Jesús Ignacio Soto Cruz
Expediente 98/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/03/2022
Partes del expediente
- Jesús Ignacio Soto Cruz
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Adquiere firmeza. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2°, declarar que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Documentos originales. No se presentaron. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, conforme al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se sobreseyó el presente juicio de amparo. Certificación de la carátula Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "destruible", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Incidente. No se aperturó. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo y anotaciones. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Estado de Autos. Visto el estado que guardan los autos, resulta pertinente precisar que los asuntos que se tramitan ante este Juzgado constituyen hechos notorios; por tal razón, se advierte que en este órgano de control constitucional también se tramitó el diverso juicio constitucional 1427/2021, el que fue igualmente promovido por Jesús Ignacio Soto Cruz contra el propio acto de reclamo, juicio que fue admitido el nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, mismo que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [...]" El citado numeral establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. Como se señaló con antelación, en este órgano de control constitucional también se tramita el diverso juicio constitucional 1427/2021, promovido por Jesús Ignacio Soto Cruz contra el propio acto de reclamo que en el que se actúa, juicio que fue admitido el nueve de diciembre de dos mil veintiuno, el cual se encuentra pendiente del dictado de sentencia, lo que indudablemente, actualiza la causal de improcedencia deducida del artículo 61, fracción X, de la Ley de la Materia, según se explica a continuación. En efecto, de la demanda que dio origen al expediente 1427/2021, se advierte que se reclamó básicamente lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: Abierta dilación procesal, en virtud de que las autoridades responsables han sido omisas en 1.- DICTAR AUTO DE RADICACIÓN dentro de los términos que marca la ley (este acto se le imputa a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California y; 2.- REALIZAR EL EMPLAZAMIENTO CORRESPONDIENTE (este acto se le imputa al Actuario adscrito a dicha Junta Especial). Mientras que en el presente asunto, se reclamó lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: Abierta dilación procesal, en virtud de que las autoridades responsables han sido omisas en 1.- DICTAR AUTO DE RADICACIÓN dentro de los términos que marca la ley (este acto se le imputa a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California y; 2.- REALIZAR EL EMPLAZAMIENTO CORRESPONDIENTE (este acto se le imputa al Actuario adscrito a dicha Junta Especial). Cabe destacar que los actos reclamados en los sumarios antes destacados, según cada demanda de amparo, se refieren al mismo juicio laboral de origen, esto es, al 2080/2021, del índice de la propia Junta local. En tal virtud, por tratarse todo ello de un hecho notorio para esta autoridad, con fundamento en lo previsto por el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, se tiene a la vista para resolver el presente, sin necesidad de obtener copias certificadas para ser agregadas a los presentes autos. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos ochenta y cinco, Tomo XXV, correspondiente al mes de Junio de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "HECHO NOTORIO, PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." De igual forma, por ilustrativa, es aplicable la jurisprudencia 64, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Distrito, visible en la página ochenta y nueve, del tomo VI, Común, Jurisprudencia TCC, del Apéndice (actualización 2002), Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Pues bien, como se advierte de todo lo antes expuesto, el juicio biinstancial 1427/2021, del índice de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, fue promovido por el mismo quejoso, en relación con las mismas autoridades responsables -Junta y Actuario-, y por el propio acto de reclamo, consistente en la omisión de las autoridades de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, de emitir el auto de radicación en el expediente laboral 2080/2021, donde se señale fecha para la audiencia inicial, así como de realizar el emplazamiento correspondiente; según se advierte claramente de la intelección de los escritos de demanda que dieron origen a dichos sumarios. Resta precisar que el contradictorio federal de referencia aún se encuentra en trámite, pues no ha sido celebrada aún la audiencia constitucional respectiva; razón por la que no hay duda de la actualización de la causal de improcedencia de estudio, al encontrarse aún pendiente de resolución dicho juicio de amparo. Al respecto es aplicable la tesis XIX.2o.12 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, consultable en la página trescientos doce, Tomo III, Enero de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable." Asimismo, sirve de apoyo la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la página doscientos sesenta, Tomo XV, Enero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto que enseguida se citan: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Igualmente, apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, editada en la página doscientos veintiséis, Tomo XII, julio de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." En congruencia con lo anterior lo procedente en este caso es, es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, al surtirse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada contenida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en tanto como se evidenció, este órgano de control constitucional se encuentra imposibilitado para analizar actos de autoridad que ya son materia de diverso juicio de amparo anterior, pues los actos en los dos juicio son de igual identidad en el fondo sustancial. Se deja sin efecto la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las doce horas con veinte minutos del uno de marzo de dos mil veintidós. Informe justificado. Finalmente agréguense a los autos sin mayor determinación el oficio de cuenta mediante el cual la autoridad responsable rinde informe justificado y anexó constancias, en virtud de la determinación señalada en párrafos que anteceden. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a uno de febrero de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por (1) *****************contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California y otra autoridad, ambas con residencia en esta ciudad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 107, 108, 115, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda, se forma el expediente respectivo, y se registra su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 98/2022. Audiencia constitucional. Para tal efecto, se fijan las doce horas con veinte minutos del uno de marzo de dos mil veintidós, conforme con el artículo 115 de la ley de la materia. Incidente de suspensión. No lo solicitó la parte quejosa. Informe justificado. De acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables el informe justificado relativo, que deberán rendir dentro del término de quince días; el que deberá cumplir con los requisitos siguientes: 1. Señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y, 2. Acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Multa. Con el apercibimiento que de no rendir su respectivo informe justificado dentro del término conferido o de no acompañar en su caso copia certificada de las constancias correspondientes, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notificación por lista de los diferimientos. Por otra parte, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se notifiquen a las partes en el presente asunto por medio de lista que se fija y publique en los estrados de este Juzgado, así como en el portal de internet del Poder Judicial Federal, incluida las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la ley de la materia, prevé expresamente los supuestos en que el órgano de control constitucional está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de los casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que este tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa y tercera interesada, pues a través de ella se le informa en su domicilio o en el que señaló para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que, si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que las que se realizan en forma personal a la partes; es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a la autoridad responsable para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional; ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.), visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de los estrados de este Juzgado y en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, con independencia de que si dicho proveído contuviere algún aspecto que, por su trascendencia, deba ser plenamente conocido por las partes, se ordenará la notificación correspondiente. Improcedencia y sobreseimiento. Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo, requiérase de las responsables que informen a este Juzgado, si en el presente juicio de amparo se llegara a presentar alguna causa notoria que diera lugar a decretar el sobreseimiento, en especial si por cualquier circunstancia cesaran los efectos del acto reclamado o se dé un cambio de situación jurídica, acorde con lo establecido por las fracciones XVII y XXI del numeral 61 del mismo ordenamiento legal, y de ser el caso, remitan copias certificadas de las constancias que lo acrediten; así como si tienen conocimiento de diversos juicios de amparo promovidos por la misma quejosa; bajo apercibimiento que de no hacerlo así, con base en el artículo 251 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Autorización correo electrónico institucional. Se autoriza a la autoridad responsable para que rinda su informe justificado vía correo electrónico institucional 6jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia; en el claro entendido de que, de hacer uso de dicha vía de comunicación, no deberá remitirse por la vía ordinaria, a fin de evitar duplicidad de actuaciones. Intervención al Ministerio Público. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo. Tercero interesado. De la intelección de la demanda de amparo de que se trata, se advierte que no existe tercero interesado; lo anterior virtud de que indica la parte quejosa, la demanda laboral por ella promovida ante la autoridad responsable, aún no ha sido radicada, por ende, en el juicio natural aún no ha sido emplazada la parte demandada. De ahí que aquella carece de dicho carácter, en tanto que al no haber sido emplazada aún en el juicio natural, no puede haber resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender; de hecho, justamente el acto que aquí se reclama consiste en la dilación del procedimiento laboral génesis, entre otras cosas por no haber sido radicada la demanda. Es aplicable al caso el siguiente criterio, cuyo rubro y texto son los siguientes: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender. (Época: Novena Época, Registro: 167160, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Mayo de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 67/2009, Página: 265). Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a (I)**************toda vez que se encontró registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y únicamente para oír y recibir notificaciones a (III) ***************** No ha lugar acordar de conformidad designación de apoderado legal. Al respecto cabe precisar que si bien la quejosa manifestó en el escrito de demanda que designa como apoderados legales a (I) **************** sin embargo, el artículo 12 de la Ley de Amparo, establece que la parte quejosa y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero; de ahí que no haya lugar a acordar de conformidad la designación de apoderado legal. Máxime que entre las facultades para las cuales aduce la parte quejosa designa como apoderado al antes nombrado, se encuentra la de aclarar, ampliar, enderezar la demanda de amparo, promover a su nombre cualquier tipo de requerimiento, aun y cuando sea bajo protesta de decir verdad; lo cual no es factible autorizar, pues las manifestaciones vertidas en dicha forma son estrictamente personales a cargo de la quejosa. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Exhortación a todas las partes a continuar juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22 y 28, segundo párrafo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, dado que el presente juicio fue promovido inicialmente de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; ello, con la finalidad de mejorar la comunicación con las partes. Se instruye a los actuarios judiciales adscritos. Por otro lado, conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, a efecto de que una vez que lleven a cabo las notificaciones respectivas integren de inmediato y debidamente el expediente electrónico del presente juicio de amparo. Asimismo, en tanto el presente juicio no se tramite en su totalidad bajo el esquema de juicio en línea, se les instruye a los actuarios para que las notificaciones personales que en su caso sean ordenadas, las realicen con estricta observancia a lo dispuesto por la normatividad aplicable en relación a la protección de la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. En virtud de lo antes citado, por cuestiones de seguridad e higiene, con la intención de salvaguardar tanto la integridad física y salud del personal de este juzgado como de las partes que intervienen en el presente juicio, además de cortar probables cadenas de contagio del virus SARS-CoV2 que ocasiona la enfermedad denominada COVID 19, se solicita de los actuarios adscritos a este juzgado que para la práctica de notificaciones personales, en el acta de notificación respectiva, asienten que leyeron y entregaron copia de los acuerdos relativos, además deberán abstenerse de recabar las firmas relativas, lo que también deberán anotar en el acta, con la finalidad de respetar los protocolos sanitarios de sana distancia, en términos de los artículos 2 y 23 fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales Ante la Contingencia por el Virus Covid-19. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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