Jesús Kristian Bernal Madrid
Expediente 896/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 896/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jesús Kristian Bernal Madrid
- Kristelle Vanessa Cárcamo Noriega
- Magistrado Martín Abril Duarte, integrante del Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con seis minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las relativas a la notificación de las partes -autoridades responsable y tercera interesada, tercera interesada, quejoso y representación social de la adscripción-, la demanda de derechos, así como el informe justificado rendido por el magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario hace constar las allegadas por la autoridad responsable -dos tomos de pruebas y disco compacto-. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no formularon alegatos. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por ********************, contra el acto atribuido al magistrado del Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, residente en esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito depositado el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el mismo día, por razón de turno, a este juzgado de distrito, ********************, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad precisada en el proemio de esta sentencia y por el acto reclamado que más adelante se precisará. Trámite. Mediante acuerdo de veinte de junio siguiente, se admitió la citada demanda; se pidió a la autoridad responsable su informe con justificación; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la representación social de esta adscripción, quien no formuló pedimento, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Terceros interesados. En esa misma data, se reconoció el carácter de terceros interesados a Kristelle Vanessa Cárcamo Noriega -imputada en el proceso penal de origen-, y al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Masiva de Casos Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, por lo que se ordenó su emplazamiento a juicio, lo que así ocurrió. Audiencia constitucional. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto declarativo emitido por una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de distrito. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como actos reclamados: La resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, emitida por el magistrado del Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, en el toca penal 79/2022, en la que confirma el auto de no vinculación a proceso de veintinueve de junio de dos mil veintidós, emitido por la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en la causa penal 1199/2022, a favor de Kristelle Vanessa Cárcamo Noriega, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, en perjuicio de ******************** -quejoso-. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto atribuido al magistrado del Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, residente en esta localidad, pues así lo manifestó el magistrado presidente de ese órgano colegiado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la veracidad de los actos combatidos se acredita con las documentales que al efecto acompañó la autoridad a su informe, consistente en las relativas al toca penal 79/2022 de su índice, y de la carpeta administrativa relativa a la causa penal 1199/20222, así como el disco compacto que contiene audio y video de los antecedente del acto en reclamo; documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación las jurisprudencias 226 y 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." y "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Estudio de fondo Al no haberse hecho valer ni advertirse de oficio causa de improcedencia de la acción de amparo, procede examinar el fondo del asunto, sin que sea necesaria la transcripción de los conceptos de violación, dado que en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo. Para mejor comprensión de las consideraciones de esta sentencia, se estima pertinente realizar la siguiente reseña de antecedentes, a saber: En audiencia de veintinueve de junio de dos mil veintidós, celebrada en la causa penal 1199/2022, la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Kristelle Vanessa Cárcamo Noriega, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el numeral 234-A del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de ******************** -quejoso-. Inconforme con esa determinación, ******************** -víctima y aquí quejoso-, interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, en el que por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, se recibió en el citado órgano, se radicó el toca 79/2022, y se turnó el asunto a ponencia. En acuerdo de veintisiete de septiembre siguiente, el magistrado instructor admitió a trámite el citado medio de impugnación y ordenó notificar a las partes ese proveído. El cuatro de octubre de ese año, se citó a las partes para oír resolución, y el diez de octubre posterior, se dictó de forma escrita la resolución de segunda instancia. Contra esa determinación, el aquí quejoso ********************, promovió el juicio de amparo indirecto 1458/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, en el que por sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a efecto de que la entonces magistrada responsable, realizara lo siguiente: "[...] a. Deje insubsistente la determinación de diez de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca 79/2022, de su índice; b. Ordene la reposición del procedimiento de alzada, hasta el auto de veintisiete de septiembre de ese año, en el que se admitió el recurso de apelación, a efecto de que, conforme a lo destacado en esta ejecutoria, señale fecha y hora para llevar a cabo la audiencia pública para resolver la segunda instancia; y, c. Emita una nueva resolución, en la propia audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma, en la que con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda, con la exposición de los fundamentos y motivaciones que sustenten el sentido de la misma. [.]" En cumplimiento a la citada ejecutoria, la entonces magistrada responsable, emitió la determinación de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en la que dejó insubsistente la determinación reclamada y ordenó la reposición del procedimiento de segunda instancia y señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia pública, la cual fue celebrada el veintiocho siguiente; en tanto que el dos de marzo del presente año, dictó resolución en la que confirmó el auto de no vinculación a proceso a favor de Kristelle Vanessa Cárcamo Noriega, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el numeral 234-A del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de ******************** -quejoso-. Contra la anterior resolución de alzada, de nueva cuenta, el aquí quejoso promovió el juicio de amparo indirecto 379/2023, del propio índice, en el que por sentencia de veintiocho de abril del año en curso, se concedió al aquí quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a efecto de que la autoridad responsable: "[...] Deje insubsistente la determinación de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal oral acusatorio 79/2022, en la que confirmó el auto de no vinculación a proceso dictado en favor de Kristelle Vanessa Cárcamo Noriega, y; Siguiendo los lineamientos expuestos en esta sentencia, tomando en consideración que opera en favor de la víctima la suplencia de la queja y el tipo de delito de que se trata, atendiendo con integridad los agravios del apelante, emita una nueva determinación de manera fundada y motivada, en la que analice el dato de prueba consistente en el dictamen en psicología incorporado por la representación social, en la audiencia inicial, y emita la determinación de segunda instancia que en derecho corresponda, resolviendo lo conducente con plenitud de jurisdicción. Sin que ello signifique que deba valorar de una u otra forma el dictamen de mérito; pero sí que explique si el resultado obtenido de esa probanza abona o no al auto de vinculación a proceso. [.]" En cumplimiento a esa sentencia, el magistrado del Segundo Tribunal Colegiado Regional del Primer Circuito del Estado de Sonora, residente en esta ciudad, el veintiséis de mayo de la presente anualidad, dictó sentencia en la que dejó insubsistente la determinación reclamada y, en su lugar, emitió una diversa en la que confirmó el auto de no vinculación a proceso a favor de Kristelle Vanessa Cárcamo Noriega, por el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, apelado. Determinación que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. Precisado lo anterior, debe decirse que los conceptos de violación resultan ineficaces, sin que se advierta queja deficiente que suplir conforme a lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, que se establece a favor de las víctimas u ofendidos del delito. En éstos, el solicitante del amparo, esencialmente sostiene: Que el tribunal responsable indebidamente valoró el dictamen en psicología elaborado por el especialista adscrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, pues no se atendió lo dispuesto por el numeral 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al exigir que en cada dato de prueba recabado, se mantenga un mismo relato de cómo acontecieron los hechos, o que en cada dato de prueba que le hubieran recabado, hubiesen sido literalmente igual sus declaraciones, empero, ello rebasa lo establecido por la ley o la lógica, ya que esperar que una persona, al denunciar un hecho que la ley señala como delito, sean emitidas totalmente iguales. De ahí que la conclusión del especialista en la que evidenció un daño psicológico, basado en la entrevista que le formuló, tales como antecedentes de la relación, sentimientos actuales, preguntas relacionadas al entorno familiar y, si bien, dicho perito solicitó un relato de la versión de los hechos, la circunstancia de que se expresen cuestiones no atinentes al hecho imputado, o que se haga un relato distinto o no se haga una reproducción literal de lo que se dijo en la denuncia, no torna ese dato de prueba insuficiente para acreditar el hecho con apariencia delictiva. Refiere que la determinación resulta ilegal, dado que el magistrado responsable, al exigir a un dato de prueba -dictamen psicológico- la calidad de prueba plena, perdió de vista la etapa procesal en la que se encuentra la carpeta -auto de vinculación a proceso- en el cual no se exige el carácter de prueba plena, sino que los antecedentes de la investigación arrojen indicios suficientes para poder establecer la existencia de un hecho con apariencia de delito; de ahí la importancia del citado dictamen, al evidenciar la presencia de un daño psicológico derivado de los hechos denunciados. Por otra parte, sostiene, que el magistrado responsable minimiza el hecho de violencia familiar, al sostener que las manifestaciones de la imputada realizadas vía mensajes de texto o en escritos judiciales, no son suficientes para que exista una amenaza o palabras ofensivas que puedan representar un acto de poder dirigido a agredir psicoemocionalmente y así provocar un daño a la víctima, sin embargo, contrario a ello, las manifestaciones de la imputada al referirse a su persona como "lord no me alcanza" y que "estaría dispuesta a cooperar para que me haga la vasectomía para que no siguiera procreando más hijos", así como "que no te pares, no eres recibido por la dueña de la casa, evítate problemas", constituyen maltrato verbal dirigido a humillar o despreciar a su persona por su género, para desvalorizarlo y culparlo por solicitar vía judicial la reducción de la pensión alimenticia que otorgó a su menor hija, lo que provoca deterioro, disminución o afectación a su dignidad personal. De igual manera, la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, dado que se restó valor a la declaración de su menor hija, ya que, según su dicho, se rindió sin atender al nuevo protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, vigente a la época de la entrevista; sin embargo, aduce, que no motiva porqué en esa declaración se aparta de ese protocolo. Además, la opinión de la menor de edad no se solicitó en un procedimiento donde se estén ventilando cuestiones inherentes a sus derechos, y que forzosamente deba escucharse su opinión para resolver su interés superior, o que funja como víctima en el proceso penal, supuesto en el cual, sí sería conducente atender al protocolo de mérito, ya que su testimonio se recabó como dato de prueba por parte del agente del Ministerio Público para sustentar el hecho o hechos por los cuales formuló imputación; de ahí que ese testimonio no debía hacerse con base en ese protocolo, sino sólo respetar lo dispuesto en el numeral 49 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por último, señala que la autoridad fue omisa en abordar todos y cada uno de los agravios hechos valer en el recurso de apelación, pues sólo se limitó a señalar que éstos eran infundados, sin contestarlos de manera individual; asimismo, que no atendió los cinco datos de prueba ofrecidos por la fiscalía. Para analizar la pretensión del demandante, al ser el acto reclamado la resolución que confirma el auto de no vinculación a juicio, conviene destacar lo dispuesto por los numerales 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, establecen: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]" "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]" "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [..]" La interpretación de dichos numerales permite considerar que, en el primero, se garantiza que ninguna persona puede ser privada, entre otros aspectos, de su libertad, sino mediante un juicio seguido ante los órganos jurisdiccionales ya establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho que se ventile. En tanto que el segundo de ellos consagra la garantía de fundamentación y motivación de todo acto de autoridad; entendiéndose por fundamentación la cita del o los preceptos aplicables al caso, y por motivación, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada, que se hayan tomado en consideración para su dictado; además, debe existir una debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas jurídicas aplicables, esto es, que las razones particulares que se expresen, concuerden con la descripción legal. Y, en el tercero, el Constituyente Federal estableció el término de setenta y dos horas para que los juzgadores de instancia resuelvan la situación jurídica de los imputados, con el dictado de un auto en el que se determine la libertad del individuo o su vinculación a proceso; en la inteligencia que, de darse el último supuesto, deberá expresarse, en el auto correspondiente, el delito imputado, circunstancias de ejecución del mismo y que los datos que arroje la carpeta de investigación establezcan que se ha cometido un hecho que la ley considera como delito y que el inculpado lo cometió o participó en su comisión. A fin de entender la naturaleza del acto que aquí se reclama es importante destacar que el auto de vinculación a proceso es un acto dentro del procedimiento penal cuya emisión trae como consecuencia que a la persona imputada se le sujete a investigación formalizada, por un plazo perentorio no mayor a seis meses, a fin de que las partes involucradas en el conflicto penal recaben medios de convicción que permitan determinar en una etapa posterior -intermedia-, si lo obtenido es suficiente para que la autoridad ministerial formule acusación al imputado y, en su caso, se le lleve a juicio oral para determinar su responsabilidad en el hecho delictivo que se le atribuye. En el sistema penal acusatorio oral, la vinculación se realiza en función de los hechos, siempre y cuando se establezca que los mismos están tipificados como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo que ocurrirá cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Los numerales 313, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan: "Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso. Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." Así, de la interpretación armónica de los dispositivos legales en mención y del contenido del artículo 19 Constitucional, es dable considerar que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, existen requisitos de forma y fondo a los que hay que darles satisfacción para estar en condiciones de sostener que el actuar de una autoridad judicial que ha dictado un auto de vinculación a proceso, ha sido acorde a derecho. Los requisitos de forma señalados son: Que exista formulación de la imputación; Que el imputado haya tenido oportunidad de rendir declaración; y, Que se dicte a más tardar a las setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad, contados a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y en él deben expresarse el delito que se imputa y las circunstancias de ejecución. Los segundos, pueden enumerarse como: La existencia de datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, Que no se materialice alguna causa de extinción de la acción penal o de exclusión del delito. Para afirmar que dichas exigencias de forma y fondo están cumplidas, el juez debe exponer los fundamentos y motivos por los que estima satisfechos dichos requisitos, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa al investigado. Luego, para cumplir con la garantía de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe tener, es obligación del juzgador precisar las razones particulares y circunstancias especiales que lo conducen a estimar que se cometió un hecho señalado como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, evitando la anticipación de juicio sobre el delito y su autor, con base en la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social, sostenida en los datos de prueba con los que dice contar y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor. De esta manera, en el dictado del auto de vinculación a proceso no se exige la acreditación del cuerpo del delito ni la probable responsabilidad del inculpado, sino el establecimiento de que los hechos motivo de la imputación encuadran en un delito y la probabilidad de la participación del activo, dado que la resolución de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y del eventual juicio, esto es, bastará que los datos de prueba permitan establecer de manera idónea, pertinente y, en su conjunto, la probable intervención del inculpado en el hecho delictuoso imputado. Así se estableció en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de título: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." Precisado lo anterior, se puede afirmar que fue correcta la actuación del magistrado responsable, al dictar la resolución aquí cuestionada. Para ello, es preciso señalar que del contenido del disco compacto relativo a la videograbación de la audiencia inicial celebrada el veintinueve de junio de dos mil veintidós, en la causa penal 1199/2022, del índice del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, de esta ciudad, que concluyó con el dictado del auto de no vinculación a proceso a favor de Kristelle Vanessa Cárcamo Noriega, se desprende que la representación social formuló imputación contra Kristelle Vanessa Cárcamo Noriega, por su probable participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito violencia familiar, que prevé y sanciona el numeral 234-A del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de ******************** -quejoso-, con base en los siguientes hechos: "[.] Que usted en su calidad de ex cónyuge del señor Jesús Kristian Bemal Madrid, ha ejercido un patrón de conducta mediante actos de poder dirigidos a dominar, someter, controlar u agredirlo verbal u psicoemocionalmente, toda vez que el día veinticuatro de noviembre del año dos mil veintiuno, usted presentó un escrito ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar de esta ciudad, en referencia a una contestación de demanda dentro del expediente 1016/2021, siendo éste un juicio oral sobre cuestiones de alimentos, reducción de pensión alimenticia, donde usted agrede a su ex cónyuge verbal y psicoemocionalmente puesto que le dice que estaría usted dispuesta a cooperar para que él se practicara una vasectomía a fin de que él no procreara más hijos y no se viera su ex cónyuge en la necesidad de solicitar una reducción de pensión alimenticia, a quien también lo menciona en múltiples ocasiones dentro de dicho escrito como "Lord no me alcanza". Así también, el día veintiséis de noviembre del año dos mil veintiuno, alrededor de las trece horas con cincuenta y cinco minutos aproximadamente, usted le mandó una serie de mensajes a su ex cónyuge de nombre Jesús Kristian Cárcamo Noriega (sic), diciéndole amenazantemente que se evitara problemas y que no se parara innecesariamiente porque no era bien recibido por la dueña de la casa, toda vez que él solamente quería pasar a su domicilio para recoger a su menor hija con iniciales M.K.B.C, ello para protección de sus datos personales. Calificación jurídica, dichos hechos son consecutivos (sic) del delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 234-A del Código Penal para el Estado de Sonora, atendiendo al momento de su consumación, es instantáneo por eso se consuma al momento de conformidad con el artículo 5, fracción I, siendo éste un delito doloso, es decir, usted quiso el resultado de conformidad con el artículo 6, fracción I, y que la forma de intervención es como autor (sic) directo por haberlo realizado usted, esto de conformidad con el artículo 11, fracción I. Por último, se informa que las personas que deponen en su contra son la propia víctima Jesús Kristian Cárcamo Noriega (sic), así como la menor con iniciales M.K.B.C. y la de nombre Geovana Midorie Guerrero García, es cuanto". Luego, la juez de control dio la oportunidad a la imputada para manifestar lo que a su interés conviniera respecto de los hechos narrados por la fiscal, quien manifestó que no era su deseo declarar. Posteriormente, la fiscalía solicitó la vinculación a proceso por los hechos imputados con base en los siguientes datos de prueba: Denuncia por escrito firmada por ********************, en la que, en esencia, manifestó que estuvo legalmente casado Kristelle Vanessa Cárcamo Noriega, desde el veintisiete de diciembre de dos mil doce, quien desde entonces siempre se había comportado de manera grosera y violenta con él; que en julio de dos mil trece, viajaron a Ciudad Obregón, donde habita la familia de la imputada, lugar donde lo agredió verbal, psicoemocionalmente, diciéndole que "vivía mejor un pinche perro que yo, para que me casé contigo si vales madre, no sirves para nada, entre otras serie de "interperios""; en razón de un altercado entre la imputada, su madre y hermana, decidió devolverse a esta ciudad, empero, fue avisado por parte de la madre que la imputada estaba embarazada, por lo que decidió estar bien con ella por el nacimiento de su hija. Cuando regresaron, otra vez la imputada demostraba su comportamiento con altibajos, sus problemas psicológicos, esto es, seguía con su comportamiento violento hacia él, por lo cual dieron por terminada su relación. Cuando trataba de visitar a su hija cada fin de semana o cada quince días, eran muy constantes los problemas debido a que la imputada le pedía dinero aun cuando él le daba, por lo cual promovió juicio por obligaciones de alimentos, donde decidió darle el 35% de su sueldo; señala que presentó demanda de divorcio incausado, logrando divorciarse el veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis; al tiempo tuvo que demandar a la imputada por cuestiones de convivencia con su hija, ya que siempre ha sido el escudo para obtener un lucro como siempre ha sido su finalidad, señalando que existe un convenio dentro del expediente 1024/2014, el cual la imputada nunca ha cumplido. Señaló que inició una relación con Geovana Midorie Guerrero García y procrearon un hijo el once de agosto del año dos mil dieciséis, por lo que promovió una demanda de reducción de pensión alimenticia; sin embargo, la hoy imputada comenzó a agredirlo a insultarlo constantemente, haciendo referencia a una constancia actuarial realizada por el actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, de diecinueve de octubre del año dos mil dieciséis, que cuando fueron a emplazarle dentro del expediente número 1927/2016, en la que señaló "agárrate con la denuncia ante el Ministerio Público", amenazándolo con meterlo a la cárcel y no dejarlo ver a la niña; a la postre en esa denuncia, la imputada terminó con "darle" el perdón. Posteriormente, promovió un diverso juicio oral de alimentos, por lo que ella se molesta, se enoja, ya que a ella lo único que le importa es la cuestión alimenticia y no le importan los derechos que tienen sus actuales menores hijos; cuando dio contestación a esa demanda, es donde ofrende a la víctima, lo insulta y lo agrede ejerciendo violencia verbal y psicoemocionalmente hacia su persona, siendo en el expediente 1016/2016, pues el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, cuando contesta la demanda, señala "estaría dispuesta a cooperar para que se practicara una vasectomía porque cada rato me demanda y me da pavor que mi hija se quede sin pensión cuando se vuelva a casar y tenga más hijos, pues estoy segura que volverá a intentar utilizando la idéntica táctica aunque improcedente", utilizando sobrenombres despectivos como "Lord no me alcanza". Documental pública consistente en acta de divorcio de veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis, entre ********************,y Kristelle Vanessa Cárcamo Noriega; Documental pública consistente en acta de nacimiento de veinte de abril de dos mil catorce, expedida por la dirección del Archivo del Registro Estatal del Estado de Sonora, a favor de la menor de iniciales M.K.B.C, cuyos padres son ********************,y Kristelle Vanessa Cárcamo Noriega. Documental privada consistente en captura de pantalla de una conversación entre ******************** y Kristelle Vanessa Cárcamo Noriega, de la que se desprende que el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, al ir a recoger a su menor hija, la imputada le dice que no le toca, que es la segunda semana de ese mes pero él insiste que ese día le toca; empero, ella le responde "no te pares innecesariamente que no eres bien recibido por la dueña de la casa, evítate problemas", siendo así que ha evitado o intenta evitar que la víctima conviva con su menor hija, no obstante así estar estipulado en un convenio ante un juzgado de lo Familiar. Documental pública consistente en el emplazamiento de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, de la que se advierte que, ante el actuario Ejecutor Notificador del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, sobre un juicio oral de cuestiones familiares, de reducción de pensión alimenticia, que cuando emplazan a la imputada, ella se molesta y va hacia donde está la víctima y le dice amenazantemente "agárrate con la denuncia del Ministerio Público". Documentales consistentes en copia del escrito presentado por la imputada Kristelle Vanessa Cárcamo Noriega, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, ante el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, de la que se advierte, que en contestación a los hechos demandados en razón de la reducción de pensión solicitada, lo señala como "Lord no me alcanza" y menciona que "estaría dispuesta a cooperar para que la hoy víctima se practicara una vasectomía porque cada rato me demanda y me da pavor que mi hija se quede sin pensión cuando se vuelva a casar y tenga más hijos, pues estoy segura que volverá a intentar utilizar idéntica táctica aunque improcedente". Entrevista de la menor de iniciales M.K.B.C, de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, tomada bajo el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en caso de que afecten a niños, niñas y adolescentes, de la que se advierte su nombre y el nombre de sus padres. En esa entrevista refirió que vivía con su mamá y con su abuela de nombre Adelaida, a quien le dice Aidy; que si sabía por qué se encontraba en esas oficinas y mencionó que su papá había demandado a su mamá v se enojó por eso, y que no quiere que vaya con su papá. Se le preguntó que si como se portaba su mamá con su papá, señalando "que ella se enoja y le grita malas palabras, pero no las quiero decir", se enoja porque su papá la recoge a las cuatro de la tarde y quiere que la regrese a las siete de la tarde, ni tampoco que la deja quedarse los fines de semana con su padre aunque algunas veces, más que sólo unas veces la deja quedarse, pero pues a ella sí le gusta quedarse ahí porque ahí puede jugar con sus hermanos, Le preguntaron que cómo se portaba su mamá con ella, respondiendo la menor que se porta bien nomás que a veces su mamá se enoja con ella y le grita porque siempre se la pasa gritando con su abuela todo el tiempo, porque pero la paga con ella y le comienza a gritar cosas como "ya no me hables, estoy enojada" y cuando eso pasa pues ella se siente muy triste porque ya sabe que ella no tiene la culpa y hay veces que se pone a llorar, pero que su mamá le dice que ya no llore porque luego se enoja más, porque luego se va a enojar más con su abuela y hay veces que su mamá que también le jala la oreja, la cual se la deja toda roja y cuando le jala la oreja ella pues se pone a llorar porque le duele mucho. Le preguntaron que si cuántas veces le ha jalado la oreja su mamá a lo que nos respondió pues que han sido muchas veces, la última vez fue estando en la casa con su mamá y su abuela, recordando que su abuela se comenzó a sentir muy mal y ella le dijo a su mamá que no le gritara a su abuela, pero que su mamá se enojó mucho y pues le jaló la oreja muy fuerte y se tuvo que aguantar el dolor porque se fueron rápido al hospital. Le preguntaron si había algo más que le hacía su mamá aparte de jalarle la oreja, mencionando que también le jalaba de los cabellos, la había jalado de los cabellos en muchas veces, como unas quince veces, pero que su papá se portaba muy bien con ella y que eso es todo lo que quería decir, nomás quería que ya no hubiera problemas en su familia." Dictamen en psicología de cuatro de febrero de dos mil veintidós, suscrito por Jesús Daniel Rendón Espinoza, con cédula profesional número 11800058, del que se advierte que le practicaron diversas pruebas y baterías al señor ********************, y se concluyó que se había causado una alteración psicoemocional, la cual guarda consonancia y relación directa con los hechos denunciados, en virtud de haberse ejercido sobre él actos de poder, inclusive recomendó un tratamiento psicoterapéutico por seis meses. Entrevista a cargo de la testigo Geovana Midorie Guerrero García, en la que señaló que su esposo ********************, interpuso denuncia contra Kristelle Vanessa Cárcamo Noriega, señalando que ella es madre de su primera hija y que constantemente lo está violentando psicológicamente y cada vez que puede. Destacó que a finales de dos mil quince, comenzó una relación con la hoy víctima y en febrero del año dos mil dieciséis, comenzaron a cohabitar y en su relación han procreado tres hijos, de cinco, tres y un año y medio de edad, respectivamente; cuando conoció a la hoy víctima, éste le comentó que ya tenía una hija que en esos entonces tenía dos años, pero que con su madre no tenía una buena relación, que siempre ha batallado mucho para poder ver a su hija, inclusive ya la tenía demandada, por divorcio y seis demandas de alimentos y convivencias. También, le comentaba que la hoy imputada le pedía cada vez más porcentaje de pensión alimenticia, o sea más dinero, y lo amenazaba con no prestarle a su hija, inclusive con quitarle la patria potestad y que pues en un principio pues desde esa situación a ella no le constaba pero conforme fue avanzando su relación ya veía los mensajes de "WhatsApp", y a veces también escuchaba la forma en la cual ella le hablaba a su esposo, con amenazas, con chantajes desde que nació su primer hijo; que en esos momentos sí le prestaba a su hija para que conviviera con él pero a veces no se la prestaba; le comentaba también que le mostró también un convenio donde se establecían los días y horas de convivencia para que el hoy víctima conviviera con su hija dentro del expediente 1024/2014 del Juzgado Primero Familiar de esta ciudad, pero a falta de cumplimiento de convenio, pues se optó por demandar tal incumplimiento. Dijo recordar que puso una demanda sin recordar la fecha exacta, pero fue en dos mil quince o dos mil dieciséis, cuando ella le puso una denuncia a la hoy víctima por supuesta violencia familiar, la cual resultó que eran puras mentiras, nomás para amenazarlo por la cuestión de la pensión, la reducción de pensión que le había puesto, por lo cual él llevó testigos, datos de prueba a fin de pues para establecer la verdad y a ella no le quedó otra más que otorgarle el perdón. También señaló la constancia actuarial donde al momento en que la fueron a emplazar en un juicio familiar, ella lo amenazó diciéndole "agárrate con la denuncia de lo penal", refiriéndose pues a esa misma denuncia. Como fueron pasando los años pues siempre ha sido un problema eso de que él conviva con su hija, ella se la lleva, incluso la ha sacado del país sin avisarle a él, no lo respeta, cambia los días de convivencia, esa situación pues a su esposo le ha afectado mucho. Cuando la niña estaba en sus primeros años de kínder, le hablaron de la escuela para comentarle que su hija necesitaba atención psicológica, debido al comportamiento rebelde que tenía debido a la situación por la que estaban pasando; inclusive, él la comenzó a llevar ahí a la escuela a que le brindaran ese tratamiento psicológico por alrededor de tres meses aproximadamente hasta que su mamá optó por ya no llevarla sin ninguna razón, nomás que la niña, si había habido un cambio en la niña, en su comportamiento. Señaló que en septiembre de dos mil veintiuno, le contó que la niña le había dicho que se había ido con su mamá y un amigo de ella, a Cancún, donde supuestamente estaba incapacitada por Covid, no podía salir, más sin embargo se la llevaron, sin haberle avisado también a su papá, siendo pues por esas situaciones que su esposo, la hoy víctima decide denunciar el incumplimiento de la imputada y promueve otra reducción de pensión alimenticia por el nacimiento de sus otros dos hijos, y a raíz de eso la imputada presentó un escrito de contestación a la demanda de la que se advierten agresiones verbales diciéndole "Lord no me alcanza", que se hiciera una vasectomía para que no tuviera más hijos, entre otras cosas ofensivas hacia él, incluso hacia ella tachándola de floja; que esos juicios aún están pendientes por resolver, y es como la hoy imputada ha tratado de mentir mencionando que también su esposo le ha hecho llamadas de amenazas, entre otras cosas, y siempre está batallando con ese tipo de situaciones, lo cual le producen a él una serie de daño psicológico, inclusive ha intentado también afectarlo en su trabajo, hablando con sus jefes para perjudicarlo y pues todo eso es cómo lo ha estado afectando. Escrito presentado el dos de junio del año dos mil veintidós por ********************, en el cual hace referencia que la imputada no ha respetado el convenio que tienen y que no deja que conviva con su menor hija, como se advierte de las constancias de ocho, doce, dieciséis, diecinueve, veintiuno y veintiocho de abril de ese año, dentro del cuadernillo de incidente de ejecución forzosa que obra dentro del expediente 1927/2016, tramitado en el Juzgado Segundo de lo Familiar, Distrito Judicial de esta ciudad. Con esos datos de prueba estimó acreditado el hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 234-A del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de ********************. Posteriormente, la juez de control preguntó a la imputada Kristelle Vanessa Cárcamo Noriega, si había entendido la imputación, manifestándose en sentido afirmativo; asimismo, le hizo saber el plazo para resolver su situación jurídica, a lo que solicitó que ésta fuera resuelta en esa misma audiencia; dicha imputada, en uso de la voz, solicitó rendir declaración, lo que así aconteció, seguido de preguntas por parte de su defensa y asesor jurídico de la víctima. Después, previo debate de las partes, la juez de control dictó auto de no vinculación a proceso a favor de Kristelle Vanessa Cárcamo Noriega, al considerar medularmente que los datos de prueba expuestos por la fiscalía, así como los argumentos de las partes, no permitían considerar que los hechos narrados establecieran que se había cometido un hecho que la ley señala como delito de violencia familiar; aunado a que de tales datos de prueba se desprende que vienen acaecidos a virtud de diversas demandas hechas valer en juzgados familiares. Determinación contra la cual, como quedó destacado en los antecedentes del acto reclamado, se interpuso recurso de apelación y juicios de derechos, que a la postre concluyeron con la resolución aquí recurrida, en la que el magistrado responsable, confirmó el auto de no vinculación a proceso al tenor de las siguientes consideraciones: Que ese tribunal compartía las conclusiones a la que llegó la juez de control, ya que no se encontraba acreditado lo dispuesto en la fracción III del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que advertía la existencia de dos hechos delatados por el representante social, como constitutivos del delito de violencia familiar, el primero, de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, cuando mediante escrito exhibido ante el juzgado familiar, la imputada dio contestación a la demanda interpuesta por la víctima respecto una solicitud de reducción de pensión alimenticia, en la que utilizó las expresiones "que estaría dispuesta a cooperar para que él se practicara una vasectomía, a fin de que él no procreara más hijos, y no se viera su ex cónyuge, en la necesidad de solicitar una reducción de pensión alimenticia" y, que se refirió a la víctima como "lord no me alcanza"; el segundo, el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, cuando la imputada envió un mensaje de texto a la víctima, en relación a la conversación que mantenían respecto a que éste quería pasar su menor hija para convivencia, diciéndole "que se evitara problemas y que no se parara innecesariamente porque no era bien recibido por la dueña de la casa." Sin embargo, en su concepto, del segundo de tales hechos no se advertía una situación de agresión, ofensa o amenaza que la imputada le escribiera a la víctima y, por otro lado, que de los datos de prueba expuestos audiencia inicial de veintinueve de junio de dos mil veintidós, no se advertía información o indicio alguno que sirviera de apoyo a lo denunciado por la víctima en el sentido de que dicha expresión fue realizada de forma amenazante hacia su persona, y mucho menos que ello le provocó afectación de índole psicoemocional. En tanto que respecto el primer hecho, dichas expresiones fueron emitidas en el escrito firmado por la imputada, mediante el cual le dio contestación a la demanda instaurada en su contra, a efecto de que el juez en materia familiar redujera la pensión alimenticia de la menor hija de ambos, es decir, en uso de su derecho de defensa en materia familiar, y con el propósito de llegar al convencimiento del juez que resolvería sobre dicho juicio. Que de las pruebas reseñadas por la fiscalía, esto es, de las documentales públicas consistentes en actas de divorcio y nacimiento, únicamente establecían la relación de ex cónyuges de la víctima y la imputada. Respecto la documental privada relativa a la captura de pantalla respecto una conversación entre la víctima y la imputada, en la cual, con relación a la convivencia con su menor hija, el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, la víctima señala que pasaría a recoger a su hija, a lo que la imputada le dijo que no le tocaba, manifestándole "no te pares innecesariamente, que no eres bien recibido por la dueña de la casa, evítate problemas" -segundo hecho-; empero, de ésta no se advierten palabras ofensivas o amenazantes que puedan representar un acto de poder dirigido a agredir de forma psicoemocional, y así provocar un daño psicológico a la víctima. Por lo que hace a la constancia actuarial del emplazamiento realizado el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, en la que el actuario Notificador hizo constar, que cuando emplaza a la imputada los diversos juicios demandados por la víctima a la imputada, ésta se molestó y le dice "agárrate con la denuncia del Ministerio Público", la cual, estimó, no tiene relación alguna con los hechos imputados, pues se refiere a una diligencia judicial en el año dos mil dieciséis, cuando los hechos imputados datan del mes de noviembre de dos mil veintiuno. En cuanto a la entrevista de la menor de iniciales M.K.B.C., hija de la víctima y la imputada, quien, si bien señaló que sabe que su papá demandó a su mamá y ella se enojó, lo cierto es que no aporta indicio alguno para brindar sustento a lo denunciado por la víctima; aunado a que dicha declaración no fue tomada en apego a lo dispuesto por el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, vigente a la fecha de dicha entrevista. Respecto el escrito presentado por la víctima el dos de junio de dos mil veintidós, en el cual hace referencia a que la hoy imputada no ha respetado el convenio, relativo a las convivencias con su menor hija, no abona información o indicio alguno respecto los hechos imputados. La entrevista de Geovana Midorie Guerrero García, determinó, que en cuanto a los hechos materia de la imputación, únicamente señala que tuvo conocimiento que en un escrito de contestación a demanda, la imputada agredió verbalmente a su esposo, ofendiéndolo, diciéndole "Lord no me alcanza", y que se hiciera una vasectomía para que no tuviera más hijos, entre otras cosas ofensivas hacia él, aduciendo que ello le produce a él una serie de daño psicológico; lo cual puede traducirse a que narra cuestiones de las cuales tuvo conocimiento por referencia de la víctima, y emite una mera opinión respecto el daño psicológico de su esposo, pues es claro que no es la persona idónea para emitir tal aseveración. Y, respecto el dictamen psicológico de cuatro de febrero de dos mil veintidós, realizado a la víctima, por el perito Jesús Daniel Rendón Espinoza, con cédula profesional número 11800058 -en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 379/2023, del índice de este órgano jurisdiccional-, concluyó que era insuficiente para aportar información de que la afectación psicológica detectada en la víctima, derive de los hechos materia de la formulación de imputación, pues en audiencia inicial de veintinueve de junio de dos mil veintidós, respecto el dictamen psicológico, la defensa refirió que del apartado denominado "versión de los hechos que motivan la evaluación", consta de veintinueve líneas y precisamente contiene lo relatado por la víctima al perito, empero, únicamente en la tercera línea Jesús Kristian hizo referencia a que en un escrito se le dijo "lord no me alcanza", de forma discriminatoria, siendo que el resto de sus manifestaciones corresponden a diversas cuestiones no atinentes a los hechos imputados. Sentado lo anterior, este juzgador procede al estudio de los argumentos expuestos por la parte quejosa, mismos que, por su estrecha relación, se estudiarán de forma conjunta, como lo autoriza el numeral 76 de la Ley de Amparo, los cuales, como se adelantó, resultan ineficaces, ya que los datos de prueba que sustentaron la imputación son insuficientes para suponer que de los hechos narrados y pruebas aportadas se demuestra el delito de violencia familiar y que, consecuentemente, el auto de no vinculación a proceso impugnado debía ser revocado por el tribunal de segunda instancia responsable. Es así, porque atento al principio de exacta aplicación de las normas que disponen las conductas antijurídicas, previsto en el artículo 14 Constitucional, el hecho denunciado debe de ser de tal grado relevante, por su persistencia, por su intensidad o por la combinación de ambos, como para que salga del terreno del derecho familiar para trasladarse al del derecho penal, a través del delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el numeral 234-A del Código Penal para el Estado de Sonora. Al respecto del precitado antisocial, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 6605/2015, determinó que no toda agresión debe ser sancionada penalmente, porque el hecho debe ser analizado desde el mandato de proporcionalidad, ya que lo que interesa y se sanciona es que la conducta -única o reiterada- sea apta, eficiente y suficiente para lesionar la integridad física o psicológica de algún integrante de la familia; de manera que el intérprete es el que debe determinar si es factible que ese evento -dada su eficacia, gravedad o impacto- ocasiona el daño a la integridad de la familia, que la norma penal quiere evitar. Además, determinó que lo que provee base razonable y justifica la sanción penal atribuida a quien lesiona la integridad personal dentro de la familia, no es la singularidad o pluralidad, o incluso la modalidad -física, moral o patrimonial-, de las agresiones, sino la certeza de que, como producto de éstas, se afecta la integridad personal de los miembros o integrantes de la familia: con la afectación a la integridad física o psicológica o de ambas, independientemente de que puedan producir afectación orgánica. De manera que lo que interesa y finalmente acarrea sanción a quien transgrede la norma penal es que la conducta desplegada resulte apta, eficiente y suficiente para lesionar el bien jurídicamente tutelado por la norma penal; a saber: la integridad física o psicológica de algún miembro o integrante de la familia, sobre todo, cuando es factible que un evento ocasione el daño que la norma penal quiere evitar. En el caso concreto, los hechos y datos de prueba que respaldaron la conducta imputada a la aquí tercera interesada, no otorgan el contexto suficiente para considerar que aquella sea de grado relevante, por su persistencia, por su intensidad o por la combinación de ambos, para que salga del terreno del derecho familiar y se traslade al derecho penal, porque como acertadamente lo consideró el magistrado responsable el señalamiento realizado por la representación social al formular imputación es insuficiente, toda vez que afirmó que la conducta, que a su decir eran delictiva, se materializó en dos hechos, a saber: El primero, de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, cuando mediante escrito exhibido ante el juzgado familiar, al contestar la demanda interpuesta por la víctima respecto una solicitud de reducción de pensión alimenticia, la imputada utilizó las expresiones "que estaría dispuesta a cooperar para que él se practicara una vasectomía, a fin de que él no procreara más hijos, y no se viera su ex cónyuge, en la necesidad de solicitar una reducción de pensión alimenticia" y, que se refirió a la víctima como "lord no me alcanza". Y el segundo, el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, cuando la imputada envió un mensaje de texto a la víctima, en relación a la conversación que mantenían respecto a que éste quería pasar su menor hija para convivencia, diciéndole "que se evitara problemas y que no se parara innecesariamente porque no era bien recibido por la dueña de la casa.". Sin embargo, respecto el primero, omitió mencionar el grado de persistencia o intensidad que justifique la intervención de la justicia penal; amén que en el debate entre las partes en la audiencia inicial, aunado a la afirmación de la representación social, se hizo patente que ello ocurrió en esa única ocasión y en su derecho de defensa ante un juzgado familiar; en tanto que, el segundo hecho, como lo sostuvo el tribunal de apelación, no se advierte una situación de agresión, ofensa o amenaza por parte de la imputada al escribirle a la víctima vía aplicación "Whatsapp". Además, como lo determinó el tribunal responsable, la entrevista que se realizó a la menor víctima, solo corrobora el vínculo entre sus padres, lo que percibe al habitar con su madre y el desarrollo de las convivencias con su padre, pero no ofrece un mayor contexto, para saber cómo ocurrió el hecho con apariencia delictiva denunciado y con qué persistencia o intensidad se materializó, es decir, la afirmación de la infante no fue confirmada con algún medio de convicción idóneo, que demostrara, conforme al estándar probatorio necesario para dictar el auto de vinculación a proceso, que la intención de la imputada fue ejercer violencia psicológica hacia su padre. Sin que se soslaye la afirmación de la menor, al señalar que "ella se enoja y le grita malas palabras pero no las quiere decir" -refiriéndose a sus padres-; empero, como se dijo, tales manifestaciones no abonan para determinar, al menos presuntivamente, cómo ocurrió el hecho denunciado. De igual manera, no se desatiende el argumento del solicitante del amparo, en el sentido de que yerra el tribunal responsable al restar valor a dicha entrevista, al estimar que no se desahogó con las directrices establecidas en el protocolo para juzgar con perspectiva de género en infantes y adolescentes, empero, aun cuando es cierta la circunstancia de que no era necesaria acatar esa formalidad, lo cierto es que, como se determinó en esa resolución, dicha entrevista no arroja datos de las circunstancias en que se desarrolló el evento denunciado. Por ende, como correctamente sostuvo el magistrado esponsable, la generalidad e imprecisión de las circunstancias de modo, tiempo y lugar expuestas en la imputación, originaron que no se demostrara el hecho señalado como delito ni la probable participación de la imputada en su comisión, por tratarse de eventos acontecidos en noviembre de dos mil veintiuno, sin que se haya demostrado cómo se afectó con ellos física o psicoemocionalmente al pasivo, para así esclarecer que efectivamente se cometió el tipo penal atribuido a la imputada y la participación de ésta en su consumación. De ahí que no existe certeza de que, como producto de las conductas reprochadas a la imputada, se afectó la integridad personal de un miembro de la familia, es decir, se produjo la afectación en su integridad física o psicológica o de ambas. De igual forma, resulta ajustada a derecho la consideración de la autoridad relativa a que el evento de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en el que la imputada, al contestar la demanda interpuesta por la víctima respecto una solicitud de reducción de pensión alimenticia, utilizó las expresiones "que estaría dispuesta a cooperar para que él se practicara una vasectomía, a fin de que él no procreara más hijos, y no se viera su ex cónyuge, en la necesidad de solicitar una reducción de pensión alimenticia" y, que se refirió a la víctima como "lord no me alcanza", era insuficiente para actualizar el hecho delictivo, ya que dicha conducta puede derivar de la problemática que existe entre ******************** -víctima- y Kristelle Vanessa Cárcamo Noriega -imputada-, sin que pueda considerarse como un acto de poder u omisión intencional que constituya violencia familiar, ya que no encuentra respaldo con ningún medio de convicción que demuestre que esa conducta fue apta, eficiente y suficiente para lesionar la integridad psicológica de aquél, esto es, si efectivamente derivado de esos hechos se le afectó emocional y psicológicamente. Resulta ilustrativa, por las consideraciones que la contienen, la tesis I.1o.P.8 P (11a.), que establece: "VIOLENCIA FAMILIAR. CASO EN EL QUE NO SE CONFIGURA ESTE DELITO POR SUS CONDICIONES DE REALIZACIÓN, CUANDO DERIVA DE UN HECHO AISLADO Y SE ATRIBUYE A UNA MUJER HABERLO COMETIDO CONTRA UN HOMBRE (LEGISLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO). Hechos: La quejosa promovió juicio de amparo indirecto contra el auto que la vinculó a proceso por el delito de violencia familiar, derivado del hecho ocurrido cuando ella y su exesposo estaban fuera de un consultorio médico esperando a su hija que estaba en consulta y ella le dijo: "Te lo vuelvo a repetir, es la última vez que vas a ver a tu hija, pobre jodido, bueno para nada, tacaño". El Juez de Distrito negó el amparo y contra dicha determinación se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito, al contestar las siguientes interrogantes: ¿Un evento único puede ser constitutivo de este delito? ¿Cuál debe ser el estándar para considerar que un insulto es una conducta reprochable penalmente como violencia familiar? y ¿La referida expresión proferida por una mujer a un hombre, en el contexto señalado, puede ser constitutivo de ese delito?, determina que en esas condiciones no se configura el delito de violencia familiar. Justificación: Este delito, previsto en los artículos 200 y 201, fracción II, del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México (lo comete quien por acción -mediante insultos, amenazas y humillaciones- ejerza cualquier tipo de violencia psicoemocional, que haya ocurrido fuera del domicilio que habite, en contra del excónyuge), interpretado conforme al principio de exacta previsión legal, si bien no exige pluralidad de actos y, por tanto, uno solo puede configurarlo, exige que ese acto debe ser de tal intensidad o gravedad que, por sí solo, pueda ser eficiente y suficiente para generar una afectación psicoemocional; pero, además, interpretado desde la perspectiva de género, lo que requiere no trivializar figuras típico penales que se han incorporado al derecho penal para la protección de las personas que históricamente las han padecido -y que en una relación de pareja es la mujer y no el hombre-, es necesario que cuando se atribuya a una mujer haberlo cometido contra un hombre, atento al principio de que lo ordinario se asume y lo extraordinario debe ser probado, sería necesario proporcionar un entorno reforzado, tanto en la narrativa del contexto en el que ocurre el hecho como de los datos de prueba que lo sustenten. En suma, es incorrecto concluir que la mencionada frase, proferida por una mujer a un hombre, constituye un insulto o humillación de relevancia criminal, especialmente en un país como el nuestro que ciertamente es progresista, pero dentro de los márgenes de la racionalidad y guiado por el faro de la perspectiva de género." En esa misma línea de argumentación, es que resulten erróneos los argumentos del quejoso -víctima-, relativos a que el dictamen en psicología que se le practicó, su denuncia, así como las entrevista a cargo de Geovana Midorie Guerrero García, demuestran que las afectaciones psicoemocionales que se dijo padece, derivan de los hechos imputados; ello, debido a que existen indicios de que pueden tener otra fuente, por ejemplo, los hechos derivados del conflicto familiar entre éste y su ex cónyuge. En esa virtud, en base a los razonamientos expuestos, se pone de manifiesto que el tribunal de apelación estuvo ceñido a los marcos legales al haber confirmado el auto de no vinculación a proceso, debido a que en la especie no se colmaron los requisitos previstos por el ordinal 19 de la Constitución Federal, en relación con el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es puntualmente aplicable a tales consideraciones, la tesis 1a. CXXXV/2017 (10a.), que establece: "VIOLENCIA FAMILIAR. EL ARTÍCULO 284 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 QUE PREVÉ DICHO DELITO, SANCIONA LA CONDUCTA SINGULAR O REITERADA APTA, EFICIENTE Y SUFICIENTE PARA LESIONAR LA INTEGRIDAD FÍSICA O PSICOLÓGICA DE ALGÚN MIEMBRO O INTEGRANTE DE LA FAMILIA. La justificación para la sanción penal atribuida por el precepto referido a quien lesiona la integridad personal dentro de la familia, no es la singularidad o pluralidad, o incluso la modalidad, de las agresiones, sino la certeza de que, como producto de éstas, se afecta la integridad personal de los miembros de la familia. Así, lo que acarrea sanción para quien transgrede esa norma es que la conducta desplegada -singular o reiterada- sea apta, eficiente y suficiente para lesionar el bien jurídico tutelado por la norma, esto es, la integridad física o psicológica de algún miembro de la familia. De esta forma, el legislador secundario adopta una decisión constitucionalmente sensata al proteger un bien jurídico valioso y al dejar al intérprete la determinación respecto a las circunstancias, contexto, grado y consecuencias de la agresión perpetrada, independientemente de su repetición." Finalmente, opuesto a lo que esgrime el solicitante del amparo, en el sentido de que la autoridad responsable fue omisa en abordar todos y cada uno de los agravios hechos valer en el recurso de apelación, así como que no atendió los cinco datos de prueba ofrecidos por la fiscalía, la responsable sí fundó y motivó correctamente su determinación en la medida que vertió los razonamientos que rigen el sentido del fallo, a saber: Precisó la resolución que se impugnó en segunda instancia, transcribió las consideraciones emitidas en la resolución que se cumplimentaba -juicio de amparo 379/2023-, así como el trámite dado a la apelación y el objeto de dicho recurso. Estableció que el recurrente expuso los agravios generados por la resolución recurrida, mismos que literalmente transcribió. Determinó que, contrario a lo afirmado por el apelante -aquí quejoso-, no cumplían el estándar probatorio mínimo para la vinculación a proceso, contenido en la fracción III del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión, debiendo entenderse que obran datos suficientes para tal efecto, cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y procedió a la valoración de los citados datos de prueba, como quedó precisado líneas que preceden; asimismo, en un diverso apartado -fojas 39 en adelante-, procedió al análisis de los citados agravios. Conforme a lo anterior, se advierte que la resolución reclamada sí se encuentra fundada y motivada, ya que la responsable realizó una relatoría sucinta de los antecedentes de la controversia, se refirió al estudio de los argumentos del inconforme y expuso los razonamientos que sustentan el sentido de su determinación, esto es, expresó las circunstancias especiales y razones particulares que le llevaron a declarar infundados los agravios y confirmar la resolución recurrida; en consecuencia, se estima objetivamente correcta la resolución de la responsable. De ahí que la resolución jurisdiccional cumple con la garantía constitucional de fundamentación sin necesidad de invocar de manera expresa el precepto. Sustenta lo anterior, la tesis P. CXVI/2000, de título: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS." Decisión En conclusión, al resultar ineficaces los conceptos de violación hechos valer, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, respecto del acto y autoridad precisados en los considerandos II y III, por las razones y fundamentos establecidos en el apartado IV de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercera interesada y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.
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Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés. No se acepta competencia. Glósese a los autos el oficio con anexos que remitió la actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Pena y Administrativa del Quinto Circuito, mediante el cual devolvió el original del juicio de amparo en que se actúa, así como un tomo de pruebas y el oficio con transcripción del proveído de trece de octubre pasado, en el cual el órgano revisor determinó lo siguiente: "En esa tesitura, con fundamento en los artículos 45 y 170 de la Ley de Amparo y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como se anticipó la presidencia de este tribunal NO ACEPTA LA COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda de amparo que se provee, por lo que, deberán devolverse las constancias recibidas al Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, a fin de que se avoque al conocimiento del asunto en cuestión". Acúsese de recibo estilo correspondiente y glósense las constancias originales que formen parte del cuadernillo provisional formado con motivo de la remisión del presente expediente al órgano colegiado. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Se reanuda procedimiento y se señala hora y fecha para audiencia constitucional. En esa tesitura, se reanuda el procedimiento del presente juicio de amparo y para tal efecto, se señalan las nueve horas con seis minutos del veintiocho de noviembre del presente año, a fin de que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y autoridad tercera interesada, así como personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés. No se acepta competencia. Glósese a los autos el oficio con anexos que remitió la actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Pena y Administrativa del Quinto Circuito, mediante el cual devolvió el original del juicio de amparo en que se actúa, así como un tomo de pruebas y el oficio con transcripción del proveído de trece de octubre pasado, en el cual el órgano revisor determinó lo siguiente: "En esa tesitura, con fundamento en los artículos 45 y 170 de la Ley de Amparo y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como se anticipó la presidencia de este tribunal NO ACEPTA LA COMPETENCIA LEGAL para conocer de la demanda de amparo que se provee, por lo que, deberán devolverse las constancias recibidas al Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, a fin de que se avoque al conocimiento del asunto en cuestión". Acúsese de recibo estilo correspondiente y glósense las constancias originales que formen parte del cuadernillo provisional formado con motivo de la remisión del presente expediente al órgano colegiado. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes. Se reanuda procedimiento y se señala hora y fecha para audiencia constitucional. En esa tesitura, se reanuda el procedimiento del presente juicio de amparo y para tal efecto, se señalan las nueve horas con seis minutos del veintiocho de noviembre del presente año, a fin de que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y autoridad tercera interesada, así como personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, carece de competencia legal por razón de grado, para resolver el juicio promovido por Jesús Kristian Bernal Madrid, en relación con la resolución reclamada y autoridad responsable señalados en el apartado I por los motivos expuestos en el considerando I. 30. SEGUNDO. Se ordena enviar los autos originales del presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en la materia y circuito citados, con el objeto de comunicarle la presente resolución.
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