JESUS JERONIMO GARCiA LINARES
Expediente 819/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 819/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 23/08/2022
Partes del expediente
- JESUS JERONIMO GARCiA LINARES
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintitrés de agosto de dos mil veintidós. ... La certificación de cuenta evidencia que las partes no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintiuno de julio del año en curso, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria decretada en el presente asunto; por tanto, se tiene por consentido, para los efectos legales conducentes. Ahora, visto el estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ... El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal (artículo 18, inciso b) del acuerdo en cita). ... De igual forma, se comunica a las partes que, de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 18 del Acuerdo en comento, se procederá a la depuración, para posteriormente remitirse al Centro archivístico respectivo. ... Notifíquese.
- Principal
... Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AVISO QUEJOSA) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA CONTENIDO EN AVISO DE VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN CONSECUENCIA SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTIUNO DEL MES Y AÑO QUE TRASNCURREN. "... Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos pro la responsable ..."
- Principal
Toluca, Estado de México; ocho de julio de dos mil veintidós. Visto el Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se provee lo siguiente: Del estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, las partes no interpusieron recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de veintiuno de junio de dos mil veintidós, en la que se concedió el amparo y protección constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que obste que en la certificación de cuenta no se compute el plazo de la autoridad responsable pues en atención al ejercicio de sus funciones jurisdiccionales previamente establecidas, esta carece de legitimación para interponer el medio de impugnación correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia: P./J. 22/2003, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 23 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de Julio de 2003, Tomo XVIII, Novena Epoca, de rubro y texto que establecen: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora bien, en auto de veintinueve de junio de la presente anualidad, se tuvo a la autoridad responsable comunicado la forma en que dio cumplimiento a la sentencia por la que este órgano jurisdiccional se reservó a emitir el pronunciamiento correspondiente hasta en tanto causara firmeza el fallo protector, lo que a la fecha ya aconteció. En consecuencia, se levantara la reserva decretada y, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio suscrito por el Presidente del Tribunal Estatal del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, y con el anexo que adjuntó, a efecto de que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, apercibida que en caso de omisión se resolverá lo conducente con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias de autos. Al caso, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación de Marzo de 2000, Novena Época, con número de registro 192174, que establece: ...Notifíquese.
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