Jesus Jacinto Marin Arias
Expediente 854/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 854/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/07/2019
Partes del expediente
- Jesus Jacinto Marin Arias
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de tres de julio pasado por el cual se desechó la demanda de amparo, promovida por J. Jesús Jacinto Marín Arias, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; tres de julio de dos mil diecinueve. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por J. Jesús Jacinto Marín Arias, contra actos del Supervisor Escolar de la Zona S009, en San Felipe del Progreso, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 854/2019-III. Desechamiento. Es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia lo constituye: La separación del cargo como docente adscrito a la Escuela Secundaria Oficial 159 "Leona Vicario" ubicada en la comunidad de San Pedro el Alto, municipio de San Felipe del progreso, Estado de México, para ser reubicado en la Supervisión Escolar de zona S009 de la misma localidad, con efectos a partir del seis de junio del año en curso. Resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos epílogo y sinopsis son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Hecha tal precisión, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1º y 5º, fracción II de la invocada ley, pues en el caso, el citado acto reclamado se atribuye al Supervisor Escolar de la Zona S009, en San Felipe del Progreso, Estado de México y al Director Escolar de la Escuela Secundaria Oficial Número 159 "Leona Vicario", quienes no tienen el carácter de responsables para efectos del presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, es necesario precisar que los citados artículos establecen: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: - - - I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; - - - II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y - - - III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - - - El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: - - - II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. - - - Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. - - - La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. - - - La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. - - - La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Ahora, de una interpretación sistemática de los preceptos legales reproducidos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que no provienen de una autoridad, entendiéndose por ésta lo conceptualizado en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Ello es así, porque el preindicado artículo 1° del citado ordenamiento legal, precisa que el juicio constitucional procede, entre otros supuestos, contra actos u omisiones de autoridad; de ahí que, lo anterior -interpretado a contrario sensu- se reduce al hecho de que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos u omisiones que no provengan de una autoridad; por tanto, el artículo 5°, fracción II, que define quién tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, y la fracción XXIII del artículo 61, del mencionado ordenamiento jurídico, que refiere la improcedencia del juicio constitucional en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien de la propia Ley de Amparo, resulta incuestionable que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclaman actos u omisiones que no son considerados de autoridad para efectos de aquél. Sin que pase inadvertido que la autoridad responsable, para efectos del juicio constitucional, es aquella que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, que omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría tales situaciones jurídicas; asimismo, los particulares tienen calidad de autoridad responsable, cuando realizan actos equivalentes a los de autoridad que afectan derechos fundamentales, cuyas funciones están determinadas por una norma general. En abundamiento, es conveniente citar que la palabra "autoridad" proviene del vocablo "auctoritate", cuyo significado se traduce al derecho o poder de mandar, regir y/o gobernar, en otras palabras, es el poder de imponer obediencia. Con motivo de lo anterior, el concepto de autoridad se entendía como la capacidad de utilizar la fuerza pública para interponer determinaciones unilaterales; sin embargo, esa definición se ha ido ampliando a través del tiempo, debido al nacimiento de autoridades administrativas y a la complejidad de las relaciones jurídicas entre éstas y los particulares. Entonces, para dilucidar aún más la causa de improcedencia en estudio, es necesario precisar, además, que la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de observancia obligatoria para este juzgador, en términos de lo prescrito en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía y por las razones que la informan, la jurisprudencia 1ª./J. 103/2011 establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 754 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, correspondiente a septiembre de 2011, Novena Época, materia común (con registro 161047), que refiere: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. SU APLICACIÓN REPRESENTA UNA CUESTIÓN DE MERA LEGALIDAD, AUN CUANDO SE REFIERA A LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES O A LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES. La aplicación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un caso concreto por las autoridades jurisdiccionales representa una cuestión de mera legalidad, aun cuando el criterio contenido en ella se refiera a temas de inconstitucionalidad de leyes o de interpretación directa de preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la autoridad jurisdiccional correspondiente no hace un nuevo estudio constitucional, sino que se limita a acatar el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, que la vincula a aplicar el criterio jurisprudencial correspondiente al supuesto que juzga." Ahora, de los artículos transcritos con antelación se desprende, por un lado, que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos de autoridad que violen derechos humanos, y por otro, que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. El acto reclamado, por regla general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Siendo el rasgo distintivo del acto de autoridad la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico, ocasionando un agravio que puede provenir de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser unilateral, imperativo y coercitivo. En ese tenor, para efectos de la procedencia del juicio de amparo el acto reclamado debe consistir en un acto de autoridad en el que concurran los siguientes elementos: Unilateralidad, esto es que no requiere para su existencia y eficacia jurídica el concurso de la voluntad del particular frente al cual se ejercita. Imperatividad que significa que la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes. Coercitividad que implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado. Así las cosas, se debe fijar el concepto de autoridad responsable, partiendo de la distinción entre actos de particulares y los que no lo son, y precisarse que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. En esta tesitura, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad"; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Esto es, en la vida de cualquier Estado o sociedad existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: las de coordinación, las de supraordinación y las de supra a subordinación. Los dos primeros tipos de relaciones mencionadas, reconocen siempre un vínculo igualitario o de paridad formal entre sujetos (gobernados entre sí o autoridades entre sí). Las relaciones de supra a subordinación, surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, es decir, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos por un lado, y el gobernado, por otro; en éstas, la persona moral estatal y sus órganos desempeñan frente al particular la actividad soberana o de imperio, o sea, actos autoritarios propiamente dichos, que tienen como atributos esenciales la unilateralidad (no requiere para su existencia y eficacia jurídica el concurso de la voluntad del particular frente al cual se ejercita), la imperatividad (la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes) y la coercitividad (implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado). Consiguientemente, en el juicio de amparo, el acto reclamado debe ser, desde luego, un acto de autoridad en el que concurran los elementos mencionados. Además, para que el acto de un órgano estatal sea considerado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación; o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Por ende, es necesario atender a la naturaleza del acto para determinar si es proveniente o no de una autoridad para efectos del amparo, o sea, es menester observar si reviste las características precisadas anteriormente, en virtud de la existencia de una relación de supra a subordinación. Sentado lo precedente, debe destacarse que, en la especie, la promovente de amparo reclama del Supervisor Escolar de la Zona S009, en San Felipe del Progreso, Estado de México y del Director Escolar de la Escuela Secundaria Oficial Número 159 "Leona Vicario", la separación del cargo como docente adscrito a la Escuela Secundaria Oficial 159 "Leona Vicario" ubicada en la comunidad de San Pedro el Alto, municipio de San Felipe del progreso, Estado de México, para ser reubicado en la Supervisión Escolar de zona S009 de la misma localidad, con efectos a partir del seis de junio del año en curso; circunstancia que evidencia que tal acto no emana de una autoridad para los efectos del juicio de amparo. En ese orden de ideas, resulta claro que, no es un acto emanado de autoridad alguna, pues no implica una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, sino que el efecto que tienen es estrictamente laboral; ya que deriva de la relación de coordinación patrón-trabajador que existe entre la promovente y la Supervisión Escolar de la Zona S009, en San Felipe del Progreso, Estado de México, la cual se entabla entre particulares; por tanto, el acto reclamado no puede considerarse como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Bajo esa óptica, es evidente que atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, con los mismos, únicamente se afectarían derechos que pudiesen corresponder, para la impetrante de amparo, exclusivamente en al ámbito laboral, habida cuenta que la cuestión en controversia deriva de la relación de trabajo que existe entre el trabajador y el órgano de educación; pues el acto reclamado incide en la supuesta infracción a las condiciones de trabajo de la aquí agraviada. Esto es, con independencia de que el acto reclamado pudiese resultar legal o ilegal, es claro que éste fue realizado por el Supervisor Escolar de la Zona S009, en San Felipe del Progreso, Estado de México y por el Director Escolar de la Escuela Secundaria Oficial Número 159 "Leona Vicario", en una relación laboral existente entre éste y el quejoso, derivada de derechos de naturaleza netamente de trabajo, y no en un ámbito de supra a subordinación; esto es, dichos actos fueron efectuados en un plano de igualdad, de coordinación. En consecuencia, es evidente que el citado organismo no actuó como autoridad -para los efectos del juicio de amparo-, de tal manera que sus actos no pueden ser impugnados a través del juicio constitucional, sino en todo caso, si el impetrante considera lesionados sus derechos con motivo de tales acciones, podrá acudir en defensa de los mismos mediante las instancias laborales ordinarias que le permitan controvertir los actos patronales que estime lesivos de sus derechos de trabajo. Es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada XV.5o.3 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1500, del Tomo II, Libro 4, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006034, que establece: "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo." Y por las razones que la informan, la jurisprudencia 2ª./J. 79/2014 (10ª.) establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 699 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 9, correspondiente a agosto de 2014, tomo II, Décima Época, materia común (con registro 2007066), que rige: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." En conclusión, no todo acto u omisión, constituyen actuaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino únicamente aquellos que traigan consigo el ejercicio de una potestad que otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular, situación que en concreto no se actualiza, porque, se reitera, las autoridades aquí señaladas como responsables actúan en una relación laboral de igualdad entre el quejoso y el ente educativo a quien se atribuye el acto reclamado. De ahí que la improcedencia en estudio, radica en la imposibilidad de concretar el objetivo que persigue el juicio constitucional; esto es, restituir al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental trasgredido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que en el caso en particular, debiera traducirse en obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija; sin embargo, lo anterior resulta jurídicamente imposible, en razón de que la omisión que se combate, no tiene su origen en una relación de supra a subordinación; además de que no escapa a la atención del suscrito, el hecho de que el quejoso tiene una extensa gama de instrumentos legales para defender la asunto que en esta vía combate. Por último, es oportuno señalar que el quejoso no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción de los servidores públicos que se encuentran legitimados para promover juicio de amparo indirecto contra la determinación de separación de cargo, pues no se ubica en los supuestos que para el caso establece el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, como son los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales. Es aplicable en sentido contrario, la jurisprudencia 2ª./J. 49/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1329, libro 30, mayo de dos mil dieciséis, tomo II, con registro 201659, de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO." En consecuencia, la sanción atribuida a la autoridad que señala como responsable, al no constituir un acto de autoridad, actualiza la causa de improcedencia que se estudia. Esta medida de desechamiento se tomó, considerando que aún con la tramitación del juicio no se conseguiría un resultado diferente, toda vez que la naturaleza de los actos reclamados, evidencian su carácter laboral, lo cual no variaría en modo alguno. Aunado a ello, a criterio de quien esto determina, también se actualiza diversa causa de improcedencia, pues de la demanda de amparo se advierte que el quejoso refiere lo siguiente: ".Como consecuencia de ello, y por defenderme y defender algunos otros compañeros de nuestros derechos laborales, me ha separado de mi empleo, para que cubra mi horario laboral en la supervisión escolar de la zona S009, ubicada en la calle Iturbe y López Tello en el centro de la localidad de San Felipe del Progreso, a partir del 6 de junio de 2019." En atención a lo anterior, se decreta la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, por lo siguiente: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos legales transcritos parcialmente, se obtiene que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, se computará de acuerdo a tres supuestos distintos: I) A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; II) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, III) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Expuesto lo anterior, como se indicó de forma previa se precisa que la quejosa acude a esta instancia constitucional para reclamar la separación del cargo como docente adscrito a la Escuela Secundaria Oficial 159 "Leona Vicario" ubicada en la comunidad de San Pedro el Alto, municipio de San Felipe del progreso, Estado de México, para ser reubicado en la Supervisión Escolar de zona S009 de la misma localidad, con efectos a partir del seis de junio del año en curso, se obtiene que el quejoso tuvo conocimiento de dicho acto reclamado por lo menos desde el seis de junio del año en curso, por así haberlo citado el ahora quejoso. Tal manifestación se considera como una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, la cual hace prueba plena, pues concurren las circunstancias previstas en el ordinal 199 del Código Federal de referencia, el cual establece lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse, II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Ahora, la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el uno de julio de la presente anualidad, según se advierte del sello impreso en la parte superior de la demanda de amparo, y el quejoso tuvo conocimiento por lo menos desde el seis de junio de dos mil diecinueve, fecha en la cual debería presentarse en el inmueble donde fue reubicado, esto es, la Supervisión Escolar de la Zona S009 del Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, por tal motivo, el plazo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, para impugnar el acto reclamado antes precisado, transcurrió del siete al veintisiete de junio de dos mil diecinueve, previo descuento de los días inhábiles previstos en el artículo 19 de la ley de la materia. En ese orden de ideas, es claro que el plazo impugnativo debe computarse a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento del acto reclamado; es decir, el plazo de quince días previsto en el artículo 17 y 18 de la Ley de Amparo, para el ejercicio de la acción constitucional debe computarse a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento (seis de junio de dos mil diecinueve); el lapso para interponer el juicio de amparo. En esa tesitura, es claro que ésta resulta extemporánea por actualizarse la segunda de las hipótesis previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En tales circunstancias, es innegable que la presentación de la demanda se realizó fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues la parte quejosa estaba obligada a promover el juicio de amparo dentro del plazo de quince días, que en el caso se cuentan a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento del acto reclamado; por lo tanto, la presentación del escrito de petición de amparo es extemporánea incuestionablemente y, por ende, se estima que la parte inconforme ha consentido tácitamente el acto reclamado, lo que genera se actualice la causa de improcedencia estatuida en el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia IV.2o. C.J/7, página 1035, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2005, Tomo XXII, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia." Así como la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 30/2007, página 286 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2007, Tomo XXV, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Y, la consultable en la página 235, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI-Junio, Octava Época, la cual establece: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 61, fracciones XXIII y XIV en relación con los diversos 1º y 5º fracción II, y 217, así como 17, 18 y 123 de la Ley de Amparo procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Jesús Jacinto Marín Arias, contra actos del Supervisor Escolar de la Zona S009, en San Felipe del Progreso, Estado de México y otra autoridad. Domicilio. De conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito inicial. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta a Amando Martínez Lara, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por tener registrada la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
(se lista citatorio parte quejosa) Toluca, Estado de México; tres de julio de dos mil diecinueve. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por J. Jesús Jacinto Marín Arias, contra actos del Supervisor Escolar de la Zona S009, en San Felipe del Progreso, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número 854/2019-III. Desechamiento. Es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: [...] Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: [...] Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que el acto reclamado en esta instancia lo constituye: La separación del cargo como docente adscrito a la Escuela Secundaria Oficial 159 "Leona Vicario" ubicada en la comunidad de San Pedro el Alto, municipio de San Felipe del progreso, Estado de México, para ser reubicado en la Supervisión Escolar de zona S009 de la misma localidad, con efectos a partir del seis de junio del año en curso. Resulta aplicable la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de literalidad siguiente: [...] De igual forma, es aplicable por las razones que la contienen, la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2004, Tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos epílogo y sinopsis son: [...] Hecha tal precisión, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1º y 5º, fracción II de la invocada ley, pues en el caso, el citado acto reclamado se atribuye al Supervisor Escolar de la Zona S009, en San Felipe del Progreso, Estado de México y al Director Escolar de la Escuela Secundaria Oficial Número 159 "Leona Vicario", quienes no tienen el carácter de responsables para efectos del presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, es necesario precisar que los citados artículos establecen: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: - - - I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; - - - II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y - - - III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. - - - El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: - - - II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. - - - Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. - - - La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. - - - La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. - - - La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Ahora, de una interpretación sistemática de los preceptos legales reproducidos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que no provienen de una autoridad, entendiéndose por ésta lo conceptualizado en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Ello es así, porque el preindicado artículo 1° del citado ordenamiento legal, precisa que el juicio constitucional procede, entre otros supuestos, contra actos u omisiones de autoridad; de ahí que, lo anterior -interpretado a contrario sensu- se reduce al hecho de que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos u omisiones que no provengan de una autoridad; por tanto, el artículo 5°, fracción II, que define quién tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, y la fracción XXIII del artículo 61, del mencionado ordenamiento jurídico, que refiere la improcedencia del juicio constitucional en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien de la propia Ley de Amparo, resulta incuestionable que el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclaman actos u omisiones que no son considerados de autoridad para efectos de aquél. Sin que pase inadvertido que la autoridad responsable, para efectos del juicio constitucional, es aquella que -con independencia de su naturaleza formal- dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, que omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría tales situaciones jurídicas; asimismo, los particulares tienen calidad de autoridad responsable, cuando realizan actos equivalentes a los de autoridad que afectan derechos fundamentales, cuyas funciones están determinadas por una norma general. En abundamiento, es conveniente citar que la palabra "autoridad" proviene del vocablo "auctoritate", cuyo significado se traduce al derecho o poder de mandar, regir y/o gobernar, en otras palabras, es el poder de imponer obediencia. Con motivo de lo anterior, el concepto de autoridad se entendía como la capacidad de utilizar la fuerza pública para interponer determinaciones unilaterales; sin embargo, esa definición se ha ido ampliando a través del tiempo, debido al nacimiento de autoridades administrativas y a la complejidad de las relaciones jurídicas entre éstas y los particulares. Entonces, para dilucidar aún más la causa de improcedencia en estudio, es necesario precisar, además, que la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de observancia obligatoria para este juzgador, en términos de lo prescrito en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía y por las razones que la informan, la jurisprudencia 1ª./J. 103/2011 establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 754 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, correspondiente a septiembre de 2011, Novena Época, materia común (con registro 161047), que refiere: [...] Ahora, de los artículos transcritos con antelación se desprende, por un lado, que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos de autoridad que violen derechos humanos, y por otro, que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. El acto reclamado, por regla general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. Siendo el rasgo distintivo del acto de autoridad la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico, ocasionando un agravio que puede provenir de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser unilateral, imperativo y coercitivo. En ese tenor, para efectos de la procedencia del juicio de amparo el acto reclamado debe consistir en un acto de autoridad en el que concurran los siguientes elementos: Unilateralidad, esto es que no requiere para su existencia y eficacia jurídica el concurso de la voluntad del particular frente al cual se ejercita. Imperatividad que significa que la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes. Coercitividad que implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado. Así las cosas, se debe fijar el concepto de autoridad responsable, partiendo de la distinción entre actos de particulares y los que no lo son, y precisarse que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. En esta tesitura, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad"; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Esto es, en la vida de cualquier Estado o sociedad existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: las de coordinación, las de supraordinación y las de supra a subordinación. Los dos primeros tipos de relaciones mencionadas, reconocen siempre un vínculo igualitario o de paridad formal entre sujetos (gobernados entre sí o autoridades entre sí). Las relaciones de supra a subordinación, surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, es decir, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos por un lado, y el gobernado, por otro; en éstas, la persona moral estatal y sus órganos desempeñan frente al particular la actividad soberana o de imperio, o sea, actos autoritarios propiamente dichos, que tienen como atributos esenciales la unilateralidad (no requiere para su existencia y eficacia jurídica el concurso de la voluntad del particular frente al cual se ejercita), la imperatividad (la voluntad del particular se encuentra supeditada a la voluntad del Estado externada a través del propio acto, de tal suerte que el gobernado frente a quien se desempeña aquél, tiene la obligación inexorable de acatarlo, sin perjuicio de que contra él entable los recursos legales procedentes) y la coercitividad (implica la capacidad que tiene todo acto del Estado para hacerse respetar y ejecutar coactivamente por diferentes medios, aun en contra de la voluntad del gobernado). Consiguientemente, en el juicio de amparo, el acto reclamado debe ser, desde luego, un acto de autoridad en el que concurran los elementos mencionados. Además, para que el acto de un órgano estatal sea considerado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación; o sea, entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Por ende, es necesario atender a la naturaleza del acto para determinar si es proveniente o no de una autoridad para efectos del amparo, o sea, es menester observar si reviste las características precisadas anteriormente, en virtud de la existencia de una relación de supra a subordinación. Sentado lo precedente, debe destacarse que, en la especie, la promovente de amparo reclama del Supervisor Escolar de la Zona S009, en San Felipe del Progreso, Estado de México y del Director Escolar de la Escuela Secundaria Oficial Número 159 "Leona Vicario", la separación del cargo como docente adscrito a la Escuela Secundaria Oficial 159 "Leona Vicario" ubicada en la comunidad de San Pedro el Alto, municipio de San Felipe del progreso, Estado de México, para ser reubicado en la Supervisión Escolar de zona S009 de la misma localidad, con efectos a partir del seis de junio del año en curso; circunstancia que evidencia que tal acto no emana de una autoridad para los efectos del juicio de amparo. En ese orden de ideas, resulta claro que, no es un acto emanado de autoridad alguna, pues no implica una imposición o subordinación nacida de un poder de mando, sino que el efecto que tienen es estrictamente laboral; ya que deriva de la relación de coordinación patrón-trabajador que existe entre la promovente y la Supervisión Escolar de la Zona S009, en San Felipe del Progreso, Estado de México, la cual se entabla entre particulares; por tanto, el acto reclamado no puede considerarse como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Bajo esa óptica, es evidente que atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, con los mismos, únicamente se afectarían derechos que pudiesen corresponder, para la impetrante de amparo, exclusivamente en al ámbito laboral, habida cuenta que la cuestión en controversia deriva de la relación de trabajo que existe entre el trabajador y el órgano de educación; pues el acto reclamado incide en la supuesta infracción a las condiciones de trabajo de la aquí agraviada. Esto es, con independencia de que el acto reclamado pudiese resultar legal o ilegal, es claro que éste fue realizado por el Supervisor Escolar de la Zona S009, en San Felipe del Progreso, Estado de México y por el Director Escolar de la Escuela Secundaria Oficial Número 159 "Leona Vicario", en una relación laboral existente entre éste y el quejoso, derivada de derechos de naturaleza netamente de trabajo, y no en un ámbito de supra a subordinación; esto es, dichos actos fueron efectuados en un plano de igualdad, de coordinación. En consecuencia, es evidente que el citado organismo no actuó como autoridad -para los efectos del juicio de amparo-, de tal manera que sus actos no pueden ser impugnados a través del juicio constitucional, sino en todo caso, si el impetrante considera lesionados sus derechos con motivo de tales acciones, podrá acudir en defensa de los mismos mediante las instancias laborales ordinarias que le permitan controvertir los actos patronales que estime lesivos de sus derechos de trabajo. Es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada XV.5o.3 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1500, del Tomo II, Libro 4, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006034, que establece: "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo." Y por las razones que la informan, la jurisprudencia 2ª./J. 79/2014 (10ª.) establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 699 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 9, correspondiente a agosto de 2014, tomo II, Décima Época, materia común (con registro 2007066), que rige: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." En conclusión, no todo acto u omisión, constituyen actuaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino únicamente aquellos que traigan consigo el ejercicio de una potestad que otorgue atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular, situación que en concreto no se actualiza, porque, se reitera, las autoridades aquí señaladas como responsables actúan en una relación laboral de igualdad entre el quejoso y el ente educativo a quien se atribuye el acto reclamado. De ahí que la improcedencia en estudio, radica en la imposibilidad de concretar el objetivo que persigue el juicio constitucional; esto es, restituir al quejoso en el pleno goce del derecho fundamental trasgredido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, que en el caso en particular, debiera traducirse en obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija; sin embargo, lo anterior resulta jurídicamente imposible, en razón de que la omisión que se combate, no tiene su origen en una relación de supra a subordinación; además de que no escapa a la atención del suscrito, el hecho de que el quejoso tiene una extensa gama de instrumentos legales para defender la asunto que en esta vía combate. Por último, es oportuno señalar que el quejoso no se ubica en ninguno de los supuestos de excepción de los servidores públicos que se encuentran legitimados para promover juicio de amparo indirecto contra la determinación de separación de cargo, pues no se ubica en los supuestos que para el caso establece el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, como son los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales. Es aplicable en sentido contrario, la jurisprudencia 2ª./J. 49/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1329, libro 30, mayo de dos mil dieciséis, tomo II, con registro 201659, de rubro: [..] En consecuencia, la sanción atribuida a la autoridad que señala como responsable, al no constituir un acto de autoridad, actualiza la causa de improcedencia que se estudia. Esta medida de desechamiento se tomó, considerando que aún con la tramitación del juicio no se conseguiría un resultado diferente, toda vez que la naturaleza de los actos reclamados, evidencian su carácter laboral, lo cual no variaría en modo alguno. Aunado a ello, a criterio de quien esto determina, también se actualiza diversa causa de improcedencia, pues de la demanda de amparo se advierte que el quejoso refiere lo siguiente: ".Como consecuencia de ello, y por defenderme y defender algunos otros compañeros de nuestros derechos laborales, me ha separado de mi empleo, para que cubra mi horario laboral en la supervisión escolar de la zona S009, ubicada en la calle Iturbe y López Tello en el centro de la localidad de San Felipe del Progreso, a partir del 6 de junio de 2019." En atención a lo anterior, se decreta la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, por lo siguiente: El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)." Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: [...] De los preceptos legales transcritos parcialmente, se obtiene que el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, se computará de acuerdo a tres supuestos distintos: I) A partir del día siguiente al en que surta sus efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; II) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución y, III) A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos. Expuesto lo anterior, como se indicó de forma previa se precisa que la quejosa acude a esta instancia constitucional para reclamar la separación del cargo como docente adscrito a la Escuela Secundaria Oficial 159 "Leona Vicario" ubicada en la comunidad de San Pedro el Alto, municipio de San Felipe del progreso, Estado de México, para ser reubicado en la Supervisión Escolar de zona S009 de la misma localidad, con efectos a partir del seis de junio del año en curso, se obtiene que el quejoso tuvo conocimiento de dicho acto reclamado por lo menos desde el seis de junio del año en curso, por así haberlo citado el ahora quejoso. Tal manifestación se considera como una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, la cual hace prueba plena, pues concurren las circunstancias previstas en el ordinal 199 del Código Federal de referencia, el cual establece lo siguiente: [...] Ahora, la demanda de amparo que dio origen al presente asunto fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el uno de julio de la presente anualidad, según se advierte del sello impreso en la parte superior de la demanda de amparo, y el quejoso tuvo conocimiento por lo menos desde el seis de junio de dos mil diecinueve, fecha en la cual debería presentarse en el inmueble donde fue reubicado, esto es, la Supervisión Escolar de la Zona S009 del Municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, por tal motivo, el plazo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo, para impugnar el acto reclamado antes precisado, transcurrió del siete al veintisiete de junio de dos mil diecinueve, previo descuento de los días inhábiles previstos en el artículo 19 de la ley de la materia. En ese orden de ideas, es claro que el plazo impugnativo debe computarse a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento del acto reclamado; es decir, el plazo de quince días previsto en el artículo 17 y 18 de la Ley de Amparo, para el ejercicio de la acción constitucional debe computarse a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento (seis de junio de dos mil diecinueve); el lapso para interponer el juicio de amparo. En esa tesitura, es claro que ésta resulta extemporánea por actualizarse la segunda de las hipótesis previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En tales circunstancias, es innegable que la presentación de la demanda se realizó fuera del plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, pues la parte quejosa estaba obligada a promover el juicio de amparo dentro del plazo de quince días, que en el caso se cuentan a partir del día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento del acto reclamado; por lo tanto, la presentación del escrito de petición de amparo es extemporánea incuestionablemente y, por ende, se estima que la parte inconforme ha consentido tácitamente el acto reclamado, lo que genera se actualice la causa de improcedencia estatuida en el ordinal 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia IV.2o. C.J/7, página 1035, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2005, Tomo XXII, Novena Época, cuyos rubro y texto son: [...] Así como la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 30/2007, página 286 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2007, Tomo XXV, del contenido siguiente: [...] Y, la consultable en la página 235, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI-Junio, Octava Época, la cual establece: [..] En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 61, fracciones XXIII y XIV en relación con los diversos 1º y 5º fracción II, y 217, así como 17, 18 y 123 de la Ley de Amparo procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Jesús Jacinto Marín Arias, contra actos del Supervisor Escolar de la Zona S009, en San Felipe del Progreso, Estado de México y otra autoridad. Domicilio. De conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito inicial. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta a Amando Martínez Lara, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por tener registrada la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente al quejoso.
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