Jesús Eduardo Linares Santiago
Expediente 378/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 378/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jesús Eduardo Linares Santiago
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso ***************; en atención a su contenido, y toda vez que el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, aceptó la competencia planteada para conocer del juicio de amparo 378/2023-VII, de la estadística este órgano jurisdiccional. Por tanto, con fundamento en el artículo 17 constitucional y en obvio de mayores dilaciones procesales, además atendiendo a los principios de prontitud y expeditez en la administración de justicia, reenvíese el citado escrito a la autoridad aludida en el párrafo anterior, a efecto de que tenga conocimiento de su contenido y acuerde lo que en derecho corresponda, dejándose copia certificada del mismo en el presente asunto.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que remite vía interconexión la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada para conocer del juicio de amparo 378/2023-VII, de la estadística este órgano jurisdiccional. El titular de este Juzgado queda enterado de lo anterior y ordena archivar el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. De conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción I, inciso a), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, se ordena la destrucción del presente expediente en el plazo a que alude dicho acuerdo.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho, contra actos del Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 378/2023-VII. A efecto de proveer respecto de la demanda, debe decirse que la competencia constituye un presupuesto de orden público, por lo que primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene -competencia- para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Pues bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso esencialmente reclama en la presente instancia constitucional: La orden de traslado del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social (CEPRERESO) de Valle de Santiago, Guanajuato, en donde se encontraba recluido, al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social (CEPRERESO) con residencia en León, Guanajuato, en donde actualmente se encuentra internado. Con base en lo expuesto, se llega a la conclusión de que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón del territorio, para conocer de la presente demanda de amparo, dado que los efectos de ese mandato comenzaron a ejecutarse en una jurisdicción (Valle de Santiago, Guanajuato) y continuaron ejecutándose en otra (León, Guanajuato). Se afirma lo anterior, porque según se advierte de los antecedentes narrados en la demanda, dicho traslado se materializó el pasado cinco de junio de dos mil veintidós, fecha en que el directo quejoso Jesús Eduardo Linares Santiago fue llevado del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social (CEPRERESO) de Valle de Santiago, Guanajuato, al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social (CEPRERESO) con residencia en León, Guanajuato, en donde actualmente está recluido. Por lo que, al comenzar a ejecutar los efectos de ese mandato en una jurisdicción y continuar ejecutándose en otra, diversas a la de este órgano jurisdiccional, es incuestionable que se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en donde se establece que es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda, pero con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución. Entonces, de la presente demanda el suscrito considera deben conocer los Juzgados de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en León. Lo anterior, debido a que el directo quejoso actualmente se encuentra interno en un centro de reclusión de aquella localidad, por lo que a fin de lograr una operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima que debe conocer de la demanda que se promueve, un Juzgado de Distrito, con sede en León, Guanajuato. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48, ambos de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se ordena: I. Remitir los autos del presente juicio de amparo al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con sede en León, a quien se considera competente para conocer del mismo. II. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del mismo. III. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y del presente proveído; y, IV. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************, al contar con cédula profesional ************, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a ************, al no encontrarse en ese supuesto. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE OCHO DE MAY0 DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por *************, por su propio derecho, contra actos del Secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 378/2023-VII. A efecto de proveer respecto de la demanda, debe decirse que la competencia constituye un presupuesto de orden público, por lo que primeramente debe establecerse si este órgano jurisdiccional la tiene -competencia- para conocer de la demanda de cuenta. Para tal efecto, es necesario traer a contexto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Pues bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso esencialmente reclama en la presente instancia constitucional: La orden de traslado del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social (CEPRERESO) de Valle de Santiago, Guanajuato, en donde se encontraba recluido, al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social (CEPRERESO) con residencia en León, Guanajuato, en donde actualmente se encuentra internado. Con base en lo expuesto, se llega a la conclusión de que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, en razón del territorio, para conocer de la presente demanda de amparo, dado que los efectos de ese mandato comenzaron a ejecutarse en una jurisdicción (Valle de Santiago, Guanajuato) y continuaron ejecutándose en otra (León, Guanajuato). Se afirma lo anterior, porque según se advierte de los antecedentes narrados en la demanda, dicho traslado se materializó el pasado cinco de junio de dos mil veintidós, fecha en que el directo quejoso Jesús Eduardo Linares Santiago fue llevado del Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social (CEPRERESO) de Valle de Santiago, Guanajuato, al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social (CEPRERESO) con residencia en León, Guanajuato, en donde actualmente está recluido. Por lo que, al comenzar a ejecutar los efectos de ese mandato en una jurisdicción y continuar ejecutándose en otra, diversas a la de este órgano jurisdiccional, es incuestionable que se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en donde se establece que es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda, pero con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución. Entonces, de la presente demanda el suscrito considera deben conocer los Juzgados de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en León. Lo anterior, debido a que el directo quejoso actualmente se encuentra interno en un centro de reclusión de aquella localidad, por lo que a fin de lograr una operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estima que debe conocer de la demanda que se promueve, un Juzgado de Distrito, con sede en León, Guanajuato. Consecuentemente, en términos del artículo 37, en relación con el 48, ambos de la Ley de Amparo, y el aludido Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se ordena: I. Remitir los autos del presente juicio de amparo al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con sede en León, a quien se considera competente para conocer del mismo. II. Solicitarle comedidamente informe si acepta o no el conocimiento del mismo. III. Formar el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y del presente proveído; y, IV. Realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************, al contar con cédula profesional ************, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a ************, al no encontrarse en ese supuesto. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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