Jesus Gavira Perez
Expediente 246/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 246/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jesus Gavira Perez
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, once de julio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito en el Estado de Michoacán, por medio del cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en el conflicto competencial ********************/********************23 el veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, la Superioridad en lo conducente resolvió: PRIMERO. Sí existe conflicto competencial entre la Juez Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan y su homólogo del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey; derivado del juicio de amparo ********************/********************23, del índice de la primera, promovido por ********************. SEGUNDO. Es legalmente competente el Juzgado Sexto de Distrito en el Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, para conocer el juicio de amparo indirecto promovido por ********************, por propio derecho, por las razones contenidas en el último considerando de este fallo, por lo que se ordena remitirle los autos respectivos. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: * No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado acuerdo. * Es destruible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo ********************, fracción X del citado Acuerdo General, razón por la que, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del citado acuerdo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, por medio del cual transcribe el auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, dentro de los autos del Conflicto Competencial 20/2023 de su estadística; del cual se desprende que la superioridad admitió a trámite el conflicto planteado por este órgano jurisdiccional en contra del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 10330 signado por la persona secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede Monterrey, por medio del cual transcribe el proveído de ocho de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 369/2022 de su índice, del que se advierte que la autoridad homóloga no aceptó la competencia declinada por este Juzgado de Distrito y remitió los autos del citado expediente. Ahora, el juzgado oficiante rechazó la competencia planteada, bajo la consideración de que los actos que se reclama por el quejoso directo, no requieren ejecución material en el lugar donde ejerce jurisdicción, por lo que en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Al respecto, este Órgano Jurisdiccional respetuosamente insiste en declinar la competencia de este asunto por razón de territorio en favor del Juzgado oficiante. Lo anterior, al considerar la suscrita que el acto reclamado, al tener origen en la etapa de ejecución de la causa penal 307/1996 y su acumulado 92/1999 cuyo trámite lleva el Juez de lo Penal, de Preparación Penal de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey y que instruyó al quejoso Jesús Gavira Pérez por los delitos de homicidio calificado, robo y robo con violencia. Entonces, los efectos del acto reclamado, atendiendo a su naturaleza procesal, se trasladan directamente, al proceso penal aludido en su etapa de ejecución, porque, el acto reclamado tiene su principal impacto y repercusión en esa etapa procesal de ejecución, ello hasta en tanto persista la dilación alegada por el quejoso relacionada a su petición para la prescripción de la sanción pecuniaria que le fue impuesta, por lo que, dichos efectos tienen proyección e impacto directo en el proceso penal que se le sigue, pero en su etapa de ejecución, contrario a lo expresado por la autoridad oficiante. De ahí que, la suscrita, insisten en carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, atenta a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo considerado en el auto dictado el dieciséis de abril de dos mil veintitrés, en los autos de este juicio de amparo. Incluso, se destaca que, en el diverso juicio de amparo 444/2022 del índice de este juzgado, la suscrita también consideró carecer de competencia por razón de territorio, para resolver ese controvertido, donde el acto reclamado se hizo consistir en: ( La omisión de resolver el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta de ejecución 759/2020. El cual se reclamó al Magistrado de la Duodécima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey en el toca penal 63/2022, cuyo quejoso también es Jesús Gavira Pérez, y en sentencia dictada por este juzgado, el diez de enero de dos mil veintitrés, se declinó competencia en favor del Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, en turno, con Residencia en Monterrey, porque, las omisiones reclamadas por el quejoso en ese juicio de amparo, tienen efectos positivos, y se trasladan al toca 63/2022, ya que es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión. Competencia que fue aceptada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal de esa entidad federativa, en los autos del juicio de amparo 41/2023-I de su índice. Lo cual para la suscrita constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el Punto Décimo, fracción II, del Acuerdo General número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, para que en términos de los citados preceptos legales, resuelva el conflicto competencial que se plantea. Comuníquese esta determinación al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede Monterrey; para los efectos legales procedentes. Finalmente, visto el oficio de cuenta, suscrito por la persona actuaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, por el que remite el escrito firmado por el quejoso Jesús Gavira Pérez; en atención a su contenido, resérvese a proveer lo conducente hasta en tanto se dirima el conflicto planteado en el presente auto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. CONSIDERACIONES PREVIAS Mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de amparo 519/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, se aceptó la competencia por declinatoria en razón de turno, del juicio de amparo 168/2023, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. En ese sentido, se ordenó girar atento oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Uruapan, a efecto de realizar el registro correspondiente y se returnara a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán el juicio de amparo 168/2023, para llevarse por cuerda separada a los juicios previos de los que tiene conocimiento este juzgado respecto al quejoso. RECEPCIÓN DE OFICIO Por tanto, se tiene por recibido el oficio OCC/C11/JDM/95/2023, suscrito por el Jefe de Oficina de Correspondencia Común B de los Juzgados de Distrito, mediante el cual, en atención al oficio 6714/2023 derivado del juicio de amparo 519/2022, remite los autos del juicio de amparo 168/2023, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta Ciudad. Asimismo, se le tiene remitiendo las siguientes constancias: Copia simple del oficio 6713 derivado del auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, emanado del juicio de amparo 519/2022 del índice de este juzgado, donde se acepta la competencia del presente Juicio de Amparo. Autos originales del juicio de amparo 168/2023 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. Cuaderno único relativo al Incidente de Suspensión, derivado del Juicio de Amparo 168/2023. DEMANDA Y RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Gavira Pérez, contra actos del Juez de lo Penal, de Preparación Penal de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo en el Estado de Nuevo León; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 246/2023. DECLINACIÓN DE COMPETENCIA Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, resulta legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, en virtud a que el acto que se reclama no tiene ejecución dentro del territorio sobre el cual la suscrita ejerce jurisdicción. Es decir, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso esencialmente reclama lo siguiente: "De la responsable reclamo la dilación procesal derecho que tiene el gobernado que se le administre justicia en los plazos y términos que fijan las leyes para acordar y emitir una resolución de manera pronta, compleja e imparcial en mi petición a favor en la prescripción de la reparación del daño, admitida en fecha 15 de agosto de 2022, por medio de una videoconferencia a las 9:00 am" Lo anterior, dentro de la causa penal 307/1996 y su acumulado 92/1999. En ese sentido, en autos se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable, Juez de lo Penal, de Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, quien señala que, de los autos del cuadernillo de apelación deducido del proceso penal citado el ocho de abril de dos mil diecinueve, se dictó sentencia condenatoria al quejoso, por los delitos de homicidio calificado, robo y robo con violencia, la cual fue recurrida por las partes, y el veinte de febrero de dos mil veinte, la Primera Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia de ese Estado la confirmaron. Luego, dicha autoridad ordenó enviar el asunto al Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado, para su conocimiento, lo cual realizó por oficio 2774/2022 recibido por esa autoridad el veintiséis de julio de dos mil veintidós. En ese sentido, el acto reclamado, tiene origen en la etapa de ejecución de la causa penal 307/1996 y su acumulado 92/1999 cuyo trámite lleva el Juez de lo Penal, de Preparación Penal de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey y que instruyó al quejoso Jesús Gavira Pérez por los delitos de homicidio calificado, robo y robo con violencia. En vista de lo anterior, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, atenta a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: [.] 1. La competencia de un Juez de Distrito se determina en razón de que en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito pero continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3. Sólo cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material, es competente para conocer del asunto aquel Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. [.] En el caso, aplica la primera de las mencionadas hipótesis. En efecto, de la lectura integral de la demanda de amparo y del informe justificado, se advierte que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social CPS-17 Michoacán, con residencia en Buena Vista Tomatlán, Michoacán, a disposición del Juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, con motivo del seguimiento de la etapa de ejecución de la causa penal 307/1996 y su acumulado 92/1999. De lo anterior se obtiene que los efectos del acto reclamado, atendiendo a su naturaleza procesal, se trasladan directamente, al proceso penal aludido en su etapa de ejecución, porque, el acto reclamado tiene su principal impacto y repercusión en esa etapa procesal de ejecución, ello hasta en tanto persista la dilación alegada por el quejoso relacionada a su petición para la prescripción de la sanción pecuniaria que le fue impuesta, por lo que, dichos efectos tienen proyección e impacto directo en el proceso penal que se le sigue, pero en su etapa de ejecución. Lo anterior, no obstante que el quejoso esté en prisión por dicha causa penal en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", con residencia en Buena Vista Tomatlán, Michoacán, es decir, en un lugar distinto de aquél en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que está llevando su proceso de ejecución penal, en razón a que por la dilación alegada, el quejoso no está privado de su libertad personal, sino por los efectos de la pena privativa de libertad impuesta en dicha causa penal. Incluso, el lugar donde acontece la ejecución de la sanción por la que el quejoso se encuentra privado de la libertad es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona, y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario. Por lo tanto, la competencia para conocer del presente juicio de amparo, recae en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción, sobre la autoridad que conoce de ese proceso de ejecución penal antes dicho. Ello, en virtud a que conforme a lo establecido en los artículos 20, apartado B, fracción VII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de tramitar y resolver con prontitud los procedimientos seguidos a los sentenciados; incumplir con este mandato, generaría una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona sentenciada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Sirven de apoyo a lo anterior respectivamente por mayoría de razón y por identidad jurídica las jurisprudencias 1a./J. 24/2021 (10a.) y 1a./J. 118/2011 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubros: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL) y "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO." En virtud de lo anterior, se advierte que el acto reclamado tiene ejecución en Monterrey, Estado de Nuevo León, lugar que no se encuentra dentro del territorio sobre el cual este Juzgado ejerce jurisdicción, de ahí que este resulte legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues en dicha población ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en Materia Penal el Estado de Nuevo León con sede en Monterrey. Por lo tanto, a consideración de la suscrita, la persona Juzgadora competente para conocer del presente juicio de amparo, por lo que se refiere a dicho acto reclamado, es aquella del lugar donde tiene ejecución el acto que se reclama (sito que corresponde al de la ubicación donde se lleva el proceso de ejecución del quejoso). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, primer párrafo, y 48, primer párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declina competencia legal al Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León con residencia en Monterrey, en turno, por lo que se ordena remitir el presente juicio, previo cuaderno de antecedentes que del mismo se deje en este Juzgado, de lo cual se solicita al Juez que por razón de turno le corresponda conocer del mismo, acuse el recibo de estilo correspondiente. COPIAS Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. ANOTACIONES Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
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