Jesús Díaz Montecillo
Expediente 1053/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 16 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1053/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 17/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Jesús Díaz Montecillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Sobreseimiento fuera de audiencia Visto el estado que guardan los presentes autos, y en específico de copia certificada del auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del cuaderno de amparo número 35/2021, deducido del expediente 296/2020, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc (con la cual se dio vista a la parte quejosa por auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno) se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Ello no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, pues conlleva asimismo a la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Además, de una interpretación sistemática de la norma legal citada, se deduce que dicha causal de improcedencia se puede actualizar mediante dos supuestos a saber: a) Por revocación o, b) Sustitución procesal. Este segundo supuesto se materializa por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. Ahora bien, conviene precisar que el acto reclamado que hizo consistir la parte quejosa Jesús Díaz Montecillo, en representación de E.D.C, en el presente juicio de amparo es el siguiente: Ahora bien, de un análisis a su escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa, por escrito presentado el once de octubre de dos mil veintiuno hizo del conocimiento al juez de origen que el menor de edad fue objeto de violencia física por parte de su progenitora, pues señaló: Asimismo, manifestó al presentar su demanda de amparo que en acto inicialmente reclamado, que la autoridad responsable acordó lo siguiente: Por tanto, de un análisis a copia certificada del auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del cuaderno de amparo número 35/2021, deducido del expediente 296/2020, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con la que se dio vista a la parte quejosa, mediante proveido de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se advierte lo siguiente: ". Como lo pide el ocursante, se tienen por hechas las manifestaciones que expone en su escrito de cuenta, de las cuales se toma conocimiento, para los efectos legales procedentes; asimismo, en relación a su primera petición, con fundamento en el artículo 93, 93 Bis y 108 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tlaxcala, se le tiene señalando como domicilio el ubicado en Circuito Jacarandas, número veintiuno, Letra A, de la comunidad de la Trinidad Tepehitec, Tlaxcala, y por autorizados para recibirlas en su nombre y presentación, e imponerse de los autos, al Licenciado en Derecho Daniel Ortega González; en relación a las manifestaciones que refiere el promovente en su escrito de cuenta, a efecto de salvaguardar la seguridad física, psicológica y moral del niño de identidad reservada, identificado con las iniciales E.D.B., toda vez que se tiene conocimiento de la violencia que media hacia el niño, pues en términos de lo que disponen los artículos 272 y 273 Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, constituye una confesión expresa admisible en el presente asunto, y con valor probatorio pleno, que demuestran presuntivamente, que dicho niño fue objeto de violencia por parte de su progenitora YOLANDA EPIFANIA CRUZ BRIONES, por lo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como la Ley para la Protección de los derechos de niñas y adolescentes en sus artículos 11 y 12, que establecen que son obligaciones de madres, padres y de todas las personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes, proporcionarles una vida digna, garantizarles la satisfacción de alimentación, así como el pleno y armónico desarrollo de su personalidad en el seno de la familia, escuela, la sociedad y las instituciones, protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que la facultada que tienen quienes ejercen la patria potestad o la custodia de niñas, niños y adolescentes, no podrán al ejercerla atentar contra su integridad física o mental ni actuar en menoscabo de su desarrollo. Por lo cual las normas dispondrán lo necesario para garantizar el cumplimiento de los deberes antes señalados, y en todo caso se proveerán los procedimientos y la asistencia jurídica necesaria para asegurar que ascendientes, padres, tutores y responsables de niñas, niños y adolescentes cumplan con su deber, que el hecho de que los padres no vivan en el mismo hogar no impide que cumplan con las obligaciones que le impone la ley; se requiera a la señora YOLANDA EPIFANÍA CRUZ BRIONES, se abstenga de realizar actos de violencia hacia su menor hijo, apercibida que en el caso de incurrir nuevamente en actos de maltrato hacia dicho menor, se modificarán las convivencias acordadas en junta familiar de fecha catorce octubre de dos mil veinte; asimismo por cuanto hace a la junta familiar que solicita, para tratar los puntos que refiere, se le hace saber que serán tratados en la junta familiar ordenada en proveido de diez de noviembre de dos mil veintiuno; por cuanto hace a la última petición, se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, con las manifestaciones realizadas por el promovente para los efectos legales a que haya lugar." Así, de las manifestaciones de referencia, se advierte que la parte quejosa, Jesús Díaz Montecillo, en representación de E.D.C, el once de octubre de dos mil veintiuno, presentó ante el Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, un escrito por el cual solicitó una junta familiar, a efecto de que la señora Yolanda Epifanía Cruz Briones, se abstuviera de realizar actos de violencia hacia el menor de iniciales E.D.C, a lo que la autoridad responsable no proveyó de conformidad lo solicitado, toda vez que la directora del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia no diera cumplimiento a lo solicitada mediante oficio 1527 de fecha veintiocho de octubre de dos mil veinte; sin embargo, mediante auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, deducido del expediente 296/2020, del índice de la autoridad responsable, se realizó una nueva consideración respecto al escrito presentado por el quejoso el once de octubre de dos mil veintiuno, en donde se requirió a la señora Yolanda Epifanía Cruz Briones, se abstuviera de realizar actos de violencia hacia su menor hijo, asimismo se le hizo saber a la parte quejosa que por lo que respecta a la junta familiar que solicitó para tratar respecto de la convivencia del menor, estos serían tratados en la junta familiar ordenada en proveido de diez de noviembre de dos mil veintiuno; finalmente se ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Consecuentemente, se advierte que el acto reclamado que dio origen al presente juicio, ceso sus efectos por sustitución procesal, por lo que resulta ocioso examinar su constitucionalidad al no seguir surtiendo sus efectos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, número III.2o.C. J/22, publicada en la página 1579 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, Materia(s): Común, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo.". [Énfasis añadido]. Así como la Tesis I.3o.C.92 K, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1491, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente.".[Lo subrayado es propio]. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías conforme lo preceptúa la fracción V del numeral 63 del propio ordenamiento legal. Sirve de apoyo a la anterior consideración la Tesis 97, visible en la página 71, noviembre de 1997, tomo VI, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, febrero de 1998, tomo VII, Materia Común, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con cuatro minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintidós), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Mmp
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, nueve de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de uno de febrero de dos mil veintidós, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, proporcione el domicilio actual y correcto de la tercera interesada Yolanda Epifanía Cruz Briones, o bien, proporcione el domicilio de su centro de trabajo, así como un diverso número telefónico, por el cual se pueda entablar comunicación, a fin de estar en aptitud de emplazarla a juicio, no obstante, a la presente data no obra constancia de notificación del auto respectivo. Diferimiento de audiencia constitucional Por tanto, para dar margen a ello y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Ahora, si bien la fecha señalada no se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, ello es con la finalidad de dar oportunidad a los Actuarios Judiciales para que practiquen las notificaciones y demás diligencias que se ordenen en el presente asunto; lo anterior, tomando en consideración el contexto de la actual pandemia por el virus Covid-19, así como las medidas implementadas por el Consejo de la Judicatura Federal a fin de mitigar el referido fenómeno de salud pública, entre las cuales se encuentran la reducción del horario de atención al público y la disminución de la cantidad de servidores públicos que desarrolla trabajo presencial. Consulta de expediente electrónico Por otra parte, agréguese el escrito signado electrónicamente por Maiakovski Alderate Martínez, a través del cual señala diversos usuarios para la consulta del expediente electrónico y solicita la práctica de notificaciones en forma personal. Por tanto, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículos 77 y 78, y considerando Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario "PaolaJuarez". Por lo que respecta a los usuarios "maiakovski" y "Koe095"; para la consulta el expediente electrónico, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones que se ordenen de manera personal, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveídos de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno y uno de febrero de dos mil veintidós. Solicita digitalización de constancias que integran el expediente electrónico. Por otra parte, en atención a la solicitud respecto de que se gire instrucciones a quien corresponda a efecto de que el suscrito pueda acceder a la consulta electrónica de todos los acuerdos y constancias que integran el presente juicio de amparo. Atento ello, dígase al promovente que después de una revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se advierte que existen usuarios autorizados para la consulta del expediente electrónico, a saber "maiakovski" y "PaolaJuarez", tal y como se aprecia de la siguiente captura de pantalla: Aunado a lo anterior, los autos generados en el juicio de amparo fueron debidamente autorizados en tiempo, pues los acuses de dichas determinaciones judiciales fueron generados como se advierte de la siguiente imagen: Como se advierte de lo anteriormente expuesto, los usuarios señalados por el Asesor Jurídico Federal para la consulta y notificación del expediente electrónico se encuentran debidamente autorizados, así como las determinaciones judiciales generadas en el juicio de amparo en que se actúa. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de la parte promovente que en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, están disponibles los números telefónicos de soporte (555449 9500 ext.1507, 5556476050 y 800 836 95 25), así como el correo electrónico escritoriodesoporte@correo.cjf.gob.mx., a efecto de reportar cualquier falla o problemas en la consulta del expediente electrónico del presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Ciliany Álvarez Ayala Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Se agrega oficio sin mayor proveído. Agréguese sin mayor providencia el escrito signado electrónicamente por Maiakovski Alderete Martínez, representante especial, del menor de identidad reservada identificado con las iniciales E.D.C., a través del cual señala autorizada para oír y recibir notificaciones y solicita consulta del expediente electrónico; pues mediante proveído de uno de febrero del año que trascurre, se acordó diversa promoción de idéntico contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.Mmp
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, primero de febrero de dos mil veintidós. Representante Especial designa autorizada Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por Maiakovski Alderete Martínez, representante especial, del menor de identidad reservada identificado con las iniciales E.D.C., a través del cual señala autorizada para oír y recibir notificaciones y solicita consulta del expediente electrónico, por tanto se provee: Ténganse como autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a Kenia Ortega Estrada, por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito. Consulta de expediente electrónico Por otra parte, con fundamento en los artículos 3 y 30 fracción II, de la Ley de Amparo, artículo 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario "Koe095", toda vez que se encuentra registrado. Razón actuarial. Agréguese a los autos la constancia de cuenta, levantada por el actuario adscrito a este juzgado, de la que se desprende la imposibilidad de emplazar a la tercera interesada Yolanda Epifanía Cruz Briones, en el domicilio señalado para tal efecto, por los motivos que expone. Se requiere domicilio al quejoso. Vista la razón actuarial de cuenta y la certificación de llamada de esta fecha, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione el domicilio actual y correcto de la tercera interesada de referencia o bien proporcione el domicilio de su centro de trabajo, así como un diverso número telefónico por el cual se pueda entablar comunicación; lo anterior, a fin de estar en aptitud de emplazarla a juicio, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, se procederá a la investigación oficiosa a que alude el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, y en caso de resultar infructuosa, dicho emplazamiento se hará mediante edictos a su costa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Christoper Rodríguez Escobar Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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