Jesús Jeronimo Villanueva Figueroa
Expediente 662/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 662/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 08/06/2021
Partes del expediente
- Jesús Jeronimo Villanueva Figueroa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
MESA V Toluca, Estado de México; ocho de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese únicamente para que obre como corresponda al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Secretario del Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, por medio del cual informa el auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, del que se aprecia que acusa recibo del oficio por el cual se enviaron los cuadernos incidentales derivados del presente sumario; lo anterior toda vez que mediante acuerdo de treinta y uno de mayo del año en curso, se ordenó el archivo definitivo del presente cuadernillo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Cúmplase.
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MESA V. TRIBUNAL COLEGIADO ACEPTA COMPETENCIA. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta formado electrónicamente por el Secretario del Quinto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, a través del cual comunica el proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, emitido en el juicio de amparo indirecto 21/2021, de su índice; de cuyo contenido se advierte que acusa recibo del oficio que contiene el auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno, por el que este juzgado declinó competencia a su favor, e informa que aceptó la competencia, se avoca al conocimiento de dicho asunto y admitió la demanda de amparo y la ampliación; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Además, solicita se le remitan los cuadernos incidentales del presente juicio; por tanto, remítanse los cuadernos que solicita la superioridad para los efectos legales procedentes, solicitando el acuse de estilo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En tales condiciones, se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, con la finalidad de que se dé el destino correcto a los presentes autos, atendiendo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se declaró incompetente para conocer del asunto, con fundamento en el punto 21, inciso j) de dicho acuerdo. 2. Asimismo, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el segundo párrafo del artículo 21, del Acuerdo de referencia), asimismo a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese.
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MESA V RAZÓN ACTUARIAL. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan la razón actuarial de cuenta, a través de la cual el Actuario adscrito a este juzgado federal manifiesta la imposibilidad de entregar el oficio 9427/2021 dirigido a la autoridad responsable denominada por el quejoso en su escrito de ampliación de demanda como "Quinto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región" en razón de haber concluido funciones y haberse transformado en el Cuarto Tribunal Unitario del Decimosexto Circuito. Del análisis de las constancias es posible advertir que el extinto Quinto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región emitió el acto que el quejoso reclama en su ampliación de demanda, en apoyo al dictado de sentencias respecto de determinados asuntos del índice del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito. Ahora bien, es preciso señalar que primeramente, en el escrito de demanda el quejoso reclamó los actos que a continuación se precisan: Auto de formal prisión emitido el veintiséis de agosto de dos mil doce, por el entonces Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México en la causa penal 114/2021; ahora causa penal 39/2019-IV del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. La medida de prisión preventiva reclamada al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", como consecuencia del auto de formal prisión. Sin embargo, posteriormente, derivado de la vista de los informes justificados que rindieron las precisadas autoridades responsables, mediante escrito de ampliación de demanda el quejoso señaló como autoridades responsables también al Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito y al Quinto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región y de ambas autoridades reclamó la resolución emitida el trece de diciembre de dos mil doce en el que se modificó el auto de término constitucional de veintiséis de agosto de ese mismo año, dictado en la entonces causa penal 114/2010 del índice del extinto Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de México, ahora Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de México, con sede en Toluca. De lo anterior es importante tomar en cuenta que la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del juicio de amparo. Para ello, el Juez de Distrito debe atender al planteamiento hecho en la demanda de manera integral y en su caso en la ampliación de esta, para desprender los datos que, razonablemente, hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Al respecto el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta constitución, así como por los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del distrito federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los estados o del distrito federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal". Sobre tal tópico, los artículos 36 y 37 de la Ley de Amparo en vigor, establecen: "Artículo 36. Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". A su vez, el numeral 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación estatuye: "Artículo 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado..." Por tanto, si del escrito de ampliación de demanda de amparo se aprecia que la autoridad responsable es el Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito y el Quinto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, y ya no sólo el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, se estima que la competencia recae a un Tribunal Unitario y no en un Juez de Distrito. Sobre el particular el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 4/97, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y otros, y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, estableció que con motivo de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado; máxime que, en la Ley de Amparo en vigor existe disposición expresa al respecto. En estas condiciones, resulta evidente que el órgano de control de la constitucionalidad competente para conocer de la demanda de cuenta lo es el Tribunal Unitario del Segundo Circuito en Turno, con residencia en Toluca, pues si bien, como se mencionó anteriormente el Quinto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región emitió el acto reclamado, esto lo hizo en apoyo al dictado de sentencias respecto de determinados asuntos del índice del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia VIII.1o. J/5, consultable en la página 624, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER EN AMPARO INDIRECTO DE RESOLUCIONES DICTADAS POR UN TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO. CORRESPONDE A OTRO TRIBUNAL DE LA MISMA JERARQUÍA Y NO A UN JUEZ DE DISTRITO. Aun cuando existe discrepancia entre lo dispuesto por el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y lo que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, porque en el primero se previene que para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de un Tribunal Unitario de Circuito, es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a la residencia de aquél, y en el segundo, que la competencia corresponde al Tribunal Unitario de Circuito más próximo al que emitió el acto reclamado; sin embargo, atendiendo al principio de la supremacía constitucional, contenido en el artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia debe recaer en el Tribunal Unitario de Circuito, porque el artículo 107, fracción XII, de la propia Constitución, expresamente dispone que la competencia para conocer de resoluciones dictadas por un Tribunal Unitario de Circuito, corresponde al Tribunal Unitario de Circuito más próximo; y por tanto debe prevalecer la disposición constitucional, y la acorde con ésta, que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, porque dicho numeral tiene como base de sustentación, lo que expresamente dispone la Constitución". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 1ª/J.14/2012 (10ª), consultable en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2012, Libro Vl, Tomo I, Decima Época cuyos rubro y texto son el siguiente: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto prevé que los tribunales unitarios de circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito; en estos casos, el tribunal unitario de circuito competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarquía, en el sentido de que debe ser el más próximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar la competencia del órgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador". En las relatadas consideraciones, se estima pertinente proceder conforme a lo anotado en el cuerpo de este proveído y remitir el juicio de amparo promovido por Jesús Jerónimo Villanueva Figueroa, por conducto de su defensor particular José Emmanuel Ávila Hernández a la oficina de correspondencia común a los Tribunales Unitarios de este Segundo Circuito, con residencia en Toluca, y en atención al presente proveído, lo remita al órgano jurisdiccional que por turno corresponda (con excepción del Primer Tribunal Unitario que es la autoridad responsable). Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia P./J.25/98, consultable en la página 17, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO. Con motivo de las reformas al artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. De acuerdo a una correcta interpretación de lo previsto en la parte final de la fracción I del artículo 29 de la ley orgánica en mención, que textualmente dice: "... En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado.", debe estimarse que la proximidad de la residencia a que se refiere el precepto en mención no excluye a un Tribunal Unitario del mismo circuito al que pertenece el señalado como autoridad responsable, lo que queda patente atendiendo a que con los preceptos antes señalados quedó superado lo estatuido en el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, referente a que es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a su residencia, pues dicha regla implicaba que el Juez de Distrito perteneciera a un distinto circuito al del Tribunal Unitario, para salvaguardar la independencia de aquél; pero ahora, como los actos de un Unitario son del conocimiento de otro tribunal igual en jerarquía y grado y ya no de un inferior, ninguna razón legal ni práctica subsiste para que, habiendo en el mismo circuito dos o más Tribunales Unitarios, queden mutuamente excluidos para conocer en amparo de sus actos; lo que queda patente atendiendo a la unidad lógica que se desprende del sistema de competencias establecido en la propia Ley de Amparo, ya que si el párrafo primero de su artículo 42 establece que un Juez de Distrito conoce en amparo de los actos de otro de su misma jurisdicción, por igualdad de razón un Tribunal Unitario puede conocer de los de otro Unitario de su misma circunscripción, a más de que, por identidad procesal sustancial, también se estima aplicable, para fincar la competencia del Tribunal Unitario del mismo circuito del responsable, la regla competencial del artículo 36 de la ley de la materia, consistente en que es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que se reclama". Por otra parte, se solicita al Tribunal Unitario que corresponda que, de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo, acuse el recibo de estilo a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), con el uso de su firma electrónica. La determinación anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa para los efectos legales conducentes. Además, con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. En las relatadas condiciones, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las catorce horas con treinta minutos del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, por lo que háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA V CITATORIO QUEJOSO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIEMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEIDO DE VEINTE DE MAYO ACTUAL RAZÓN ACTUARIAL. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan la razón actuarial de cuenta, a través de la cual el Actuario adscrito a este juzgado federal manifiesta la imposibilidad de entregar el oficio 9427/2021 dirigido a la autoridad responsable denominada por el quejoso en su escrito de ampliación de demanda como "Quinto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región" en razón de haber concluido funciones y haberse transformado en el Cuarto Tribunal Unitario del Decimosexto Circuito. Del análisis de las constancias es posible advertir que el extinto Quinto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región emitió el acto que el quejoso reclama en su ampliación de demanda, en apoyo al dictado de sentencias respecto de determinados asuntos del índice del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito. Ahora bien, es preciso señalar que primeramente, en el escrito de demanda el quejoso reclamó los actos que a continuación se precisan: Auto de formal prisión emitido el veintiséis de agosto de dos mil doce, por el entonces Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México en la causa penal 114/2021; ahora causa penal 39/2019-IV del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. La medida de prisión preventiva reclamada al Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", como consecuencia del auto de formal prisión. Sin embargo, posteriormente, derivado de la vista de los informes justificados que rindieron las precisadas autoridades responsables, mediante escrito de ampliación de demanda el quejoso señaló como autoridades responsables también al Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito y al Quinto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región y de ambas autoridades reclamó la resolución emitida el trece de diciembre de dos mil doce en el que se modificó el auto de término constitucional de veintiséis de agosto de ese mismo año, dictado en la entonces causa penal 114/2010 del índice del extinto Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de México, ahora Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de México, con sede en Toluca. De lo anterior es importante tomar en cuenta que la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del juicio de amparo. Para ello, el Juez de Distrito debe atender al planteamiento hecho en la demanda de manera integral y en su caso en la ampliación de esta, para desprender los datos que, razonablemente, hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Al respecto el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta constitución, así como por los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del distrito federal, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de los estados o del distrito federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal". Sobre tal tópico, los artículos 36 y 37 de la Ley de Amparo en vigor, establecen: "Artículo 36. Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado. Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". A su vez, el numeral 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación estatuye: "Artículo 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado..." Por tanto, si del escrito de ampliación de demanda de amparo se aprecia que la autoridad responsable es el Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito y el Quinto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, y ya no sólo el Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, se estima que la competencia recae a un Tribunal Unitario y no en un Juez de Distrito. Sobre el particular el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 4/97, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y otros, y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, estableció que con motivo de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado; máxime que, en la Ley de Amparo en vigor existe disposición expresa al respecto. En estas condiciones, resulta evidente que el órgano de control de la constitucionalidad competente para conocer de la demanda de cuenta lo es el Tribunal Unitario del Segundo Circuito en Turno, con residencia en Toluca, pues si bien, como se mencionó anteriormente el Quinto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región emitió el acto reclamado, esto lo hizo en apoyo al dictado de sentencias respecto de determinados asuntos del índice del Primer Tribunal Unitario del Segundo Circuito. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia VIII.1o. J/5, consultable en la página 624, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER EN AMPARO INDIRECTO DE RESOLUCIONES DICTADAS POR UN TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO. CORRESPONDE A OTRO TRIBUNAL DE LA MISMA JERARQUÍA Y NO A UN JUEZ DE DISTRITO. Aun cuando existe discrepancia entre lo dispuesto por el artículo 42, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y lo que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, porque en el primero se previene que para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de un Tribunal Unitario de Circuito, es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a la residencia de aquél, y en el segundo, que la competencia corresponde al Tribunal Unitario de Circuito más próximo al que emitió el acto reclamado; sin embargo, atendiendo al principio de la supremacía constitucional, contenido en el artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la competencia debe recaer en el Tribunal Unitario de Circuito, porque el artículo 107, fracción XII, de la propia Constitución, expresamente dispone que la competencia para conocer de resoluciones dictadas por un Tribunal Unitario de Circuito, corresponde al Tribunal Unitario de Circuito más próximo; y por tanto debe prevalecer la disposición constitucional, y la acorde con ésta, que establece el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, porque dicho numeral tiene como base de sustentación, lo que expresamente dispone la Constitución". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 1ª/J.14/2012 (10ª), consultable en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2012, Libro Vl, Tomo I, Decima Época cuyos rubro y texto son el siguiente: "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA DE OTRO TRIBUNAL DE IGUAL JERARQUÍA QUE CONFIRMA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LA REGLA ESPECIAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 29, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El citado precepto prevé que los tribunales unitarios de circuito conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la ley de la materia respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito; en estos casos, el tribunal unitario de circuito competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Lo anterior implica que el precepto citado establece una regla especial en cuanto a la competencia de dichos tribunales para conocer de los actos reclamados de otro de la misma jerarquía, en el sentido de que debe ser el más próximo a su residencia, siendo innecesario determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución material para fincar la competencia del órgano jurisdiccional, pues donde la ley no distingue, no corresponde hacerlo al juzgador". En las relatadas consideraciones, se estima pertinente proceder conforme a lo anotado en el cuerpo de este proveído y remitir el juicio de amparo promovido por Jesús Jerónimo Villanueva Figueroa, por conducto de su defensor particular José Emmanuel Ávila Hernández a la oficina de correspondencia común a los Tribunales Unitarios de este Segundo Circuito, con residencia en Toluca, y en atención al presente proveído, lo remita al órgano jurisdiccional que por turno corresponda (con excepción del Primer Tribunal Unitario que es la autoridad responsable). Resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia P./J.25/98, consultable en la página 17, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, que establece: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE UN TRIBUNAL UNITARIO CUANDO EN SU CIRCUITO EXISTEN VARIOS. RECAE EN OTRO DEL MISMO CIRCUITO. Con motivo de las reformas al artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención a lo dispuesto en el artículo 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otras cuestiones, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros Tribunales Unitarios, que no constituyan sentencias definitivas. De acuerdo a una correcta interpretación de lo previsto en la parte final de la fracción I del artículo 29 de la ley orgánica en mención, que textualmente dice: "... En estos casos, el Tribunal Unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado.", debe estimarse que la proximidad de la residencia a que se refiere el precepto en mención no excluye a un Tribunal Unitario del mismo circuito al que pertenece el señalado como autoridad responsable, lo que queda patente atendiendo a que con los preceptos antes señalados quedó superado lo estatuido en el artículo 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, referente a que es competente el Juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a su residencia, pues dicha regla implicaba que el Juez de Distrito perteneciera a un distinto circuito al del Tribunal Unitario, para salvaguardar la independencia de aquél; pero ahora, como los actos de un Unitario son del conocimiento de otro tribunal igual en jerarquía y grado y ya no de un inferior, ninguna razón legal ni práctica subsiste para que, habiendo en el mismo circuito dos o más Tribunales Unitarios, queden mutuamente excluidos para conocer en amparo de sus actos; lo que queda patente atendiendo a la unidad lógica que se desprende del sistema de competencias establecido en la propia Ley de Amparo, ya que si el párrafo primero de su artículo 42 establece que un Juez de Distrito conoce en amparo de los actos de otro de su misma jurisdicción, por igualdad de razón un Tribunal Unitario puede conocer de los de otro Unitario de su misma circunscripción, a más de que, por identidad procesal sustancial, también se estima aplicable, para fincar la competencia del Tribunal Unitario del mismo circuito del responsable, la regla competencial del artículo 36 de la ley de la materia, consistente en que es competente para conocer del amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto que se reclama". Por otra parte, se solicita al Tribunal Unitario que corresponda que, de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada; asimismo, acuse el recibo de estilo a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), con el uso de su firma electrónica. La determinación anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa para los efectos legales conducentes. Además, con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. En las relatadas condiciones, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las catorce horas con treinta minutos del veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, por lo que háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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