Jesús Luis Esquive Martínez
Expediente 1629/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1629/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/11/2023
Partes del expediente
- Jesús Luis Esquive Martínez
Actuaciones
- Principal
MESA IV ACUSA RECIBO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes, el oficio signado por el Oficial Mayor de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca, Estado de México, mediante el cual acusa recibo de las constancias que fueron remitidas a través de la misiva 30142/2023 de este índice; circunstancia de la que tiene conocimiento este órgano jurisdiccional. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Oficial Mayor de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, Estado de México, mediante el cual solicita las constancias que remitió como complemente a su informe justificado. Atento a lo anterior, hágase de su conocimiento que en fecha dieciséis de noviembre del año en curso, se reenvió el oficio 30142/2023 y anexo a éste las constancias que solicita, lo cual se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar, solicitando atentamente a la autoridad oficiante, se sirva acusar de recibo en términos del proveído de diez de noviembre del año en curso. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
MESA IV CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio del dos mil veintitrés, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción al tratarse de un desechamiento (artículo 20, fracción IV, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 20 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, este órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, devuélvanse a la autoridad responsable Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca, Estado de México, las constancias que remitió como complemento a su informe justificado, al haberse tramitado inicialmente la demanda en la vía directa, y se le requiere para que dentro del plazo de tres días, acuse recibo de las constancias de mérito, apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos legales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; nueve de octubre de dos mil veintitrés. REGISTRO. Visto el oficio de cuenta, por medio del cual la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en atención al proveído de cuatro de octubre del año en curso, dictado en el juicio de amparo directo 688/2023 de su índice, donde ese órgano declinó competencia, y adjunta las siguientes constancias: Amparo directo 688/2023. Expediente *. Toca de apelación *. Un sobre amarillo con un dvd, un carnet de citas medicas y una identificación de menor. SE ASUME CONOCIMIENTO. En esas condiciones, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado asume el conocimiento del asunto; háganse las anotaciones respectivas. Acúsese recibo. RADICACIÓN. Radíquese la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca, Estado de México; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1629/2023-IV. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, es pertinente destacar que en la especie de la lectura integral de la demanda y constancia remitidas, se desprende que el quejoso reclama esencialmente: La resolución de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, emitida por la sala responsable, en el toca 712/2023, en la cual dejó insubsistente la sentencia de veintiocho de junio pasado, dictada por el Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Lerma, con residencia en Xonacatlán, Estado de México, en el expediente **, y en la que ordenó reponer el procedimiento. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo.". DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Hecha tal precisión, este juzgador advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley de la materia, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto que se tilda de inconstitucional no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los citados artículos, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." De acuerdo con las porciones normativas transcritas, el juicio de amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, el acto aquí reclamado, no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que en contra tales violaciones resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso, se considera que se trata de violaciones procesales que podrán ser reparadas en caso de obtener una resolución favorable al resolver el juicio -* , o en su defecto, en el supuesto de obtener un fallo adverso, podrá combatirse al impugnar la resolución que ponga fin al citado juicio. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. En el caso a estudio el quejoso reclama la resolución de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, emitida por la sala responsable, en el * en la cual dejó insubsistente la sentencia de veintiocho de junio pasado, dictada por el Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de Lerma, con residencia en Xonacatlán, Estado de México, en el expediente *, y en la que ordenó reponer el procedimiento, en primer lugar, para el efecto de que se nombre como tutor de la infante de iniciales D.L.E.G., al Procurador del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Otzolotepec, Estado de México únicamente para que la represente en el expediente 24/23; y en segundo lugar, para que se practique a la menor de identidad reservada, la prueba pericial en psicología infantil. En efecto, dicha determinación no puede considerarse como un acto de imposible reparación, porque aun cuando se controvierte la resolución que ordenó reponer el procedimiento a partir en el expediente 24/23, lo cierto es que esa decisión no afecta materialmente derechos sustantivos, es decir, no impide el libre ejercicio de alguna prerrogativa en forma presente, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese orden de ideas, se actualiza la causa de improcedencia precitada porque los actos reclamados no tienen efectos dentro de juicio que sean de imposible reparación, los cuales, se reitera, deben entenderse por disposición expresa artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, contra los cuales procede el amparo indirecto tratándose de actos emitidos dentro de juicio, pues aun cuando la reposición del procedimiento implica que deberá transcurrir una temporalidad mayor para que se dirima el fondo del juicio, lo cierto es que la naturaleza del acto reclamado es eminentemente procesal, esto es, no tiene el alcance de afectar materialmente los derechos sustantivos del quejoso, de modo que esa afectación no pueda ser reparada con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación de que se trata, esto es, la materia de impugnación sólo trasciende a derechos de naturaleza adjetiva y por ende formales y en su caso reparables, en principio, si la afectada obtiene finalmente una sentencia favorable a sus intereses. Cabe anotar que al tratarse el acto reclamado de una cuestión eminentemente procesal, el quejoso, en caso de que no obtenga sentencia definitiva favorable a sus intereses, podrá hacer valer la violación procesal en el amparo directo que llegara a promover contra aquélla, o contra la resolución que ponga fin al juicio, en términos de los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo; incluso en el supuesto de que obtenga sentencia favorable, tendrá la oportunidad de promover amparo adhesivo, en el cual, acorde a lo dispuesto en el artículo 174, de la propia ley en relación con el 182, fracción II, deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron, en los términos expuestos en esa normativa; con lo que no se le deja en estado de indefensión en lo referente al aspecto procesal contenido en el acto reclamado. No pasa desapercibido para este juzgador el contenido de la tesis 2a./J. 87/2016 (10a.), Registro digital: 2012245, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 1180, del rubro: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA."; sin embargo, si bien dicha tesis prevé que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento no actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo cierto es que ese criterio también prevé que puede actualizarse esa hipótesis luego de llevar a cabo el análisis de las constancias, como ocurrió en el caso, pues se tuvieron a la vista el expediente * del índice del Juzgado Cuarto Civil del Distrito Judicial de Lerma con residencia en Xonacatlán, Estado de México, así como el Toca de Apelación * del índice de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por *, contra actos de la Primera Sala Colegiada Familiar de Toluca, Estado de México, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Conforme a lo establecido en el artículo 27, fracción III, de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se fija en este órgano jurisdiccional. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rafael Ortega Hernández, en virtud de que cuenta con el registro correspondiente en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del artículo referido a las restantes persona que menciona por no contar con registro en el referido sistema. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. NOTIFICACIÓN AUTORIDAD RESPONSABLE. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable la radicación del presente juicio de amparo indirecto al haberse promovido inicialmente la demanda como amparo directo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
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