Jesús García Tejeda
Expediente 1352/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1352/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/09/2016
Partes del expediente
- Jesús García Tejeda
- Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Alquisiras, Estado de México
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído de seis de septiembre del año en curso, por el que desechó la demanda de garantías promovida por Alfredo Victoria López, en su carácter de representante legal del Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Alquisira, Estado de México; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, de conformidad con lo establecido en la certificación de cuenta, con apoyo en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente expediente como asunto concluido y se determina que: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo General, Conjunto, corresponde al archivo judicial reciente y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, de dicho punto, al ser un juicio de amparo en que se desechó la demanda de garantías, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. c) Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo. d) Pasados cinco años, del dictado del auto de archivo, este expediente es destruible. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa. Finalmente, mediante oficio que al efecto se envíe, se ordena la devolución de las constancias correspondientes al expediente original 875/2009 el cual adjuntó la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado (foja 06). Solicítese el acuse de recibo correspondiente. Con el apercibimiento de que en caso de ser omiso, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), en términos de los dispuesto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, signado por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; a través del cual en atención al requerimiento efectuado mediante proveído de veintiséis de agosto de la presente anualidad, remite constancias a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente sumario. Por tanto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, intégrense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con la misiva en comento, para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, apercibida que de no hacerlo en el término antes señalado, este juzgado de oficio se pronunciará sobre el mismo, conforme a las constancias que obren agregadas en autos.
- Principal
POR ESTE MEDIO, EN RAZÓN DEL AVISO DEJADO A LA PARTE QUEJOSA AYUNTAMIENTO DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ESTADO DE MÉXICO, LE NOTIFICO EL PROVEÍDO DE 06/09/2016, QUE A LA LETRA DICE: "...RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS. Por recibido el oficio 3051/2016, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, mediante el cual remite, el juicio de amparo directo 906/2016, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo que promovió Alfredo Victoria Lópéz, en su carácter de representante legal del Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Alquisira, Estado de México <<personalidad que tiene por reconocida ante el tribunal señalado por responsable en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo>>, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, y su anexo consistentes en: original del expediente laboral 875/2009; lo anterior, en virtud que por auto de dieciocho de agosto de dos mi dieciséis, el tribunal de su adscripción determino que la ilegal notificación de que se duele el quejoso no constituía una sentencia definitiva que haya decido el juicio natural, ni lo da por concluido, por lo cual es legalmente competente este órgano de control constitucional para conocer de la misma. ACEPTA COMPETENCIA. En esas condiciones, en términos del artículo 45 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia declinada y se asume el conocimiento del asunto. Acúsese el recibo de estilo a la superioridad. FORMACIÓN DE ANEXO. Dada la naturaleza de las constancias que se adjuntan fórmese el anexo correspondiente debidamente identificado. RADICACIÓN. En esas condiciones, vista la demanda de amparo, promovida por Alfredo Victoria Lópéz, en su carácter de representante legal del Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Alquisira, Estado de México <<personalidad que tiene por reconocida ante el tribunal señalado por responsable en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo>>, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 Constitucionales, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite FORMACIÓN DE EXPEDIENTES. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, fórmese expediente bajo el número que le corresponda. ESTUDIO DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del estudio integral del escrito de demanda de amparo, se aprecia que el quejoso se duele substancialmente de: La notificación realizada el ocho de junio de dos mil dieciséis, en el expediente laboral 875/2009 en la cual se acordó el requerimiento de pago y embargo a la parte quejosa, por la cantidad de $302,740.33 (trescientos dos mil setecientos cuarenta pesos 33/100 moneda nacional), en cumplimiento al laudo de catorce de octubre de dos mil once. ANTECEDENTES. No obstante que la parte quejosa fue omisa en narrar los antecedentes del acto reclamado, de las constancias remitidas por la superioridad, se advierten los siguientes antecedentes: Por escrito presentado ante la oficialía de partes del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, el veintinueve de enero de dos mil trece, Eduardo Zanabria Navarro en su carácter de representante legal de Jesús García Tejeda, María de los Remedios Quintana Flores, Alberto Alonso Díaz Pérez, Juan Luis Sánchez Estrada y Maribel Castañeda Mejía, demandaron al Ayuntamiento de Almoloya de Alquisiera, Estado de México, diversas prestaciones; entre otras, indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad. Por auto de catorce de septiembre de dos mil nueve se admitió a trámite dicha demanda ordenando emplazar a la parte demandada (aquí quejosa). Seguido en sus etapas el juicio natural, el catorce de octubre de dos mil once, se dictó el laudo relativo; en el cual, en la parte que interesa se resolvió: "PRIMERO. La parte actora acreditó parcialmente los presupuestos de su acción en tanto el demandado justificó parcialmente sus excepciones y defensas, en consecuencia; SEGUNDO: Se absuelve al demandado H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, MÉXICO, de pagar a los actores JESÚS GARCÍA TEJEDA, MARÍA DE LOS REMEDISO QUINTANA FLORES, ALBERTO ALONSO DÍAZ PÉREZ Y JUAN LUIS SÁNCHEZ ESTRADA, la indemnización constitucional, salarios caídos, prima de antigüedad, 20 días de salario por cada año de servicio, prima por permanencia en el servicio, apoyo para útiles escolares, bono por productividad, gratificación especial y se declara improcedente la nulidad de documentos que dicen impliquen renuncia de derechos, en términos de lo expuesto en el considerando V de esta resolución. TERCERO. Se condena al demandado H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, MÉXICO, a pagar a los actores JESÚS GARCÍA TEJEDA, MARÍA DE LOS REMEDIOS QUINTANA FLORES, ALBERTO ALONSO DÍAZ PÉREZ Y JUAN LUIS SÁNCHEZ ESTRADA, los días de descanso obligatorio, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, día del servidor público, despensa, salario devengados y horas extras, en términos de lo expuesto en el considerando V del presente fallo." El veinticinco de octubre de dos mil once, se notificó a la parte aquí quejosa la citada resolución. Inconforme con dicho laudo la parte actora, interpuso amparo directo, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, bajo el número de amparo 192/2012. Así las cosas dicho tribunal de alzada mediante resolución de trece de septiembre de dos mil doce, resolvió: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a JESÚS GARCÍA TEJEDA, MARIA DE LOS REMEDIOS QUINTANA FLORES, ALBERTO ALONSO DIÁZ PEREZ Y JUAN LUIS SÁNCHEZ ESTRADA, contra el acto del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, con residencia en esta ciudad; que se hacen consistir en el laudo de catorce de octubre de dos mil once, dictado en el expediente laboral 875/2009 seguido por los quejosos, en contra del AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS, ESTADO DE MÉXICO. Así las cosas, por auto de veintiséis de octubre de dos mil doce, se admitió a trámite el incidente de liquidación hecho valer por la parte quejosa, el cual seguido que fue en cada una de sus etapas, mediante resolución de doce de marzo de dos mil quince, se determinó: PRIMERO. La vía incidental seguida para determinar el monto de las vacaciones del segundo periodo del año 2007 y las vacaciones del 2008, que por derecho dicen los actores han adquirido, es la adecuada, de conformidad con lo expuesto por los artículos 761 y 843 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria al presente conflicto. SEGUNDO. Por lo expuesto y fundado, se determina procedente el pago de las vacaciones del segundo periodo del año 2007 y las vacaciones del 2008, en términos de lo expuesto en el considerando IV de la presente resolución. Luego, mediante auto de nueve de junio de dos mil quince, se dictó auto de requerimiento de pago y embargo en contra del Ayuntamiento de Almoloya de Alquisiera, Estado de México, señalándose las trece horas del veinte de agosto de dos mil quince, para la práctica de la diligencia, sin que se hubiera llevado a cabo en virtud de que en la fecha señalada dicho ayuntamiento se encontraba cerrado. Así las cosas tras varios requerimientos y sin que se pudiera ejecutar el laudo emitido, por auto de OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, se dictó nuevamente auto de requerimiento de pago y embargo en contra del Ayuntamiento de Almoloya de Alquisiras, Estado de México, señalándose las catorce horas con treinta minutos del catorce de agosto de dos mil dieciséis, para llevar a cabo la diligencia. PRIMER CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta, en atención a que se actualiza la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, señalando que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento, lo cual sirve de lineamiento para identificar cuál de las determinaciones que se dictan en el período de ejecución de sentencia, es factible de ser impugnada vía amparo indirecto, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Esto es, por regla las violaciones cometidas en los procedimientos de ejecución de sentencia deberán ser impugnadas hasta el dictado de la última resolución en dicho período, pudiéndose impugnar excepcionalmente los que se dicten en dicho segmento procesal siempre y cuando afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Por tanto, el acto reclamado, de ninguna manera versa o tiene el carácter de ser la última resolución en ese procedimiento para los efectos de la procedencia de la acción constitucional; por lo que será hasta que se agote en su totalidad el procedimiento de ejecución y se dicte la última resolución, cuando sea procedente la acción de amparo donde podrán atacarse las violaciones que dentro de ese procedimiento consideren le hayan dejado sin defensa. En ese sentido, como la última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por tanto, será hasta que la responsable posteriormente a la diligenciación de las providencias pronunciadas para la ejecución de la sentencia firme, determine que se ha dado cabal cumplimiento a esa resolución; se declare la imposibilidad material o jurídica para hacerlo; o se ordene en forma definitiva el archivo del expediente del cual deriva el acto reclamado, cuando el peticionario de garantías esté en aptitud de atacar las violaciones que estime son transgresoras de sus derechos fundamentales en el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. (9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXI, Mayo de 2010; Pág. 60)." Así como por identidad de razón, al diversa sustentada también por la antes citada Primera Sala de nuestro más alto tribunal. "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada. (9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XX, Julio de 2004; Pág. 75)." Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia número P./J./32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª Época, foja 31, Tomo XIII, Abril de 2001)." Cabe destacar que la finalidad que se persigue con este criterio, es el de evitar que se promuevan tantos amparos como violaciones en el procedimiento de ejecución se estime cometan las autoridades que conozcan de las controversias respectivas; pues de considerar lo contrario, se harían interminables los procedimientos relativos a cumplimentar las sentencias que constituyan la verdad legal. Así las cosas, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es procedente con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. SEGUNDA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Aunado a lo anterior, el quejoso promovió la demanda que dio origen al presente juicio el ONCE DE AGOSTO DEL AÑO DE DOS MIL DIECISEIS; de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo en vigor, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." De la interpretación del precepto legal parcialmente descrito, permite establecer que el motivo de improcedencia descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación de la demanda de amparo, puesto que al ser un acto consentido tácitamente por la parte quejosa; es decir, no promoverse dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, conlleva a su extemporaneidad. Por su parte, los artículos 17, primer párrafo y 18 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, de los preceptos legales parcialmente transcritos se sigue, que el plazo general para la promoción del juicio constitucional será de quince días, el cual se computará de acuerdo con tres supuestos distintos: 1. A partir del día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamado; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, y 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos, salvo lo establecido en la fracción I del artículo 17, relativo a las normas de carácter general autoaplicativo o el procedimiento de extradición. Resulta ilustrativa al particular la tesis XXI.2o.P.A.25 K, publicada en la página 1890, del Tomo XXII, Agosto de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En este orden de ideas, es posible afirmar que en el presente juicio nos encontramos en el segundo supuesto previsto por el precepto legal en mención, es decir, que el plazo para acudir al amparo empieza A transcurrir a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es la notificación del auto de ocho de junio de dos mil dieciséis, en el expediente laboral 875/2009 en la cual se acordó el requerimiento de pago y embargo a la parte quejosa, por la cantidad de $302,740.33 (trescientos dos mil setecientos cuarenta pesos 33/100 moneda nacional), en cumplimiento al laudo de catorce de octubre de dos mil once. En consecuencia, la demanda de que se trata es en exceso extemporánea. Lo anterior, se colige de la constancia de notificación de veintiuno de junio del año en curso, misma que obra en el expediente 875/2009, lo cual evidencia, que el plazo para interponer juicio de amparo en contra del auto de ocho de junio de dos mil dieciséis, transcurrió del veintitrés de junio de dos mil dieciséis, al trece de julio de la misma anualidad (tomando consideración que la autoridad responsable mediante certificación de quince de agosto de dos mil dieciséis, misma que obra a foja 8 del amparo directo 906/2016, que dio origen al presente sumario, se advierte que los días inhábiles que mediaron en dicho lapso son el 25 y 26 de junio, 2,3,9, 10, 16 y 17 de julio, aunado a que el primer periodo vacacional de la autoridad comprendió del 18 al 29 de julio del año en curso); de ahí, que la incuestionable que la demanda de amparo que se presenta resulta por exceso extemporánea. En esa tesitura, se reitera el desechamiento precisado en párrafos precedentes. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la consultable en la página 235, Tomo XI-Junio, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Así como la tesis de jurisprudencia publicada con el número 4, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 8, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO.- El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones". AMPARO ADHESIVO. No es óbice a la anterior, determinación que dentro del juicio de amparo 906/2016 que remitió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, se advierta que los terceros interesados Jesús García Tejada, María de los Remedios Quintana Flores y Alberto Alonso Dias Pérez, por conducto de su apoderado legal, hayan interpusieron amparo en forma adhesiva, pues tal figura no es aplicable amparo indirecto, en términos del artículo 182 de la Ley de Amparo , ya que tal institución es propia del amparo directo, pues en términos del tercer párrafo del citado artículo 182; (.) Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados, por tanto, a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio (.). Luego, si como ha quedado demostrado, la redacción del artículo 182 perfila que el amparo adhesivo tiene como teleología fortalecer, precisamente las resoluciones contra de las que procede el juicio de amparo directo (artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo); ello redunda en la notoria inconducencia jurídica del amparo adhesivo en el amparo indirecto. DOMICILIO. Por otra parte, con fundamento en el artículo 27, fracción I de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Se autoriza en los términos amplios del numeral 12 de la citada legislación, a las personas que tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos si no cumplen con dicho requisito, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectué dicho trámite. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. PROTECCIÓN DE DATOS. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda su solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testaran las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. SISTEMA ELECTRÓNICO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES. De la misma forma, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace del conocimiento de las partes, que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo..."
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