Jesús Herrera Cruz
Expediente 1541/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1541/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/02/2019
Partes del expediente
- Jesús Herrera Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de febrero de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el ocurso de cuenta, suscrito por ******* apoderado legal de la parte quejosa; en atención a su contenido se provee: No ha lugar acordar de conformidad, toda vez que no se advierte que se haya dictado un acuerdo de veinticinco de enero del año en curso, en el presente asunto que refiere el promovente Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta y uno de enero de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado suscrito por la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias de entre las que destaca el acuerdo de veinticinco de enero del año en curso, emitido en el expediente laboral ************** de su índice. Documentales a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Por otra parte, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa **********, reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: ? La falta de dar cumplimiento al Derecho de Petición Toda vez y aun cuando se ha llevado a efecto la solicitud pertinente a través de los escritos de fechas 15 de Agosto, 20 de Septiembre, 08 de Noviembre y 14 de Diciembre todos del Año 2018, a la HONORABLE JUNTA ESPECIAL NUMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE CHIAPAS, esta ha sido omisa en emitir una respuesta de dicha solicitud violentando con ello lo preceptuado de conformidad en los artículos 735 y 940 de la Ley Federal del Trabajo vigente. ? Esto es, la violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la omisión y negativa de haber girado Oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para los efectos que ponga a disposición él o los títulos de crédito hasta por el monto embargado, generando de tal manera, la denegación de Justicia por no haber remitido dicho oficio en los término de los artículos mencionados en antelación, en el juicio laboral *************, radicado en la Honorable Junta Especial Número Tres de la Local De Conciliación y Arbitraje, así como la negativa se señalar fecha y hora para que se lleve a cabo la reinstalación del suscrito, hoy quejoso. (sic)". En ese sentido, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)": El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al solicitante de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado amparo y protección de la Justicia de la Unión; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia del rubro y texto siguientes : "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la ley reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión de acordar los escritos de quince de agosto, veinte de septiembre, ocho de noviembre y catorce de diciembre de dos mil dieciocho; en los cuales solicitó se girara oficio a la Comisión nacional Bancaria y de Valores, a través de la Dirección General de Atención a Autoridades, con residencia en la Ciudad de México, a efecto de que en términos del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, y en su caso de excepción al secreto bancario procediera a informar a detalle los resultados de la búsqueda de todas y cada una de las cuentas bancarias que se encuentran aperturadas a nombre de la parte demandada, dentro del expediente laboral *************, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad; así como que señalará nueva fecha y hora para la reinstalación. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte el acuerdo de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, emitido dentro del juicio de origen, del cual se desprende que la autoridad responsable acordó las peticiones formuladas en los escritos de catorce de agosto, dieciocho de septiembre, seis de noviembre y catorce de diciembre del año próximo pasado, presentados ante esa autoridad el quince de agosto, veinte de septiembre, ocho de noviembre y catorce de diciembre de dicha anualidad, tal como se observa del sello de recibido; en el proveyó girar oficio a la Comsión Bancaria y de Valores, a través de la Dirección General de Atención a Autoridades, con residencia en la Ciudad de México, para los efectos allí expuestos; así como que señaló fecha y hora para la reinstalación. En ese contexto, es inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de acordar los asuntos de quince de agosto, veinte de septiembre, ocho de noviembre y catorce de diciembre de dos mil dieciocho; en el cual solicitó se girara oficio a la Comisión nacional Bancaria y de Valores, a través de la Dirección General de Atención a Autoridades, con residencia en la Ciudad de México, a efecto de que procediera a informar a detalle los resultados de la búsqueda de todas y cada una de las cuentas bancarias que se encuentran aperturadas a nombre de la parte demandada **************, dentro del expediente laboral *************, del índice de la autoridad responsable y señalara fecha y hora para la reinstalación, ha cesado en sus efectos, quedando insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia de la Unión; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. No obsta lo anterior, el hecho de que con esta fecha se recibió el informe justificado de la autoridad responsable y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de dicho informe, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; además, las causas de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Al respecto, es dable invocar la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2066, registro electrónico 2002537, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". En ese mismo tenor, es aplicable la tesis consultable en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1641, registro electrónico 2004217, cuyo texto es el siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del ocho de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, así como al agente del Ministerio Público de la adscripción y por oficio a la autoridad responsable; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado y cúmplase.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de enero de dos mil diecinueve. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Vista la certificación que antecede y la diligencia de ratificación de escrito del quejoso ****, por medio del cual da cumplimiento a la prevención de diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 11 a 14). ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por ***, contra actos de la siguiente autoridad: 1. Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese este juicio sin incidente de suspensión por no haberse solicitado expresamente la suspensión del acto reclamado. INTERVENCIÓN DE EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. No habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrá consultar en la página de internet *** con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Se solicita a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo. Apercibida que en caso de omisión, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, que arroja la cantidad de $2,418.00 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO Respecto al señalamiento de la parte tercera interesada, este juzgador se reserva reconocerles tal carácter, en tanto obren en autos las constancias que remita la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas la instrumental de actuaciones, presuncional legal y humana y documental, en la forma y términos en que lo hace, la que se desahoga de acuerdo a su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en el acto de la audiencia constitucional. Respecto al ofrecimiento de la prueba instrumental pública de actuaciones consistente en las constancias que remita la autoridad responsable, dígasele que no ha lugar acordar favorable su petición, toda vez que dichas pruebas son inherentes al informe justificado que en su caso enviará esa misma autoridad. Notifíquese; personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y mediante oficio a la autoridad responsable.
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