Jesus Emmanuel Navarro Guardian

Expediente 409/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
409/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
11/12/2020

Partes del expediente

  • Jesus Emmanuel Navarro Guardian

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, por este medio se notifica a la parte quejosa *** la SENTENCIA dictada el ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, que en síntesis dice: ...TERCERO. Existencia del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y las cuestiones de fondo de la controversia . En esa tesitura, la Juez interina en materia Penal de Partido, con residencia en Irapuato, y el Magistrado propietario de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato ; al momento de rendir su informe con justificación aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman. Certeza que se corrobora con la copia certificada de la causa penal **********, así como del toca de apelación **********, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo . CUARTO. Causal de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional no advierte la configuración de alguna de las distintas hipótesis establecidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procede al análisis de constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime el promovente del amparo en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo. SEXTO. Suplencia de la queja. En principio, debe señalarse, que esta juzgadora se encuentra en posibilidad de suplir la deficiencia de los conceptos de violación a favor del quejoso **********; de conformidad con el inciso a), de la fracción III, del artículo 79, de la Ley de Amparo, al tener el impetrante, el carácter de inculpado, en los autos de la causa penal de origen. SÉPTIMO. Estudio de fondo. El impetrante establece que la resolución reclamada transgrede su derecho humano a una impartición de impartido de justicia pronta y expedida, al haberse ordenado la reposición del procedimiento, lo que motivara a que no se le concediera la sustitución de la prisión preventiva por una diversa; no obstante que la fracción IX, del apartado B, del artículo 20 Constitucional, establece que en ningún caso podrá prolongarse la prisión preventiva, del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años. Agrega que la prisión preventiva en que se encuentra sometido viola el principio de presunción de inocencia y constituye una pena anticipada de un delito en el cual no se le ha comprobado su responsabilidad. Lo anterior, es infundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso, sin que se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, de la Ley de Amparo. Antes de dar respuesta a tales razonamientos, es de mencionar en primer lugar, que deviene correcta la consideración del magistrado responsable, al sostener que el el planteamiento de cese de la prisión preventiva, la autoridad responsable lo estudiara de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expuesto lo anterior, fue legal que la responsable hubiere declarado improcedente el incidente no especificado sobre sustitución de la medida de prisión preventiva oficiosa, al precisar que se trata de un cese de prisión, ya que la petición inicial no está referida al hecho de la prisión preventiva en sí misma, sino a una supuesto que, es la prolongación de la prisión preventiva, dada su irracionalidad en el tiempo transcurrido; de ahí, que estableció que se debe valorar una serie de elementos objetivos y suficientes, como la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades que participen en el proceso penal. De ahí, que los argumentos realizados por el impetrante son carentes de razón, porque contrario a lo señalado fue apegado a derecho que la responsable hubiere tomado en cuenta la "razonabilidad del plazo" para declarar improcedente el incidente que se sometió a su consideración. Cierto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. XLI/2017 (10a.) , ha establecido que para valorar si es o no razonable el plazo transcurrido en un proceso penal sin que se hubiere dictado la sentencia definitiva para efectos de justificar o no la prolongación de la prisión preventiva, deben tomarse en cuenta los elementos siguientes: a) La complejidad del asunto, dentro de la cual deberán analizarse, entre otras cuestiones, la dificultad de las pruebas y de su desahogo; la pluralidad de los sujetos procesales o la cantidad de víctimas; el tiempo transcurrido desde la violación; las características del recurso correspondiente establecidas en la legislación y el contexto en el que ocurrieron los hechos. b) La actividad procesal del interesado; y, c) La conducta de las autoridades que participen en el juicio. En los últimos dos factores tendrá que estudiarse la conducta del inculpado en el proceso, en donde imperan su derecho de defensa, así como la diligencia procesal del juzgador en la instrucción del juicio y de los diferentes recursos (valorando la complejidad del caso y la actividad investigativa) y el accionar de otras autoridades que puedan influir en el proceso. En efecto, fue correcto que la responsable tomara en cuenta la complejidad del asunto, dado que el tipo penal de homicidio, que se le imputa al procesado, aquí quejoso; tutela la vida, que es un bien jurídico de mayor valía; como lo fue la del occiso **********, como se justificó con las probanzas que ofertaron las partes una vez que se aperturara el procedimiento a prueba, con el dictado del auto de formal prisión; el cual fue recurrido por el aquí agraviado. Asimismo, tomó en consideración, las pruebas aportadas y el desahogo de estas, como son las ofertadas por la fiscalía donde ofreció la documental, testimonial y la media filiación del imputado, la cual se encontraba supeditada previo consentimiento de este. También, que el desahogo de las pruebas aportadas por el inculpado, aquí agraviado, que se tornó complicado en virtud de que la citación de los testigos de cargo aportados inicialmente dentro de la duplicidad del términos constitucional y posterior, durante el procedimiento para el desahogo de su ampliación y posterior careo, al haberse citados mediante requisitoria al Juez Mixto de Pénjamo, dado el domicilio de aquellos, lo que implicó un retraso para su desahogo. Además, de que una vez cerrado el periodo de instrucción [noviembre de dos mil diecisiete], y agregadas a los autos las conclusiones del agente del Ministerio Público; fue negada la petición de diferir el plazo otorgado a la defensa para contestar las conclusiones acusatorias, el cual fue recurrido y confirmado. Aunado a que fue promovido juicio de amparo indirecto en contra de la decisión que negara al acusado la aplicación de medios alternos en la causa penal de origen, el cual fue radicado por el Juez Noveno de Distrito, en el cual fue sobreseído el juicio constitucional, recurriéndose dicha determinación revisión; siendo confirmada la misma, por el Primer Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito. Así, el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, es que se dictó sentencia en donde se condenó al aquí quejoso, por el delito de homicidio cometido en contra de quien en vida llevara el nombre de **********, determinación que fue recurrida por el impetrante, la cual fue confirmada por la aquí Sala responsable, el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Sin embargo, fue con motivo de la interposición del amparo directo, en contra de la resolución confirmatoria, que el dos de marzo de dos mil diecinueve, el Primer Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito, ordenó reponer el procedimiento, para que se llevara el desahogo de la ratificación de las periciales contenidas y los careos procesales; dejando sin efectos la sentencia y su confirmación. De ahí que no encontró causa que permitiera arribar a la conclusión de que los juzgadores a cargo del procedimiento en sus diversas etapas, impusieran un retraso sin justificación; máxime que las partes (agente del Ministerio Público y víctima indirecta), no impusieron actuación alguna que dilatara el proceso; así, si el plazo impuesto a la autoridad ha sido superado, ha sido con motivo de la complejidad para el desahogo del caudal probatorio aportado y de los medios de defensas hechos valer durante dicho proceso penal, a las que ha estado inconforme el procesado, aquí quejoso. Precisó, que el Juez de origen ha dado el impulso necesario para que se logre la comparecencia de los testigos, velando así, no sólo por los intereses del reo, aquí quejoso; sino también de la víctima, en atención al equilibrio procesal que debe de haber entre las partes. Agregó el temor fundado de que el acusado, aquí quejoso, una vez obtenida su libertad, se sustraiga de la persecución penal, no sólo por la falta de arraigo, como se hizo patente en la evaluación de riesgo; sino, porque una vez que fue emitida la orden de captura, esta fue lograda cuatro años y cinco meses después de su emisión, lo que constituye un indicio razonado, al advertir que el acusado pretendía evadir la acción de la autoridad jurisdiccional; aunado a que no fue cumplida en el estado de Guanajuato, sino en Baja California; lo que revela que es proclive a que se sustraiga, en razón a la pena que pudiera imponerse. En esas condiciones, se advierte que fue correcta la resolución reclamada, ya que si bien es cierto la Constitución establece que en ningún caso podrá prolongarse la prisión preventiva, del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años; también señala que si la defensa de un procesado ofrece en favor de éste diversas pruebas cuyo periodo de desahogo hace imposible que se dicte sentencia en los plazos que señala la mencionada fracción, deberán desahogarse aun cuando se rebasen los términos señalados; ya que deben prevalecer los derechos de audiencia y defensa sobre el de pronta impartición de justicia, pues lo contrario acarrearía graves perjuicios en contra de éste, al verse compelido a ajustar su defensa al corto tiempo de que dispondría para ello, lo que implicaría una verdadera denegación de justicia. Además, en oposición a lo aducido por la parte quejosa, del análisis del expediente de la causa penal, es correcto que el magistrado responsable advirtiera que existe una razonabilidad entre el tiempo ya transcurrido y las distintas actuaciones en el juicio, entre las que destacan el desahogo de las pruebas necesarias para la protección y salvaguarda del derecho de defensa del inculpado, que justifican la continuación de la prisión preventiva. Consecuentemente, la prisión preventiva en la que se mantiene al quejoso sigue cumpliendo su característica de medida cautelar y no de una pena anticipada, con lo que se evidencia que no se ha transgredido su derecho humano a la libertad personal ni al principio de presunción de inocencia. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada 1a. CXXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 493, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Libro XI, Agosto de 2012, Décima Época, Registro 2001432, de rubro y texto siguientes: "PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Conforme al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, no pueden suprimirse el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la propia convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Ahora bien, la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar, mediante un auto de formal prisión dictado por un delito que merezca pena de prisión; lo que es acorde con el artículo 7.2 de la referida Convención que dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, máxime que el detenido preventivamente no purga una pena anticipada." No se soslaya, que la Sala responsable haya plasmado el Código Nacional de Procedimientos Penales, aún y cuando el procedimiento de origen, se rige por el sistema tradicional y no así por el diverso acusatorio oral; sin embargo, su fundamentación nace con motivo de que el procesado, aquí quejoso, promovió inicialmente el incidente no especificado sobre sustitución de la medida de prisión preventiva oficiosa; empero, acertadamente la responsable aclara que se trata de un cese de prisión preventiva, de ahí que no se pueda establecer que la determinación se encuentra indebidamente fundada y motivada, pues como se indicó al inicio del estudio, fue claro en fundamentar la resolución reclamada en términos del apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, al ser infundados los motivos de inconformidad, y al no haber motivo legal para suplir la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. OCTAVO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión, no Ampara ni Protege a **********, contra el acto que reclama de las autoridades responsables, por las consideraciones señaladas en el considerando sétimo de la presente resolución...

  2. Principal

    TERCERO. Existencia del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y las cuestiones de fondo de la controversia . En esa tesitura, la Juez interina en materia Penal de Partido, con residencia en Irapuato, y el Magistrado propietario de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato ; al momento de rendir su informe con justificación aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman. Certeza que se corrobora con la copia certificada de la causa penal **********, así como del toca de apelación **********, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su cargo . CUARTO. Causal de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62, de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional no advierte la configuración de alguna de las distintas hipótesis establecidas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procede al análisis de constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime el promovente del amparo en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo. SEXTO. Suplencia de la queja. En principio, debe señalarse, que esta juzgadora se encuentra en posibilidad de suplir la deficiencia de los conceptos de violación a favor del quejoso **********; de conformidad con el inciso a), de la fracción III, del artículo 79, de la Ley de Amparo, al tener el impetrante, el carácter de inculpado, en los autos de la causa penal de origen. SÉPTIMO. Estudio de fondo. El impetrante establece que la resolución reclamada transgrede su derecho humano a una impartición de impartido de justicia pronta y expedida, al haberse ordenado la reposición del procedimiento, lo que motivara a que no se le concediera la sustitución de la prisión preventiva por una diversa; no obstante que la fracción IX, del apartado B, del artículo 20 Constitucional, establece que en ningún caso podrá prolongarse la prisión preventiva, del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años. Agrega que la prisión preventiva en que se encuentra sometido viola el principio de presunción de inocencia y constituye una pena anticipada de un delito en el cual no se le ha comprobado su responsabilidad. Lo anterior, es infundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso, sin que se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, de la Ley de Amparo. Antes de dar respuesta a tales razonamientos, es de mencionar en primer lugar, que deviene correcta la consideración del magistrado responsable, al sostener que el el planteamiento de cese de la prisión preventiva, la autoridad responsable lo estudiara de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Expuesto lo anterior, fue legal que la responsable hubiere declarado improcedente el incidente no especificado sobre sustitución de la medida de prisión preventiva oficiosa, al precisar que se trata de un cese de prisión, ya que la petición inicial no está referida al hecho de la prisión preventiva en sí misma, sino a una supuesto que, es la prolongación de la prisión preventiva, dada su irracionalidad en el tiempo transcurrido; de ahí, que estableció que se debe valorar una serie de elementos objetivos y suficientes, como la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades que participen en el proceso penal. De ahí, que los argumentos realizados por el impetrante son carentes de razón, porque contrario a lo señalado fue apegado a derecho que la responsable hubiere tomado en cuenta la "razonabilidad del plazo" para declarar improcedente el incidente que se sometió a su consideración. Cierto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. XLI/2017 (10a.) , ha establecido que para valorar si es o no razonable el plazo transcurrido en un proceso penal sin que se hubiere dictado la sentencia definitiva para efectos de justificar o no la prolongación de la prisión preventiva, deben tomarse en cuenta los elementos siguientes: a) La complejidad del asunto, dentro de la cual deberán analizarse, entre otras cuestiones, la dificultad de las pruebas y de su desahogo; la pluralidad de los sujetos procesales o la cantidad de víctimas; el tiempo transcurrido desde la violación; las características del recurso correspondiente establecidas en la legislación y el contexto en el que ocurrieron los hechos. b) La actividad procesal del interesado; y, c) La conducta de las autoridades que participen en el juicio. En los últimos dos factores tendrá que estudiarse la conducta del inculpado en el proceso, en donde imperan su derecho de defensa, así como la diligencia procesal del juzgador en la instrucción del juicio y de los diferentes recursos (valorando la complejidad del caso y la actividad investigativa) y el accionar de otras autoridades que puedan influir en el proceso. En efecto, fue correcto que la responsable tomara en cuenta la complejidad del asunto, dado que el tipo penal de homicidio, que se le imputa al procesado, aquí quejoso; tutela la vida, que es un bien jurídico de mayor valía; como lo fue la del occiso **********, como se justificó con las probanzas que ofertaron las partes una vez que se aperturara el procedimiento a prueba, con el dictado del auto de formal prisión; el cual fue recurrido por el aquí agraviado. Asimismo, tomó en consideración, las pruebas aportadas y el desahogo de estas, como son las ofertadas por la fiscalía donde ofreció la documental, testimonial y la media filiación del imputado, la cual se encontraba supeditada previo consentimiento de este. También, que el desahogo de las pruebas aportadas por el inculpado, aquí agraviado, que se tornó complicado en virtud de que la citación de los testigos de cargo aportados inicialmente dentro de la duplicidad del términos constitucional y posterior, durante el procedimiento para el desahogo de su ampliación y posterior careo, al haberse citados mediante requisitoria al Juez Mixto de Pénjamo, dado el domicilio de aquellos, lo que implicó un retraso para su desahogo. Además, de que una vez cerrado el periodo de instrucción [noviembre de dos mil diecisiete], y agregadas a los autos las conclusiones del agente del Ministerio Público; fue negada la petición de diferir el plazo otorgado a la defensa para contestar las conclusiones acusatorias, el cual fue recurrido y confirmado. Aunado a que fue promovido juicio de amparo indirecto en contra de la decisión que negara al acusado la aplicación de medios alternos en la causa penal de origen, el cual fue radicado por el Juez Noveno de Distrito, en el cual fue sobreseído el juicio constitucional, recurriéndose dicha determinación revisión; siendo confirmada la misma, por el Primer Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito. Así, el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, es que se dictó sentencia en donde se condenó al aquí quejoso, por el delito de homicidio cometido en contra de quien en vida llevara el nombre de **********, determinación que fue recurrida por el impetrante, la cual fue confirmada por la aquí Sala responsable, el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Sin embargo, fue con motivo de la interposición del amparo directo, en contra de la resolución confirmatoria, que el dos de marzo de dos mil diecinueve, el Primer Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito, ordenó reponer el procedimiento, para que se llevara el desahogo de la ratificación de las periciales contenidas y los careos procesales; dejando sin efectos la sentencia y su confirmación. De ahí que no encontró causa que permitiera arribar a la conclusión de que los juzgadores a cargo del procedimiento en sus diversas etapas, impusieran un retraso sin justificación; máxime que las partes (agente del Ministerio Público y víctima indirecta), no impusieron actuación alguna que dilatara el proceso; así, si el plazo impuesto a la autoridad ha sido superado, ha sido con motivo de la complejidad para el desahogo del caudal probatorio aportado y de los medios de defensas hechos valer durante dicho proceso penal, a las que ha estado inconforme el procesado, aquí quejoso. Precisó, que el Juez de origen ha dado el impulso necesario para que se logre la comparecencia de los testigos, velando así, no sólo por los intereses del reo, aquí quejoso; sino también de la víctima, en atención al equilibrio procesal que debe de haber entre las partes. Agregó el temor fundado de que el acusado, aquí quejoso, una vez obtenida su libertad, se sustraiga de la persecución penal, no sólo por la falta de arraigo, como se hizo patente en la evaluación de riesgo; sino, porque una vez que fue emitida la orden de captura, esta fue lograda cuatro años y cinco meses después de su emisión, lo que constituye un indicio razonado, al advertir que el acusado pretendía evadir la acción de la autoridad jurisdiccional; aunado a que no fue cumplida en el estado de Guanajuato, sino en Baja California; lo que revela que es proclive a que se sustraiga, en razón a la pena que pudiera imponerse. En esas condiciones, se advierte que fue correcta la resolución reclamada, ya que si bien es cierto la Constitución establece que en ningún caso podrá prolongarse la prisión preventiva, del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años; también señala que si la defensa de un procesado ofrece en favor de éste diversas pruebas cuyo periodo de desahogo hace imposible que se dicte sentencia en los plazos que señala la mencionada fracción, deberán desahogarse aun cuando se rebasen los términos señalados; ya que deben prevalecer los derechos de audiencia y defensa sobre el de pronta impartición de justicia, pues lo contrario acarrearía graves perjuicios en contra de éste, al verse compelido a ajustar su defensa al corto tiempo de que dispondría para ello, lo que implicaría una verdadera denegación de justicia. Además, en oposición a lo aducido por la parte quejosa, del análisis del expediente de la causa penal, es correcto que el magistrado responsable advirtiera que existe una razonabilidad entre el tiempo ya transcurrido y las distintas actuaciones en el juicio, entre las que destacan el desahogo de las pruebas necesarias para la protección y salvaguarda del derecho de defensa del inculpado, que justifican la continuación de la prisión preventiva. Consecuentemente, la prisión preventiva en la que se mantiene al quejoso sigue cumpliendo su característica de medida cautelar y no de una pena anticipada, con lo que se evidencia que no se ha transgredido su derecho humano a la libertad personal ni al principio de presunción de inocencia. Apoya lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada 1a. CXXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 493, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Libro XI, Agosto de 2012, Décima Época, Registro 2001432, de rubro y texto siguientes: "PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Conforme al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, no pueden suprimirse el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la propia convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Ahora bien, la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar, mediante un auto de formal prisión dictado por un delito que merezca pena de prisión; lo que es acorde con el artículo 7.2 de la referida Convención que dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, máxime que el detenido preventivamente no purga una pena anticipada." No se soslaya, que la Sala responsable haya plasmado el Código Nacional de Procedimientos Penales, aún y cuando el procedimiento de origen, se rige por el sistema tradicional y no así por el diverso acusatorio oral; sin embargo, su fundamentación nace con motivo de que el procesado, aquí quejoso, promovió inicialmente el incidente no especificado sobre sustitución de la medida de prisión preventiva oficiosa; empero, acertadamente la responsable aclara que se trata de un cese de prisión preventiva, de ahí que no se pueda establecer que la determinación se encuentra indebidamente fundada y motivada, pues como se indicó al inicio del estudio, fue claro en fundamentar la resolución reclamada en términos del apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, al ser infundados los motivos de inconformidad, y al no haber motivo legal para suplir la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. OCTAVO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión, no Ampara ni Protege a **********, contra el acto que reclama de las autoridades responsables, por las consideraciones señaladas en el considerando sétimo de la presente resolución.

  3. Principal

    ...Audiencia constitucional...

  4. Incidental

    ...Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, suscrito por el Secretario de Acuerdos de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintinueve de septiembre de la presente anualidad, y remite la constancia de notificación realizada el trece del mes y año en curso, al tercero interesado Agente del Ministerio Publico de su adscripción; agréguese a los autos para que obre como corresponda. Por otra parte, téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo Primero Civil de Partido, con residencia Pénjamo, Guanajuato, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 653/2020 (876/2020) del índice de este juzgado, remitido a fin de notificar a la tercera interesada ********************, el auto de diez de septiembre pasado por el que se proveyó sobre la suspensión definitiva, circunstancia que aconteció el seis de octubre del año en curso. Dese de baja del Libro de Gobierno correspondiente la referida comunicación y desglósese del oficio de cuenta los anexos que le fueron remitidos a la autoridad oficiante, en virtud de ser innecesario su agregado en el presente expediente...

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