Jesus Dionicio Fernandez Godina

Expediente 226/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 32 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
226/2018
Año
2018
Actuaciones
32
Última actuación
24/09/2019

Partes del expediente

  • Jesus Dionicio Fernandez Godina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    MESA 4.VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 119/2019-4, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Acúsese recibo.

  2. Incidental

    MESA 2.VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista; la certificación de cuenta, de la que se desprende que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de dieciséis de enero del año en curso, designó al suscrito Carlos Calderón Espíndola, como nuevo titular de este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de marzo de dos mil diecinueve. Asimismo, se desprende que con esta misma fecha en autos del juicio de amparo 226/2018-4, se declaró cumplido el fallo protector emitido en el citado asunto y se ordenó su archivo; por tanto, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación.

  3. Principal

    MESA 4.VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos, agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en la ciudad de Zacatecas, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 111/2019-4, número de orden 549/2019, que se le envió para efectos de notificar al quejoso el proveído de quince de agosto de dos mil diecinueve. Acuse recibo. Ahora bien, toda vez que de la certificación de cuenta se tiene que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de quince de agosto de dos mil diecinueve, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, se resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de veintiséis de abril de dos mil dieciocho (fojas 71 a 83), en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa JESUS DIONICIO FERNANDEZ GODINA, para los efectos siguientes: [...] "En términos de los artículos 74, fracción V y 77, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, lo procedente es la concesión de la protección constitucional a Jesús Dionicio Fernández Godina, para el efecto de que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social Federal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, deje insubsistente los oficios SSP/SSPF/OADPRS/19710/2012, de dieciséis de mayo de dos mil doce y SSP/SSPF/OADPRS/33777/2012, de diecisiete de agosto del mismo año, en los que ordenó el traslado del quejoso del Centro de Readaptación Social Varonil del Estado de Zacatecas al Centro Federal de Readaptación Social Número 10 Noroeste, en el estado de Coahuila; así como del aludido centro carcelario, al Centro Federal de Readaptación Social Número 6 Sureste, en el estado de Tabasco, con sede en Huimanguillo -en el que está recluido actualmente- (fojas 27 y 29); y, Ordene el reingreso del quejoso Jesús Dionicio Fernández Godina, al Centro de Readaptación Social Varonil del Estado de Zacatecas, lugar donde permanecía recluido antes de las citadas ordenes de traslado. Como apoyo a lo anterior, se cita la Tesis Aislada I.7o.P.78 P (10a.), con número de registro 2014847, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo IV, de rubro y texto siguiente: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NO LOGRA SU CONVALIDACIÓN EN CASO DE QUE ALEGUE UN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN. El 19 de junio de 2011 entró en vigor el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, previsto en los artículos 18 y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impuso que todo acto conexo a su ejecución, incluyendo los de traslado de un centro penitenciario a otro, se considerará de competencia exclusiva del Poder Judicial. No obstante, en la legislación secundaria se establecieron casos de excepción, los que acorde con la Ley Nacional de Ejecución Penal, son los señalados en su artículo 52, esto es, en casos de: i) delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; ii) riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, iii) que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario; mientras que de acuerdo con la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, son los previstos en su artículo 9o., fracción XII, párrafo segundo, esto es, cuando se ponga en riesgo: i) la seguridad integral de los internos; ii) la de los centros penitenciarios; y, iii) por urgencia médica. Entonces, en el caso de que se alegue un caso de excepción, y sin previa autorización judicial, la autoridad administrativa ejecute el traslado de un centro penitenciario a otro, deberá informar motivadamente al Juez las circunstancias especiales, causas inmediatas y modalidades del caso particular, por las cuales consideró acreditado el supuesto de excepción, para que, analizadas éstas se califique la legalidad y, en su caso, se convalide dicha determinación. Con la precisión de que cuando el traslado se ejecute con base en la Ley Nacional, el informe aludido debe rendirse en las veinticuatro horas siguientes a que se ejecutó el traslado. Razón por la cual, en caso de que no se rinda el informe en el plazo establecido, o se haga deficientemente motivado, la orden de traslado no se tendrá por justificada y, por ende, se estimará emitida por autoridad incompetente, contraviniendo no sólo el modelo penitenciario imperante en nuestro país, sino también el derecho a que todo acto de molestia deba ser emitido por autoridad competente, reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal. De ahí que la concesión del amparo tiene como efectos que la autoridad responsable incompetente deje insubsistente el acto reclamado y ordene el regreso inmediato del quejoso al centro penitenciario donde se encontraba previo a la emisión del acto. Hecho lo anterior, la autoridad administrativa podrá solicitar al Juez correspondiente que ordene el traslado, sin que sea dable que el quejoso continúe interno en el lugar al que se le trasladó pues, bajo esas condiciones, no se estarían restituyendo las cosas al estado que guardaban antes de la emisión del acto declarado inconstitucional." Resta decir, que la presente concesión de amparo, en los términos precisados, de ninguna manera implica que eventualmente, no se pueda trasladar al aquí quejoso a algún otro Centro de Readaptación Social, distinto de aquél en donde se encuentre, pues ello estaría permitido si, el caso concreto, se ubica en las hipótesis constitucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente, en el ámbito que corresponda; en la inteligencia que en términos de lo establecido en el artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del diecinueve de junio de dos mil once, la atribución para resolver sobre la orden de traslado es propia y exclusiva del juez de ejecución de sentencias en el ámbito que corresponda; o en su caso, al del juez de la causa que conozca del proceso que se instruye al quejoso." (foja 81 a 82) [...] Inconforme con dicha determinación, la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaria de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, interpuso recurso de revisión (foja 125 a 139 de autos). En proveído de seis de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, bajo el toca 412/2018, quien en resolución de treinta de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en auxilio de las labores del Tribunal Colegiado citado en primer término, determinó confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO: Para los efectos precisados en el considerando sexto de la sentencia combatida, la Justicia de la Unión Ampara y Protege al quejoso Jesús Dionisio Fernández Godina, contra el acto que atribuyó al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaria de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México." En consecuencia, en proveído de tres de enero del presente año, se requirió a la responsable, para que en el plazo de tres días diera cumplimiento al fallo protector, (foja 234 a 236). Posteriormente, después de diversos requerimientos realizados a la autoridad responsable, mediante oficio OADPRS/02010/00020152/2019, recibido en este juzgado el catorce de agosto de dos mil diecinueve (foja 318), el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaria de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió copia certificada del acta administrativa de egreso por traslado número 353/2019, de seis de agosto de dos mil diecinueve (fojas 319 a 320); en consecuencia, se dio vista y corrió traslado a las partes con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que su interés conviniere, sin que hayan hecho lo propio. En las relatadas condiciones, el suscrito estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaria de Gobernación, con sede en la Ciudad de México, en el acta administrativa de egreso por traslado número 353/2019, de seis de agosto de dos mil diecinueve, acreditó el traslado del quejoso al Cereso Varonil del Estado de Zacatecas; además, de que en la constancia de notificación realizada al quejoso del acuerdo con el que se le dio vista con el cumplimiento al fallo protector, ésta le fue practicada en el interior del Centro Regional de Reinserción Social Varonil del Estado de Zacatecas, con sede en Cieneguillas, con lo que se patentiza que el referido traslado fue materializado, lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Atento a lo anterior; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en Zacatecas, en turno, a fin de que en auxilio de la Justicia Federal, se sirva notificar personalmente al quejoso JESÚS DIONICIO FERNÁNDEZ GODINA, el presente acuerdo, quien actualmente se encuentra interno en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil del Estado de Zacatecas, con sede en Cieneguillas, una vez que sea diligenciado el exhorto que se envía, lo devuelva a este juzgado a la brevedad con la diligencia practicada al efecto. Finalmente, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dese vista con el sentido de este acuerdo en el cuaderno incidental relativo, a efecto de acordar lo que corresponda a su archivo.

  4. Principal

    MESA 4.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE Agréguese el oficio y anexo de cuenta signado por el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales dependiente de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México, sin mayor proveer sobre su contenido en virtud de que en auto de quince de agosto del presente año, se dio vista a las partes por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación a las constancias relativas al cumplimiento al fallo; el cual aún se encuentra transcurriendo toda vez que se libró exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, en turno, para notificarle al quejoso el auto en comento, en virtud de que se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social Varonil del Estado de Zacatecas.

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