Jesús Enrique Fajardo del Ángel
Expediente 69/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 69/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Jesús Enrique Fajardo del Ángel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Jesús Enrique Fajardo del Ángel; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Notifíquese.
- Principal
MESA 6 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y SENTENCIA En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con veinticinco minutos del veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Armando Blanco Palmeros, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo 69/2021-6, promovido por Jesús Enrique Fajardo del Ángel. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la presuncional legal y humana, la instrumental de actuaciones, los informes justificados y con la documental consistente en copia simple de la credencial de elector a nombre del impetrante; medios de prueba ofrecidos por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda (fojas 2 a 12). Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Se abre la fase de alegatos; el Secretario da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: De conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 69/2021-6, promovido por Jesús Enrique Fajardo del Ángel, contra actos del Congreso Constitucional del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 17 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común y turnada a este órgano jurisdiccional el veinticinco siguiente, Jesús Enrique Fajardo del Ángel, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y las autoridades que a continuación se detallan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Congreso del Estado de Tabasco. 2 Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco. ACTOS RECLAMADOS 1 La omisión de legislar en materia de daños patrimoniales, por parte del Estado a los particulares en Tabasco, previsto en el artículo 109, fracción VI, sexto párrafo y el decreto publicado el catorce de junio de dos mil dos, transitorio único de la reforma al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2 La omisión por parte de los diputados del Estado de Tabasco, quienes su función consiste en la representación de los ciudadanos y velar por sus intereses, que hasta la fecha no ha cumplido, en virtud que los ciudadanos se encuentran vulnerables al no existir la ley en materia de responsabilidad patrimonial y no existir una iniciativa para su ceración. 3 La omisión del Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, en virtud que está facultado para crear una iniciativa de ley, y no ha ejercido dicha facultad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 69/2021-6, se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado, se otorgó la legal intervención al fiscal federal de la adscripción y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son estos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La omisión de legislar una ley en materia de daños patrimoniales, según lo previsto en el artículo 109, fracción VI, sexto párrafo y el decreto publicado el catorce de junio de dos mil dos, transitorio único de la reforma al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de crear una iniciativa de ley en materia de responsabilidad patrimonial. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En el caso, la autoridad responsable Subcoordinadora de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que se le reclaman; sin que la parte quejosa haya aportado pruebas idóneas y fehacientes para desvirtuar dichas negativas. En efecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de sus derechos fundamentales que alega, ya que el que insta el juicio de amparo tiene la ineludible obligación de establecer, directamente o mediante el informe rendido por la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar, con los medios de pruebas que tiene a su alcance, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, la autoridad responsable no rinda el mencionado informe. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS. No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por ende, se consideran inexistentes los actos reclamados por la parte quejosa a dicha autoridad responsable. Es aplicable lo expuesto en la tesis IX.1o.83 K, visible a la página 1714, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables. Ate tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio por la inexistencia de los actos reclamados, respecto de la citada autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, que literalmente reza: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable Director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, manifestó que los actos que se le reclaman, son ciertos. Al respecto, resulta ilustrativa la Tesis 278, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, Apéndice 2000, del Tomo VI, quinta época, registro 917812, del rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Además que la existencia o no de un ordenamiento de observancia general publicado en un Periódico Oficial, no está sujeto a prueba; ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como por lo expuesto en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis consultable en la página 15, Tomo 65, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del siguiente rubro y texto: LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas; debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados a la citada autoridad responsable. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo, que instituye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo.". En la referida hipótesis el legislador establece que el juicio de amparo deviene improcedente cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. El aludido supuesto jurídico se actualiza en el presente asunto, porque del análisis de la demanda de derechos fundamentales, se observa que el quejoso sustancialmente le reclama al Congreso del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, la omisión de legislar una ley en materia de daños patrimoniales, según lo previsto en el artículo 109, fracción VI, sexto párrafo y el decreto publicado el catorce de junio de dos mil dos, transitorio único de la reforma al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, aun cuando subsiste la referida omisión legislativa, no puede surtir efectos porque ya fue materia de análisis en diverso juicio de amparo en el que se concedió la protección constitucional solicitada por diversos quejosos, lo que enseguida se evidenciará como hecho notorio, en términos del ordinal 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como el diverso criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber: El doce de julio de dos mil dieciocho, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Antonio Sánchez Domínguez y Basilio Sánchez Ruíz, quienes reclamaron del Congreso local, la omisión legislativa de esa autoridad en dictar las normas relativas sobre responsabilidad patrimonial de dicha entidad federativa, previsto en la reforma del numeral 113 de la Carta Magna de catorce de junio de dos mil dos, en el párrafo segundo (actualmente 109 último párrafo), registrada con el expediente 1110/2018. El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección para los efectos siguientes: La protección constitucional se otorga para que el Congreso del Estado de Tabasco: Cumpla con la obligación contenida en la reforma en el artículo 113 Constitucional vigente hasta la reforma de veintisiete de mayo de dos mil quince (actualmente 109 último párrafo), y único transitorio del Decreto de reformas en el Diario Oficial de la Federación de catorce de junio de dos mil dos; y proceda a emitir una ley que regule la Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tabasco, lo que deberá realizar de la manera siguiente: a) Iniciar el proceso legislativo para emitir la referida ley; lo que deberá realizar en el período de sesiones que se encuentre en curso o en el siguiente periodo ordinario. b) Comuniqué la anterior determinación a la parte quejosa. c) Dada la particularidad del caso (posibles actos de tortura) de conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (tutela judicial efectiva) a fin que la parte quejosa esté en aptitud de iniciar el proceso para reclamar la resposabilidad de los hechos que refiere, hasta en tanto, se promulga la ley correspondiente, con fundamento en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco en su artículo 71, párrafo segundo y su artículo cuarto transitorio de la reforma publicada en el Periódico Oficial de quince de noviembre de dos mil tres, provea o informe, un proceso a fin de determinar la procedencia o no de su reclamo. d) Lo anterior, con indepedencia de que una vez que esté el marco normativo correspondiente, la parte quejosa esté en aptitud de promover lo relativo, con las adecuaciones correspondientes a su caso.". Inconforme con la precitada determinación, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al entonces Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, registrado con el expediente 472/2018, y remitido al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décimo Primera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, radicándolo con el diverso 68/2019, que a su vez determinó enviar los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que reasumiera su competencia originaria. El dos de julio de dos mil diecinueve, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, que se registró con el número 428/2019, turnándose el expediente para su estudio a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa; y, el siete de agosto de esa anualidad, el Presidente de la Segunda Sala, se avocó al conocimiento. En sesión de dos de octubre de dos mil diecinueve, la Segunda Sala de ese Alto Tribunal dictó resolución en la que determinó ejercer la facultad de atracción para conocer del amparo en revisión precitado. El quince de noviembre de dos mil diecinueve, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asumió su competencia originaria para conocer del citado recurso y lo registró con el expediente 941/2019, el cual se radicó en la Segunda Sala del Máximo Tribunal, que en sesión de trece de mayo de dos mil veinte, determinó confirmar la resolución recurrida. Previos los trámites de ley, el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, una vez que recibió el testimonio de la ejecutoria del amparo en revisión 941/2019 derivado como se desprende de párrafos que anteceden de su juicio amparo indirecto 1110/2018; requirió al Congreso del Estado de Tabasco, para que diera cumplimiento a la resolución emitida en ese juicio, misma que se encuentra en vías de cumplimiento. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diverso recurso de revisión 343/2020, en la parte resolutiva puntos 76 a 83, sostuvo lo siguiente: 76. Y a partir de las razones transcritas se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado: para el efecto de que el Congreso de la Unión cumpla con la obligación contenida en el parámetro de regularidad constitucional que integran los artículos 1° y 2° de la Constitución Federal, transitorio segundo, de su Decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno, así como 6 y 7 del Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y, en consecuencia, regule las reglas y el procedimiento de consulta, previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, antes del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. En el entendido de que la regulación que debe emitir el Congreso de la Unión deberá ser integral y, en lo general, tomando en cuenta los parámetros establecidos por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad que se refieren a la consulta indígena, en especial la 81/2018, resuelta el veinte de abril de dos mil veinte. Para ello, deberá iniciar el proceso legislativo correspondiente a la brevedad posible y de manera prioritaria, por conducto de la Cámara de Diputados y/o la Cámara de Senadores, además de consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que puedan opinar en la elaboración de la regulación respectiva, en la que se tome en cuenta lo establecido por el Pleno de este Tribunal Constitucional, a fin de que la legislación tome en cuenta la opinión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante un ejercicio participativo de los sujetos a los que se dirige y que con ello se garantice la calidad democrática de su decisión. 77. Entonces, si como ha quedado evidenciado, en el amparo en revisión 1144/2019 del índice de esta Segunda Sala se concedió la protección constitucional solicitada a efecto de que el Congreso de la Unión cumpla con la obligación legislativa y regule las reglas y el procedimiento de consulta, previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, antes del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. 78. Para lo cual debía iniciar el proceso legislativo correspondiente a la brevedad posible y de manera prioritaria, además de consultar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que puedan opinar en la elaboración de la regulación respectiva, en la que se tome en cuenta lo establecido por el Pleno de este Tribunal Constitucional, a fin de que la legislación tome en cuenta la opinión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, mediante un ejercicio participativo de los sujetos a los que se dirige y que con ello se garantice la calidad democrática de su decisión. 79. La reparación constitucional se logrará cuando el Congreso de la Unión cumpla con el mandato constitucional a que estaba sujeta, expidiendo la normatividad correspondiente; cumplimiento que indiscutiblemente regirá para todas las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, porque la legislación que al efecto se emita tendrá carácter general. 80. De ahí que en que el presente juicio de amparo se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y 81. Se afirma lo anterior porque si bien hasta el momento subsiste la omisión absoluta que se atribuye al Congreso de la Unión, ya se le ordenó cumplir con la obligación contenida en el parámetro de regularidad constitucional que integran los artículos 1 y 2 de la Constitución Federal, transitorio segundo, de su Decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno, así como 6 y 7 del Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y, en consecuencia, regular las reglas y el procedimiento de consulta, previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, antes del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. 82. De manera que a ningún fin practico llevaría proceder al estudio correspondiente en el presente juicio de amparo, donde se reclama la misma omisión legislativa absoluta que ya se ordenó reparar al Congreso de la Unión, porque en su caso resultaría en la concesión de la protección federal en iguales términos y efectos que el precedente, traducidos en constreñir a las autoridades responsables a que actuaran en los mismos términos. Lo cual irremediablemente llevaría a duplicar innecesariamente el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando ha quedado señalado que con el acatamiento de la sentencia de amparo dictada en el amparo en revisión 1144/2019, todas las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en México, serán beneficiadas. 83. Consecuentemente, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio por las razones aquí señaladas, diversas a las invocadas por el juzgador de origen. En ese contexto, se puede establecer que, aun cuando subsista la omisión legislativa reclamada, misma que también fue combatida en el diverso juicio de amparo 1110/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, cuya resolución fue confirmada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso en revisión 941/2019. Ya se ordenó al Congreso de la entidad federativa en cuestión, cumplir con la obligación que se le impuso desde la entrada en vigor de la reforma constitucional de dos mil dos, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, acorde a lo determinado en el juicio de amparo indirecto 1110/2018. Por lo que, como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diverso recurso de revisión 343/2020 de su índice, a ningún fin practico llevaría proceder al estudio correspondiente del acto aquí reclamado, donde se combate la misma omisión legislativa. Por tanto, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En las relatadas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con apoyo en lo dispuesto en el diverso 63 fracción V, del mismo ordenamiento jurídico, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Jesús Enrique Fajardo del Ángel, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el informe justificado de cuenta recibido vía correo electrónico institucional, rendido por el Director de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Tabasco, autoridad señalada como responsable, con sede en esta ciudad, y con su contenido, dése vista a las partes para su conocimiento en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, toda vez que del estado de autos se aprecia que para el día de hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional del presente juicio; sin embargo, con motivo de la vista del informe otorgada en el párrafo que antecede y a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de veintiséis de febrero del año en curso, se dio vista a las partes con el informe rendido por la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de los ocho días, para que las partes se impongan de su contenido se encuentra transcurriendo. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
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Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes
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- Jesus Dionicio Fernandez Godina226/2018
- Jesús Eduardo Mata García1374/2015
- Jesús Eduardo Rosado Torres903/2020
- Jesús Elías López Pérez1103/2022
- Jesús Enrique Cano Garciliano1312/2019
- Jesús Enrique Martínez Ayuso1297/2022
- Jesús Enrique Martinez Beulo226/2017
- Jesús Enrique Tescum Jiménez701/2016
- Jesús Ernesto Torres Castellanos226/2015
- Jesus Felipe Marin Estrada364/2018
- Jesús Fernando Lazaro García1900/2016