Jesus Ignacio Corral Moreno
Expediente 976/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 976/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 28/11/2022
Partes del expediente
- Jesus Ignacio Corral Moreno
- Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Juicio de Amparo 976/2021 En esta fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado procesal que guarda el presente juicio. Conste.Mexicali, Baja California, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al artículo 18, inciso I), fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo.Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Mexicali, Baja California, a uno de julio de dos mil veintidós. Oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio y anexo de cuenta remitidos por el Presidente de la Junta Especial número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tijuana, Baja California, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Autoridad informa gestiones sobre cumplimiento. Se tiene a la citada autoridad, informando las gestiones que han realizado para dar cumplimiento fallo protector; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no se ha dado cumplimiento en forma total al fallo protector. Efectos del fallo protector: Cabe recordar que los efectos del fallo protector fueron los siguientes: " (.) Séptimo. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Jesús Ignacio Corral Moreno, para el efecto que la Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Tijuana, Baja California, en el juicio laboral 130/2020 de su índice, realice lo siguiente: a) Una vez que cause ejecutoria esta sentencia deberá -de no haberse celebrado ya la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la etapa de conciliación- dejar insubsistente la fecha que señaló en el auto de diez de septiembre de dos mil veinte, para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y deberá fijar una nueva fecha, respetando el término de quince días previsto en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo y, desde luego, celebrar y concluir la etapa de conciliación. Lo anterior es así, en razón de que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional, deben delimitarse a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto reclamado dentro del procedimiento. (.)" Requerimiento para que se cumpla en forma total el fallo protector. Por tanto, antes de remitir el presente asunto en inejecución de sentencia a la Superioridad, requiérase a la autoridad siguiente que se encuentra obligada a dar cumplimiento al fallo protector en el presente juicio: Junta Especial Número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Tijuana, Baja California. (autoridad responsable) Lo anterior, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, cumpla en forma total con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y remitan de inmediato las constancias con las que acrediten lo anterior. Actos específicos que debe realizar la autoridad en cumplimiento al fallo protector: Por cuanto hace a la citada autoridad responsable, deberá informar el resultado que obtenga de la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones señalada para el veintiocho de junio del año en curso, así como el seguimiento dado al juicio natural. Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193 y 258, todos de la Ley de Amparo, se les impondrá en lo particular, esto es, a la persona física que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por lo que si conforme a la página oficial de Internet https://www.inegi.org.mx/temas/uma/, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el presente año (2022) equivale a $96.22 M.N. (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), al multiplicarla por CIEN, la citada multa es equivalente a la cantidad de $9,622.00 M.N. (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional). Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuestas las multas respectivas, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la SEPARACIÓN DE SU CARGO y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de DESACATO A UN MANDAMIENTO JUDICIAL; lo anterior, con fundamento en los artículos 108 párrafo tercero, 109 fracción III y 110 párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Rubro texto siguiente: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. Del citado precepto se advierte que el tipo penal se integra por los siguientes elementos: a) que el sujeto activo tenga la calidad de autoridad, b) con esa calidad incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir y c) que la acción u omisión sea en forma dolosa, lo que revela que se está en presencia de un tipo penal mixto alternativo, pues basta que se realice cualquiera de las conductas, ya sea incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, para que se consume el ilícito. Ahora bien, por incumplir debe entenderse no llevar a efecto, dejar de cumplir, esto es, el tipo penal requiere que se deje de cumplir una sentencia de amparo, también el término "no la haga cumplir", redunda en el incumplimiento del fallo, lo que revela que en ambos supuestos se pretende sancionar la conducta que implica una resistencia de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en una sentencia protectora, ya sea a la responsable obligada al cumplimiento o a su superior jerárquico. Aunado a lo anterior, el legislador expresamente señaló en el referido artículo 267, último párrafo, de la Ley de Amparo que las mismas penas que se impongan por incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, serán impuestas al superior de la autoridad responsable. Asimismo, estableció el rango de punibilidad para ambas conductas, a saber, pena de cinco a diez años de prisión, entre otras sanciones, ya que conforme al precepto 194 de la ley citada, en caso de que no se logre el cumplimiento de la sentencia, el superior jerárquico incurre en responsabilidad en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Por tanto, la porción normativa impugnada señala las diversas conductas que están plenamente descritas en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que hace posible a la autoridad responsable directamente vinculada con el cumplimiento y a su superior jerárquico, anticipar cuál es la conducta penalmente relevante, el parámetro de punibilidad y, en consecuencia, la pena que les sería aplicable en caso de incumplir o no hacer cumplir dolosamente una sentencia de amparo, pues el juzgador cuenta con un rango mínimo y máximo de cinco a diez años de prisión, el que también es aplicable a la autoridad directamente vinculada con el cumplimiento y su superior jerárquico, por lo que el precepto mencionado cumple con el grado de determinación necesario de la conducta que es objeto de prohibición y contempla una penalidad clara, de forma tal, que dota de certeza jurídica a su destinatario y, por ende, no es contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, de las propias autoridades responsables o de cualquier otra que intervenga en el trámite correspondiente Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Superior jerárquico. Por su naturaleza jurídica, la autoridad laboral responsable carece de superior jerárquico, por lo cual, sin duda, es innecesario hacer mayor pronunciamiento al respecto. Sobre ese particular, cabe citarse la tesis de jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, con datos de identificación y título siguiente: "Registro digital: 2000099 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 36/2011 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, página 3515 Tipo: Jurisprudencia JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a catorce de junio de dos mil veintidós. Oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, el oficio y anexo de cuenta remitidos por el Presidente de la Junta Especial número 59 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Tijuana, Baja California, y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Autoridad informa gestiones sobre cumplimiento. Se tiene a la citada autoridad, informando las gestiones que han realizado para dar cumplimiento fallo protector; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Continúan subsistentes apercibimientos. En el entendido de que, acorde a lo dispuesto por el párrafo tercero, del artículo 193 de la Ley de Amparo, continúan subsistentes los apercibimientos decretados en autos, hasta en tanto se logre dar cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, pues en la exposición de motivos sobre la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se estableció, en relación con la ejecución de las sentencias de amparo, lo siguiente: "(.) la sentencia que otorga el amparo y protección de la justicia federal pierde su objetivo cuando se incumple o deja de observarse por los servidores públicos a quienes va dirigida. Por ello, sancionar a dichos servidores públicos no es trivial si se busca que las sentencias de amparo tengan realmente eficacia. Sin ser un punto de acuerdo generalizado, se estima que la interpretación correcta del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es en el sentido de que el Pleno de la Suprema Corte debe separar del cargo y consignar directamente ante el Juez de Distrito a la autoridad remisa con el propósito de que este órgano individualice la pena que le corresponde. De esta forma, la solución que se propone es en el sentido de que, con pleno respeto a la garantía de audiencia del sujeto involucrado, sea la propia Suprema Corte la que lleve a cabo esa individualización." Notifíquese.
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