 1943 del Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2015204, que estatuye lo siguiente: ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia. En tal orden de ideas, hasta este estado procesal, con independencia de que durante la secuela del mismo se demuestre lo contrario, se encuentra acreditada la existencia de un hecho descrito por la ley penal como delito de homicidio agravado en grado de tentativa, cometido en perjuicio de ********, previsto y sancionado por los artículos 123, 125, 126, relacionados con el 19 y 75, con la calificativa prevista en el numeral 136, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, con lo que se cumple con los requisitos que exige para la emisión de la orden de aprehensión el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, al haber realizado un estudio oficioso de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos fundamentales del quejoso y ante lo infundado de los conceptos de violación expresados por el citado peticionario; lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 921 2017 VI, promovido por ********, por las razones expuesta en el considerando tercero de la presente resolución, en relación a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional, en ausencia del Fiscal de Distrito de la Zona Norte. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege ********, contra el acto de la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, consistente en la orden de aprehensión emitida el catorce de julio de dos mil diecisiete, en la causa penal 1608 2017, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ********, hasta el día de hoy, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe. "

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en el cual, por una parte, se sobreseyó en juicio de amparo, y por la otra, se negó la protección de la justicia federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, con apoyo en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria *******, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar a la parte quejosa de la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho que a la letra dice: SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 921 2017 VI, promovido por ********. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, fue remitido a este juzgado por razón de turno al día siguiente hábil, el escrito de demanda signado por ********, por medio del cual solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte y Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, ambos con residencia en esta ciudad, a quienes reclama la orden de aprehensión girada en su contra, así como su cumplimiento. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Mediante proveído de siete de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada como 921 2017; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete. Asimismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3 2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto en materia penal, que fue dictado por una autoridad que realiza sus funciones en el territorio en el que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados. Así, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que conforman el juicio, se desprende que los actos que reclama la quejosa lo constituyen los siguientes: a)A la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, reclama la orden de aprehensión girada en su contra, el catorce de julio de dos mil diecisiete en la causa penal 1608 2017. bA la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito Zona Norte, reclama la ejecución de la referida orden de captura. Para la fijación del acto, se atiende el contenido de la tesis P. VI 2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del actos reclamado. El Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional, en ausencia del Fiscal de Distrito de la Zona Norte, al rendir su informe justificado negó el acto que le atribuye el accionante del amparo, sin que éste haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917 2000, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, aceptó que el catorce de julio de dos mil diecisiete, en atención a la solicitud realizada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación en Violencia Familiar y Delitos que Atentan Contra el Cumplimiento de la Obligación Alimentaria, libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso ********, dentro de la causa penal 1608 2017, por considerársele probable partícipe en la comisión del delito de homicidio agravado en grado de tentativa, cometido en perjuicio de ********, previsto y sancionado por los artículos 123, 125, 126, relacionados con el 19 y 75, con la calificativa prevista en el numeral 136, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua; para corroborar lo anterior, el juzgador responsable remitió copia certificada de la resolución en comento; por tanto, deben tenerse por cierto el acto que a dicha autoridad se reclama. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, tomo VI, Materia Común, página 231, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegaron la actualización de alguna causa de improcedencia que deba ser analizada, ni este juzgador advierte que se actualicen, por lo que se procederá al estudio de fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesaria la transcripción de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo, los estudia y les da respuesta; además, con ello no se le deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, de mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, del rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero "Reglas generales", del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados. A efecto de explicar las razones que llevan a este Juzgador a concluir lo anterior, conviene establecer que el quejoso reclamó de la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, la orden de captura que emitió a efecto de que se le privara de su libertad. A partir del informe justificado rendido por tal autoridad y de las constancias que para tal efecto adjuntó, se concluyó que el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión librada en la causa penal 1608 2017, que se le instruye con motivo de los hechos constitutivos del delito de homicidio agravado en grado de tentativa, cometido en perjuicio de ********. Ello, derivado de los antecedentes siguientes: Aproximadamente a la una hora con treinta minutos del nueve de julio de dos mil diecisiete, en el domicilio ubicado en calle ********, ********, colonia ********, en Ciudad Juárez, se encontraban durmiendo ********, en compañía de sus hijos ******** y ********, cuando en eso se percató de la presencia de su esposo ********, quien posterior a realizarle diversos reclamos, sacó un cuchillo amenazándola, levantando dicho objeto punzocortante como si fuera a clavárselo, para enseguida darle un cabezazo en la frente, así como un puñetazo en la nuca, por lo que la víctima levantó a su menor hija ********, para que pidiera ayuda, y al ver esto ********, propinó a la aquí tercero interesada un cuchillazo en la cara, específicamente en el lado izquierdo de la quijada, por lo que ella intentó defenderse y cae de la cama, ante ello, el presunto agresor la arrastra por el suelo y la comienza a apuñalar en repetidas ocasiones en la espalda (alrededor de nueve o diez veces), cuando en eso se le quebró el cuchillo y ella aprovechó para quitárselo, posteriormente, la víctima sale de la casa pidiendo ayuda, por lo que es llevada por su papá de nombre ******** y una vecina que refiere como ********, a la clínica 66 el Instituto Mexicano del Seguro Social. En atención a los anteriores hechos ********, el nueve de julio de dos mil diecisiete, presentó denuncia ante el agente del Ministerio Público. Una vez recibida la denuncia señalada en el punto anterior, el representante social integró la carpeta de investigación respectiva y, seguido el trámite que consideró procedente, presento solicitud de orden de aprehensión ante la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos. Por tal motivo, mediante resolución de catorce de julio de dos mil diecisiete, la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, libró orden de aprehensión dentro de la causa penal 1608 2017, en contra de ********, al considerarlo probable participe en la comisión del delito de homicidio agravado en grado de tentativa, cometido en perjuicio de ********, previsto y sancionado por los artículos 123, 125, 126, relacionados con el 19 y 75, con la calificativa prevista en el numeral 136, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, por hechos acontecidos alrededor de la una hora con treinta minutos del nueve de julio de dos mil diecisiete, en el interior del domicilio ubicado en calle ********, ********, colonia ********, en Ciudad Juárez. Determinación adoptada por el Juez responsable tomando en consideración, entre otros, los siguientes datos de prueba: a Denuncia interpuesta por ********, ante el Agente del Ministerio Público el nueve de julio de dos mil diecisiete. bParte informativo de doce de julio de dos mil diecisiete, elaborado por la Oficial Ministerial ********, en la que obran las entrevistas realizadas a los menores ******** y ********, en la manifestaron ser testigos presenciales de los hechos denunciados por su progenitora ********. c Informe médico de lesiones de nueve de julio de dos mil diecisiete, practicado por la médico legista ********, a la víctima ********. Contra esa determinación, el quejoso formuló la demanda de amparo que a este asunto se refiere y argumentó, en esencia, falta de fundamentación y motivación, lo que viola en su perjuicio la garantía de legalidad. En el caso, de los antecedentes narrados en líneas precedentes, así como de las constancias que remitió, relativas a la causa penal 1608 2017, de su índice, se advierte que la responsable ordenó la aprehensión del quejoso en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a petición del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación en Violencia Familiar y Delitos que Atentan Contra el Cumplimiento de la Obligación Alimentaria de la Fiscalía General del Estado, por la comisión del delito de homicidio agravado y calificado en grado de tentativa en perjuicio de ********. El artículo 141 del Código procesal de la materia, en que la Juez de Control apoyó su determinación, es del contenido siguiente: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. A partir de esta disposición, se colige que para que la Juez de Control pueda librar orden de aprehensión, dentro del proceso, en contra de los imputados deben reunirse los requisitos previstos en el primer párrafo del citado numeral, es decir: 1 Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. 2 Que el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión; y, 3 Que exista la necesidad de cautela. Además de las referidas exigencias, deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe algún derecho constitucional contenida en diverso precepto; habida cuenta que la circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, dado que podrían darse los casos siguientes: a Que en la orden de aprehensión se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso. b Que la orden fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. c Que las autoridades jurisdiccionales, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense. d Que la orden de captura no estuviere fundada y motivada. Así, pueden presentarse diversas hipótesis respecto de la posible violación de derechos constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; por tanto, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo constitucional. Por ello, su emisión puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que los derechos de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, los derechos de seguridad jurídica valen por sí mismos, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan los derechos de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 225, localizable en la página 166, Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación 2000, registro 904206, que estatuye: ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. La circunstancia específica de que el artículo 16 constitucional sea el que regule los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, no se puede llevar al extremo de considerar que sólo este precepto rija a tal acto, ya que evidentemente también deberá vigilarse, en su caso, si dicha determinación judicial no infringe alguna garantía constitucional contenida en diverso precepto, dado que podría darse el caso que en la misma se aplicara una ley retroactivamente en perjuicio del quejoso, o fuera librada sin cumplir las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; también podría darse el caso que autoridades jurisdiccionales del fuero común, decidieran sobre el libramiento de una orden de aprehensión, respecto de un hecho en que estuviere involucrada una persona perteneciente al Ejército y fuera menester examinar su conducta desde el punto de vista de la legislación del fuero castrense; o que no estuviere fundado y motivado dicho acto, así como diversas hipótesis que pudieren formularse respecto de la posible violación de garantías constitucionales contenidas en preceptos diversos al 16 constitucional; luego entonces, resulta limitativo y equívoco concluir que para el libramiento de una orden de aprehensión, sólo deba cumplirse lo establecido en el mencionado artículo 16 constitucional; y por ende, su emisión no puede ser violatoria de los artículos 14, 16 o cualquiera otro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que las garantías de seguridad jurídica que se encuentran consagradas en la Constitución General de la República, son la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, por tal motivo, éstas no pueden ser limitadas porque en su texto no se contengan expresamente los derechos fundamentales que tutelan. Por el contrario, las garantías de seguridad jurídica valen por sí mismas, ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un precepto constitucional, debe de encontrarse en los demás, de tal forma, que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por lo tanto, en estado de indefensión. De acuerdo a lo anterior, cuando se libra una orden de aprehensión, deben de cumplirse no únicamente las formalidades establecidas por el artículo 16 constitucional, párrafo segundo, sino que para su aplicabilidad debe atenderse a lo preceptuado en los demás artículos que tutelan las garantías de seguridad jurídica, con la finalidad de proteger de manera firme y eficaz a los derechos fundamentales de la persona tutelados en la Carta Magna. Dicho lo anterior, es necesario hacer el análisis de los requisitos establecidos para el libramiento de una orden de captura, en confrontación con el acto que por esta vía se combate. I. Exista una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. Lo anterior, se acredita con la denuncia realizada por la víctima ********-nueve de julio de dos mil diecisiete-, ante el Agente del Ministerio Público, por el delito de violencia familiar y otros, misma que es referida en la copia certificada de la solicitud de orden de aprehensión (oficio UID FAM 8087 2017) de catorce de julio de dos mil diecisiete, signada por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación en Violencia Familiar y Delitos que Atentan Contra el Cumplimiento de la Obligación Alimentaria de la Fiscalía General del Estado, remitida por la autoridad responsable, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad; por ende, se encuentra satisfecho el primero de los requisitos descritos. II. Que el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido un hecho que al ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. Al respecto es oportuno precisar que la significación del hecho considerado por la ley como delito consiste en que los datos de pruebas invocados por el agente del Ministerio Público y las partes, concatenados entre sí, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor, porque el estándar para dictar una orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad), sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. En efecto, en cuanto al requisito de que el agente del Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, la Juez responsable consideró correctamente que se encontraban actualizados hechos que la ley reputa como delito de homicidio agravado en grado de tentativa -cometido en agravio de ********- previsto y sancionado por los artículos 123, 125, 126, relacionados con el 19 y 75, con la calificativa prevista en el numeral 136, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 123. A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de ocho a veinte años de prisión. Se entenderá la pérdida de la vida en los términos de la Ley General de Salud. Artículo 125. A quien prive de la vida a su ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina o concubinario u otra relación de pareja permanente, con conocimiento de esa relación, se le impondrá prisión de diez a treinta años. Si faltare el conocimiento de la relación, se estará a la punibilidad prevista para el homicidio. Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante de las previstas en el artículo 136 de este Código, se impondrán de treinta a sesenta años de prisión, salvo que se trate de riña. Artículo 126. Cuando la víctima del delito de homicidio sea del sexo femenino o menor de edad, se aplicarán las penas previstas en el segundo párrafo del artículo anterior. Si además del homicidio, se cometen en perjuicio de la víctima otros delitos, deberá imponerse pena por cada delito cometido aún y cuando con ello se exceda el máximo de la pena de prisión. Artículo 19. Tentativa punible Existe tentativa punible, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando, en parte o totalmente, los actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, si por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo no se llega a la consumación. Artículo 75. Punibilidad de la tentativa La punibilidad aplicable a la tentativa, será de entre una tercera parte de la mínima y dos terceras partes de la máxima, previstas para el correspondiente delito doloso consumado que el agente quiso realizar. En la aplicación de las penas o medidas de seguridad a que se refiere este artículo, la autoridad judicial tendrá en cuenta, además de lo previsto en el artículo 67 de este Código, el mayor o menor grado de aproximación a la consumación del delito y la magnitud del peligro en que se puso al bien jurídico protegido. Artículo 136. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con: premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en perjuicio de servidores públicos que se encarguen de la administración o procuración de justicia, o de periodistas; así mismo, en los supuestos de la fracción X del presente artículo: [.] En la especie, la Juez de Control consideró que con los antecedentes probatorios, anteriormente señalados, se encontraba acreditado que ********, fue la persona que el nueve de julio de dos mil diecisiete, en el domicilio ubicado en calle ********, ********, colonia ********, en Ciudad Juárez, posterior a diversos reclamos, amenazas y golpes, "acuchilló" en el lado izquierdo de su mentón y, en diversas ocasiones, en el área de la espalda, a ********, hasta que el objeto punzocortante se quebró, lo que aprovechó la víctima para huir y pedir ayuda. Tal conclusión se estima apegada a derecho, porque desde el estándar que amerita el examen de la orden de aprehensión, se colige que la Juez de Control estableció, acertadamente. que los datos de investigación que se pusieron bajo su conocimiento permitían establecer que sí existían hechos que el Código Penal del Estado de Chihuahua, considera como delito de homicidio agravado en grado de tentativa -cometido en agravio de ********- previsto y sancionado por los artículos 123, 125, 126, relacionados con el 19 y 75, con la calificativa prevista en el numeral 136, todos de dicha legislación sustantiva, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse en esta etapa del proceso penal, se comparte la conclusión a la que arribó la responsable, debido a que existen datos que permiten vislumbrar la existencia de hechos constitutivos del delito precisado. En esta tesitura, en cuanto a la configuración de los hechos constitutivos del delito atribuido al quejoso, este Juzgador no advierte lesión a sus derechos, ni que el mismo haya formulado conceptos de violación para controvertir la configuración de los hechos descriptivos del delito de homicidio agravado en grado de tentativa, que ameriten ser suplidos en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo; por lo cual debe permanecer firme lo considerado por la Juez de Control en ese aspecto. En segundo término, en lo relativo a la existencia de la probabilidad de que el imputado haya cometido o participado en la comisión del delito atribuido, este requisito también se encuentra colmado, en virtud de que, dentro de la orden de aprehensión, de catorce de julio de dos mil diecisiete, emitida por la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, de esta ciudad, se advierte que la misma, correctamente, tuvo por acreditado de manera presuntiva la participación en la comisión del delito por el cual el representante social solicitó el mandamiento de captura, en contra de ********, en atención a la denuncia de nueve de julio de dos mil diecisiete, interpuesta por la aquí tercero interesada ********, en la que ésta, estando ante el fiscal refirió que al estar acostada en su casa en compañía de sus menores hijos ******** y ********, se percató de la presencia de ******** (persona a la que la víctima se refiere como su esposo), el cual sostenía en su mano un cuchillo, mismo que posterior a diversos reclamos y amenazas, le asestó una "cuchillada" en el lado izquierdo de su mentón, así como le efecto diversos golpes en su cuerpo, para posteriormente "apuñalarla" en diversas ocasiones en el área de la espalda, hasta que el objeto punzocortante se quebró, lo que aprovechó la víctima para huir y pedir ayuda. Asimismo, existen entrevistas realizadas a los menores hijos de la víctima y victimario, ******** y ********; manifestando la menor que el día de los hechos, estando en su casa durmiendo en compañía de su madre y hermano ********, cuando la despertaron los gritos de su papá quien traía un cuchillo en su mano, escuchando cuando éste le decía a su mamá que la iba a matar, para posteriormente pegarle y empujarla, cayendo al suelo, aprovechando su progenitor para acuchillarla a la altura del cuello, gritándole su mamá que pidiera ayuda; por su parte, el varón menor de edad, refirió que el día de los hechos, se encontraba en su casa durmiendo en compañía de su mamá y ********, cuando en eso lo despertó su hermana ******** quien estaba llorando, diciéndole que su papá iba a matar a su mamá, cuando en eso observó que su papá estaba hincado a un lado de su mamá en el suelo y le dio una cuchillada y que le decía que la iba a matar, asimismo que vio que le intento dar otra cuchillada pero no le entró y que en eso se le rompió el cuchillo, momento en que su mamá aprovechó para aventar a su progenitor diciendo éste último "ya te maté", fue cuando se salieron de la casa para pedir ayuda. Por tanto, este juzgador comparte la determinación adoptada por la autoridad responsable, porque con los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público dentro de su "Solicitud de orden de aprehensión" y que se tomaron en cuenta para la emisión del acto reclamado, permiten establecer que existe la probabilidad de que ******** cometió el hecho configurativo del delito de homicidio agravado en grado de tentativa, por sí mismo, ya que de los antecedentes se determinó que el aquí quejoso fue la persona quien ejerció los actos violentos en contra de ********, lo cual evidencia su participación, al menos hasta este momento. Aunado a ello, existe una correcta apreciación por parte del juzgador de origen, en cuanto a los datos de prueba reseñados por la representación social, consistentes en la denuncia y entrevista, ambas de nueve de julio de dos mil diecisiete, efectuadas por ********, ante el Agente del Ministerio Público y Agente Ministerial, parte informativo de doce del mismo mes y año, realizado por la Oficial Ministerial, en el que obran las entrevistas realizadas a los menores ******** y ********, ambos de apellidos ********; e informe médico de lesiones, practicado por la médico legista, a ********. Datos de prueba que adecuadamente la Juez responsable, les reconoció como indicio, pues los mismos debidamente adminiculados entre sí generan certeza de que los hechos sucedieron tal y como fueron planteados por el representante social al presentar la petición del mandato de captura que aquí se combate. Asimismo, se comparte el señalamiento realizado por la juzgadora responsable en relación a que se actualizaba la agravante prevista en el artículo 125, párrafo primero, del Código Penal del Estado de Chihuahua, no obstante que el órgano investigador no aportara prueba alguna para acreditar tal extremo, ello en virtud de que adecuadamente estableció que de las mismas declaraciones vertidas tanto por la víctima ******** quien refirió estar aún casada con el actor, así como de lo dicho por los menores ******** y ********, ambos de apellidos ********, quienes expresaron que ********, era su papá y la aquí tercero, su madre. III. Que exista la necesidad de cautela. En lo relativo a este requisito, este juzgador considera que se encuentra colmado, ya que comparte lo señalado por la Juez de origen, en lo referente a que en atención a que el delito imputado al aquí quejoso fue cometido con un objeto cortante, es con la orden de aprehensión, el único medio para lograr la comparecencia del presunto victimario. A lo anterior además, debe tomar en consideración que el delito que se imputa al indiciado es el de homicidio agravado en grado de tentativa, así como que el mismo fue cometido con un arma, lo cual, según lo establecido por el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instaura como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, lo que podría suponer un obstáculo para que el aquí impetrante de amparo compareciera de forma voluntaria a las citaciones que en su caso efectuara la Juez de Control. Lo antes expuesto, no obstante que el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece como medios para lograr la comparecencia del imputado, además de la orden de aprehensión, el citatorio y la comparecencia a través de la fuerza pública; sin embargo, dicho numeral no establece una obligación del Juez de Control de agotar previo al mandato de captura, los otros dos medios referidos con anterioridad, ya que lo único que establece la fracción tercera del mismo, es la justificación que deberá expresar el representante social de la necesidad de la emisión de la captura, lo cual a criterio de este juzgador se encuentra acreditada. Apoya lo antes expuesto, lo sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, en la tesis I.6.P.86 P (10.), localizable en la página 1943 del Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2015204, que estatuye lo siguiente: ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AUN CUANDO ÉSTA ES DE CARÁCTER EXCEPCIONAL, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DECRETARLA CONFORME AL ARTÍCULO 141, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SIN NECESIDAD DE QUE EXISTA CITA PREVIA U ORDEN DE COMPARECENCIA POR MEDIO DE LA FUERZA PÚBLICA, SIEMPRE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO DEMUESTRE LA NECESIDAD DE CAUTELA. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: citatorio al imputado para la audiencia inicial (fracción I); orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna (fracción II); orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe necesidad de cautela (fracción III); de donde se colige que la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, tiene un carácter excepcional, porque su procedencia sólo se actualiza una vez que el citatorio y la orden de comparecencia respectivas no hayan cumplido su objeto; sin embargo, el Juez de control puede ordenar la aprehensión del imputado, sin necesidad de que también exista cita previa u orden de comparecencia a través de la fuerza pública, siempre y cuando el Ministerio Público demuestre la necesidad de cautela, esto es, que existan circunstancias que evidencien la posibilidad de que se evada de la acción de la justicia. En tal orden de ideas, hasta este estado procesal, con independencia de que durante la secuela del mismo se demuestre lo contrario, se encuentra acreditada la existencia de un hecho descrito por la ley penal como delito de homicidio agravado en grado de tentativa, cometido en perjuicio de ********, previsto y sancionado por los artículos 123, 125, 126, relacionados con el 19 y 75, con la calificativa prevista en el numeral 136, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua, con lo que se cumple con los requisitos que exige para la emisión de la orden de aprehensión el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, al haber realizado un estudio oficioso de las constancias que conforman el presente juicio de amparo, de acuerdo a lo que consagra el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado de Distrito advierte que se respetaron y garantizaron los derechos fundamentales del quejoso y ante lo infundado de los conceptos de violación expresados por el citado peticionario; lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 921 2017 VI, promovido por ********, por las razones expuesta en el considerando tercero de la presente resolución, en relación a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita a Coordinación Regional, en ausencia del Fiscal de Distrito de la Zona Norte. SEGUNDO. La justicia de la unión no ampara ni protege ********, contra el acto de la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, consistente en la orden de aprehensión emitida el catorce de julio de dos mil diecisiete, en la causa penal 1608 2017, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado ********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ********, hasta el día de hoy, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Investigación de Violencia Familiar y Delitos que atentan en contra del cumplimiento de la Obligación Alimentaria, que intervino en la carpeta de investigación de la cual deriva el acto reclamado, le reviste el carácter de tercero interesado en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se ordena el emplazamiento al presente juicio del referido representante social. Atento a lo anterior, existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha; por tanto, se difiere para las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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