Jesús Enrique Tenopala Ortiz

Expediente 1019/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1019/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Jesús Enrique Tenopala Ortiz
  • Emilio Arauz Tenopala
  • Mario Zavala Zavala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del proveído de doce de septiembre de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicho auto para todos los efectos legales procedentes.  Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.  Valoración del expediente. . Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, POR HABERSE SOBRESEÍDO FUERA DE AUDIENCIA EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensión 1308, (dentro de un horario de ocho a trece horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Se agrega escrito sin mayor proveído. Agréguese sin mayor proveído el oficios signado por el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Secretario de Seguridad Ciudadana, mediante el cual pretende rendir informe justificado; lo anterior, toda vez que en proveído de doce de septiembre del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Priscila Rivera Valera Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.EDUARDO

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Informe justificado, sin mayor trámite Agréguese sin mayor trámite el oficio signado por el Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala; por el cual rinde informe justificado; sin embargo, no ha lugar a proveer al respecto, dado que el dos de septiembre del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Karen Aguas Pérez Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, doce de septiembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguense los oficios signado por la Agente del Ministerio Público Titular del Segundo Turno adscrita al Departamento de Investigación del Delito, por sí y encargada del Primer y Tercer turno de la Unidad de Investigación del Delito, Región Sur, atento a sus contenidos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos sus respectivos informes justificados. Autoridad informa. De igual manera, agréguese a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito con detenido, Región Norte adscrita al Departamento de Investigación del Delito, por el que en cumplimiento al proveído de nueve de septiembre del año que transcurre, informa que a los quejosos Rafael Coronado Olvera, en representación de Jesús Enrique Tenolapa Ortiz, Emilio Arauz Tenolapa, Gabriel Arauz Zavala y Mario Zavala Zavala, les fue decretada libertad a las veinte horas con cero minutos, del siete de septiembre de dos mil veintidós, en la carpeta de investigación C.I.UIAPIZD-3/300/2022 de su índice, en virtud de que no existen datos de prueba suficientes hasta ese momento que justificaran que los quejosos pudieran estar subordinados a una medida cautelar de prisión preventiva, atendiendo al principio de presunción de inocencia y en razón de que dicha autoridad no solicitó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pues el delito de resistencia de particulares cometido en victimización de la sociedad y en contra de los quejosos, el cual se les imputa, no es de los considerados como graves para solicitar dicha medida cautelar de manera oficiosa. Manifestaciones que acredita con la copia auténtica de diversas constancias que obran en la carpeta de investigación C.I.UIAPIZD-3/300/2022, de su índice. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del contenido de las documentales remitidas por la autoridad oficiante se desprende que el siete de septiembre de dos mil veintidós, el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito con detenido, Región Norte adscrita al Departamento de Investigación del Delito, decretó libertad de los quejosos Rafael Coronado Olvera, en representación de Jesús Enrique Tenolapa Ortiz, Emilio Arauz Tenolapa, Gabriel Arauz Zavala y Mario Zavala Zavala. Por lo que se estima se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción V, del artículo 63, en relación con la fracción XVII, del numeral 61, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica; (.)". Conforme a la fracción transcrita, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, para que opere la causal de improcedencia del juicio de amparo referida se requiere necesariamente de la concurrencia de los elementos que se enuncian: a) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto reclamado en el juicio constitucional; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio de amparo, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en razón de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, se sustenta en los criterios que se citan: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUE EMANAN LOS ACTOS RECLAMADOS. Según la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente: "contra actos emanados de un procedimiento judicial, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio promovido por no poder decidirse en dicho juicio sin afectar la nueva situación jurídica". Ahora bien, para que el cambio de que habla la fracción citada, produzca los efectos que esta determina, es necesario que verse precisamente sobre la situación jurídica creada en el procedimiento que dio margen al juicio de amparo; de manera que si el cambio se verifica dejando inalterados los derechos y obligaciones que las partes controvierten en dicho procedimiento, no puede haber cambio en la situación jurídica y faltará, por ende, el presupuesto esencial de la fracción mencionada, la que resultará, en último análisis, absolutamente inaplicable". "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica". En efecto, en atención a la documental que remitió la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito con detenido, Región Norte adscrita al Departamento de Investigación del Delito, consistente en copia auténtica del acuerdo de libertad dictada el siete de septiembre de dos mil veintidós, dictado en la carpeta de investigación C.I.UIAPIZD-3/300/2022; del que se advierte que en la misma data - siete de septiembre de dos mil veintidós -, se decretó la inmediata libertad de los quejosos Jesús Enrique Tenolapa Ortiz, Emilio Arauz Tenolapa, Gabriel Arauz Zavala y Mario Zavala Zavala, por los motivos que expuso. A dichas constancias se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 93, fracción II, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, por ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, la parte quejosa en su demanda por comparecencia, señaló como acto reclamado el siguiente: ".Desaparición Forzada, incomunicación y malos tratos. (sic)" Atento a lo anterior, resulta evidente que a la data en que se actúa ha operado un cambio de situación jurídica, pues como ya se destacó, el pasado siete de septiembre del año que transcurre, la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Delito con detenido, Región Norte adscrita al Departamento de Investigación del Delito, dentro de la carpeta de investigación C.I.UIAPIZD-3/300/2022, de su índice, seguida por el delito de resistencia de particulares, en victimización de la sociedad, determinó decretar inmediata libertad a los quejosos Jesús Enrique Tenolapa Ortiz, Emilio Arauz Tenolapa, Gabriel Arauz Zavala y Mario Zavala Zavala. De esta manera, la existencia de tal determinación, acaecida después de presentada la demanda de amparo (cinco de septiembre de dos mil veintidós) son datos suficientes para considerar que en el caso se originó un cambio de situación jurídica, por lo que se considera que las violaciones reclamadas a través de esta instancia constitucional han quedado irreparablemente consumadas, al acontecer un cambio de situación jurídica del acto reclamado. Luego, es indudable que con tal actuar se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porción normativa que fue interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, de agosto de 2007, Novena Época, Materia Penal, página 50, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR", en el sentido de que el cambio de situación jurídica tiene como consecuencia que las violaciones cometidas en el acto impugnado se consideren consumadas de modo irreparable, ello en virtud de que ya no es posible decidir sobre éstas, sin que se afecte la nueva situación jurídica del quejoso. Asimismo, se cita por su contenido, la tesis III.2o.P.150 P, visible en la página 2575 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 2019, número de registro 2019590, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO". Con base en lo anterior, se llega a la determinación de que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, al operar el cambio de situación jurídica, ante la determinación en la audiencia inicial ya precisada. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables en la especie conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo, publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, vigente al día siguiente, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Se deja sin efectos fecha y hora para audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la data fijada para la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas del trece de octubre de dos mil veintidós. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se agrega escrito. En otro aspecto, agréguese sin mayor providencia, el oficio signado por el Titular de la Ventanilla Única de atención de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República en Tlaxcala, mediante el cual devuelve el oficio 26264/2022, dirigido al "Delegado de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Tlaxcala", toda vez que dicha denominación no corresponde a alguna área de dicha dependencia; lo anterior, en virtud de que en párrafos que anteceden se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Karen Aguas Pérez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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