Jesús Juan Francisco Galaz Morán

Expediente 1223/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 18 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1223/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Jesús Juan Francisco Galaz Morán
  • Juez Oral de lo Penal de Hermosillo
  • Zayra Itzel González Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Incidental

    Auto. En Hermosillo, Sonora, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la sentencia en la que se sobreseyó el presente juicio, y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino del cuaderno relativo al incidente en el que se actúa: Valoración. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y se negó la suspensión definitiva. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es destruible, a partir del término de tres años después de haberse dictado el presente acuerdo como asunto concluido. Acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión, en relación con la valoración y destino del cuaderno incidental. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con treinta y tres minutos del seis de octubre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridades responsable y tercera interesada, persona tercera interesada y fiscal federal adscrita-, así como el informe justificado rendido por la juez Oral Penal de Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta localidad; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los citados informes con justificación, y que mediante proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés, ante el incumplimiento del requerimiento efectuado a la parte quejosa, se declaró la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables, fiscal General de la Policía Ministerial de Investigación Criminal, jefe de Grupo de la Policía Ministerial de Investigación Criminal del Departamento de Órdenes de Aprehensión y director General de la Policía Ministerial de Investigación Criminal, y se ordenó suspender toda comunicación legal con éstas. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales allegadas por la juez responsable -constancias relativas a la causa penal 2506/2023 y videograbaciones-. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar las formuladas por la tercera interesada.. El juez acuerda: Se tienen por hechas tales manifestaciones y por perdido el derecho de las demás partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por ********************, contra los actos atribuidos a la juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el quince de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, el dieciséis siguiente a este juzgado de distrito, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad señalada en el proemio de esta resolución y por el acto que se precisará con posterioridad. Mediante acuerdo de dieciséis de agosto del presente año, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Después, por acuerdo de doce de septiembre siguiente, se reconoció el carácter de terceros interesados a la agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, y a ********************, por lo que se ordenó su emplazamiento a juicio, lo que ocurrió el dieciocho y veintiuno de septiembre del presente año, respectivamente. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto que se pretende ejecutar en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La orden de aprehensión o comparecencia librada contra el quejoso ********************. Inexistencia del acto reclamado No es cierto el acto atribuido a la juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta localidad, consistente en la orden de aprehensión librada contra el quejoso de mérito, pues así lo manifestó al rendir informe con justificación. Sin que en el caso la parte quejosa ofreciera prueba alguna tendente a desvirtuar tales manifestaciones. En esa virtud, conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de derechos respecto el acto que se atribuye a tales autoridades. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 284, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, página 236, del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Existencia de los actos reclamados Con independencia de la decisión alcanzada en el párrafo precedente, es cierto el acto atribuido a la juez responsable, consistente en la orden de comparecencia librada por la juez responsable el diez de agosto del presente año, pues así lo manifestó en su informe. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la veracidad del acto combatido se acredita con las documentales que al efecto acompañó la juez penal a su informe, consistente en copia certificada de las constancias que integran la causa penal 2605/2023; documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Causa de improcedencia actualizada -acto consumado de modo irreparable- En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En efecto, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de dos causas de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.]" En efecto, esta autoridad advierte que en cuanto a dicho acto, se actualiza la causal invocada ya que no es posible restituirla, ni legal, ni físicamente, al estado en que se encontraba antes de la violación reclamada. En forma genérica, los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como los que han realizado totalmente sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad se ha obtenido íntegramente con sus consecuencias jurídicas, los que, a su vez, se subdividen en consumados de modo reparable y en consumados de modo irreparable. En lo que interesa, los actos consumados de modo irreparable, son aquéllos que agotaron todos sus efectos, razón por la que, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada. En ese sentido, la naturaleza de los actos consumados para efectos de una controversia de amparo, debe atender a la reparabilidad física y material, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, al igual que antes de las violaciones cometidas; por ende, si física y materialmente no puede obtenerse la restitución de los actos reclamados, porque el fin que con ellos se pretendía se consumó de modo irreparable, es inconcuso que el juicio de amparo resulta improcedente. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así, tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, pues se llegaría al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto es, los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente puede obtenerse la restitución de los derechos vulnerados. En relación con lo anterior, de acuerdo con los preceptos legales invocados de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos cuyos efectos no podrán ser restituidos a la parte quejosa a través de la sentencia de amparo. Es así, porque, en su caso, en cumplimiento al fallo protector, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como lo dispone el invocado artículo 77, fracción I de la ley de la materia, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. La razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no puede ser reparado por la concesión de la protección de la Justicia Federal. En el caso, el acto que reclama el quejoso ********************, se hizo consistir en la orden de comparecencia librada el diez de agosto del presente año, por la juez responsable, a través de la cual autorizó a la representación social a que se presentada al imputado ante dicho órgano judicial por medio de la fuerza pública, a efecto de celebrar la audiencia inicial de formulación de imputación, por su probable participación en la comisión de los hechos aparentemente delictivos de abusos deshonestos agravados, previsto y sancionado en el artículo 213, párrafos segundo, tercero y cuarto, en relación con el numeral 214, fracción I; abuso sexual agravado, que prevé y tipifican los preceptos 213, párrafo primero, y 214, fracción I, así como acoso sexual agravado, previsto y sancionado por los párrafos primero y tercero del arábigo 212 Bis I, todos del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de ********************. Asimismo, por acuerdo de veintidós de agosto del año en curso, la juez de control tuvo por ejecutada la citada orden de comparecencia y por presente al imputado ********************, por lo que señaló fecha y hora para la audiencia de formulación de imputación; sin embargo, ésta no pudo llevarse a cabo en virtud que el referido indiciado se retiró del lugar, sin que la juez responsable emitiera pronunciamiento alguno al respecto. En ese sentido, se advierte que el acto reclamado consistente en la orden de comparecencia reclamada, surtió todos sus efectos y consecuencias dentro de la esfera jurídica del impetrante de garantías al haberse ejecutado en su contra y ser presentado ante la juez de control responsable, sin que se advierta la existencia de una nueva orden que restrinja la libertad deambulatoria del aquí quejoso; pues al efecto, la juez responsable, en su informe justificado, afirmó que no realizó pronunciamiento alguno al respecto. De ahí que resulte inconcuso el hecho de que no puede obtenerse la restitución de los derechos vulnerados, ni física ni materialmente, pues no se puede retrotraer en el tiempo para dejar insubsistente; además de que la parte en la que perjudicó al amparista, produjo todas sus consecuencias al haberse materializado, esto es, la molestia que se le ocasionó al impetrante, ya no es susceptible de ser reparada por medio de la concesión de amparo. Lo anterior es así, pues de otorgarse la protección constitucional, no daría lugar a dejar sin efectos el acto lesivo que se le ocasionó al justiciable, pues el mismo se consumó al momento de ejecutarse la orden combatida y ser presentado ante la juez responsable, con independencia de que no se hubiese llevado a cabo la audiencia inicial referida. En virtud de lo anterior, si el quejoso se duele del acto reclamado descrito y, como se advierte, éste ya se consumó de modo irreparable, se hace patente la actualización de la causa de improcedencia, dado que la afectación derivada de la orden de comparecencia de diez de agosto del presente año, no podría repararse aun cuando se otorgara la protección constitucional al peticionario de amparo, considerando que materialmente sería imposible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada, por haberse consumado irreversiblemente el acto de molestia aducido. Es aplicable la jurisprudencia P./ J.90, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Decisión En esa virtud, por una parte, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos III y V de este fallo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VII. R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por ********************, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos III y V de este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsable y tercera interesada y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Se apersona tercero interesado. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta suscrito por ********************, mediante el cual se apersonan al presente juicio de amparo; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) último supuesto, de la Ley de la materia, se le tiene por apersonada al presente juicio con el carácter que se ostentan. Alegatos. En atención a las manifestaciones que realiza, conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que vierte en los términos que indica y tómense en consideración al resolverse el presente juicio. Alegato Ministerial. Finalmente, glósese en autos el alegato ministerial sin número, suscrito por la Licenciada ********************-agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano-, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que formula, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

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