Jesús José Romero Grajeda
Expediente 534/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 534/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús José Romero Grajeda
- Juzgado Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Galeana
Actuaciones
- Principal
en tales condiciones se declara que el AUTO causó estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Se hace la precisión que este expediente, es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de diciembre de dos mil veinte Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua, del Decimoséptimo Circuito, en funciones de Juez con residencia en la capital Estatal, con el cual remite la demanda de amparo registrada bajo el expediente 1686/2020-VI, de su índice, promovida por quejoso y en el que se transcribe el acuerdo de veinticinco de noviembre último, en el cual dicho Juzgado declaró carecer de competencia por razón de territorio para continuar y resolver el juicio de amparo de que se trata, declinando la misma a favor de los órganos jurisdiccionales de amparo con residencia en esta localidad. Atendiendo lo resuelto por la declinante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 37 y 45 de la Ley de Amparo y al compartir el criterio de dicho juzgado, esta autoridad acepta la competencia declinada y asume el conocimiento del asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, regístrese con el número 534/2020-II y envíese el acuse de recibo correspondiente. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano, numeral que dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto, la disposición legal en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que se actualice una causa de improcedencia del juicio constitucional; además que dicho motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia, el criterio jurisprudencial emitido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1631, del Tomo XX Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en septiembre de 2004, de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Así como la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 2235, del Libro 29, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, editado en abril de 2016, de contenido: DEMANDA DE AMPARO. DIRECTRICES A CONSIDERAR PARA DESECHARLA DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA. Dicho precepto precisa que el juzgador de amparo podrá desechar de plano la demanda de amparo, sólo si advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Así, para que pueda actuar en ese sentido, el motivo de improcedencia debe ser tan notorio, manifiesto e indudable, que no quepa duda acerca de su actualización, al grado que sea inderrotable, sin discusión. En cambio, si sobre la actualización de la causa de improcedencia existe cierta duda y/o se requieren datos, constancias y/o del acreditamiento de hechos o circunstancias en torno a los cuales -al momento de la admisión de la demanda- no se tiene la suficiente certeza; por ende, el motivo de inviabilidad puede ser discutible, no se colman los requisitos exigidos en el referido artículo 113, en cuyo caso debe admitirse la demanda. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 6 y 107 fracción V, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa textualmente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.] "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.] De los preceptos legales transcritos, se advierte por una parte, que el juicio de amparo indirecto puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley, que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia, por otra parte, cuando se trata de una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo, se encuentra reservado a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Al respecto, del contenido de la demanda, se advierte que señala como acto reclamado el siguiente: V. Acto reclamado. El auto de fecha 20 de noviembre del 2020, en el cual se decreta la remoción de albacea provisional al C. Jesús José Romero Grajeda, dentro del expediente 276/2020 del Juzgado Primero Civil por audiencias del Distrito Judicial Galeana, tal como se desprende de los autos del expediente principal, esto sin fundamento legal alguno, lo cual violenta y vulnera una serie de principios y derechos fundamentales en mi perjuicio como se detallará más adelante en el capítulo de hechos y antecedentes. Además en el capítulo de antecedentes, los cuales vierte bajo protesta de decir verdad, manifiesta: que el uno de octubre del presente año, se nombró como albacea provisional al quejoso dentro del expediente 276/2020 del índice del juzgado mencionado en el apartado que antecede; que el veinte de noviembre de esta anualidad, se le tuvo por removido sin fundamento legal alguno, lo anterior con franca violación al debido proceso. Por tanto, en el caso concreto el juicio de amparo deviene improcedente, toda vez que el acto reclamado no es una resolución en la que se determine inhibir o declinar la competencia del asunto principal; tampoco afecta a personas extrañas, ya que el quejoso comparece en su calidad de parte procesal en el juicio sucesorio de origen, pues, incluso, refiere que contaba con el cargo de albacea de la sucesión, del cual fue removido, por lo que resulta indudable que el amparista no es persona extraña y además, no afecta derechos sustantivos tutelados por el Pacto Federal. A fin de sustentar lo anterior, conviene precisar que como se anunció, el acto que se reclama es la resolución en la que el Juez responsable, declaró procedente el incidente de remoción del cargo de albacea de Jesús José Romero Grajeda. Ahora, para la procedencia del juicio de amparo indirecto en tratándose de un juicio sucesorio, conviene destacar que las violaciones cometidas en cada una de las tres primeras etapas, sólo podrán reclamarse en el juicio de amparo indirecto que se promueva contra la resolución que decida el fondo de las mismas o le ponga fin. En efecto, conforme a lo dispuesto por el numeral 1183 del Código Civil de Chihuahua, el juicio sucesorio constituye un proceso de carácter universal y de naturaleza peculiar, que se integra de cuatro etapas que se encuentran contenidas en los artículos 523 a 527 del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa. . Las aludidas secciones son independientes entre sí, dado que en cada una de ellas se persigue un objeto en especial y se resuelven por separado. La sección primera que es la que interesa, comprende el testamento o testimonio de protocolización; la denuncia del intestado; los nombramientos y remociones de albaceas; las sentencias que se pronuncien sobre validez del testamento, capacidad legal para heredar y preferencia de derechos; y, los incidentes que tengan relación con los puntos anteriores. Además, cabe destacar que las secciones primera, segunda y tercera de referencia no concluyen con el dictado de una sentencia definitiva, sino con resoluciones que dan por concluida esa etapa, pero no resuelven en definitiva el mencionado juicio universal sucesorio, sino que esto acontece en la sección cuarta, a través de la sentencia relativa a la partición y adjudicación de los bienes e, indudablemente, para que proceda su pronunciamiento es requisito necesario que se encuentren concluidas las secciones que le preceden, dado que dicha sentencia definitiva parte de la base de que fueron superadas las cuestiones concernientes a la validez del testamento y la declaración de los herederos, la aprobación de los inventarios y avalúos de los bienes integrantes de la masa hereditaria y la administración de bienes. Fundamenta lo anterior la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 50, del Volumen 52 Cuarta Parte, Materia civil, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto: SUCESIONES, SENTENCIAS DEFINITIVAS PARA EFECTOS DEL AMPARO EN LAS. La Suprema Corte de Justicia ha establecido que procede el amparo directo contra la resolución de las secciones del juicio sucesorio en que se decide la división y partición de la herencia y ha establecido que las resoluciones de las otras secciones no son definitivas en los términos del artículo 46 de la Ley de Amparo, y no deben reclamarse en amparo directo sino indirecto. Así como por identidad jurídica, la Jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 789, del Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en enero de 1999, registro 194833, de contenido: SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." Así, cada sección -excepto la cuarta-, culmina con el dictado de una resolución que es impugnable -una vez cumplido el principio de definitividad- en amparo indirecto, en la que podrán ser combatidas las irregularidades que hubiesen acontecido en el trámite de la sección respectiva. En tanto que la sección cuarta, cuando aprueba el proyecto de partición de los bienes, será impugnable en amparo directo, excepto en el caso contrario -cuando no se aprueba el convenio de partición-, pues en ese supuesto, al no ser una resolución que ponga fin al juicio o lo dé por concluido, es una resolución intermedia, ya que sólo la sentencia de adjudicación tiene carácter de definitiva. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 264, tomo XXX, Julio de 2009, materia civil Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: JUICIO SUCESORIO. LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA NO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PARTICIÓN DE LOS BIENES DE LA HERENCIA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. La resolución que confirma la no aprobación del proyecto de partición de los bienes de la herencia dictada en la cuarta sección del juicio sucesorio es impugnable a través del juicio de amparo indirecto, porque no es de aquellas que pongan fin al juicio o lo den por concluido, toda vez que la consecuencia de que no se apruebe dicho proyecto consiste en que no pueda dictarse la sentencia de adjudicación hasta que se elabore otro proyecto que cumpla con los lineamientos precisados en el juicio sucesorio. Luego entonces, se trata de una resolución intermedia, mientras que en ese juicio solamente la sentencia de adjudicación es la que tiene el carácter de definitiva en términos del criterio sustentado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, el acto que reclama la parte quejosa no se trata de alguna de las resoluciones que den por concluida alguna de las tres primeras etapas del juicio sucesorio, tampoco es la resolución que confirma la no aprobación del proyecto de partición de los bienes de la herencia; por ende, no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo. De igual modo, los efectos de la resolución reclamada de ninguna manera afectan en forma directa, inmediata y material los derechos sustantivos de la parte quejosa, porque son meramente intraprocesales, ya que sus consecuencias son, únicamente, que se siga la secuela procesal, sin que Jesùs Josè Romero Grajeda siga contando con el cargo de albacea. Cabe referir que, conforme la naturaleza de la figura jurídica del albacea dentro del juicio sucesorio, la resolución en la que se determina la remoción de una persona en dicho cargo no es susceptible de afectar sus derechos sustantivos, pues los posibles derechos que pudieran vulnerarse en su perjuicio serían de naturaleza adjetiva o procesal y, la figura del albacea, tiene como finalidad representar y administrar los bienes de la sucesión, entre cuyas obligaciones destacan los deberes relativos a la presentación del testamento, el aseguramiento de los bienes de la herencia, la formación de inventarios, la administración de los bienes, la rendición de cuentas, el pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias, la representación y defensa de la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieren en contra de ella, entre otros. Por ello, es factible concluir que los derechos del albacea dentro del juicio sucesorio son de carácter procesal ya que, por una parte, en dicha figura recae la representación legal de los bienes que conforman la masa hereditaria y, por otra, sus obligaciones van encaminadas a lograr una correcta administración del caudal hereditario con el fin de que, llegado el momento procesal oportuno, pueda llevarse a cabo la partición de los bienes de la herencia. Por tal motivo, la afectación que le produciría la remoción en el cargo de albacea sólo se proyectaría en el ámbito de la representación legal en la sucesión y no así en sus derechos hereditarios, de ahí que resulte factible concluir que el acto reclamado no afecta los derechos sustantivos del impetrante de amparo. Por ello, se insiste, el acto reclamado señalado en este juicio de derechos humanos no afecta algún derecho sustantivo del solicitante del amparo, reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera; lo cual lleva a concluir que el acto reclamado en este juicio no puede impugnarse conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Sostener lo contrario, implicaría que contra cualquier infracción en cualquier etapa del procedimiento procedería el juicio de amparo biinstancial, lo que se traduciría no sólo en una contravención a la intención del constituyente y del legislador ordinario [en cuanto a las razones que motivaron la reforma constitucional y legal, la que concluyó con un catálogo de los supuestos expresos de procedencia sino también en una verdadera afectación al derecho humano de justicia pronta consagrado en el artículo 17 constitucional, ya que la tramitación de un número significativo de juicios de amparo sin duda retrasaría significativamente el curso del contencioso. En las relatadas circunstancias, se actualiza la causal de improcedencia en estudio prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107, el último interpretados en sentido contrario, lo conducente con fundamento en el numeral 113 de la en cita, es desechar la demanda de amparo que se provee. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Así mismo, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en calle Ignacio de la Llave, 1701, colonia Obrera, en Chihuahua capital; por autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Jesús Moisés Yánez Jurado, Rodolfo Yáñez Jiménez, Alfonso Contreras Valenzuela, Amado Pánfilo Benavides Ponce y Alan Leonardo Pérez Cerros, por contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Por otra parte, se requiere al promovente para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al que surta efectos la legal notificación de este proveído, proporcione el domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Por otro lado, como lo solicita, se autoriza el acceso al expediente electrónico relativo al presente juicio a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el nombre de usuario Así mismo, no ha lugar tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala el promovente, el cual citó en la capital Estatal, toda vez que se encuentra fuera de lugar de residencia de este juzgado, por ende, toda vez que proporcionó como usuario electrónico "notifíquese electrónicamente este acuerdo, lo anterior con fundamento en el Acuerdo 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema Agenda OJ; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Asimismo, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista únicamente mediante la publicación en internet, la cual se puede consultar en la liga siguiente Lo anterior, con excepción de las notificaciones que a juicio de este órgano jurisdiccional se requieran hacer personalmente dada su trascendental naturaleza, en términos del en términos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo privilegiarse en todo momento las referidas en el párrafo que antecede, y en su caso el actuario deberá realizarlos acatando los lineamientos sanitaras existentes respecto al virus COVID-19, siguiendo las medidas de sana distancia y cubre bocas. Tal como se establece en la Circular SECNO/7/2020, relativa a la Propuesta de solución a diversas consultas derivadas de la entrada en vigor del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la Comisión Especial en sesión de seis de mayo, determinó que cuando lo requiera el orden público, puede ordenarse que la notificación se haga a las autoridades responsables por cualquier medio oficial, por lo que, en términos del numeral 28, fracción III, de la Ley de Amparo, esta determinación podrá remitirse vía correo electrónico institucional o personal de la autoridad (medios electrónicos). De igual forma, para privilegiar el distanciamiento social y trabajo a distancia se autoriza para que los Fedatarios de la adscripción, en la medida de lo posible lleven a cabo las diligencias vía telefónica, por videollamada, por fax o por cualquier medio electrónico, sin perjuicio de levantar acta pormenorizada de ello para ser agregada al expediente, lo anterior de conformidad con los artículos 5 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con apoyo en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); para el caso de no contar con la misma podrán realizar su trámite de firma electrónica y continuar siguiendo las directrices del manual de uso que se encuentra disponible en la liga del propio portal de servicios en Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase del conocimiento de las partes que a partir de esta fecha, se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre Servicios Jurisdiccionales, dentro del cual las personas justiciables encontraran los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de este y todos los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la lista de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema de en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada Órgano Jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos, conforme a los lineamientos establecidos en el Capítulo III del Acuerdo General 21/2020. Con fundamento en el artículo 3º de la ley de la materia, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Se autoriza firmar electrónicamente, mediante el uso de la Firel, los oficios que correspondan a este asunto. Notifíquese personalmente al quejoso.
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