Jesús García Mejía
Expediente 823/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 823/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/07/2016
Partes del expediente
- Jesús García Mejía
Actuaciones
- Principal
EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA HA QUEDADO FIRME, EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE
- Principal
SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DEICISÉIS POR MEDIO DE LISTA: "RADICACIÓN. Visto el escrito de demanda de amparo que promueve Jesús García Mejía, por propio derecho, contra actos del Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otra autoridad, que lo hace consistir en: "De las autoridades señaladas como Responsables, reclamo la Ejecución de Sentencia que se pretende realizar dentro de los autos de la Causa Penal número 118/2014, con motivo de la condena impuesta al Sentenciado GUILLERMO GARCÍA MEJIA, la cual, se refiere que dicha persona deberá dar cumplimiento a la Reparación del Daño Moral, consistente en la restitución definitiva del bien inmueble ubicado en la calle de Manuel Alas número 402, colonia El Coporo de la ciudad de Toluca, Estado de México, que se encuentra destinado a casa habitación a favor de la Señora MARÍA DEL ROCIO RUIZ LÓPEZ..". Lo anterior, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Anótese su ingreso en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) e intégrese el expediente bajo el número que le corresponda. DESECHAMIENTO. Precisado lo anterior, se advierte que en el presente caso se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción I y artículo 5°, todos de la Ley de Amparo, de ahí que proceda el DESECHAMIENTO de la presente demanda de amparo. En efecto, de la revisión de la demanda y ocurso de referencia, se aprecia que se surte la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción I de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. (.) El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". ". En primer término, es conveniente citar lo que el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...)III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...)c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio; (...)VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". Por su parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, establece en su numeral 5, lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia". Esto significa que en el amparo promovido por personas ajenas a un juicio debe cumplirse con el requisito general de procedencia del juicio de amparo consistente en la legitimación del quejoso, principio que es consagrado tanto por el artículo 107, fracción I, constitucional, como por el diverso 5o. de la Ley de Amparo, al disponer: "Artículo 107. ... I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.). Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)". De lo expuesto se infiere que para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, es que el acto, omisión o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, es el interés jurídico a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que no puede ser otra cosa, sino la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados. Lo anterior es así, porque la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la legitimación, pues sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías. Con base en lo anterior, se concluye que el criterio general al que debe atenderse para determinar que el gobernado puede promover juicio de garantías es la legitimación que le asista, es decir, que el acto reclamado vulnere su esfera jurídica de derechos. Ahora, en el caso, se advierte que el quejoso se ostenta tercero extraño a un procedimiento penal donde se dictó sentencia definitiva en la que se condenó al inculpado Guillermo García Mejía a la reparación del daño, consistente en la restitución del bien inmueble ubicado en la calle Manuel Alas número 402, Colonia El Coporo, en Toluca, Estado de México, respecto del cual el peticionario de garantías alega tener derechos de propiedad y posesión. Luego, si de conformidad con los preceptos constitucionales y de la Ley de Amparo citados en líneas precedentes para la procedencia de la acción de garantías, es requisito que se acredite la legitimación y, en la especie, el acto reclamado es la ejecución de una sentencia emitida en un procedimiento de naturaleza penal, en el cual se determinó la responsabilidad del inculpado Guillermo García Mejía en la comisión del delito de despojo y como consecuencia de ello se le condenó a la reparación del daño consistente en la restitución del inmueble a la parte ofendida María del Socorro Ruíz Lopez, es evidente que dicho fallo no le ocasiona perjuicio a quien se ostenta como tercero extraño a ese procedimiento penal. Ello es así, porque el Juez penal se pronunció sobre la responsabilidad del inculpado en la comisión del delito de despojo, a quien condenó a la reparación del daño como pena pública; y si bien ésta consistió en la restitución a la parte ofendida del inmueble desposeído, su efecto es declarativo no constitutivo de derechos de propiedad ni de posesión sobre el mismo, puesto que en dicho procedimiento no se dilucidó sobre los presuntos derechos de propiedad o de posesión respecto de ese bien, en virtud de que éstos no fueron materia de la litis en la integración del ilícito por el cual el encausado fue procesado y condenado y, como consecuencia, se le impuso la pena de restituir el inmueble desposeído al ofendido en esa causa penal. En efecto, el proceso jurisdiccional de naturaleza penal tiene por objeto hacer efectivos los derechos que hayan sido desconocidos o violados a la parte ofendida por el delito cometido, lo cual también incluye el de reparar los daños y perjuicios producidos, y esta función se considera parte de la pena pública y puede ser exigida por el Ministerio Público. Es decir, transgredida la ley penal nace una relación de orden público entre el Estado y el individuo a quien se imputa la comisión del ilícito, la cual determinará que de demostrarse plenamente su culpabilidad, se impongan al sujeto las penas o sanciones de seguridad que correspondan conforme a las normas aplicables. Sin embargo, la comisión del hecho delictuoso, una vez demostrada la culpabilidad, da origen también a otra relación que se refiere a la reparación del daño causado a la víctima, conformando ambos aspectos, en el sistema jurídico mexicano, la pena. El Constituyente en la reforma al artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación del tres de julio de mil novecientos noventa y seis, consideró que para resolver sobre la forma y el monto de la caución, el Juez debe tomar en cuenta, entre otros aspectos, los daños y perjuicios causados al ofendido, así como el texto vigente de la fracción I del apartado A, y de la fracción IV del apartado C de ese precepto constitucional, en lo conducente, establece: Artículo 20.- El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; (.). De lo anterior se advierte que el Constituyente ha elevado a rango de garantía individual el derecho que tiene la víctima de que le sea reparado el daño causado por la comisión del delito; obligando al Ministerio Público a actuar en el proceso para obtener el cumplimiento de esa garantía. La norma constitucional exige al Ministerio Público solicitar la reparación del daño cuando así proceda, por lo que al formular acusación y solicitar esta reparación, tendrá que aportar los elementos necesarios para acreditarla, a fin de que el Juez, de acuerdo con las pruebas desahogadas en el proceso, resuelva lo correspondiente en la sentencia. Es decir, en el texto vigente del artículo constitucional citado se elevó a rango de garantía individual, el derecho que tiene la víctima a que le sea reparado el daño causado por la comisión del delito, obligando al Ministerio Público a actuar en el proceso para obtener el cumplimiento de esa garantía, logrando así que en todo proceso penal la víctima tenga derecho a una reparación pecuniaria, tanto por los daños, como por los perjuicios ocasionados por la comisión del delito; destacando la circunstancia de que fue el propio Constituyente el que reguló los fines preventivos con los indemnizatorios del procedimiento penal, al exigir para la libertad del inculpado una caución suficiente que garantice la reparación de daños y perjuicios, lo cual confirma que en todo procedimiento penal se debe tutelar como derecho del sujeto pasivo del delito, la indemnización de los perjuicios ocasionados por su comisión, con lo cual se logra reconocer una importancia del mismo rango a la protección de los derechos de la víctima que a los del inculpado, conciliando una manera ágil para reparar el daño causado por el delito. En tal virtud, la sentencia que condena a la reparación del daño consistente en la restitución del inmueble es un acto que a quien perjudica es a las partes que intervinieron en ese procedimiento penal como son el sentenciado, el Ministerio Público y en este caso al ofendido, no así a quien alega tener derechos posesorios y de propiedad sobre ese bien, por lo que si éste estima que se le afectó en tales derechos, debe hacerlos valer ante los tribunales de instancia a través de la acción civil que corresponda, razón por la cual no se le deja en estado de indefensión, pues no es competencia de un Juez penal el pronunciarse sobre quién tiene mejor derecho para poseer el inmueble a cuya restitución se condenó, por ser una cuestión de naturaleza civil. Con base en lo expuesto, se concluye que, el promovente no está legitimado para acudir al juicio de amparo al ostentarse tercero extraño al procedimiento de naturaleza penal, en el cual se dictó sentencia definitiva que condenó al inculpado a la restitución del inmueble al ofendido por concepto de reparación del daño, ya que la sentencia reclamada no le ocasiona el perjuicio personal y directo que exigen los artículos 61, fracción XXIII y 5o., ambos de la Ley de Amparo. En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción I y artículo 5°, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Se autoriza en los términos amplios del numeral 12 de la citada legislación, a las personas que tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos si no cumplen con dicho requisito, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectué dicho trámite. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. TRANSPARENCIA. La información de carácter personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública, salvo que medie consentimiento expreso del titular, ello de conformidad con lo que establece el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, atento a lo cual, se hace del conocimiento a las partes el derecho que les asiste a efecto de realizar las correspondientes solicitudes, en términos del numeral citado. Hecho lo cual se acordará lo conducente. PROTECCIÓN DE DATOS. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la a reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda su solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testaran las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley.."
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