Jesús Iturbe Aranda
Expediente 707/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 707/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jesús Iturbe Aranda
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 20, fracción lV del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el juicio en lo principal, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 1199/2022, promovido por ********************contra actos de la Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil veintidós, en el buzón oficial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ********************solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: ° Primera Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Actos reclamados: ".La resolución de 19 de agosto de 2022 dictada dentro del toca penal ********************. SEGUNDO. El diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1199/2022, y desechó la demanda de amparo. TERCERO. Mediante escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, la parte quejosa interpuso recurso de queja en contra del desechamiento de la demanda de amparo. Por lo que desahogado el trámite del referido medio de impugnación, el quince de diciembre de dos mil veintidós, se recibió en este Juzgado, el oficio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, que mediante sesión del ocho de diciembre de dos mil veintidós, dentro del recurso de queja ******************** de su índice, declaró fundado el recurso de queja. CUARTO. Mediante auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, en cumplimiento a la resolución de la queja descrita en el resultando que antecede, esta autoridad admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda de amparo. Cabe destacar que de las constancias enviadas por la potestad responsable se desprende como ya fue citado por el Tercer Tribunal Colegido del Décimo Octavo Circuito, en esta ciudad, esto dentro del recurso de queja ********************, la resolución reclamada, que confirmó el auto de vinculación a proceso fue notificada al quejoso en audiencia de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dentro del toca penal ********************. De modo que, en ese acto quedó debidamente notificado de tal determinación, surtiendo sus efectos la notificación al día siguiente, es decir, el veintidós de agosto de dos mil veintidós, tal como lo establece el dispositivo 82, fracción I, inciso a) y último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo la tesis III.2o.P.137 P (10a.), visible en la página 3475, libro 52, marzo de 2018, tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, LAS DETERMINACIONES QUE SE TOMEN EN LAS AUDIENCIAS ORALES SE TIENEN POR NOTIFICADAS EN ESE ACTO Y SURTEN SUS EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE. De los artículos 63, 82, fracción I, inciso a) y último párrafo, así como 84, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que las partes que asistan a las audiencias orales, así como quienes estaban obligados a acudir a ellas formalmente, deben tenerse por notificados en ese acto, de las determinaciones que ahí se tomen, sin necesidad de formalidad alguna, atento a los principios que rigen a los juicios orales, particularmente, los de inmediación, continuidad y concentración, y dichas notificaciones surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas, por lo que el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, debe computarse a partir del día posterior al en que surte efectos esa notificación, conforme a la ley del acto, como lo establece el numeral 18 de la Ley de Amparo." Por ende, el plazo de quince días, establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo, comenzó respecto de la audiencia de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, el veintitrés de agosto y concluyó el doce de septiembre; ello, toda vez que se excluyeron los días veintisiete y veintiocho de agosto, tres, cuatro, diez y once de septiembre, todos de dos mil veintidós, ya que fueron inhábiles, acorde al numeral 19 de la Ley de Amparo. Entonces, si en el caso el ocurso de demanda que dio origen al presente juicio se presentó, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el doce de septiembre de dos mil veintidós, es claro que ello sucedió dentro del ya mencionado plazo de quince días, previsto en el dispositivo 17 de la legislación aplicable a la materia, dado que como antes se dijo, el mismo feneció el doce de septiembre de dos mil veintidós. TERCERO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la resolución de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictada dentro del toca penal ********************. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, pues así lo manifestó su Presidenta al rendir su informe justificado, por lo que se tiene plenamente probada su existencia. Certeza que se corrobora con la causa penal ******************** y toca penal ********************, que remitió la autoridad responsable; documental que merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fueron expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, con número de registro 2004362, que refiere: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". QUINTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En el presente asunto, las partes no invocaron causas de improcedencia, tampoco este Juzgado advierte de oficio la actualización de alguna de las previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien alguna derivada de la propia legislación o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Previo a plasmar los argumentos sustentados por el quejoso, resulta necesario señalar los antecedentes más relevantes advertidos de las documentales acompañadas al informe justificado de la Sala Responsable: 1.- En auto de fecha uno de abril de dos mil veintidós, dictado dentro de la causa penal ********************, a solicitud del agente del Ministerio Público, se fijaron fecha y hora para el verificativo de la audiencia de formulación de imputación. 2.- Con fecha doce de mayo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia de formulación de imputación, dentro de la causa penal ********************, por lo que la fiscalía formuló imputación en contra del hoy quejoso ********************, por el hecho que la ley califica como el delito de Violencia Familiar, previsto y sancionado en el artículo 202 Bis del Código Penal en vigor, en perjuicio de la aquí tercero interesada ******************** y del menor de nombre reservado de iniciales ********************. 3.- En audiencia de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, se dictó auto de vinculación a proceso en contra del hoy quejoso ********************, por su intervención en la comisión del hecho que la ley califica como delito de VIOLENCIA FAMILIAR, previsto y sancionado por el artículo 202 Bis del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de ********************, y auto de no vinculación a proceso, a favor de ********************, por su intervención en la comisión del citado delito, pero cometido en agravio del menor de nombre reservado de iniciales ********************. 4.- Mediante escrito presentado ante el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, el hoy quejoso interpuso recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso. 5.- En audiencia del diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dentro del toca penal número ********************, formado con motivo del citado recurso de apelación, por unanimidad de votos resolvieron los Magistrados integrantes de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, confirmar el auto de vinculación a proceso de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado por la licenciada ********************, Juez Especializada de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, en la causa penal ********************, que se instruye en contra del hoy quejoso ********************, por el delito de violencia familiar, cometido en agravio de ********************. Resolución que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora bien, en relación a los conceptos de violación hechos valer, la parte quejosa argumenta esencialmente lo siguiente: a).- Que se conculcan los derechos humanos de legalidad judicial y seguridad jurídica, toda vez que la autoridad señalada como responsable sustentó la resolución reclamada en datos de prueba falsos como las declaraciones vertidas por la víctima hoy tercero interesada ******************** y la testigo de nombre ********************. b).- Que la Sala señalada como responsable, al dictar la resolución que ahora se reclama, transgrede el principio de seguridad jurídica al dar valor a un dato de prueba ilegal y ser imputado con los elementos contenidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por ejemplo que para dictar un auto de vinculación a proceso, deben desprenderse datos de prueba que hagan existir la responsabilidad de que el imputado cometió un delito o que participó en su comisión, ya que no existen datos de prueba por parte del fiscal, que el hoy quejoso haya cometido como autor material el ilícito que se imputa. c).- Que la autoridad señalada como responsable viola los derechos humanos contemplados en los artículos 1, 14, 16 y 19 del Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior, derivado de que al dictar audiencia de vinculación, designó defensores, y solamente le dio intervención a uno de ellos, omitiendo darle el uso de la voz a diverso defensor dejando al hoy quejoso en estado de indefensión, al no haber escuchado de forma completa a la defensa, transgrediendo los derechos humanos por no contar con una debida defensa para ser escuchado y vencido ante el acto jurisdiccional reclamado. d).- Asimismo, refiere la parte quejosa que se violaron derechos humanos al no haberle proporcionado diversos antecedentes de investigación consistentes en archivos digitales, para estar en aptitud de preparar una adecuada defensa. Los conceptos de violación, por razón de método, se analizarán de manera conjunta, en la medida que guardan relación entre sí, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, en términos de lo dispuesto por el numeral 76 de la Ley de Amparo. Dichos conceptos de violación resultan infundados, a consideración de lo siguiente. A manera de preámbulo, es conveniente acotar que en el nuevo esquema del sistema acusatorio adversarial, el proceso penal se inicia con la etapa preliminar o de investigación, cuyo objeto es determinar si existe fundamento para iniciar un proceso penal, lo cual se pretende lograr a través de la obtención de elementos o datos por parte del agente del Ministerio Público, que eventualmente le permitan sustentar la imputación y acusación. Así, en el nuevo sistema penal, ya no tiene lugar, ante el Ministerio Público, un "mini proceso" en el que se recibían y desahogaban pruebas, sino que en esta fase la policía y el fiscal recaban datos de prueba que, posteriormente puedan ser expuestos para su desahogo o incorporación en el juicio oral, ante el juez, que es el director del proceso; ello, ajustado siempre a un principio de lealtad y buena fe; por tanto, lo que se integra es una carpeta de investigación en la que se registran los datos de prueba obtenidos por el Ministerio Público; para su recopilación, se configura una nueva concepción de la policía, en cuanto a que les corresponde a todos los cuerpos policiacos, ser auxiliares del fiscal en la investigación de los hechos delictuosos. Acotado lo anterior, y con el objeto de dotar al quejoso, en el conocimiento de lo que implica un auto de vinculación a proceso en el actual sistema de justicia penal y, con ello, evidenciar lo infundado de sus argumentos, debe precisarse que los requisitos necesarios para que se pueda dictar un auto de vinculación a proceso, se encuentran contenidos en el artículo 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismos que dicen literalmente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión..." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente.". Entonces, del análisis de dichos numerales, se deduce que la resolución de vinculación a proceso debe reunir, esencialmente, los siguientes requisitos: 1.- Debe emitirse por una autoridad judicial. 2.- Contener la precisión del o los delito (s) que se imputa. 3.- Indicar el lugar, tiempo y circunstancias de la ejecución del ilícito. 4.- Los datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señala como delito; y, 5.- Exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Además, como requisito de todo acto de autoridad, en términos del numeral 16 de la Constitución Federal, el auto de vinculación a proceso debe estar debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por motivación, que en el acto de autoridad han de señalarse con detalle las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada, que se hayan tenido en consideración para su emisión; siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. Ahora, en relación al acto reclamado a la autoridad señalada como responsable Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, es correcta su determinación, porque el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone los alcances del recurso de apelación, esto es, que el estudio de este solo comprenderá los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos, o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado, por lo que el órgano jurisdiccional que conozca del medio de impugnación, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución; bastará que les dé el tratamiento conducente, con independencia de la calificación que se les otorgue. Para mayor claridad, se transcribe el artículo en mención: "ARTÍCULO 461. Alcance del recurso. El Órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso, dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente que deba resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por los recurrentes, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales del imputado. En caso de que el Órgano jurisdiccional no encuentre violaciones a derechos fundamentales que, en tales términos, deba reparar de oficio, no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Si sólo uno de varios imputados por el mismo delito interpusiera algún recurso contra una resolución, la decisión favorable que se dictare aprovechará a los demás, a menos que los fundamentos fueren exclusivamente personales del recurrente." En ese sentido, la autoridad responsable atendiendo al tipo penal ventilado en el asunto, argumentó juzgar con perspectiva de género, de conformidad con los artículos 1º y 4º, párrafo primero, constitucionales y en su fuente convencional en los artículos 2, 6 y 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará), así como en el artículo 16 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer. Ahora bien, previa comprobación de los requisitos procesales, tal como lo precisó la autoridad señalada como responsable con fecha doce de mayo de dos mil veintidós, se verificó la audiencia inicial de formulación de imputación sin detenido, en la que el hoy quejoso fue asistido de sus defensores particulares licenciados ******************** y ********************, quienes refirió la Sala contaban con cédula profesional, con lo que se garantizó el derecho de una defensa adecuada, aunado a que corroboró que conocía de sus derechos. Además se obtiene que el hoy quejoso ********************, reservó su derecho a declarar y previa petición se resolvió su situación jurídica dentro de la duplicidad del plazo constitucional, esto con fecha doce de mayo de dos mil veintidós. Por tanto, del contenido de la resolución que constituye el acto reclamado, se advierte esencialmente que la responsable, determinó confirmar la resolución de vinculación a proceso dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, por el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, en la causa penal ********************. En principio estimó que se encontraban acreditados los elementos para el dictado del auto de vinculación a proceso, pues se encontraron satisfechos los requisitos establecidos en los artículos 19 Constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, estableció que se encontraba acreditado el hecho delictivo de violencia familiar previsto por el numeral 202 Bis del Código Penal del Estado de Morelos. En relación a lo anterior, señaló que fue acertada la determinación de vincular a proceso al apelante hoy quejoso, puesto que de acuerdo con el nivel de convicción para su dictado, pero sobre todo ateniendo a la razonabilidad de los datos de prueba, por lo que consideró a título de causa probable la existencia del hecho delictivo por el que formuló imputación el Agente del Ministerio Público (violencia familiar). En relación a lo anterior, la Sala advirtió que el hoy quejoso ******************** y la tercero interesada ********************, sostuvieron una relación de pareja desde hace nueve años, estando casados a partir de diciembre de dos mil diecisiete, estableciendo domicilio conyugal en calle ********************. Asimismo, respecto del tipo penal la Sala, estableció que consiste en que el activo realice un acto de poder u omisión dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal o psicológica, emocional o sexual, patrimonial o económica, a cualquier miembro de la familia, en el caso concreto el acto de poder dirigido agredir física y verbalmente a su esposa, lo que de manera correcta consideró acreditada con las declaraciones de la víctima ********************, de fechas veinte de abril y veintitrés de junio, ambas de dos mil veintiuno, quien ante el representante social sustancialmente indicó que el veintiséis de abril de dos mil veinte, su esposo acababa de regresar de un vuelo, y que después de atenderlo, se molestó porque no se quería cuidar del covid-19, se enojó porque ella se puso a lavar y desinfectar sus maletas, dándole varios puñetazos en el pecho; que en otra ocasión el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, siendo aproximadamente las veinte horas se encontraban la víctima, el imputado hoy quejoso y el menor de nombre reservado de iniciales ********************. en su domicilio conyugal, cuando el activo y ella empezaron a discutir sobre unos objetos que se encontraban sobre un escritorio que está en una habitación de la planta alta, que su esposo ******************** empezó a aventar las cosas que encontraban en el escritorio a la cama, que los objetos que aventó a la cama eran herramientas cortantes, alambres, tanques de fibra de vidrio y legos, que también aventó el escritorio hacía otro escritorio donde se encontraba jugando videojuegos el menor mencionado hijo de la víctima, que por eso la víctima le preguntó que porque hacia eso; que enseguida se dirigen a la planta baja, que ahí el activo empezó a tirar las cosas que encontraban en una mesa de la sala, volviendo a preguntarle la víctima el imputado hoy quejoso que porque hacía eso, acto seguido, contestándole este con insultos, diciéndole que era una maldita, que no sabía cómo se iba reír de ella cuando la sacara de la casa, que después empezaron a forcejear porque el activo le quería quitar su celular, que le dio un golpe en el pómulo y que ella le llamo a su hijo para que la ayudara, que el menor trató de separarlos, que el activo logró arrebatarle el celular de la mano, lo dobló y lo tiro al suelo, estrellándolo, preguntándole la señora Paola al señor ******************** que qué le pasaba, respondiéndole que el celular es suyo, porque él lo había pagado; que después, subieron a la plante alta, y en la recamara la tomo del cabello y la lanzo sobre la cama, cayendo sobre los objetos que previamente había arrojado el activo, es decir, los tanques que se moldean, herramientas, que se cortó con esos objetos, y se rasguñó en diferentes partes del cuerpo, y que después cayó al suelo, y ahí sintió un golpe en la pierna izquierda, se levantó y al levantarse el imputado hoy quejoso la tomó del cuello y nuevamente a empujones e insultos la sacó de la habitación, y que su hijo en ese momento solicitó auxilio al 911. Declaración de la víctima hoy tercero interesada que la Sala señalada como responsable, atinadamente fue valorada, pues la emitió ante el órgano investigador de forma voluntaria, además de encontrarse corroborada en forma lógica y armónica con los restantes datos de prueba. Asimismo, precisó que la Juez de origen tomó en consideración el informe en materia de medicina legal a cargo del médico legista ********************, realizado a la víctima hoy tercero interesada, donde relató las alteraciones físicas y describió un total de diez lesiones; además el expediente clínico de la víctima ******************** de fecha veintiséis de abril de dos mil veinte, del Hospital Henri Dunant, de donde se desprendió que la pasivo tuvo contusión torácica y una escoliosis; de igual forma el dictamen en materia de psicología a cargo de la perito ********************, quien concluyó que la señora ******************** denota un daño moral y psicológico derivado del delito de violencia familiar, que ésta se encuentra vulnerable con sentimientos de ansiedad y angustia. Datos de prueba que la juzgadora primaria otorgó valor probatorio y que acertadamente la Sala convalidó, por haber sido practicados por especialistas de la materia, sin que existiera dato de prueba que contrariara su validez, y que con ello se pudieron identificar las agresiones físicas y psicológicas que presentó la víctima. También concatenó tales medios de convicción con la declaración del menor de nombre reservado de iniciales G.A.R.R. en presencia de su madre y la psicóloga adscrita, quien ante el Ministerio Público, narró los hechos que presenció el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, aproximadamente a las veinte horas, en el domicilio conyugal, relatando esencialmente que él se encontraba jugando videojuegos, cuando escuchó que su mamá Paola Restrepo Osorio estaba dialogando con su esposo respecto de unos muebles de la casa, que más tarde su mamá comenzó a gritarle que la fuera ayudar porque le estaba quitando su celular, que él bajó inmediatamente y vio el desorden que el esposo de su mamá había hecho, que su mamá tenía en sus manos un teléfono celular, que se lo quitó el imputado, y que la aventó al piso; también señaló que después subieron a la planta alta y que ******************** aventó a su madre a la cama donde había diversos objetos con los que se lesionó, que también la tiro al piso y que al levantarse ******************** le tomo del cuello y la empujó para sacarla del cuarto. Asimismo, declaración de ********************, quien declaró que el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, aproximadamente a las veintiún horas se encontraba en su domicilio, cuando recibió una llamada de su amiga ********************, que le dijo que necesitaba ayuda, que fuera a su casa, porque su esposo la había golpeado, por lo que acudió al domicilio de la víctima, llegando alrededor de las veintitrés treinta horas, que cuando llegó vio salir del fraccionamiento al señor ********************, y al entrar al domicilio observó un desorden, que la víctima tenía los ojos llorosos, golpes en el rostro, sangre en el labio, y diversas lesiones en el cuerpo, y que incuso la testigo le tomó fotos a su amiga. Declaraciones que de manera correcta la Sala consideró relevantes, pues la primera fue rendida por el hijo de la víctima que presenció los hechos, esto con fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno, y su relato es similar al de la denunciante; y por cuanto a la segunda, fue emitida por quien si bien no presenció los hechos, sí se percató del estado en que se encontraba la víctima y la casa después de que sucedieran los hechos. Finalmente, también corroboró lo anterior, con las bitácoras de auxilio a emergencias remitidas el diecisiete de marzo de dos mil veintidós por el Director General del Centro de Coordinación, Comando, Control y Comunicaciones, haciendo referencia a un reporte de violencia familiar en la calle ********************, efectuado por un menor de nombre reservado con iniciales ********************. En relación al elemento consistente en que el sujeto activo y pasivo sean miembros del grupo familiar, por afinidad o consanguinidad, matrimonio o concubinato, no solo quedó acreditado con lo manifestado por la denunciante, sino que esa declaración se correlaciona con la incorporación del acta de matrimonio número ********************, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil diecisiete, registrada en la Oficialía número ********************, donde aparecen como contrayentes ******************** y ********************. Dato de prueba del que se advirtió el vínculo matrimonial con la víctima por parte del hoy quejoso y en contra de quien se le atribuyen hechos constitutivos del delito de violencia familiar, por haber ejercido actos de esa naturaleza en contra de su esposa. Aunado a lo anterior, el tercer elemento consistente en el daño o sufrimiento que dicha conducta cause, se acreditó con el dictamen en medicina legal realizado a la víctima ********************, el veinte de abril de dos mil veintiuno, por el Médico Legista ********************, quien dio cuenta de las lesiones físicas que presentó la pasivo. ".1) una equimosis color rojo, de forma oval, de 45x45 milímetros localizada en la región malar izquierda; 2) escoriación puntiforme de 3 x 2 milímetros localizada en le región del labio inferior hacia la izquierda de la línea media anterior; 3) múltiples escoriaciones lineales en el área de 80 x 60 milímetros localizadas en el área del cuello de la superficie derecha del mismo; 4) múltiples escoriaciones lineales en un área de 110 x 90 milímetros involucra la región mandibular izquierda y el cuello en la superficie lateral; 5) múltiples escoriaciones lineales en un área de 60 x 50 milímetros localizadas en la región del brazo izquierdo superficie anterior lateral y tercio medio; 6) dos heridas por mecanismo cortante la mayor de 35 milímetros y línea oblicua localizada en la región del brazo izquierdo superficie antero lateral y tercio media; 7) una equimosis de color violáceo difusa de 15 x 10 milímetros; 8) una equimosis de color rojo oval de 35 x 30 milímetros difusa localizada en la región del abdomen superficie lateral derecha; 9) una equimosis de color violeta de formal oval de 75 x 60 milímetros localizada en la región del muslo izquierdo superficie lateral y tercio proximal; 10) múltiples escoriaciones lineales en un área de 100 x 60 milímetros localizadas en la región dorsal hacia la izquierda de la línea media posterior.". Asimismo, obra el dictamen en materia de psicología realizado a la víctima con fecha uno de junio de dos mil veintiuno, por la Psicóloga adscrita al Centro de Justicia para Mujeres, quien concluyó que la señora ********************, denota un daño moral o psicológico derivado del delito de violencia familiar, debido a que se encuentra vulnerable con sentimientos de ansiedad y angustia, mismos que lo conducen a una inestabilidad emocional, que afecta su tranquilidad y mostró una sintomatología, como dolores de estómago y falta de apetito. Datos de prueba que la Sala señalada como responsable consideró que resultaban útiles para corroborar las lesiones físicas y afectaciones psicológicas de las que fue objeto la señora ********************, a consecuencia de las agresiones perpetradas por su esposo imputado en el juicio de origen. En lo que respecto a la probabilidad de que el hoy quejoso cometió el hecho delictuoso, la Sala acertadamente consideró ajustada a derecho la conclusión del A quo, en el sentido de que para tener por acreditada tal exigencia, de los datos de prueba existentes en la causa de origen, se desprende la imputación que en su contra realizó ********************, y el menor de nombre reservado con iniciales ********************., al señalar que fue ********************, quien agredió física y verbalmente a la allá víctima. A todo lo anterior, la Sala señalada como responsable les otorgó valor indiciario conforme a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia acorde a lo preceptuado en los numerales 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que los datos de prueba que analizó resultaron idóneos y pertinentes para establecer razonadamente la existencia de un hecho delictivo y su probable comisión. Con todo lo anterior, la Sala señalada como responsable, correctamente argumentó que para el dictado de un auto de vinculación a proceso no es necesario el estudio de elementos objetivos, normativos o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, sino que basta que se encuadre la conducta reprochada a la norma penal con base en los antecedentes de investigación. Atento a lo anterior, con los datos de prueba y antecedentes de investigación que fueron valorados por la autoridad señalada como responsable, de conformidad con el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y conforme a las reglas de la lógica y los conocimientos científicos, los que constituyen datos de prueba dado que fueron emitidos por personas con conocimientos especiales en las materias sobre las cuales versaron, esto es, que permitió conocer las alteraciones a la salud ocasionadas a la pasivo, así como la intervención médico-psicológica, de la que fue objeto la víctima, ya que con estos se estableció que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado hoy quejoso lo cometió, al ubicarse en circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, aunado que no se advirtió alguna causa de extinción de la acción penal ni excluyente del delito. En ese tenor los datos de prueba que la autoridad responsable tomó en consideración les otorgo valor probatorio conforme a los numerales 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de que crearon la convicción de que los días veintiséis de abril de dos mil veinte, y el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, y conforme las declaraciones de las víctimas ******************** y el menor de nombre reservado de iniciales ********************., en el sentido de que fueron agredidos física y verbalmente por parte del activo, al proferirle en la primera data mencionada golpes o puñetazos en el pecho derivado de una discusión en contra de la víctima y esposa del imputado y la diversa fecha en que también fue agredida física y psicológicamente, al lanzarla sobre la cama y sobre objetos que se encontraban en la misma, los cuales le ocasionaron lesiones y que esos hechos en esta última ocasión los presenció el menor de nombre reservado e iniciales ********************., quien incluso según sus declaraciones auxilió a su madre víctima llamando a los servicios de emergencia derivado de las agresiones que estaban siendo objeto. Así, en efecto del contenido del artículo 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que en el dictado del auto de vinculación a proceso no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, en tanto indica que sólo debe justificarse la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión. En ese tenor, en la resolución reclamada la Sala señalada como responsable determinó confirmar el auto de vinculación a proceso dictado el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, en la causa penal ********************, al considerar infundados por una parte y fundados pero inoperantes en otra los agravios expresados por el apelante, debido a que los datos de prueba incorporados por el Ministerio Público con motivo de la formulación de imputación son idóneos, bastantes y suficientes para establecer la existencia del hecho tipificado como violencia familiar, ya que de su valoración individual y conjunta se puede concluir razonadamente que se encuentra acreditada la conducta de acción desplegada por la sujeto activo del delito. Por tanto, se estima que se actuó correctamente al realizar el estudio de los motivos de agravio y confirmar el auto de vinculación a proceso, ya que los datos de prueba relatados se estiman, hasta este momento, idóneos, pertinentes y, en su conjunto, suficientes, para establecer la existencia del delito de violencia familiar en agravio de la víctima del delito, así como la probabilidad de que el apelante hoy quejoso cometió el hecho delictuoso. En ese contexto, como lo expuso la autoridad responsable, los datos de prueba aportados resultan suficientes para establecer en esa etapa inicial, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y existen indicios razonables que permitan suponer, al menos para esta etapa procesal, que el imputado, probablemente participó en la comisión del mismo, lo que verificó la autoridad responsable en la resolución reclamada, con los antecedentes narrados por el órgano investigador; además, estableció los razonamientos lógicos jurídicos, así como los fundamentos legales en los cuales se apoyó para su emisión, lo cual se estima correcto, pues como se destacó, con los datos de prueba incorporados por la fiscalía y que la responsable tomó en consideración, se acreditó que el aquí solicitante del amparo, de manera probable participó en el hecho que se les atribuye. Además de lo expuesto, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requieren de pruebas fehacientes ni evidentemente claras para su emisión, aunado a que los datos de prueba que fueron considerados por la Sala señalada como responsable se estiman suficientes para ello, es decir, sólo se requiere que en la resolución de plazo constitucional se exprese el delito que se imputa al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; esto es, el constituyente reformador estableció que para el dictado de auto de vinculación a proceso ya no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la responsabilidad en forma probable. Ahora bien, en relación al argumento de inconformidad del quejoso relativo a la valoración por parte de la autoridad señalada como responsable del dato de prueba relativo a la declaración de la testigo ********************, es infundado en efecto como la precisó la Sala responsable, toda vez que acertamente como lo confirmó dicha autoridad, si bien es cierto existe alguna imprecisión en las declaraciones de dicha ateste, también los es que las mismas son aisladas, sin que se desvíe el punto central de existencia de los hechos narrados por la hoy tercero interesada en el sentido de las agresiones verbales y físicas hacia su persona y su menor hijo, aunado a que no existe algún otro dato de prueba que demostrara la falsedad de la declaración, menos aún el señalamiento directo que hacen las víctimas del hecho que la ley considera como delito, en contra del hoy quejoso. También es desacertada la violación que refiere en el sentido de que se le dejó en estado de indefensión, al no proporcionarle por parte del ministerio público diversos antecedentes de investigación, consistentes en copia de archivos digitales, así como el darle oportunidad al diverso defensor designado de su parte para ser escuchado en la audiencia de donde surge el acto reclamado en el presente juicio de amparo, lo anterior, toda vez, constituye una cuestión novedosa que no fue planteada en sus agravios al momento de la interposición del recurso materia de la autoridad señalada como responsable, por lo que además resulta inoperante. Aunado a lo anterior, en relación a la violación que refiere la parte quejosa en el sentido de que no se le dio intervención al diverso abogado defensor, y únicamente al Licenciado ********************, debe puntualizarse que de una revisión del audio y video que contiene la audiencia de vinculación a proceso dentro de la causa penal ********************, de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós, dictada por el Juez de origen, no se advierte que se haya solicitado por parte del hoy quejoso la intervención del diverso abogado para en su caso formular argumentos en favor del imputado, ni menos aún que respecto de alguna petición en ese sentido, el Juez le haya negado esa intervención, ya que si bien el Juez es rector del procedimiento desde el inicio de la etapa de investigación hasta el auto de apertura a juicio, y que dentro de alguno de los deberes comunes de los juzgadores es resolver los asuntos sometidos a su consideración con la debida diligencia, así como atender oportunamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen en el procedimiento penal, también lo es que tienen como principio fundamental la imparcialidad; por tanto, sí no le fue hecha petición para intervenir en el desahogo de la audiencia de origen que fue materia de la apelación que dio origen el acto aquí reclamado, es inconcuso que su motivo de disenso es inoperante. Y por tales motivos, este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado técnicamente a analizar dichos argumentos, pues al no haber sido planteados ante la responsable, no forman parte de la litis de la resolución aquí reclamada, tan es así que dicha sala no realizó ningún pronunciamiento al respecto. La determinación de este Juzgado de Distrito, se sustenta, en la jurisprudencia VI.2° A. J/7, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, página 1137, Registro 178788, Materia Administrativa, Novena Época, del siguiente contenido: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación se formulan argumentos que no se plantearon ante la Sala Fiscal que dictó la sentencia que constituye el acto reclamado, los mismos son inoperantes, toda vez que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de la sentencia combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues como tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas ni de pronunciarse sobre ellas.". En ese sentido, resulta correcta la determinación que emitió la autoridad señalada como responsable ya que de los datos de prueba se advierten que el ahora quejoso probablemente cometió el hecho delictivo que se le imputa, pues para ello no se exigen pruebas plenas de la participación del quejoso, sino que únicamente se aporten datos que hagan estimar con base en la razón prudente que la sujeto activo probablemente participó en la comisión del ilícito en comento, lo que en la especie aconteció, pues existen datos suficientes que corroborados entre sí hacen suponer hasta este momento procesal que el quejoso probablemente cometió el delito que se le atribuye. De ahí que, es incontrovertible que la resolución reclamada se emitió, cumpliendo a cabalidad con los requisitos constitucionales y legales establecidos para su dictado, tomando en consideración datos de prueba objetivos, que analizados en su conjunto permitieron acreditar la existencia del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar y la probabilidad que el imputado aquí quejoso lo cometió y, en esa medida, es palpable que no se quebrantó en su contra, ninguna formalidad procesal en desacato a lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna. Consecuentemente, al resultar infundados los argumentos aducidos por ********************, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, contra la resolución de diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al quejoso ********************en términos del considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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