Jesus Heredia Mora
Expediente 544/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 544/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 10/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jesus Heredia Mora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por el autorizado legal del quejoso Jesús Heredia Mora, mediante el cual solicita copia certificada por duplicado de diversas constancias del presente juicio de amparo. De conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídanse las copias solicitadas, previo recibo que se deje en autos.
- Principal
Visto el escrito de cuenta suscrito por el quejoso Jesús Heredia Mora, mediante el cual solicita copias certificadas de diversas constancias que obran en el presente juicio de amparo; agréguese a los presentes autos para que surtan sus efectos legales. Con fundamento en el artículo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, expídanse a costa del promovente, las copias certificadas que peticiona, entréguense las mismas a quienes autoriza para tal efecto, previa razón que por su recibo se deje en autos.
- Principal
En atención al estado procesal de los autos, se observa que la parte quejosa no realizó alguna manifestación respecto a lo acordado el nueve de marzo del año en curso, en el sentido de que la sentencia constitucional se encuentra cumplida, no obstante habérsele notificado dicha determinación por conducto de su autorizado legal; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En ese contexto, como se desprende de la certificación secretarial de cuenta y conforme a la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este asunto es susceptible de depuración, dado que, en sentencia de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio constitucional a la parte quejosa; en consecuencia, deberán conservarse la demanda y resolución inherentes a este asunto y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo cual deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. En ese sentido, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, glósese al expediente el original del incidente de suspensión relativo y de conformidad con la fracción I, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que es susceptible de depuración, motivo por el cual deberán conservarse el auto y la resolución interlocutoria, en las que se concedió provisional y definitivamente la suspensión de los actos reclamados, respectivamente y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo cual deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión y se enviarán en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. Lo anterior, en la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Por otro lado, del análisis de este asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido de que, una vez transcurrido el término de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, se transferirá al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia constitucional, así como del auto y la resolución interlocutoria en los que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, los cuales obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. En virtud de lo anterior, resulta innecesario conservar en depósito y a disposición de este juzgado de distrito el billete de depósito número N 812870 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) exhibido por el licenciado José Gonzalo Pérez Leal, en su carácter de autorizado legal de la parte quejosa, para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados que le fue concedida; por tanto, déjese a disposición, devuélvase y entréguese dicha garantía previa razón que por su recibo se deje en autos al depositante José Gonzalo Pérez Leal, en su carácter de autorizado legal de la parte quejosa, quien deberá comparecer a este órgano jurisdiccional en compañía del quejoso Jesús Heredia Mora, debidamente identificados con credencial vigente, para la entrega del documento señalado, únicamente los días miércoles de cada semana, en horario de nueve a doce horas. Lo anterior, en el entendido de que a partir de la legal notificación del presente proveído tiene el término de dos años para tal efecto y, en caso de no hacerlo en ese plazo, la suma que ampara el documento se hará efectiva a favor del Fisco Federal, en el término que dispone el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de veinte de abril de dos mil dieciocho, que a la letra dice: En atención al estado procesal de los autos, se observa que la parte quejosa no realizó alguna manifestación respecto a lo acordado el nueve de marzo del año en curso, en el sentido de que la sentencia constitucional se encuentra cumplida, no obstante habérsele notificado dicha determinación por conducto de su autorizado legal; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En ese contexto, como se desprende de la certificación secretarial de cuenta y conforme a la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este asunto es susceptible de depuración, dado que, en sentencia de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio constitucional a la parte quejosa; en consecuencia, deberán conservarse la demanda y resolución inherentes a este asunto y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo cual deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. En ese sentido, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, glósese al expediente el original del incidente de suspensión relativo y de conformidad con la fracción I, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que es susceptible de depuración, motivo por el cual deberán conservarse el auto y la resolución interlocutoria, en las que se concedió provisional y definitivamente la suspensión de los actos reclamados, respectivamente y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo cual deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión y se enviarán en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. Lo anterior, en la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Por otro lado, del análisis de este asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido de que, una vez transcurrido el término de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, se transferirá al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia constitucional, así como del auto y la resolución interlocutoria en los que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, los cuales obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. En virtud de lo anterior, resulta innecesario conservar en depósito y a disposición de este juzgado de distrito el billete de depósito número N 812870 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) exhibido por el licenciado José Gonzalo Pérez Leal, en su carácter de autorizado legal de la parte quejosa, para que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados que le fue concedida; por tanto, déjese a disposición, devuélvase y entréguese dicha garantía previa razón que por su recibo se deje en autos al depositante José Gonzalo Pérez Leal, en su carácter de autorizado legal de la parte quejosa, quien deberá comparecer a este órgano jurisdiccional en compañía del quejoso Jesús Heredia Mora, debidamente identificados con credencial vigente, para la entrega del documento señalado, únicamente los días miércoles de cada semana, en horario de nueve a doce horas. Lo anterior, en el entendido de que a partir de la legal notificación del presente proveído tiene el término de dos años para tal efecto y, en caso de no hacerlo en ese plazo, la suma que ampara el documento se hará efectiva a favor del Fisco Federal, en el término que dispone el artículo 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.
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