Jesus Fernando Gonzalez Hernandez

Expediente 730/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
730/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
17/02/2017

Partes del expediente

  • Jesus Fernando Gonzalez Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por la Juez Civil de Partido de Valle de Santiago, Guanajuato, por medio del cual solicita se le remita a costa de *****, la documental detallada en el escrito inicial de demanda, de la cual, indicó remitir copia. Sin embargo, toda vez que del sello de recibo de este juzgado no se advierte que se haya acompañado copia de algún documento, no es posible conocer a qué escrito o anexo se refiere y tampoco precisa que se remita copia certificada o simple. Por tanto, mediante oficio con transcripción del presente proveído, dígase a la autoridad oficiante que una vez que precise cuáles constancias solicita se proveerá lo que corresponda.

  2. Principal

    Vista la certificación de esta fecha se advierte que transcurrió el plazo para interponer el recurso de queja en contra del proveído de trece de septiembre de dos mil dieciséis, en el cual se desechó la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales a que haya lugar. Archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente en SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    CONSTANCIA: Por este medio se notifica a la PARTE QUEJOSA, el contenido del acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciséis, toda vez que no acudió a este Juzgado los días veinte ni veintiuno de los actuales, no obstante el AVISO que para ello se le dejó, proveído que en lo conducente dice: Téngase por recibido el oficio que signa la Juez Primero Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por *****, en original y una copia, promovida en contra de la autoridad remitente; que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 1, 7, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 730/2016-I, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que motiva su desechamiento de plano, en razón a que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo vigente, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento; así lo enfatizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. En el caso concreto, del análisis íntegro de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso, consiste en el proveído emitido el once de agosto de dos mil dieciséis, dentro del juicio ejecutivo mercantil *****, por la Juez Primero Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato, por el que se consideró no procedente tener al perito valuador por aceptando el cargo que se le confirió en el referido juicio, por ser extemporánea su aceptación de cargo. Sin embargo, respecto de dicho acto se actualiza la causal antes invocada, en virtud de que el impetrante del amparo es parte formal y material en el juicio de origen, ya que tiene el carácter de parte actora. Por tanto, es dable concluir que tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, el amparo indirecto sólo procederá contra la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo; lo anterior, debido a que en el caso, el acto reclamado es el proveído en el que no se tiene por aceptando el cargo del perito valuador de la parte actora (aquí quejosa) por haberse presentado de manera extemporánea la aceptación, lo que se refiere a un acto dentro de la etapa de ejecución del juicio del que emanan los actos reclamados, y el amparo indirecto solo procede contra el último acto de esa etapa. Sobre el particular, tenemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, si bien es cierto estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, ello únicamente acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos del impetrante, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De tal forma, el máximo tribunal estimó que con el juicio de garantías no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable (supuesto en el cual se encuentra el presente asunto), pues el acto reclamado es consecuencia directa y está encaminado a cumplir con lo resuelto en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, la cual constituye cosa juzgada, cuya ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. En esta tesitura, tenemos que en la especie el acto reclamado, descrito en párrafos que anteceden, no es el último acto de ejecución en el procedimiento para cumplimentar la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, porque el único efecto que genera la determinación combatida al no tener por aceptando el cargo al perito de la parte actora por extemporáneo, de ninguna forma puede ser impugnable a través del juicio de garantías, pues, como ya se vio, de acuerdo con el tercer párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor, la última resolución en los procedimientos en la etapa de ejecución es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En efecto, el acto reclamado por sí solo no causa al quejoso un agravio personal y directo, esto es, se trata de un acto emitido en ejecución de sentencia, con la fuerza de cosa juzgada, respecto del cual el juicio de amparo prospera sólo hasta que se pronuncie la resolución final en ese procedimiento, la que en todo caso irrogue el perjuicio a que alude el hoy inconforme y cuando proceda el juicio de garantías, donde tendrá la oportunidad de hacer valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese período. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha la presente demanda por ser manifiesta y notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, (interpretado en sentido contrario), y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente. Téngase al quejoso señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su demanda; de igual forma se le tiene autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, en virtud de que no cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Hágase saber al ocursante que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, se hace de su conocimiento que cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.

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