Jesús José Vigueria Chávez y Otros.
Expediente 475/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 475/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús José Vigueria Chávez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y la certificación que precede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese hecho valer el recurso de queja contra el auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, en el cual se desechó por extemporánea la demanda presentada por los quejosos Jesús Humberto Vega Arellano y Jesús José Vigueria Chávez; en tales condiciones, se declara que dicho auto ha causado estado. Toda vez que en el presente no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir archívese como asunto concluido. Se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues se desechó por extemporánea la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, esto es, se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal se dio por concluido, aunado a que al prudente arbitrio del juzgador no tienen relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LOS QUEJOSOS EL ACUERDO DE veintitrés de octubre de dos mil veinte, LO ANTERIOR POR ESTAR ORDENADO EN EL ACUERDO DE QUINCE DE LOS ACTUALES Y QUE DICE: Visto el escrito de cuenta, presentado por ********************, mediante el cual cumplen la prevención que se les realizó el quince octubre de dos mil veinte, y al efecto precisan los actos que reclaman de cada una de las autoridades que señalaron como responsables, y dicen que no es su deseo reclamar la falta de contestación del escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil quince, por éstos ante el agente del Ministerio Público de Nuevo Casas Grandes, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Expuesto lo anterior, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; así se aprecia de su contenido, del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo transcrito en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que exista una causa de improcedencia; además, que ésta sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Expuesto lo anterior, luego del análisis del contenido integral de la demanda de amparo, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I a XIX (.); XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;(.)". En el precepto transcrito se encuentra inmerso el principio de definitividad que rige el juicio de garantías, el cual ordena que antes de promover el juicio de amparo, se deben agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que se estime ilegal y que tengan el efecto de revocarlo, modificarlo o nulificarlo, ya que de lo contrario, surgirá la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en virtud de que a esta vía deberá acudirse sólo cuando la actuación que se impugna no pueda remediarse ante las propias autoridades de instancia. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 986 del Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, página 678, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". En el caso, según lo expuesto por los quejosos bajo protesta de decir verdad, los actos que de cada autoridad reclaman los hacen consistir en: Ahora bien, es dable precisar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de Amparo, del estudio integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se aprecia que los actos combatidos en el presente juicio de amparo son los siguientes: a) De Ramón Villalpando Chávez, en su calidad de Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Casas Grandes, Chihuahua, reclaman la entrega material y posesión que se hiciera de una superficie de 129-0122.40 hectáreas de terreno propiedad del citado Ejido, así como la resolución de veinte de agosto de dos mil catorce que fuera expedida en el expediente correspondiente a la dotación del Ejido en comento, y por consiguiente las órdenes y acuerdos dictados para que se realice la inscripción en el Registro Agrario Nacional, así como en el registro Público de la Propiedad de Nuevo Casas Grandes. b) De Rosalío Pérez Ramírez, la desposesión citada en líneas precedentes. c) Así como las órdenes o acuerdos dictados para dar cumplimiento a la resolución d) De la Unidad de Investigación de la Fiscalía Especializada en Investigación y Ejecución del Delito, Órgano de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con sede en Nuevo Casas Grandes, el acuerdo mediante el cual declina competencia de la carpeta 20-2015-0001238, a través del oficio 00510/2017 dirigida al Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria de Ciudad Juárez, así como la inactividad procesal. e) Del Delegado del Registro Agrario Nacional delegación Chihuahua, el cumplimiento a los acuerdos u órdenes para privar de la propiedad y posesión del terreno del Ejido. F) Del Agente del Ministerio Público de Nuevo Casas Grandes, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua la inactividad y posterior declinatoria de la carpeta antes descrita. Como se dijo, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, regula una de las infracciones a la inobservancia del principio de definitividad que se reconoce respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en la fracción IV del artículo 107 Constitucional, en la medida en que prevé que contra tales actos procede el amparo siempre y cuando no fueran reparables mediante algún medio de defensa legal. Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo dicho juicio, recurso o medio ordinario de defensa, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo resultará improcedente. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos públicos fundamentales de los gobernados, por lo cual lógicamente, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente reconocidos, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En efecto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los ejerzan y, sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. No obstante, cabe destacar que la norma constitucional también alude a título de excepción, que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar la suspensión de los actos reclamados. Asimismo, no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. De lo anterior se desprende que para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, se requiere la satisfacción de los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que el acto impugnado sea revisable de oficio, o bien, a instancia de parte proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o anulado; c) Que el recurso que proceda se encuentre previsto en una ley. d) Que conforme a las leyes que rigen el acto o el juicio, recurso o medio de defensa relativo proceda la suspensión, con los mismos alcances, sin que establezca un mayor plazo para el otorgamiento de la suspensión provisional, y sin que pida mayores requisitos que los que para tal fin establece la Ley de Amparo, con independencia de que el acto en sí mismo considerado sea susceptible de paralización; y, e) Que no se actualice alguna excepción al principio de definitividad. Destacado lo anterior, toda vez que como se adelantó, los actos reclamados en la presente instancia constitucional se hacen consistir en los actos de molestia tendientes a privar de la posesión a los aquí quejosos, del terreno Ejidal de superficie de 129-0122.40 hectáreas propiedad del Ejido Casas Grandes, Chihuahua- respecto de las cuales refieren se adjudicaron al Ejido en cita, en virtud a lo decidido en la resolución dictada en el expediente del Tribunal Superior Agrario 133/2002-05-; lo anterior, con motivo de la entrega material y posesión que se hiciera a favor de Rosalío Pérez Ramírez, así como el registro que se pretende hacer de las citadas hectáreas a su favor, ello en cumplimiento al acuerdo unilateral dictado el veinte de agosto de dos mil catorce, que también se reclama; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a verificar si en el caso se encuentran reunidos los elementos que actualizan la causa de improcedencia en estudio. Respecto al requisito marcado con el inciso a), consistente en que los actos reclamados emanen de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, se encuentra satisfecho, pues se advierte que los actos combatidos fueron emitidos por el Presidente del Comisariado Ejidal, perteneciente al Ejido de Casas Grandes. Por lo que hace al inciso b) y c), se actualiza la condición relativa a que contra los actos reclamados proceda algún medio de defensa previsto en una ley, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, a través del juicio agrario previsto en los artículos 163 de la Ley Agraria y 18, fracciones IV, V y VI de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que señalan, respectivamente: Ley Agraria: "Artículo 163. Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta ley." Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios: "Artículo 18. Los Tribunales Unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los Tribunales Unitarios serán competentes para conocer: I a III. (.); IV. De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación; V. De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales; VI. De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí; así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población; (.). En efecto, a través del juicio agrario tramitado ante un Tribunal Unitario Agrario conforme a lo previsto en la Ley Agraria y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios pueden ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, en tanto, el artículo 163 de la Ley Agraria señala que la sentencia definitiva del juicio podrá sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esa ley, de lo que se desprende la competencia originaria de los Tribunales Agrarios, para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad, así como para resolver, en general, los asuntos de naturaleza agraria. Asimismo, en relación con el inciso d), se cumple con el mismo, pues el Titulo Décimo, Capítulo I "Disposiciones Preliminares", artículo 166 de la Ley Agraria establece, regula y permite la suspensión de la ejecución de los actos impugnados en el juicio agrario. Así, el artículo 166 de la Ley Agraria, establece: ".Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte, de la Ley de Amparo. En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso". Es decir, en éste se prevé la suspensión de los actos reclamados, remitiéndose para su regulación al capítulo respectivo de la Ley de Amparo e incluso precisa que deberán considerar las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso. Ahora, cuando en términos del mencionado precepto deba suspenderse la actuación de alguna autoridad aplicando la Ley de Amparo, se presentan las siguientes particularidades: a) No deben invocarse ordenamientos diversos a esa ley para los casos de su procedencia y las condiciones en que se otorgue; b) Puede decretarse la suspensión en el mismo acuerdo admisorio, o bien, formar un cuaderno incidental para decretar la suspensión provisional y, previos los informes recabados, la suspensión definitiva; c) El Magistrado Agrario debe actuar en función de la problemática que presenta cada caso concreto, a fin de lograr que el acto de autoridad impugnado se suspenda en sus consecuencias, sin causar afectaciones irreparables a quienes intervienen en la contienda. De lo que se sigue que la Ley Agraria, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos reclamados, pues se trata de los mismos requisitos contemplados en aquella. Al respecto cabe señalar que el artículo 166 de la Ley Agraria, al remitir el legislador a la Ley de Amparo para decretar la suspensión de los actos de autoridad, permite la posibilidad de que al recibir la demanda del juicio agrario en el que se impugne un acto de autoridad que, si llegare a consumarse, haga físicamente imposible restituir al promovente en el goce de su derecho reclamado, el Tribunal Agrario pueda decretar la suspensión de oficio de ese acto, invocando para ello el artículo 126, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, y con base en el cual podrá: 1. Decretar la suspensión de plano, en el mismo auto en que admita la demanda, comunicándola sin demora a la autoridad responsable para su inmediato cumplimiento; 2. Ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos de autoridad impugnados; y, 3. Conceder la referida suspensión de oficio sin establecer garantía alguna para el promovente, dado que la Ley de Amparo sólo la prevé para la suspensión a petición de parte. Orienta esta consideración, la tesis 2a. XXV/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 475, registro 167695, que señala: "JUICIO AGRARIO. CARACTERÍSTICAS DE LA SUSPENSIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY AGRARIA. Cuando en términos del mencionado precepto deba suspenderse la actuación de alguna autoridad aplicando la Ley de Amparo, se presentan las siguientes particularidades: a) No deben invocarse ordenamientos diversos a esa ley para los casos de su procedencia y las condiciones en que se otorgue; b) Puede decretarse la suspensión en el mismo acuerdo admisorio, o bien, formar un cuaderno incidental para decretar la suspensión provisional y, previos los informes recabados, la suspensión definitiva; c) El Magistrado Agrario debe actuar en función de la problemática que presenta cada caso concreto, a fin de lograr que el acto de autoridad impugnado se suspenda en sus consecuencias, sin causar afectaciones irreparables a quienes intervienen en la contienda; y, d) Al no existir recursos ordinarios o medios de defensa dentro de la Ley Agraria para controvertir estas determinaciones, pueden impugnarse en amparo indirecto, conforme a la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otro lado, el precepto primeramente citado, al remitir el legislador al Libro Primero, Título Segundo, Capítulo III, de la Ley de Amparo para decretar la suspensión del acto de autoridad, excluye la posibilidad de que se apliquen las disposiciones del Libro Segundo que dicha ley prevé para los juicios de garantías en materia agraria, entre los cuales se encuentran sus artículos 233 y 234; sin embargo, tal circunstancia no impide que al recibir la demanda del juicio agrario en el que se impugne un acto de autoridad que, si llegare a consumarse, haga físicamente imposible restituir al promovente en el goce de su derecho reclamado, el Tribunal Agrario pueda decretar la suspensión de oficio de ese acto, invocando para ello el artículo 123 de la Ley de Amparo, cuya aplicación está permitida, y con base en el cual podrá: 1. Decretar la suspensión de plano, en el mismo auto en que admita la demanda, comunicándola sin demora a la autoridad responsable para su inmediato cumplimiento; 2. Ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos de autoridad impugnados; y, 3. Conceder la referida suspensión de oficio sin establecer garantía alguna para el promovente, dado que la Ley de Amparo sólo la prevé para la suspensión a petición de parte". Finalmente, por lo que respecta al inciso e), relativo a la no actualización de algún motivo de excepción al principio de definitividad, también se encuentra cubierto, en atención a lo siguiente: En efecto, conviene tener en cuenta que el principio de definitividad admite otras excepciones derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales, por ello, se verificará si en el caso se actualiza alguna excepción al principio de definitividad distinta a las que anteriormente fueron objeto de estudio. En la especie, por lo que hace a que se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, no se actualiza, dado que en su escrito aclaratorio precisan que no señalan como acto reclamado la falta de contestación, además se duelen de violaciones a los artículos 14 y 16, entre otros, de la Constitución (indebida fundamentación y motivación), lo que obligaría a este Juzgado a examinar aspectos de legalidad que pueden ser materia de análisis en sede ordinaria. Por lo que hace a si se impugnan leyes con motivo del primer acto de aplicación, de la lectura integral del ocurso de demanda y su aclaratorio, se advierte que en el caso no se trata de un amparo contra leyes, ni tampoco que los actos reclamados entrañen el primer acto de aplicación de una norma general impugnada, por lo cual no se actualiza la causa de excepción al principio de definitividad en comento. En relación a que se afecten a personas extrañas a juicio o al procedimiento del cual emanan los actos, al respecto, no pasa inadvertido el hecho de que los promoventes refieren que las órdenes y acuerdos se realizaron sin llevar a cabo la asamblea correspondiente, en esas condiciones no es posible atribuirles el carácter de personas extrañas al procedimiento de origen, en virtud de que los mismos no derivan de la tramitación de juicio o de procedimiento alguno. Finalmente, cabe precisar además, que el acto reclamado no se trata de aquellos que importan la privación de la vida o ataques a la libertad personal del quejoso fuera de procedimiento, ya que se trata de actos de naturaleza agraria, no penal, por lo que tampoco puede existir una transgresión al artículo 16 constitucional en materia penal, y no se aduce alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20 constitucionales. Por tanto, aun cuando existen excepciones al principio de definitividad, en el presente caso no se actualizan, por lo cual la parte quejosa sí se encontraba obligada a cumplir con dicho principio. En tal virtud, si antes de promover el juicio de garantías, los inconformes no promovieron el referido juicio agrario, a través del cual pudieron haber sido modificados, revocados o nulificados los actos reclamados, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio ya que los quejosos no cumplieron con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Similar situación acontece respecto a los actos que reclama de las responsables Unidad de Investigación de la Fiscalía Especializada en Investigación y Ejecución del Delito, Órgano de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con sede en Nuevo Casas Grandes, Delegado del Registro Agrario Nacional delegación Chihuahua, y Agente del Ministerio Público de Nuevo Casas Grandes, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, puesto que contra las actuaciones de éstos, previo al juicio de amparo, se debió acudir ante la Procuraduría Agraria, tal y como se establece en el artículo 135 y 136, fracción X, de la Ley Agraria, pues en éstos se establece que dentro de las atribuciones de ésta corresponde la defensa de los derechos de los ejidatarios, así como la atención de las denuncias que pudieran constituir infracciones o faltas administrativas en la materia, así como las irregularidades que en su caso se presentaran por el comisariado ejidal, de ahí que, como se dijo respecto de estos actos, debieron acudir a dicha instancia previo a promover el juicio de amparo. En ese contexto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO la demanda promovida por ********************. Desechamiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados, toda vez que no se combaten por vicios propios.
- Principal
SE NOTIFICA A LOS QUEJOSOS EL ACUERDO DE QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, POR MEDIO DE LISTA, LO ANTERIOR POR ESTAR ORDENADO EN AUTOS Y QUE DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua, a quince de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo recibida a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por Jesús José Vigueria Chávez y Jesús Humberto Vega Arellano, en calidad de ejidatarios del Ejido Casas Grandes, Municipio del mismo nombre tal como lo acreditan con los certificados parcelarios 00001008208 y 000001008263, contra actos de los Integrantes del Comisariado Ejidal, del Ejido Esas Grandes, Municipio del mismo nombre, estado de chihuahua, C. Ramón Villalpando Chávez, en su calidad de Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Casas Grandes, Municipio del mismo nombre Estado de Chihuahua, y Unidad de Investigación de la Fiscalía Especializada en Investigación y Ejecución del Delito, Órgano de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; todos con domicilio Nuevo Casas Grandes Chihuahua, y Registro Agrario Nacional Delegación Chihuahua, y licenciado Rosalio Pérez Ramírez, éstos con sede en la ciudad de Chihuahua. Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo con el número 475/2020-IV-S. Previo a proveer lo relativo a la admisión o desechamiento de la demanda, es importante atender el contenido del primer párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, el cual establece: "El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". De ello se sigue que debe ordenarse la aclaración de la demanda de amparo en los casos en los que hubiere alguna irregularidad en la misma, se omita alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la propia ley, no se hubiera acompañado el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente, no se hubiere señalado con precisión el acto reclamado, o bien, no se exhiban las copias necesarias de la demanda. En tal virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, fracción I y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, se requiere al promovente, para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que le surta efectos legales la notificación del presente proveído, manifiesten: Los actos que les reclaman a las autoridades señaladas como: C. Ramón Villalpando Chávez, en su calidad de Presidente del Comisariado Ejidal del Ejido Casas Grandes, municipio del mismo nombre Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad capital; Licenciado Rosalio Pérez Ramírez, con domicilio en la ciudad de Chihuahua; Unidad de Investigación de la Fiscalía Especializada en Investigación y Ejecución del Delito, Órgano de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con residencia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Lo anterior, toda vez que del capítulo de los actos reclamados no se advierte qué es lo que reclama de cada uno de ellos. Además, para que manifiesten si es su deseo señalar como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público de Nuevo Casas Grandes, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, y de ser así, precisen cuál es el acto que le reclaman De igual forma, para que digan si también es su deseo reclamar como acto lo señalado en los conceptos de violación consistente en: ".que pretenden despojar al ejido de terrenos que fueron obtenidos mediante sendos juicios agrarios y no hemos obtenido respuesta en breve término a los escritos y peticiones que recepcionaron con fecha 18 de noviembre de 2015 pues hasta la fecha de la presentación de esta demanda no he recibido respuesta alguna a mi petición." En el caso de que su respuesta sea afirmativa, manifiesten a qué autoridad le reclaman dicho acto. Finalmente, para que precise cuál es el acto en sí que se reclama de cada una de las autoridades que señaló como responsables, dado que se su escrito de demanda, se aprecia que los conceptos de violación los encamina únicamente a la falta de contestación a el escrito que se cita en líneas precedentes; de ahí que resulte necesario la aclaración de los actos que se les reclaman a las autoridades que precisa en su ocurso de cuenta. Se hace de su conocimiento que deberán exhibir tantas copias de su escrito aclaratorio como número de partes hayan designado, para la correcta distribución entre éstas e integración del expediente y cuadernos incidentales. Apercibidos que de no cumplir con todo lo anterior en el lapso indicado, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. Ahora bien, toda vez que los promoventes no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, éstas de realizaran por medio de lista que se fije en los estados de este órgano jurisdiccional. Asimismo, se tiene como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, a los licenciados Rogelio Flores Galván, Humberto Martínez Acosta y para que se impongan de los autos a la licenciada María de Lourdes Valdez Yáñez y/o Sergio Valdez Villalba. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren el presente expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, previa constancia de entrega recepción que se deje en autos. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso; y en cuanto a los Actuarios deberán digitalizar todos aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el Secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Notifíquese en los términos anotados en el presente acuerdo.
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