Jesús Emmanuel Rosales Campos
Expediente 607/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 607/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jesús Emmanuel Rosales Campos
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el escrito signado electrónicamente por **************, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvansele los documentos cuya devolución gestiona; previa identificación, certificación de desglose y razón que de su entrega se deje en autos. Se autoriza para que los reciba a la persona que señala.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veinte de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de control de este Juzgado. Orden de archivo del expediente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. Valoración del expediente. Como el asunto que nos ocupa no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera destruible de conformidad con el diverso artículo 20, fracción IV, por lo que una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, deberá ser destruido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado con el número 607/2023-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto, se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Pues bien, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene establecer que el acto reclamado en la presente instancia constitucional esencialmente consiste en: La falta de llamamiento al juicio ******************** de la estadística del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, promovido en contra de ********************. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que el referido acto reclamado no causa a la parte quejosa un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio de amparo establece el artículo 6º de la Ley de Amparo, ya que la falta de llamamiento al juicio de origen ******************** de la estadística del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que lo legitime para solicitar la protección de la justicia federal. Lo anterior se afirma, ya que el hecho de que se ostente como cesionario de los derechos de crédito, cobro y litigiosos que le otorgó ********************, derivado del contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria celebrado entre ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Limitado y ******************** (parte demandada en el juicio ********************), no lo legitima para promover el presente juicio de amparo. Ello, porque si bien tiene conocimiento de que existe un juicio ******************** en contra de ********************, lo cierto es que, hasta el momento de la presentación de la demanda de amparo, no se advierta que se encuentre involucrado el bien inmueble sujeto a hipoteca, o que dentro de dicho juicio se afecte de forma directa e inmediata su esfera de derechos, ya que textualmente señaló: ".Al ver dicho expediente, el suscrito procedí a identificarme con el personal de dicho Juzgado, llamándole a mi Abogado para que me hiciera favor de llevarme una copia de la escritura de la cesión de derechos celebrada a mi favor, respecto del crédito otorgado al señor ********************; sin embargo no tuve éxito, pues me negaron la información y me comentaron que el suscrito no aparecía en ninguna constancia del expediente, situación que en lo medular me orilló a la promoción de la presente demanda de garantías. Sin embargo y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto a este H. Juzgado Federal, que el suscrito desconozco las actuaciones realizadas o que estén por realizarse en el procedimiento señalado, así como si soy o no parte en el Juicio con número de expediente ******************** del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta Ciudad, ya que en su caso no fui legalmente citado." (Lo destacado no es de origen) Motivo por el cual este operador jurídico considera que la sola tramitación de un juicio ******************** en contra de ********************, no le causa un agravio personal y directo al quejoso y, como consecuencia, no lo legitima para acudir a solicitar el amparo al carecer de uno de los supuestos necesarios para su procedencia. De ahí que se afirme que al no acreditar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, esto es, que la omisión de llamarlo al juicio de origen le produzca una lesión o perjuicio en su esfera jurídica, no se encuentre legitimado para instar la presente acción de amparo y, por tanto, únicamente tiene un interés simple. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En términos de los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el nombre de usuario ARGUMEDOG, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Se tiene a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, al contar con cédula profesional ********************, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a ********************, por así haberlo solicitado. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
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