Jesús Javier Aguilar Paz

Expediente 238/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
238/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
20/10/2022

Partes del expediente

  • Jesús Javier Aguilar Paz
  • Carlos Antonio Madrid Moreira
  • Titular de la Oficina Nacional de Representación del Instituto de Migración En Chihuahua, Sr. Gral. Y Licenciado Pedro Alberto Alcalá López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    El veinte de octubre de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el último párrafo del artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario Lic. Jesús Manuel Mora Bustillos.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, once de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, a contrario sensu, se declara que dicha sentencia que sobresee y niega el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido por el término de tres años. Atendiendo a la resolución que puso fin al presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14, 18, fracción I, inciso b), y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es depurable. Por lo que, concluido el plazo de conservación de tres años, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de éste expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Conforme lo indica el párrafo segundo, del numeral 35, del citado Acuerdo General, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es depurable. Ahora bien, no es óbice para lo anterior, que en autos no obren las piezas postales que amparan los oficios dirigidos a las autoridades responsables foráneas, por medio del cual se les remitió copia autorizada del fallo que resolvió el presente asunto, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87, primer párrafo de la Ley de Amparo, el sentido del fallo no afecta directamente el acto que de ellas se reclama. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    R e s u l t a n d o : Primero. Que mediante escrito recibido por el Secretario de Juzgado encargado de la guardia, el veintiocho de marzo de dos mil veintiuno, Juana Martínez Padilla, en representación de Carlos Antonio Madrid Moreira, Jesús Javier Aguilar Paz y Melany Ramírez, promovió juicio de amparo, contra los actos de las autoridades, Titular de la Oficina Nacional de representación del Instituto de Migración en Chihuahua, con residencia en la localidad, Representante Local del Instituto Nacional de Migración y Actual Encargado de la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua, Jefe Del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua, y Jefe Del Departamento Jurídico y Atención al Migrante de la Estación Migratoria en Janos, Chihuahua, con domicilio en el poblado del mismo nombre, a quienes reclamó: ""IV.- ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA 1.- De las autoridades señalada como responsables, les reclamo la ilegal e inconstitucional TENER PRIVADOS DE LA LIBERTAD Y RESTRINGIRLES EL LIBRE TRANSITO POR EL PAIS, y según lo establece el artículo primero constitucional, al ingresar a México, toda persona debe de gozar de todos los derechos humanos reconocidos por la Constitución Mexicana, la cual está a la par con los Tratados Internacionales de los refugiados. 2.- Reclamo la violación a la Ley de Refugiados, EXISTE EL TEMOR FUNDADO DE QUE SEAN DEPORTADOS A SU PAÍS DE ORIGEN HONDURAS, lo cual les causaría un agravio a sus personas difícil de reparar, pues el haber salido de su natal Honduras, fue por perder sus vidas debido a violencia que actualmente existe dentro su país y a la temible pandilla de los mara salvatrucha y delincuencia organizada." ." Segundo. Por auto de veintiocho de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por reciba la demanda quedando registrada como expediente 238/2021-IV, se proveyó por cuanto a la suspensión de plano solicitada por la promovente del presente controvertido constitucional y se ordenó requerir a los quejosos a efecto de que manifestaran si ratificaban la demanda de amparo indirecto formulada en su representación. Tercero. Por auto de seis de abril, se tuvo a los quejosos ratificando la demanda de amparo indirecto formulada en su nombre y representación, por lo que se admitió la misma, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C o n s i d e r a n d o : Primero. En virtud de que el desarrollo y estado actual de los autos correspondientes, no han afectado la jurisdicción y la competencia implícitamente reconocidas en el auto admisorio de la demanda de amparo, este juzgado es legalmente competente para resolver esta controversia, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 37 y 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que es en el lugar en que ejerce Jurisdicción este Juzgado Federal, tuvieron ejecución los actos reclamados. Segundo. Antes de entrar al estudio de la certeza de los actos reclamados es menester precisar cuáles son éstos en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Así, se considera necesario, en primer término delimitar los actos reclamados que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías, atendiendo a la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Además, resulta aplicable al caso la diversa tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255 del Tomo XIX, Abril de 2004, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgador de amparo deberán armonizar, además los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resuelto congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen a oscuridad o confusión. Este es el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Luego, conforme a las líneas de interpretación de la demanda de amparo, y de las constancias que obran en autos, a fin de advertir la verdadera intención de la parte quejosa y resolver de forma congruente y completa la litis, debe decirse que el impetrante de garantías reclama, en esencia: La ilegal e inconstitucional privación de la libertad y restricción del libre tránsito por el país de los quejosos Carlos Antonio Madrid Moreira, Jesús Javier Aguilar Paz y Melany Ramírez, así como el temor fundado de que sean deportados a su país de origen. Tercero. La autoridad, Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua, del Instituto Nacional de Migración, por conducto del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, al rendir su correspondiente informe con justificación negó la existencia de los actos reclamados. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba que desvirtuara tal negativa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Las autoridades responsables, Jefe del Representante Local del Instituto Nacional de Migración y Actual Encargado de la Estación Migratoria de Janos; y Jefe del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria Janos, Chihuahua, fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse legal y oportunamente notificadas para tales efectos, como se advierte del acuse de recibo que obra en autos del presente juicio de amparo, y haber transcurrido el término de quince días que le fue otorgado para rendir su informe respectivo; en consecuencia, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen como presuntivamente ciertos los actos que se les reclaman. Quinto. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador examinará la procedencia del juicio que nos ocupa, porque constituye un aspecto jurídico que, por ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos sesenta y dos del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Parte VIII, Materia Común, que dice así: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." No habiendo propuesto las partes la actualización de alguna causal de improcedencia, ni advirtiéndola de oficio, lo procedente, en consecuencia, es analizar los conceptos de violación expresados por el quejoso, en contra de los restantes actos reclamados. Sexto. En este considerando se tienen por reproducidos los conceptos de violación expresados por la parte quejosa en su demanda, sin que para realizar su estudio haya necesidad de transcribirlos, de acuerdo con el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, a pág. 830; que se transcribe a continuación: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los de conformar la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal trascripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Séptimo. Son infundados los conceptos de violación, pues en ellos la parte quejosa alega, básicamente que las autoridades responsables transgreden en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1, 11, 14, 16, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que pretenden deportarlos, expulsarlos o repatriarlos a su país de origen (Carlos Antonio Madrid Moreira, Jesús Javier Aguilar Paz son de nacionalidad hondureña, mientras que Melany Ramírez es de nacionalidad guatemalteca), así como mantenerlos privados de su libertad y restringirles el libre tránsito en el país. Ahora bien, previo a examinar el cuestionamiento aludido, se impone acudir a ciertos aspectos generales que giran en torno a la interpretación del artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo. El indicado precepto legal, estatuye: "Artículo 117. (.) Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere elartículo 1o de esta Ley.". Cabe destacar que lo relativo a la obligación oficiosa del Juez de Distrito de recabar pruebas o actuaciones procesales que no obren en el expediente, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, a que hace referencia el diverso numeral 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, no emerge en el caso justiciable, merced a que, este supuesto solamente surge cuando la autoridad responsable ya rindió su informe con justificación y siempre que se estimen necesarias para la emisión del fallo respectivo. Empero, cuando la autoridad es omisa o advierte la certeza del acto reclamado en su informe justificado, no tiene aplicación el antedicho artículo 75, párrafo tercero, ya que en esta hipótesis debe aplicarse el precepto 117 de la ley de la materia, que establece, en términos genéricos, que corresponde a la parte quejosa demostrar que el acto reclamado es inconstitucional, cuando no es violatorio de derechos fundamentales en sí mismo. Es ilustrativa a la anterior consideración, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6530, Tomo LXXII, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. Según el artículo 149 de la Ley de Amparo, la falta de informe de la autoridad responsable, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad dependa de motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto, esto es, el quejoso no queda relevado de la carga de la prueba, sino cuando el acto sea en sí mismo violatorio de garantías. En consecuencia, los Jueces de Distrito nunca pueden dar por probados los conceptos de violación, cuando la inconstitucionalidad dependa de ciertos hechos susceptibles de ser acreditados en el juicio, por dicho quejoso." Retomando el examen del artículo 117 de la Ley de Amparo, se advierte que prevé dos aspectos distintos, a saber: a) La falta de informe justificado produce la presunción de certeza del acto reclamado, salvo prueba en contrario. b) Cuando se da la presunción de certeza del acto reclamado por falta de informe, corresponde al quejoso demostrar su inconstitucionalidad del acto cuando éste no sea violatorio de garantías en sí mismo. Sobre los destacados puntos, cabe abundar que la presunción de certeza recae sólo sobre el acto reclamado, mas no así, respecto de las circunstancias que lo rodean, como es su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pues, el dispositivo en análisis, es claro en contemplar que ante la falta de informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, excluyendo, implícitamente, entre otras cuestiones, como son las relativas a la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ilustra las acotaciones anteriores el criterio jurisprudencial 2a./J. 23/94 sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 84, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común, página veinte, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. OBLIGACIÓN DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo." En esa tesitura, al producirse la presunción prevista en el tercer párrafo del artículo 117 de la ley que rige al juicio de amparo, lo único que debe tenerse por cierto es el acto reclamado, sin embargo, tal presunción no comprende los demás aspectos que lo rodean, en virtud de que no hay precepto que así lo establezca. En lo que atañe a la segunda parte del tercer párrafo del supradicho numeral 117, se establece, como regla general, que corresponde a la parte quejosa demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado; empero, prevé sólo una excepción a lo anterior, consistente en que el peticionario queda relevado de la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando el acto reclamado sea violatorio de derechos fundamentales en sí mismo. Así pues, lo que determina si la carga probatoria recae en el impetrante de amparo, es precisamente, la circunstancia de que el acto sea o no violatorio de derechos fundamentales en sí mismo; de ahí que sea indispensable precisar este concepto. Un acto es en sí mismo violatorio de la Constitución Federal, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por dicha Carta Magna. En cambio, cuando la autoridad puede dar motivos, datos o pruebas conforme a las cuales dicho acto resultaría apegado a la Ley Fundamental, entonces no es en sí mismo violatorio. Por tanto, la inconstitucionalidad de un acto que en sí mismo es violatorio de derechos fundamentales no está sujeto a prueba, ya que la contravención a la Carta Magna surge por la mera existencia del acto, de su naturaleza intrínseca, con independencia de otros elementos. De aceptarse lo contrario, se llegaría al extremo de que ante un acto inconstitucional en sí mismo, se recaben pruebas, pues, con independencia de ellas, de cualquier manera procederá conceder el amparo, por lo que, el ofrecimiento y admisión de pruebas, en este caso, resultaría ocioso. Resulta aplicable en el caso, la tesis II.2o.93 C, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 301, Tomo XIII, marzo de 1994, Materia Común, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO. LA CARGA DE LA PRUEBA DE INCONSTITUCIONALIDAD, CORRESPONDE AL QUEJOSO. El artículo 149 de la Ley de Amparo en su tercer párrafo, establece: "Art. 149.-... Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; términos de los que se desprende que la carga de la prueba de los hechos que determinan la inconstitucionalidad del acto reclamado, corresponde al quejoso cuando aquéllos no sean en sí mismos violatorios de garantías sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto, de tal manera que si el peticionario no aporta dicha prueba debe negarse la protección federal." De acuerdo con las consideraciones anteriores es válido concluir, que el acto reclamado en esta instancia constitucional, consistente en la orden de deportación de la parte quejosa, y como consecuencia de ello, la privación de la libertad y restricción de libre tránsito en el país de la impetrante del amparo, que se tuvieron como ciertos en virtud de la omisión de las autoridades citadas en rendir su informe justificado, de ninguna manera es inconstitucional en sí mismo, ya que la impetrante del amparo no acreditó que en la emisión de dicho mandamiento de molestia, así como su ejecución, la autoridad responsable actuara fuera de los márgenes que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, es preciso destacar lo que al efecto establecen diversas disposiciones normativas aplicables al caso concreto: "Artículos 1º, 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país." "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Además el artículo 1º, 7º, 66, 67 y 68 de la Ley de Migración, así como el diverso numeral 1º de su Reglamento, que textualmente establecen, en su orden, lo siguiente: LEY DE MIGRACIÓN. "Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales." "Artículo 7. La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley." "Artículo 66. La situación migratoria de un migrante no impedirá el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, así como en la presente Ley. El Estado mexicano garantizará el derecho a la seguridad personal de los migrantes, con independencia de su situación migratoria." "Artículo 67. Todos los migrantes en situación migratoria irregular tienen derecho a ser tratados sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos." Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las estaciones migratorias, el retorno asistido y la deportación, los servidores públicos del Instituto deberán de respetar los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de la presente Ley." "REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACIÓN. "Artículo 1º Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y de observancia general y tienen por objeto regular, de acuerdo con lo previsto en la Ley, lo relativo a la formulación y dirección de la política migratoria del Estado mexicano; los procesos de certificación y profesionalización de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración; el movimiento internacional de personas; los criterios y requisitos para la expedición de visas; la situación migratoria de las personas extranjeras en el territorio nacional; la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional; el procedimiento administrativo migratorio en las materias de regulación, control y verificación migratoria y el retorno asistido de personas extranjeras." En consecuencia, al no estimarse que el acto reclamado, sea violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, ya que su constitucionalidad o inconstitucionalidad, depende de los motivos, datos o pruebas con los que cuente la responsable y, que en la especie correspondía a la parte quejosa la carga de probar tal evento, sin que así lo hubiera hecho, devienen infundados los conceptos de violación hechos valer. Consecuentemente, al no advertirse queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por lo que respecta a la orden de deportación reclamada, y como consecuencia de ello, la privación de la libertad y restricción de libre tránsito en el país de la impetrante del amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 63, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 216, 217, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carlos Antonio Madrid Moreira, Jesús Javier Aguilar Paz y Melany Ramírez, respecto de los actos atribuidos la autoridad señalada en el considerando tercero de la presente resolución y por los motivos mencionados en el referido considerando. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Antonio Madrid Moreira, Jesús Javier Aguilar Paz y Melany Ramírez, contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Hector Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, quién autoriza, da fe y hace constar que esta resolución se terminó de engrosar hasta hoy veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno en que las labores del juzgado permitieron concluir el dictado de la presente sentencia. Doy Fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que no obran los informes justificados de las autoridades responsables, REPRESENTANTE LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y ACTUAL ENCARGARDO DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE JANOS, CHIHUAHUA, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN, SEGURIDAD Y CUSTODIA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA DE JANOS, CHIHUAHUA, y JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y ATENCIÓN AL MIGRANTE DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA EN JANOS, CHIHUAHUA, con domicilio en el poblado del mismo nombre; por lo que, se difiere la audiencia constitucional fijada para su celebración el día de hoy, y en su lugar se señalan las CATORCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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