Jesús Herrera Cruz

Expediente 322/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
322/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
22/05/2019

Partes del expediente

  • Jesús Herrera Cruz
  • Actuario judicial adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE ABRIL, DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad; por medio del cual remite copias certificadas de la diligencia de reinstalación de doce de abril del año en curso, relativas al expediente ***********, en cumplimiento a lo requerido en auto de dieciséis de abril del año en curso (fojas 59 y 60). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados los siguientes: a) La falta de contestación a su escrito de petición presentado el ocho de marzo de dos mil diecinueve ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, en el que solicitó fecha y hora para su reinstalación, en autos del expediente laboral ***********. b) La omisión del Actuario adscrito a la Junta responsable de llevar a cabo la citada diligencia de reinstalación. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena época, visible en la página 38 del tomo IX, Junio de 1999, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán:. II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la falta de contestación a su escrito de petición presentado el ocho de marzo de dos mil diecinueve ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, en el que solicitó fecha y hora para su reinstalación, en autos del expediente laboral ***********, así como la omisión del Actuario adscrito a la Junta responsable de llevar a cabo la citada diligencia de reinstalación. Ahora bien, de las constancias remitidas por la junta responsable, que se agregaron en proveído de once de abril del año en curso (fojas 44 y 45), se advierte que en acuerdo de nueve de abril del año en curso, se da contestación a la petición presentada el ocho de marzo de dos mil diecinueve; en la que solicitó se señalara fecha y hora para la reinstalación ordenada en el laudo dictado en autos del juicio laboral ***********, por lo que en dicho auto la junta comisionó al actuario de su adscripción para que llevara a cabo la citada diligencia de reinstalación a las doce horas del doce de abril del año que transcurre (fojas 41 y 42). Asimismo, en las documentales que anexó a su oficio de cuenta, dicha Junta remite copia certificada de la diligencia realizada por la actuaria de su adscripción el doce de abril del año en curso. Es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, las responsables subsanaron las dilaciones procesales que se les reclamaban. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la falta de contestación a su escrito de petición presentado el ocho de marzo de dos mil diecinueve ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, en el que solicitó fecha y hora para su reinstalación, en autos del expediente laboral ***********, así como la omisión del Actuario adscrito a la Junta responsable de llevar a cabo la citada diligencia de reinstalación, han cesado en sus efectos, quedado insubsistentes en forma total e incondicional los citados actos tildados de inconstitucionales, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, procede a SOBRESEER ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. No obsta lo anterior, el hecho de que no haya transcurrido el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, en la medida que, el término que se le concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido de las mismas que, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del catorce de mayo de dos mil diecinueve. Finalmente, vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a los terceros interesados *********** quien actualmente se denomina ********** Asociación Civil actualmente **********; y, ************, todas con residencia en esta ciudad, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por lo tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de once de abril del año en curso (fojas 44 y 45), por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, notifíqueseles por lista de acuerdos este proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto, salvo que se actualice el supuesto del artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a los terceros interesados; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que el acto reclamado en este juicio de amparo lo constituye esencialmente la omisión de llevar a cabo la diligencia de reinstalación del quejoso **********. Ahora, la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad, al rendir su informe justificado (foja 26), manifestó que señaló las doce horas del doce de abril del año en curso, para que tuviera verificativo la diligencia de reinstalación ordenada en autos del juicio laboral ********. En virtud de lo anterior; con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la recepción del oficio que al efecto se les envíe, remita copia certificada de la diligencia de reinstalación de doce de abril del año en curso, relativa al expediente ************. Se le apercibe que de no hacerlo así sin causa justificada, este Juzgador se pronunciará sobre el incumplimiento y se hará acreedor, a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Es aplicable al caso concreto la Jurisprudencia , del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el ocurso del quejoso************; y en atención a lo que solicita, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto señala en esta ciudad. Por otra parte, agréguese con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa el informe justificado rendido por el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad, a fin de que se impongan del contenido del mismo; y dése nueva cuenta con dicho informe en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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