Jesus Jovanny Rangel Ramirez

Expediente 996/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
996/2017
Año
2017
Actuaciones
18
Última actuación
24/04/2018

Partes del expediente

  • JESUS JOVANNY RANGEL RAMIREZ y Otros.
  • Hector Lopez Lopez Jimenez (Defensor)
  • Jesus Jovanny Rangel Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del dos al veinte de abril de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Juez Quinto de lo Penal de la Ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de trece de marzo de dos mil dieciocho, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete (fojas 123 a 135), se negó el amparo a la parte quejosa; por lo que inconforme con dicha determinación interpuso recurso de revisión (foja 150), del cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el que en el toca R-342/2017 (fojas 179 a 207), resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jesús Jovanny Rangel Ramírez, contra el acto y la autoridad precisados en la parte final de este fallo constitucional. Atento lo anterior, en auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho, se requirió a la autoridad responsable Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo cuyos efectos son: "(.) Así las cosas, resulta procedente revocar el fallo sujeto a revisión, y conceder el amparo solicitado, para que en atención a los razonamientos aquí expuestos, la autoridad judicial responsable se avoque al conocimiento del incidente no especificado de modificación del monto de la caución para obtener la libertad provisional bajo caución, interpuesto por Jesús Jovanny Rangel Ramírez; y resuelva, lo que en derecho corresponda. (.)" Ahora bien, mediante oficio 645 de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho (fojas 220 a 223), el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada del auto de esa misma fecha dictado en el proceso penal 297/2016 de su índice, del que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, admitió el incidente no especificado de modificación del monto de la caución para obtener la libertad provisional bajo caución, interpuesto por Jesús Jovanny Rangel Ramírez; dando vista a las partes con dicho incidente por dos días, para posteriormente señalar día y hora para la audiencia incidental. Sin embargo, la autoridad responsable no dio cumplimiento a todos los efectos de la ejecutoria de amparo emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el que en el toca R-342/2017 de su índice, ya que si bien admitió a trámite el incidente no especificado de modificación del monto de la caución para obtener la libertad provisional bajo caución, interpuesto por Jesús Jovanny Rangel Ramírez, también lo es que no se advierte que haya resuelto el mismo, que también fue uno de los efectos de la referida ejecutoria de amparo; motivo por el cual, en auto de cinco de marzo de dos mil dieciocho (fojas 229 a 231), se le requirió nuevamente el cumplimiento. Así, por oficio 980 de nueve de marzo de dos mil dieciocho (fojas 241 a 247), se tuvo al juez responsable remitiendo copia certificada de la resolución de esa misma fecha, mediante la cual resuelve el citado incidente no especificado de modificación del monto de la caución para obtener la libertad provisional bajo caución. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de cinco de marzo pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veinte de febrero de dos mil dieciocho, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete (fojas 123 a 135), se negó el amparo a la parte quejosa; por lo que inconforme con dicha determinación interpuso recurso de revisión (foja 150), del cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el que en el toca R-342/2017 (fojas 179 a 207), resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jesús Jovanny Rangel Ramírez, contra el acto y la autoridad precisados en la parte final de este fallo constitucional. Atento lo anterior, en auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho, se requirió a la autoridad responsable Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, el cumplimiento a la ejecutoria de amparo cuyos efectos son: "(.) Así las cosas, resulta procedente revocar el fallo sujeto a revisión, y conceder el amparo solicitado, para que en atención a los razonamientos aquí expuestos, la autoridad judicial responsable se avoque al conocimiento del incidente no especificado de modificación del monto de la caución para obtener la libertad provisional bajo caución, interpuesto por Jesús Jovanny Rangel Ramírez; y resuelva, lo que en derecho corresponda. (.)" Ahora bien, mediante oficio 645 de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho (fojas 220 a 223), el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada del auto de esa misma fecha dictado en el proceso penal 297/2016 de su índice, del que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, admitió el incidente no especificado de modificación del monto de la caución para obtener la libertad provisional bajo caución, interpuesto por Jesús Jovanny Rangel Ramírez; dando vista a las partes con dicho incidente por dos días, para posteriormente señalar día y hora para la audiencia incidental. Sin embargo, la autoridad responsable no da cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de amparo emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el que en el toca R-342/2017 de su índice, ya que si bien admitió a trámite el incidente no especificado de modificación del monto de la caución para obtener la libertad provisional bajo caución, interpuesto por Jesús Jovanny Rangel Ramírez, también lo es que no se advierte que haya resuelto el mismo, que también fue uno de los efectos de la referida ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase POR ÚLTIMA OCASIÓN a la autoridad responsable Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que, dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé PLENO cumplimiento a LOS EXTREMOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, Y, EN ATENCIÓN, A LAS OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS QUE EN EL PRESENTE PROVEÍDO SE DESTACAN. Esto es, deberá remitir a esta autoridad federal copia certificada de las constancias de notificación del proveído de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho en el proceso penal 297/2016 de su índice (en la cual admitió el referido incidente), así como de la resolución que haya emitido en el incidente interpuesto por el aquí quejoso (tomando en consideración el efecto de la concesión que preciso el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, el que en el toca R-342/2017). En el entendido que de no hacerlo así, esta Juzgadora continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo a la autoridad responsable Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en el auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho. Asimismo, (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

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