Jesus Jose Rios Jarquin

Expediente 633/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 24 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
633/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
11/12/2019

Partes del expediente

  • Jesus Jose Rios Jarquin
  • JESUS JOSE RIOS JARQUIN y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil diecinueve. Visto con conocimiento de las partes, intégrese a los presentes autos el sobre devuelto por el Servicio de Paquetería ESTAFETA, que contiene el oficio 490/2019-1 de este índice, con anexo, dirigido al agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla, adscrito a la Agencia del Ministerio Público Foránea Sur-Oriente (autoridad responsable), con la razón que refiere la imposibilidad para entregarlo "No existe esa denominación". En ese sentido, a fin de evitar dilaciones procesales, y atendiendo al principio de prontitud, consagrado en el artículo 17 Constitucional, se ordena reenviar la comunicación oficial de mérito a la aludida autoridad bajo su denominación correcta, que es la que aparece en el acuse de recibo de diverso oficio y que obra agregado a los autos del presente juicio de amparo, Agente del Ministerio Público Investigador Mesa 1, Tehuacán, adscrito a la Fiscalía Regional Sur Oriente; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. CÚMPLASE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (fojas 229 a 231), donde se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del cuatro al veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II, del punto vigésimo primero, del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar la documental que la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla adscrito a la Agencia del Ministerio Público Foránea Sur Oriente Armando González Montaño, remitiera como justificación de su informe, consistente en copias cotejadas de las actuaciones de la carpeta de investigación 691/2019/TEHUA, y con la que se ordenó formar anexo I, en acuerdo de ocho de agosto de dos mil diecinueve, devuélvanse las mismas a la autoridad antes referida, por lo que se solicita a la responsable en cita a efecto de que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de su recepción acuse el recibo correspondiente del citado anexo. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a este requerimiento, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del acuerdo general antes mencionado, hágase saber a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger los documentos que exhibió anexos a su escrito aclaratorio de demanda (foja 31) (consistentes en tres extractos de las actas de nacimiento de sus menores hijos Karen Guadalupe, María Mercedes y Ángel de Jesús, todos de apellidos Ríos Sánchez), y que ofreció como medio de prueba, apercibido que de no hacerlo éste podrá ser depurado junto con el expediente, el cual le será devuelto, previa copia simple que obre en autos y constancia de su entrega.

  3. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 24 DE octubre DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de once de octubre de dos mil diecinueve (foja 223), a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que hubieran desahogado la vista conferida. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio, es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve (fojas 99 a 114), se concedió el amparo a Jesús José Ríos Jarquín, por propio derecho y en representación de los menores de edad K.G.R.S., M.M.R.S. y A.J.R.S, para los siguientes efectos: ".Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo a Jesús José Ríos Jarquín, por propio derecho y en representación de los menores de edad K.G.R.S., M.M.R.S. y A.J.R.S, para el efecto de que el 1. Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla, adscrito a la agencia del Ministerio Público Foránea Sur Oriente, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo establecido, realice lo siguiente en la carpeta de investigación 691/2019/TEHUA de su índice: 1. Dejará sin efectos la medida de protección de cinco de junio de dos mil diecinueve, dictada en la mencionada carpeta de investigación. 2. Emitirá una determinación fundada y motivada en la que establecerá si existe o no la necesidad de emitir la medida de protección aquí combatida. 3. Y, de considerar lo último así lo proveerá, pero fundando y motivando la causa legal de su actuar, indicado los datos de prueba que toma en consideración para llegar a esa determinación y, desde luego, tomando las medidas necesarias y estableciendo los fundamentos atinentes a respetar los derechos humanos que asisten a los menores K.G.R.S., M.M.R.S. y A.J.R.S, de conformidad con lo establecido en este fallo. 4. Remitirá las constancias conducentes que acrediten el cumplimiento a este veredicto constitucional, entre las que deberá acompañar las constancias de notificación a las partes de la determinación que se sirva emitir. En la inteligencia de que, para acatar el fallo protector de garantías, la autoridad responsable deberá atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia." (Fojas 113 y 114). En acuerdo de once de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 146 a 149), se determinó que dicho fallo había causado ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Al respecto, en lo que al caso atañe, por oficio sin número de uno de octubre de dos mil diecinueve (fojas 186), la fiscal responsable remitió copia certificada del auto de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, en el que dejó sin efectos la medida de protección consistente en el reingreso de la víctima -aquí tercera interesada- Mercedes Sánchez Arcos, a su domicilio sito en calle Emiliano Zapata, lote 12, colonia Luis Donaldo Colosio, Tehuacán, Puebla, emitida mediante oficio 1155/2019, de cinco de junio de esta anualidad, indicando los motivos y fundamentos por los que estimó que no había lugar a decretar tal medida, en sustitución de la consistente en la separación del mencionado domicilio, cuenta habida que a dicha víctima se le favoreció con la diversa medida (impuesta al hoy quejoso), de prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia hacia ella. Y, como hasta ese momento no se encontraba justificado con dato probatorio alguno el cambio de condiciones objetivas para tener la certeza de que, de reintegrarse a su morada la víctima, ésta no correría riesgo de ser afectada en su integridad física o moral, consideró que no era procedente el cambio de medida de protección para que reingresara a ese domicilio. Asimismo, ordenó la práctica de valoración psicológica a la supracitada tercera interesada, al hoy quejoso y a los menores K.G.R.S., M.M.R.S. y A.J.R.S, a efecto de conocer su estado de afectación psicológica, viabilidad o riesgo, en caso de que se decretara como medida, que habitaran en el mismo lugar (fojas 188 a 190). Determinación que notificó al quejoso y tercera interesada el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 191 y 192). Aunado a ello, la responsable ordenadora hizo llegar a este juzgado, copia autorizada de la constancia de diez de octubre de dos mil diecinueve, de cuyo contenido se aprecia que la aludida Mercedes Sánchez Arcos, ya no se encuentra habitando el domicilio en mención desde el siete de junio de dos mil diecinueve (foja 219). Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, se estima que se han cumplido cabalmente con las consideraciones apuntadas en la ejecutoria de amparo, pues: La 1. Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla, adscrito a la agencia del Ministerio Público Foránea Sur Oriente. 1. Dejó sin efectos la medida de protección de cinco de junio de dos mil diecinueve, dictada en la mencionada carpeta de investigación. 2. Emitió una determinación fundada y motivada en la que estableció que no existía la necesidad de emitir la medida de protección combatida. 3. Indicó que hasta ese momento no se encontraba justificado con dato probatorio alguno, el cambio de condiciones objetivas para tener la certeza de que de reintegrarse a su morada la víctima no correría riesgo de ser afectada en su integridad física o moral, por lo que hasta ese momento no era procedente el cambio de medida de protección para que reingresara a dicho domicilio; y tomó las medidas necesarias a fin de respetar los derechos humanos que asisten a los menores K.G.R.S., M.M.R.S. y A.J.R.S., ordenando la práctica de valoración psicológica a efecto de conocer su grado de afectación en caso de una eventual medida en la que se propiciara la convivencia en el mismo domicilio con sus padres. 4. Remitió las constancias conducentes que acrediten el cumplimiento al veredicto constitucional, entre las que acompañó las constancias de notificación a las partes de la determinación que emitió. En tal virtud, se estima que se acataron cabalmente los efectos de la sentencia amparadora, de ahí que al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente controvertido constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia..."

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada mediante proveído de once de octubre de dos mil diecinueve (foja 223), a efecto de que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que hubieran desahogado la vista conferida. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se analizará si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio, es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve (fojas 99 a 114), se concedió el amparo a Jesús José Ríos Jarquín, por propio derecho y en representación de los menores de edad K.G.R.S., M.M.R.S. y A.J.R.S, para los siguientes efectos: ".Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo a Jesús José Ríos Jarquín, por propio derecho y en representación de los menores de edad K.G.R.S., M.M.R.S. y A.J.R.S, para el efecto de que el 1. Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla, adscrito a la agencia del Ministerio Público Foránea Sur Oriente, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y se le requiera su cumplimiento, dentro del plazo establecido, realice lo siguiente en la carpeta de investigación 691/2019/TEHUA de su índice: 1. Dejará sin efectos la medida de protección de cinco de junio de dos mil diecinueve, dictada en la mencionada carpeta de investigación. 2. Emitirá una determinación fundada y motivada en la que establecerá si existe o no la necesidad de emitir la medida de protección aquí combatida. 3. Y, de considerar lo último así lo proveerá, pero fundando y motivando la causa legal de su actuar, indicado los datos de prueba que toma en consideración para llegar a esa determinación y, desde luego, tomando las medidas necesarias y estableciendo los fundamentos atinentes a respetar los derechos humanos que asisten a los menores K.G.R.S., M.M.R.S. y A.J.R.S, de conformidad con lo establecido en este fallo. 4. Remitirá las constancias conducentes que acrediten el cumplimiento a este veredicto constitucional, entre las que deberá acompañar las constancias de notificación a las partes de la determinación que se sirva emitir. En la inteligencia de que, para acatar el fallo protector de garantías, la autoridad responsable deberá atender puntualmente y en su totalidad los citados efectos conforme a las consideraciones y los lineamientos establecidos en esta sentencia." (Fojas 113 y 114). En acuerdo de once de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 146 a 149), se determinó que dicho fallo había causado ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento. Al respecto, en lo que al caso atañe, por oficio sin número de uno de octubre de dos mil diecinueve (fojas 186), la fiscal responsable remitió copia certificada del auto de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, en el que dejó sin efectos la medida de protección consistente en el reingreso de la víctima -aquí tercera interesada- Mercedes Sánchez Arcos, a su domicilio sito en calle Emiliano Zapata, lote 12, colonia Luis Donaldo Colosio, Tehuacán, Puebla, emitida mediante oficio 1155/2019, de cinco de junio de esta anualidad, indicando los motivos y fundamentos por los que estimó que no había lugar a decretar tal medida, en sustitución de la consistente en la separación del mencionado domicilio, cuenta habida que a dicha víctima se le favoreció con la diversa medida (impuesta al hoy quejoso), de prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia hacia ella. Y, como hasta ese momento no se encontraba justificado con dato probatorio alguno el cambio de condiciones objetivas para tener la certeza de que, de reintegrarse a su morada la víctima, ésta no correría riesgo de ser afectada en su integridad física o moral, consideró que no era procedente el cambio de medida de protección para que reingresara a ese domicilio. Asimismo, ordenó la práctica de valoración psicológica a la supracitada tercera interesada, al hoy quejoso y a los menores K.G.R.S., M.M.R.S. y A.J.R.S, a efecto de conocer su estado de afectación psicológica, viabilidad o riesgo, en caso de que se decretara como medida, que habitaran en el mismo lugar (fojas 188 a 190). Determinación que notificó al quejoso y tercera interesada el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 191 y 192). Aunado a ello, la responsable ordenadora hizo llegar a este juzgado, copia autorizada de la constancia de diez de octubre de dos mil diecinueve, de cuyo contenido se aprecia que la aludida Mercedes Sánchez Arcos, ya no se encuentra habitando el domicilio en mención desde el siete de junio de dos mil diecinueve (foja 219). Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, se estima que se han cumplido cabalmente con las consideraciones apuntadas en la ejecutoria de amparo, pues: La 1. Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla, adscrito a la agencia del Ministerio Público Foránea Sur Oriente. 1. Dejó sin efectos la medida de protección de cinco de junio de dos mil diecinueve, dictada en la mencionada carpeta de investigación. 2. Emitió una determinación fundada y motivada en la que estableció que no existía la necesidad de emitir la medida de protección combatida. 3. Indicó que hasta ese momento no se encontraba justificado con dato probatorio alguno, el cambio de condiciones objetivas para tener la certeza de que de reintegrarse a su morada la víctima no correría riesgo de ser afectada en su integridad física o moral, por lo que hasta ese momento no era procedente el cambio de medida de protección para que reingresara a dicho domicilio; y tomó las medidas necesarias a fin de respetar los derechos humanos que asisten a los menores K.G.R.S., M.M.R.S. y A.J.R.S., ordenando la práctica de valoración psicológica a efecto de conocer su grado de afectación en caso de una eventual medida en la que se propiciara la convivencia en el mismo domicilio con sus padres. 4. Remitió las constancias conducentes que acrediten el cumplimiento al veredicto constitucional, entre las que acompañó las constancias de notificación a las partes de la determinación que emitió. En tal virtud, se estima que se acataron cabalmente los efectos de la sentencia amparadora, de ahí que al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria pronunciada en el presente controvertido constitucional, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia.

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