Jesus Hipolito Pacheco Valenzuela

Expediente 677/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
677/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
02/12/2020

Partes del expediente

  • Jesus Hipolito Pacheco Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, (notificado el once de mayo siguiente vía electrónica) en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente proveído sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que por resolución dictada por este juzgado el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y la protección de la justicia de la unión el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 18/2020. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos 18 y 21 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia dictada en el presente juicio; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación secretarial que antecede de los que se advierte a la fecha ha transcurrido el término de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión que señala el diverso 81, fracción I, inciso e) de la ley de la materia, contra la resolución de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve (notificada a la última parte el seis de diciembre siguiente), en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a el quejoso Jesús Hipólito Pacheco Valenzuela; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, y toda vez que por sentencia pronunciada el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Ayuntamiento; Presidente Municipal, Sindica Procuradora, Secretario y Cuerpo de Regidores, Todos del Municipio de Ahome, Sinaloa o, en su caso, la que legalmente sea la competente para ello, conteste la petición de la parte quejosa, presentada el nueve de octubre de dos mil diecinueve, conforme a derecho proceda, de manera fundada y motivada, pues así lo exige el artículo 8 constitucional; pues sólo así será posible restituir el pleno goce de los derechos fundamentales violados, como lo ordena el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese tenor, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le comunique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo, informe sobre el cumplimiento, o bien, los actos que esté realizando para tal efecto, en la inteligencia que de no hacerlo así, sin causa justificada, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por el Director de Asuntos Jurídicos del Municipio de Ahome, Sinaloa, en representación de las autoridades responsables Ayuntamiento de Ahome, Presidente Municipal, Síndica Procuradora, Secretario y Cuerpo de Regidores, todos del Municipio de Ahome, Sinaloa, mediante el cual rinden su informe justificado, solicitan autorización para uso de medios electrónicos, designan delegados y señala domicilio para oír y recibir notificaciones; agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra resuelto. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se tienen por rendidos los informes justificados solicitados a las autoridades antes citadas, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9 del citado ordenamiento legal por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y como delegados a los profesionistas que indican. Dese vista con el mismo a las partes para que se impongan de su contenido. Como lo solicita con apoyo en los numerales 14 y 17 Constitucionales, se permite a la autoridad responsable en comento, y a sus delegados, el uso del lector óptico, fotográfico o scanner para copiar constancias o reproducir el contenido de las actuaciones que obran en el expediente, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice, siempre que se deje constancia de su recepción en autos; en la inteligencia que no podrán reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Orienta a lo anterior, la tesis I.3o.C.725 C., emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época de los siguientes rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga."

  4. Principal

    ÚNICO. Para los efectos precisados en el último considerando de este fallo, LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA y PROTEGE a Jesús Hipólito Pacheco Valenzuela, contra el acto que le reclamó al AYUNTAMIENTO; PRESIDENTE, SÍNDICA PROCURADORA, SECRETARIO y CUERPO DE REGIDORES, TODOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano