Jesús José Egremy Payán
Expediente 816/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús José Egremy Payán
- Municipio de Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. NOTIFÍQUESE
- Principal
En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las diez con cuarenta y cinco minutos del treinta de noviembre del dos mil veintidós, estando en audiencia pública el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, se procedió a celebrar la correspondiente a este juicio de amparo 816/2022-V-B, promovido por Jesús José Egremy Payan, sin la comparecencia de las partes. Abierta la audiencia, la Secretaría procede a la lectura de la demanda de amparo y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1157, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Acto continuo, se abre el periodo probatorio, y con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas documentales que obran en autos, por así permitirlo su propia y especial naturaleza, sin que existan otros elementos de prueba pendientes de desahogo, y se hace constar que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, no se advierte promoción alguna pendiente de proveer, respecto al juicio en mención, por ende, se cierra dicha etapa; enseguida, se apertura la fase de alegatos, en la cual se tienen únicamente los formulados por el tercero interesado, mediante escrito recibido en este Juzgado el veintiséis de septiembre del dos mil veintidós, por lo que, se declara cerrada; asimismo se hace constar que habiéndose dado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, este presentó pedimento 191/2022. Con lo anterior, se dan por concluidas las dos primeras fases de esta audiencia constitucional y se procede a dictar la siguiente resolución: Visto para resolver el juicio de amparo 816/2022-V-B, promovido por Jesús José Egremy Payan, contra actos del Tribunal de Arbitraje Municipal, con residencia en la localidad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el seis de septiembre del dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, turnado a este Juzgado al día siguiente, Jesús José Egremy Payan, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal de Arbitraje Municipal, con residencia en la localidad, y otras autoridades. Señalando que por los actos reclamados a las responsables se violan sus derechos humanos contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de ocho de septiembre del dos mil veintidós, se admitió la demanda de que se trata, se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le compete, se ordenó el emplazamiento delo tercero interesado y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual cumplidos los requisitos legales inició en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos materia de reclamo, se realizan a autoridades que residen en esta ciudad, lugar donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, el suscrito atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la impetrante y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la quejosa exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así pues, del examen de todas las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa son: Del Tribunal de Arbitraje Municipal, le reclama la inacción jurisdiccional en el juicio 12/2013, por permitir que el quejoso renuncie a cobrar lo que por laudo firme de veintitrés de noviembre del dos mil dieciocho, le otorgó de manera fundada y motivada, en cumplimento a la ejecutoria de amparo directo 343/2015, sobre las demás prestaciones a que tenga derecho, como son la remuneración diaria ordinaria desde el momento de la separación de su cargo hasta que se le hiciera el pago correspondiente e incremento salariales; y que por escrito de once de julio del dos mil veintidós se le solicitó estableciera la condena al pago de salarios caídos desde la fecha de la separación, hasta que se haga el pago correspondiente y en acuerdo de fecha tres de agosto del dos mil veintidós, de un plumazo resolvió que debería estarse a lo acordado es decir el pago ordenado hasta el día diez de abril del dos mil veintiuno, y al presente acuerdo resolución incidental de fecha diez de abril del dos mil veintiuno. Es decir, es terminante y muestra que ya no se seguirá ejecutando el laudo en las demás indemnizaciones e incrementos salariales entre el diez de abril de dos mil veintiuno, al día del pago veintiocho de agosto del dos mil veintidós, pues los salarios de los policías sufren aumentos anuales. La orden emitida a la Tesorería Municipal o Dirección de Ingresos, Departamento de Nóminas, que realizada el descuento de los pagos parciales por subsistencia, pese a que ya los había realizado en la interlocutoria de liquidación, y que no pagara más indemnizaciones fuera del día diez de abril del dos mil veintiuno. De la Tesorería Municipal, Dirección de Egresos, Departamento de Nóminas, le reclama que motu proprio, sin fundamento, ni motivo legal justamente aplicable le realizara un doble descuento por las cantidades: deducciones del veinticuatro de febrero del dos mil dieciséis, por $25,514.31, en cuatro de julio de dos mil dieciséis, diversa por $26,396.06, pesos moneda nacional, y una tercera deducción por $26,396.05 pesos moneda nacional, al momento de pretender pagar un laudo firme, según póliza de fecha tres de diciembre del dos mil veintiuno, que recibió el veinticuatro de agosto del dos mil veintidós, sin que pagara las indemnizaciones y las demás prestaciones a que tiene derecho, como son la remuneración diaria ordinaria desde el momento de la separación hasta que se hiciera el pago correspondiente, es decir, le faltó hacer el pago entre el diez de abril de dos mil veintiuno al veinticuatro de agosto del dos mil veintidós, para afirmar que el laudo estaba cubierto cabalmente sin excesos, ni defectos, y por no haberlo realizado en tiempo y forma, sin duda el laudo está impagado y procede se paguen las indemnizaciones por seguir generando hasta que el laudo se pague a cabalidad, sin descuento ilegales como la doble retención y no actualizar el pago relativo. Luego, al no advertirse algún otro acto reclamado por el aquí impetrante, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es de citarse la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." TERCERO. Las autoridades responsables, Tribunal de Arbitraje Municipal; Tesorería Municipal de Juárez; Dirección de Egresos de Juárez y Departamento de Nóminas de Juárez, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, negaron la existencia de los actos recamados, incluso la responsable referida en primer término, en su informe, indicó que respecto al expediente laboral 15/2013, en actuación de veinticuatro de agosto del dos mil veintidós, se llevó a cabo la entrega recepción del cheque como pago a lo ordenado en el incidente de liquidación y al efecto a fin de acreditar su informe remitió diversas documentales, en las cuales se aprecia lo antes indicado, y se advierte que el cheque número 0494179, valioso por cantidad de $1,165,343.13 (un millón ciento sesenta y cinco mil trescientos cuarenta y tres 13/100 moneda nacional), fue recibido por Jesús José Egremy Payan, quien firmó por ello Asimismo, las diversas autoridades responsables, también en su informe señalaron que las deducciones que señala el impetrante del amparo, se realizaron en acatamiento a la resolución dictada en el juicio laboral 15/2013 y que para ello se emitieron diversos cheques, los cuales se entregaron al actor. Cabe agregar que de las documentales que a su informe anexó la autoridad responsable, Tribunal de Arbitraje Municipal, de esta ciudad, se advierte una documental de fecha tres de diciembre del dos mil veintiuno, en la cual se hizo constar que el quejoso recibió del Municipio de Juárez, Tesorería Municipal, Dirección de Egresos y Departamento de Nóminas la cantidad de $1,165,343.13 (un millón ciento sesenta y cinco mil trescientos cuarenta y tres 13/100 moneda nacional), y en la misma se estableció la siguiente leyenda: "ASI MISMO, HAGO CONSTAR QUE NO ME RESERVO DERECHO ALGUNO PARA EJERCER CON POSTERIORIDAD EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, YA QUE ME FUERON PAGADAS Y LIQUIDADAS OPORTUNAMENTE TODAS LAS PRESTACIONES A QUE TENÍA DERECHO DE ACUERDO CON LA LEY, POR LO CUAL MANIFIESTO QUE NO SE ME ADEUDA A LA FECHA CANTIDAD ALGUNA POR NINGUN CONCEPTO", documental que firmó el quejoso. Las documentales que remiten las responsables anexan a su informe justificado, revisten valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, toda vez que no fuero objetadas por la parte quejosa y de las cuales se acredita la inexistencia de los actos materia de reproche. Ante la negativa especifica externada por las autoridades responsables al rendir su informe justificado en torno a tales actos reclamados, a la parte impetrante correspondía demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Ahora bien, los medios de prueba valorados en párrafos precedentes, resultan suficientes para acreditar la inexistencia de los actos atribuidos a las autoridades responsables, pues acreditan que previo a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa se dio por pagado del laudo emitido en el juicio laboral 15/2013, del índice del Tribunal de Arbitraje Municipal, con residencia en esta ciudad, por lo que, es claro que a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al controvertido juicio constitucional, eran inexistentes las violaciones reclamadas por la parte quejosa, por ende, no existe violación que trastoque lo establecido en el numeral 17 de la carta magna. En razón a lo expuesto en el presente considerando, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;.". Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se, R E S U E L V E: ÚNICO. De conformidad con el considerando tercero del presente fallo, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jesús José Egremy Payan, contra los actos que reclamó a las autoridades indicadas en el citado considerando. N o t i f í q u e s e. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe. treinta de noviembre de dos mil veintidós
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, de las constancias que integran los autos, se advierte que el informe justificado que remitieron conjuntamente la Tesorera Municipal de Juárez, Director de Egresos del Municipio de Juárez y Jefa de Nominas de la Tesorería Municipal, con sede en esta ciudad, no fue rendido con la anticipación que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que, a fin de que las partes se impongan de su contenido y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar pruebas, con fundamento en el precepto en mención, se ordena de oficio, el diferimiento de la audiencia constitucional que habría de celebrarse en esta fecha, y para que tenga verificativo la misma, se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. XXVI/98, consultable en la página 409, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del mes de marzo de 1998, Novena Época y que textualmente dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON LA OPORTUNIDAD DEBIDA DE OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA, Y NI EL QUEJOSO NI EL TERCERO PERJUDICADO TIENEN PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo, sino que relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que en su caso estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y a la vez se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. Razón por la que esta Sala no comparte el criterio sustentado por la Primera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 19/89". Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, once de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio y anexos de cuenta, mediante el cual se tiene a la Tesorera Municipal de Juárez, Director de Egresos del Municipio de Juárez y Jefa de Nominas de la Tesorería Municipal, con sede en esta ciudad, rindiendo conjuntamente el informe con justificación, por lo que, se hace del conocimiento con lo anterior a las partes para que de su contenido se enteren, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional en el presente juicio, de conformidad con los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo. Asimismo, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, se les tiene nombrando como delegados a los profesionistas que señalan en el oficio de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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